Por Miguel Díaz Román

Los fiscales especiales independientes de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) radicaron ayer 10 cargos criminales contra José Miguel Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp, de la que era su presidente, en el caso de fraude y apropiación ilegal de fondos públicos asignados por legisladores por medio del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) para rehabilitar la quebrada Margarita en Guaynabo.

El FMM está adscrito a la división de Infraestructura Rural de la Autoridad de Tierras (AT).

Estos 10 cargos son adicionales a los 15 cargos que ya los fiscales del OPFEI habían radicado contra Huertas Torres, lo que implica que el ex funcionario de la legislatura y de la AT enfrenta 25 cargos relacionados con las obras no realizadas en la quebrada Margarita, según confirmó la fiscal especial independiente Fabiola Acarón Porrata Doria.

Los 10 cargos criminales contra Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp están relacionados con un fraude que involucra una asignación legislativa ascendente a $380,000.

Estos fondos fueron asignados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia (CCSF), para las mejoras de la quebrada Margarita. El CCSF es una entidad sin fines de lucro que carece de experiencia en proyectos de construcción. La obra de infraestructura fue otorgada por el CCSF a la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp, que era presidida por Huertas Torres.

Huertas ya tenía 15 cargos

Según informó la OPFEI, la acusación incluye dos cargos por violaciones al Artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico, relacionados con fraude, y otros ocho cargos por infracciones al Artículo 182 del Código Penal por apropiación ilegal grave de fondos públicos.

Los fiscales de OPFEI ya habían radicado contra Huertas Torres 15 cargos relacionados con una asignación de $1.2 millones de fondos del FMM al CCSF para mejoras en la quebrada Margarita. Según los fiscales, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.

Los cargos, que fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 4 de noviembre de 2025, incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, perjurio, persuación de testigos, destrucción de prueba y falsificación de documentos, entre otros.

La entonces fiscal de la OPFEI, Zulma Fuster Troche, indicó que los fondos fueron transferidos a distintas corporaciones y depositados en diversas cuentas bancarias para luego ser utilizados en el pago de tarjetas de crédito y en sufragar gastos privados incurridos por el imputado.

«Tony» Soto en el medio

La entonces fiscal sostuvo que una porción indeterminada de los fondos fue retirada en efectivo de esas cuentas bancarias por Huertas Torres. Fuster Troche renunció al OPFEI el pasado 31 de marzo.

Tanto la asignación de $380,000 como la asignación de $1.2 millones fueron originadas por el ex legislador Antonio «Tony» Soto Torres.

De hecho, el ex representante Soto Torres, quien creó la legislación que permitió que el FMM pasara a ser administrado por la AT, y el señor Heriberto Andújar, quién era el pastor de la CCSF y quien recibió las asignaciones legislativas para hacer mejoras en la quebrada Margarita que nunca fueron realizadas, recibieron acuerdos de inmunidad de parte de la OPFEI.

Sobre los 10 cargos criminales radicados ayer contra Huertas Torres la jueza Milagros Muñiz Mas, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa probable para arresto en todos los cargos. Cinco cargos fueron presentados contra Huertas Torres y otros cinco contra la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp.

Contra Huertas Torres y la corporación se impuso una fianza de 20,000 dólares por cada cargo, para un total de 200,000 dólares.

La vista preliminar para juicio quedó pautada para el 14 de julio de 2026.

Además de la fiscal Acarón Porrata Doria, en la radicación de cargos también participaron los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Gisela Alfonso Fernández.

La defensa de Huertas Torres presentó una petición de desestimación al sostener que los fiscales actuaron sin autorización legal porque, alegadamente, se excedieron de los términos establecidos en la ley matriz de de la OPFEI para realizar la investigación y para radicar los cargos.

Estos son los mismo argumentos que sostuvo la defensa de la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, a quien los fiscales de la OPFEI le imputaron un cargo por incumplimiento del deber en la vista preliminar para arresto celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 4 de noviembre de 2025.

El Supremo pide más argumentos

El Tribunal de Apelaciones de San Juan avaló los argumentos de la defensa de Rivera Martínez y desestimó la denuncia por negligencia en el cumplimiento de deber. Según la licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de la imputada, la OPFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violentó el debido proceso de ley.

Otro de sus argumentos es que la OPFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente.

Sellés Ríos alegó que los fiscales de OPFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia».

Los fiscales de la OPFEI presentaron un recurso de certiorari (de revisión) ante el Tribunal Supremo, para que se deje sin efecto la desestimación de los cargos contra Rivera Martínez y que el caso se devuelva al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los trabajos.

El Tribunal Supremo ha solicitado a las partes que realicen una nueva presentación de sus argumentos a favor y en contra de la desestimación del único cargo que pesa contra Rivera Martínez, ordenada por el Tribunal Apelativo . El término para presentar esos argumentos finaliza la semana próxima.

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Por Dr. José Alameda
Presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público

A 10 años de la Ley PROMESA seguimos viendo ejemplos de cómo la aprobación de dicha ley y la Junta no han funcionado. La Junta de Control Fiscal (JCF) no es mejor que los gobiernos que nos llevaron a esta crisis fiscal.

Nos cuesta miles de millones su operación y está regalando millones en pagos extras a bonistas mientras nuestros presupuestos gubernamentales están desbalanceados, no hay estabilidad fiscal ni económica y el pago- aún reestructurado- de la deuda pública sacrifica a gran parte de nuestro pueblo.

Más de 60,000 pensionados del gobierno central viven por debajo de la línea de pobreza federal — la misma que usa el gobierno de los Estados Unidos. La pensión promedio anual de $12,238 queda más de $3,200 por debajo del umbral de $15,440.

Llevan 18 años sin un ajuste por el costo de vida. Una persona retirada del gobierno central y de los municipios recibe $500 menos al mes de lo que debería si su pensión hubiera sido ajustada por el costo de vida.

Terrible impacto

La JCF en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central (PADELA) prohibió cualquier aumento a las pensiones o ajuste por inflación por los próximos 10 años, aún si hay fondos disponibles.

Nuestro análisis demuestra que esta decisión con terrible impacto en la vida y subsistencia de miles de adultos mayores no es por falta de fondos. Hay dinero, pero las prioridades son otras.

Entre 2022 y 2025, el gobierno pagó $1,523 millones en pagos extras al pago regular de la deuda a los dueños de bonos —fondos de inversión de Wall Street. Estos pagos extras a los bonistas es cinco (5) veces lo que costaría ajustar las pensiones al costo de vida actual.

Nuestro informe también demuestra que estos pagos extras a los bonistas no sólo evidencian el impacto desproporcionado en las personas pensionadas del PAD, sino que también destapa la farsa que ha sido el supuesto alivio a la deuda que tanto ha pregonado la Junta y el Gobierno de Puerto Rico que lo avaló.

COLA no ayuda

El supuesto “recorte” de la deuda que logró la JCF es, en realidad, de apenas un 31% cuando se cuentan todos los pagos reales y en el caso de los bonos de obligación general sería un 19% o menos el alivio o recorte real a la deuda.

Por tanto, PROMESA y su Junta no han representado un verdadero comienzo o “fresh start” para el gobierno en quiebra y ni tampoco representó una mejor esperanza para las personas pensionadas a quién el gobierno también le debía.

Ayudaría aplicar un ajuste por el costo de vida (COLA por sus siglas en inglés), que es un aumento anual a la pensión para atender el efecto de la inflación con el fin de que el pensionado no pierda poder de compra.

Lamentablemente los números demuestran que aplicar el COLA no alcanza para resolver el problema.

Para los empleados del gobierno central, incluso con el COLA más alto analizado — 2.8% — todavía quedarían 58,668 pensionados bajo la línea de pobreza, apenas 1,745 menos que sin ningún ajuste.

Estabilidad en la vejez

Para los maestros, con un COLA de 2.5%, el grupo de 81 años o más seguiría por debajo del umbral. El daño acumulado de 18 años sin protección no se repara con un ajuste parcial.

Aún con las implicaciones nefastas del PADELA, el gobierno tiene alternativas para hacerle justicia a las miles de personas pensionadas, desde bonificaciones adicionales hasta créditos contributivos que permitan atenuar el impacto negativo y desigual que ha representado la quiebra del gobierno para miles de nuestras familias.

Nuestras personas pensionadas no son números en una hoja de cálculo. Son los maestros y maestras que nos educaron y enseñaron a nuestros hijos e hijas. Los empleados que decidieron quedarse por décadas trabajando en el gobierno y que siguieron las reglas que les pusieron.

No pidieron pensiones millonarias. Pidieron estabilidad en la vejez, después de toda una vida de servicio. La pregunta que debemos hacernos como pueblo es simple: ¿es justo que un fondo de inversión de Wall Street reciba $381 millones anuales en bonificaciones mientras un maestro retirado de 75 años vive por debajo de la línea de pobreza?

En este informe también aportaron Abner Dennis, la doctora Dahil Colón y el doctor Ricardo
Fuentes.

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Por Miguel Díaz Román

Un escenario financiero catastrófico que desencadenará hasta 20 bancarrotas y cierres rápidos de hospitales amenaza el sistema de salud del país si no se aprueba la extensión de los fondos federales de Medicaid, cuya asignación especial aprobada por el Congreso de Estados Unidos expira el 30 de septiembre de 2027, sostuvo Jorge Galva, quien es el ex director ejecutivo de la
Administración de Seguros de Salud (ASES).

En entrevista con SN Galva dijo que el cierre de hasta 20 hospitales provocará el colapso inmediato de una parte de la red regional de atención médica del país.

“La isla se enfrenta a una previsión financiera catastrófica de cara a 2027. Las disposiciones legislativas temporales que ampliaron la tasa federal de aportación de Medicaid al 76% para el Plan Vital de Puerto Rico está programadas para expirar en septiembre de 2027. Si el Congreso no interviene para ampliar o reformar permanentemente este mecanismo de financiación, la contrapartida federal volverá a caer hasta un devastador 55%. Expertos locales en salud pronostican que este cambio desencadenará una ola de hasta 20 bancarrotas hospitalarias y cierres rápidos durante 2026 y 2027, colapsando efectivamente partes de la red regional de atención de la Isla”, sostuvo Galva.

Colapso sistémico

Durante la recientemente celebrada convención Health Policy Conference 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón advirtió que si la aportación federal del Medicaid se reduce a 55% en 2027 habrá una caída de $3,500 millones en fondos federales y una pérdida total estimada de $5,400 millones en producción económica. Además, sostuvo que entre 700.000 y un millón de beneficiarios del plan Vital podrían perder su cobertura médica, mientras la tasa de personas sin seguro aumentaría de 5.7% a 30%.

El ex director ejecutivo de ASES dijo que Puerto Rico enfrenta un colapso sistémico generalizado debido a que la infraestructura hospitalaria se ha reducido activamente en los últimos dos años, periodo que se ha caracterizado “por bancarrotas y liquidaciones de alto perfil en lugar de simples reducciones de servicio”.

Sostuvo que en el 2024 salieron a flote las enormes pérdidas acumuladas de los hospitales en los años anteriores, las cuales fueron descritas por el ex funcionario como “un déficit total de financiación federal tras la COVID”.

El resultado de ese déficit total de financiación federal, según argumentó Galva, fue “erosionar por completo los márgenes de seguridad hospitalaria de la isla”.

Capacidad vulnerada

“En 2025 la crisis alcanzó su punto máximo público con la bancarrota forzada y el cierre total del Hospital del Maestro, de 60 años en San Juan, junto con paradas de servicio en el Hope Medical Center en Humacao, y en algunas instalaciones de Metro Pavía. Al menos siete grandes redes sanitarias se declararon en bancarrota bajo el capítulo 11 de la ley federal de quiebras”, dijo Galva.

Explicó que en el 2026 la isla operará con una capacidad vulnerada de 66 hospitales activos, de los cuales más de la mitad operan actualmente con márgenes de ingresos negativos.

De hecho, Galva señaló que los factores que han impulsado el cierre de hospitales en Puerto Rico son un tanto distintos a los catalizadores que han provocado el cierre de hospitales en los Estados Unidos. Mencionó que en la Isla opera lo que llamó “una disparidad en la financiación federal causada por un emparejamiento estandarizado basado en fórmulas entre el Medicare y el Medicaid”.;

“Hay una grave falta de financiación. Se limitaron las subvenciones federales en bloque en lugar de la contrapartida abierta. El gasto per cápita por paciente del Medicaid es de $4,000 frente a los $13,000 que se paga en los Estados Unidos. En Puerto Rico los pagos de Medicare
Advantage son un 68% más bajos que en los Estados Unidos. Aquí se pagan $730 dólares al mes frente a los $1,228 al mes que se pagan allá”, expresó.

Retrasos crónicos

Los hospitales también se han afectado por la complejidad de las reglas de reembolso, por el bajo volumen de pacientes en las zonas rurales y por el aumento de la atención no remunerada por parte de poblaciones sin seguro, según indicó Galva.

También mencionó los retrasos crónicos en el procesamiento de pagos por parte de seguros privados y de las llamadas Organizaciones de Atención Gestionada (MCOs), que son las entidades contratadas por la ASES para gestionar la red de médicos, hospitales y farmacias del
plan Vital. Las cuatro MCOs contratadas para brindar servicios en toda la isla son First Medical, Triple-S Salud, MMM Multi Salud y el Plan de Salud Menonita.

Además, Galva mencionó como un elemento importante en la situación de los hospitales la transición al modelo de compensación hospitalaria APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups) que se implementó oficialmente el 1 de enero de 2026.

Este nuevo modelo de pago ha transformado la forma en que los hospitales son compensados por servicios médicos y quirúrgicos y ha provocado reestructuraciones importantes para garantizar la viabilidad financiera de los hospitales.

Hospitales de EU en crisis

Otros factores que han afectado a los hospitales, según planteó Galva, son el efecto de la inflación en el costo de operación y en la cadena de suministro, la escasez de enfermeros, el rápido declive de la población y el llamado envejecimiento demográfico, el éxodo de los especialistas médicos, la alta vulnerabilidad de los hospitales a los fallos en la red eléctrica, una deuda histórica no resuelta y la conocida sensibilidad de estas instituciones de salud a los cambios en las políticas federales y a las leyes presupuestarias.

Galva dijo que los hospitales continentales atraviesan una recuperación altamente desigual y segmentada. Sostuvo que un análisis comparativo de las tendencias que influenciaron entre 2024 y 2026 arroja que el sector hospitalario en Estados Unidos se ha estabilizado, pero se encuentra altamente frágil, en comparación con la época inmediatamente post pandémica.

Advirtió que la vulnerabilidad sigue estando muy concentrada en zonas rurales y regiones en el sur de los Estados Unidos.

En el 2024 se produjo una estabilización macroeconómica general, aunque aproximadamente 18 hospitales rurales cerraron o se convirtieron completamente en modelos ambulatorios. Alrededor de 700 instalaciones rurales registraron pérdidas financieras netas.

No obstante, «en el 2025 las bancarrotas sanitarias a nivel nacional disminuyeron en un 21% interanual. Sin embargo, a finales de 2025, 323 hospitales rurales estaban señalados en riesgo inmediato de cierre», dijo.

Advirtió que en el 2026 los cierres siguen siendo incrementales pero ha surgido una grave brecha entre los hospitales rentables y los grandes sistemas de salud urbanos y los pequeños hospitales comunitarios que carecen de reservas de efectivo.

720 hospitales en riesgo

“Los gigantes con fines de lucro (como HCA, Tenet y UHS) están en general estables, pero actualmente proyectan un estado negativo incrementalmente notable tras la expiración de las subvenciones reforzadas por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Se espera que este vencimiento reduzca las combinaciones de pacientes comerciales, elevando la deuda incobrable y debilitando los márgenes EBITD, (los cuales indican que los costos operativos están creciendo a un ritmo mayor que los ingresos). Por el contrario, los sectores comunitarios y rurales sin fines de lucro están muy agotados, con un 46% de todos los hospitales rurales operando con márgenes negativos”, sostuvo Galva.

De acuerdo con la publicación Hospital Review, en su edición del 1 de junio, 720 hospitales rurales en Estados Unidos, que representan alrededor de un tercio de todas las instalaciones rurales en todo el país, están en riesgo de cerrar debido a graves problemas financieros.

La información surgió de un análisis realizado por el Centro para la Calidad de la Atención Médica y la Reforma de Pagos. Los datos, actuales a mayo de 2026, incluyen 294 hospitales que están en riesgo inmediato de cierre en los próximos dos o tres años debido a la gravedad de su situación financiera, según el informe.

Las instalaciones con mayor riesgo de cierre tienen más deuda que activos o carecen de suficientes reservas financieras para compensar las pérdidas en los servicios al paciente durante más de unos pocos años.

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Por Miguel Díaz Román

Uno de los cambios más trascendentales producidos por medio de legislación en la presente sesión ordinaria es que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), ya no tendrá injerencia en las controversias relacionadas con los condominios debido a que se aprobó una medida que concede al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción primaria para atender las disputas  que surjan en la comunidades que residen en los inmuebles adscritos al régimen de propiedad horizontal.

De hecho, el Proyecto del Senado 1086, radicado por el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y por el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, fue aprobado con enmiendas en la Cámara de Representantes, lo que implica que la medida fue enviada al Comité de Conferencia. 

No obstante, SN supo que en el Senado concurrió con las enmiendas por lo que se espera que ambos cuerpos ratifiquen el informe del Comité de Conferencia, con lo que la medida será enviada a la Fortaleza tan pronto culmine la presente sesión el próximo 30 de junio.

La citada enmienda introducida en la Cámara de Representantes pretende que DACO continúe fiscalizando y proveyendo las licencias de los agentes administradores de condominios.

Inmanejables las querellas

El actual secretario del DACO, Hiram Torres Montalvo, había favorecido que las querellas y controversias originadas en los condominios se ventilen en los tribunales debido a que su agencia ha sido incapaz de manejar esas disputas adecuadamente. 

El secretario sostuvo que  las numerosas querellas originadas en los condominios resultaban “inmanejables” para su agencia. De hecho, DACO arrastra el infame récord de tardar entre tres y cinco años en atender una querella originada en condominios. La agencia consta de un panel de ocho jueces para atender las querella de condominios. 

Al 2025 existían en DACO 3,716 querellas activas, de las cuales 1,023 corresponden a condominios y se anticipa que al cierre del 2026 se superarán los 541 casos reportados en el 2025. 

No es la primera vez que se ha considerado extraer de DACO los asuntos relacionados con el llamado régimen de propiedad horizontal y asignarlo a otra agencia del gobierno. 

Durante el periodo en que el ex senador Charlie Rlodrígez presidió el Senado, entre 1997 y 2000, se consideró asignar la fiscalización del régimen de propiedad horizontal al desaparecido Departamento de Fomento Económico, pero la iniciativa apenas progresó pues tuvo una  cerrada oposición.

Tendrán que pagar

Los sectores que avalan el PS 1086 dan por hecho que la gobernadora Jenniffer González Colón le estampará su firma a la medida tan pronto llegue a su escritorio.

Pero el licenciado Roberto Rivera Ruiz, quien es un abogado especializado en controversias que surgen en condominios, sostuvo que un resultado de la conversión en ley del PS 1086 es que los titulares de condominios experimentarán un incremento notable en los costos relacionados con la presentación de sus casos en los tribunales. 

Una realidad que causará un marcado contraste con la experiencia de los titulares en DACO, donde la presentación de querellas es libre de costo.

«En los tribunales tienes que pagar por radicar un caso y tienes gastos de emplazamiento. Tienes que comprar un sello para radicar un caso en los tribunales y tienes que pagar a un emplazador para que presente la demanda al demandado, Nada de eso pasa en DACO», dijo Rivera Ruiz. 

El abogado explicó que los costos asociados a la presentación de los casos en los tribunales, donde las partes en controversia deben estar representadas por abogados, causará la auto restricción de los titulares con limitaciones económicas. 

Rivera Ruiz advirtió que muchos titulares podrían evitar acudir a los tribunales a presentar sus reclamos legítimos debido a que no cuentan con el dinero para pagar todos los gastos que impone el proceso judicial.

«Yo creo que este proyecto tiene  cosas buenas y malas porque, por un lado, DACO ha demostrado ser un desastre, pero a la misma vez el tribunal impondrá unos costos y requisitos que no tienes DACO y que causarán que muchos titulares se verán cohibidos de poder reclamar sus derechos como lo hacían en DACO. Este proyecto es un arma de doble filo. Yo creo que los titulares están yendo por lana y van a salir trasquilados», dijo Rivera Ruiz, quien durante años fue juez administrativo de DACO y quien ha estado vinculado a la Asociación de Condominios y Controles de Acceso Inc (ACCA).

Decepción a la vista

Rivera Ruiz anticipó un proceso de decepción y arrepentimiento de parte de determinados condómines que se darían cuenta de las alegadas ventajas que ofrecían los procesos en DACO.

«DACO era un foro amistoso para los consumidores, los tribunales son un foro imparcial que es más estricto, tienen cumplir con reglas de evidencia y someterse al proceso de descubrimiento de prueba, ambos no existen en DACO. Se tendrían que someter (los titulares) a un proceso más riguroso con reglas de evidencia y de procedimiento civil que no existen en DACO, donde el juez no será tan leniente como suelen ser los jueces de DACO», insistió el abogado. 

No obstante, el abogado anticipó que, contrario a la experiencia en DACO, donde los titulares han inundado la agencia de querellas – se dice de un solo titular que llegó a radicar 40 querellas – en los tribunales «se van a reducir drásticamente las querellas, especialmente las querellas frívolas». 

Rivera Ruiz negó que integre un alegado grupo de abogados privilegiados, quienes poseen una capacidad extraordinaria para influenciar el proceso administrativo en la agencia  y lograr decisiones a favor de las causas que ellos representan. 

Los detractores de Rivera Ruiz sostienen que es grupo de abogados, alegadamente, «dominan DACO». 

«Eso no es cierto. Yo pierdo y gano casos en DACO. Yo tengo una querella que no ha sido atendida por DACO durante tres años. Crees que eso hubiera ocurrido si yo, como dicen, tuviera alguna influencia en DACO», replicó. 

DACO no funciona

La fundadora y presidenta de la Asociación de Titulares de Condóminos (ATC), la licenciada Marimar Pérez Riera, quien ha favorecido con vehemencia el PS 1086, sostuvo que DACO ya no le sirven bien a toda la comunidad que integra el sector de los condominios, lo cual justifica que sus controversias sean dirimidas en los tribunales del país.

 «DACO no funciona. En DACO los titulares no reciben justicia pues las querellas tardan entre tres y cinco años en ser atendidas y justicia tardía no es justicia», dijo Pérez Riera.

No obstante, aunque la presidente de ATC reconoció el valor de la gestión realizada por DACO durante décadas a favor de los titulares de condominios, sostuvo que la precaria situación presupuestaria de la agencia le impide asignar los recursos para responder adecuadamente al reclamo del titular de condominios, a quien describió como una persona más educada y dispuesta a defender sus derechos.

«DACO ha servido excelentemente bien a la comunidad de residentes de condominios. Pero ya los titulares saben bastante sobre sus derechos y están exigiendo más. Además, el gobierno carece de recursos para asignarle al DACO, que tiene las manos amarradas porque no tiene fondos y no puede atender las quejas de los titulares de condominios», dijo Pérez Riera.

De hecho, Pérez Riera sostuvo que la disposición que en la actualidad demuestran los titulares de condominios para defender sus derechos en gran medida es el resultado de la gestión difusora y educativa que ha realizado la ATC desde que fue fundada en el 2019 . 

«La calidad del reclamo de los titulares es serio, intenso y voluminoso porque ya los titulares saben cómo llevar sus reclamos para hacer valer sus derechos», indicó. 

Salas especializadas

Sostuvo que gracias a la ATC se establecieron en DACO los planes de pago que le permiten a los titulares en dificultades cumplir sus compromisos, y el proceso de querellas expeditas, que es un mecanismo para resolver ciertas controversias de forma rápida. 

La presidenta de la ATC defendió el traslado a los tribunales de las controversias originadas en los condominios a través de las denominadas salas especializadas en condominios, que es parte de las propuestas del PS 1086.

«Estamos hablando de salas especializadas que se van a formar y ojalá que los jueces de DACO se vayan para el tribunal porque yo no tengo ningún problema con los jueces de DACO, muchísimo cariño y respeto que les tengo. Los jueces de los tribunales van a aprender sobre las disputas de los titulares de condominios. Ya el tribunal atiende querellas planteadas por los consejos de titulares y por las juntas de directores va en contra del titular en cobro de dinero y cuando un exdirector de la junta se niega a realizar una transición adecuada. También se ven controversias entre titulares y casos de fraude», recordó Pérez Riera.

Sin justicia y gratis

«Al final del día, en los tribunales no habrá ese favoritismo y ese control que tienen ciertos administradores y ciertos abogados en el foro administrativo de DACO, que todo el mundo sabe que pasa», argumentó Pérez Riera.

La abogada indicó que DACO es una agencia especializada en los consumidores cuyas preocupaciones están relacionadas con los altos precios de productos de consumo como la gasolina o la leche, mientras que los titulares de condominios «son algo más que consumidores». 

«Los titulares de condominios somos dueños de propiedades y reclamamos los mismos derechos que tienen otros dueños de propiedades que residen en urbanizaciones que, cuando tienen un reclamo contra su asociación de residentes, van al tribunal. O los miembros de una cooperativa, que pueden ir al tribunal cuando tienen un reclamo contra los administradores de la cooperativa .¿Por qué los titulares de condominios nos deben tratar como consumidores? En la ley matriz de DACO no hay una sola alusión a los titulares de condominios. En realidad a quien se quiso regular en DACO no fue a los titulares de condominios, sino a los desarrolladores de condominios y eso ya cumplió su cometido», argumentó Pérez Riera. 

Sobre el planteamiento de que muchos titulares se verían desalentados a presentar sus reclamos en los tribunales debido a los gastos que impone el proceso judicial, Pérez Riera sostuvo que confía en que la opción de acudir a los tribunales será favorecida. «Habría que preguntarle al titular que tú prefieres, pagar un poco y tener justicia o simplemente no tener justicia de gratis», expresó la abogada.

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Dos fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 han sacudido el norte de Venezuela causando, hasta el momento, más de 200 fallecidos y dejando en situación de vulnerabilidad a miles de personas.

Ante esta situación, Fundación Mapfre ha activado su Fondo de Ayuda en Emergencias y va realizar una donación de 100.000 euros para estar al lado de quienes más lo necesitan y cubrir sus necesidades más urgentes.

La donación se canalizará a través de entidades sociales que trabajan en la zona, con el fin de garantizar que la ayuda llegue de forma directa, rápida y efectiva a las personas.

En una primera fase, los recursos se destinarán a cubrir necesidades urgentes, como el suministro de alimentos y bienes de primera necesidad en la ciudad de Caracas y en otros municipios del estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos.

Posteriormente, la intervención se centrará en apoyar la recuperación de las zonas más afectadas.

En los últimos años, Fundación Mapfre ha activado distintas campañas para ayudar a los afectados en situaón de emergencia.
Entre ellas, destacan las realizadas recientemente con motivo de las inundaciones de Andalucia, Portugal y la DANA, en Valencia, lo s incendios de Chile y las inundaciones de Brasil, así como las ayudas llevadas a cabo por el terremoto que asoló partes de Turquía o las destinadas a paliar los efectos del huracán Otis ocurrido en México.

Con anterioridad, otros casos significativos fuer on las ayudas movilizadas con motivo de la guerra en Ucrania o las realizadas cuando la población de Perú tuvo que hacer frente a las consecuencias del fenómeno El Niño Costero, entre otras.

Sobre Fundación Mapfre, La Fundación tiene presencia en más de 30 países y lleva más de 50 años sirviendo a la sociedad. En Puerto Rico, desde 2004 impulsa proyectos de prevención y seguridad vial, salud, cultura, acción social y educación, beneficiando a miles de personas en toda la isla.

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(Capitolio) En la sesión ordinaria ayer el Senado aprobó el Proyecto del Senado 488, que enmienda el Código de Rentas Internas para establecer una contribución especial opcional de 4% sobre ingresos por intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo para residentes de Puerto Rico.

La medida de administración, que busca fomentar la retención de capital y la inversión en el país, equipara el tratamiento contributivo a los inversionistas locales con los beneficios que actualmente reciben ciertos inversionistas acogidos a incentivos contributivos a través del Deparatemento de Desarrollo Económico y Comercio.

El portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, se expresó a favor indicando que “le voy a votar a favor. Con este proyecto queremos atraer inversionistas. Queremos que Puerto Rico progrese”. Igualmente, habló a favor Morales Rodríguez indicando que “esto es un proyecto programático del Partido Nuevo Progresista y que hoy estamos cumpliendo… nosotros vamos a seguir cumpliendo con las cosas que prometimos, porque somos un gobierno de acción”.

Asimismo, el senador de mayoría Ángel Toledo López se expresó a favor de la medida. “El proyecto no solamente en la exposición de motivos, sino en su decreto establece que se está buscando equiparar los beneficios a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que, como cada uno de nosotros, vive en esta isla. Eso lo dice el proyecto. Está claro”.

Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 1086, que concede al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción primaria exclusiva para dirimir controversias que surjan en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico. Como resultado de la aprobación de la medida, el Departamento de Asuntos del Consumidor perdería injerencia para ventilar la controversias relacionadas con los residentes de condominios y con las llamadas asociaciones de titulares de condominios, una jurisdicción que tuvo por décadas.

La medida ordena al Poder Judicial establecer una Sala Especializada de Adjudicación de Controversias de Condominios en cada región judicial.

El Senado aprobó, además, el Proyecto de la Cámara 1304, que tiene como objetivo derogar la Ley 12 de 2008, con el propósito de eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico.

La medida de administración, que se conocerá como la “Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico”, pretende promulgar la política pública sobre la seguridad en todas nuestras instalaciones portuarias, la cual se ejecutará en estrecha coordinación con el gobierno federal para evitar la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias que encarezcan el comercio y afecten al consumidor.

También se aprobó ayer el Proyecto del Senado 998, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para incorporar a los pacientes hospitalizados bajo las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal dentro de la modalidad de grupo médico virtual del Plan Vital. La legislación procura garantizar acceso continuo a servicios de salud física, medicamentos, estudios diagnósticos y tratamientos especializados para pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos forenses.

La medida autoriza a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a coordinar y contratar los servicios necesarios para esta población, incluyendo consultas con especialistas, estudios médicos, medicamentos de mantenimiento y tratamientos para condiciones crónicas e infecciosas. Además, busca reducir retrasos en la prestación de servicios médicos y aliviar la carga económica que actualmente asume la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.

Otra medida aprobada fue el Proyecto del Senado 782, del presidente senatorial, presentado por petición de la Federación de Alcaldes, para fortalecer la estructura organizacional de las policías municipales.

La medida aclara que los comisionados de la Policía Municipal serán considerados funcionarios del orden público para todos los efectos legales e incorpora el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado dentro del sistema uniforme de rangos.

El proyecto también reduce de cuatro a dos años el tiempo mínimo requerido para que determinados agentes puedan ser considerados para ascensos a rangos superiores, extiende de dos a tres años el período de servicio requerido antes de solicitar traslados a otros municipios o a la Policía Estatal y dispone mecanismos de reembolso por los costos de adiestramiento cuando ocurra un traslado dentro de ese término.

Además, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 98 de Rivera Schatz mediante petición de la Federación de Alcaldes. La medida propone autorizar la distribución de los $2,469,658.20 millones provenientes del balance disponible, para los periodos del 2020 al 2025, de los fondos por concepto de las Patentes de Telecomunicaciones, según establecido y certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Igualmente, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 195, presentada por Rivera Schatz, que asigna $4,728,265.90 millones equivalentes al 50% del balance certificado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico proveniente de los ingresos generados por las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Esto para ser distribuidos entre varios municipios con el fin de fortalecer sus operaciones y la prestación de servicios esenciales.

En un turno sobre la medida, Rivera Schatz sostuvo que “la Resolución Conjunta 195 distribuye apenas poco más de $4 millones. La Resolución Conjunta del Senado 98 se acaba de enmendar precisamente para redistribuirlo, porque la manera en que se estaba configurada pues no era lo que se ha reportado. y además de esta, la 98, en el presupuesto y en la enmienda del presupuesto vigente, habrá $35 millones que se van a estar distribuyendo a todos los municipios. En fondos que son del presupuesto vigente, en fondos que son del nuevo presupuesto y en las demás resoluciones que específicamente se distribuyen como lo define la Asamblea Legislativa, en este caso el Senado… Este gobierno ha sido justo con la distribución de fondos para todos los alcaldes”.

De otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1316 que propone crear un mecanismo especial para facilitar la inscripción en el Registro de la Propiedad de solares municipales ubicados en los centros urbanos, eliminando el requisito de lotificación previa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cuando estos terrenos se encuentren dentro del Plan de Ordenación Territorial aprobado.

La medida busca agilizar la regularización de propiedades que por décadas han sido ocupadas por familias y pequeños comerciantes, permitiéndoles acceder a mayor seguridad jurídica, facilitar el acceso al crédito y promover el desarrollo económico de los centros urbanos, sin menoscabar los derechos de los actuales usufructuarios o poseedores.

A su vez, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1121 por petición de la Federación de Alcaldes. La medida busca aclarar el alcance de la llamada veda electoral para permitir que el Gobierno, sus ramas y los municipios continúen informando a la ciudadanía sobre servicios, emergencias, obras y gestiones oficiales, siempre que no se utilicen fondos públicos con fines político-partidistas. También establece excepciones específicas para ciertos anuncios, rótulos, redes sociales, materiales institucionales y actividades recurrentes; entre otras disposiciones.

En la sesión de ayer de aprobó el Proyecto de la Cámara 1246, a petición de la Federación de Alcaldes para enmendar la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), a los fines de integrar a los municipios dentro del marco de gobernanza tecnológica establecido por dicha entidad, con el propósito de armonizar el uso de la tecnología y los sistemas de información municipales.

Otra medida aprobada en el Senado fue el Proyecto de la Cámara 822, que reorganiza la estructura de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para convertirla en una corporación pública con personalidad jurídica propia, otorgándole mayor autonomía administrativa y operacional para fortalecer la competitividad de la industria turística.

La medida crea una Junta de Directores, establece las facultades del director ejecutivo y redefine las funciones de la entidad con el propósito de agilizar la toma de decisiones, promover la inversión, impulsar el turismo interno y fortalecer áreas como el acceso aéreo y marítimo, el ecoturismo, el turismo deportivo y la promoción de nuevos productos turísticos.

Se aprobó el Proyecto de la Cámara 1299 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para otorgar a los municipios prioridad en la adquisición de propiedades inmuebles rematadas por deudas contributivas. La medida dispone que el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) deberá notificar primero al municipio donde ubica la propiedad, el cual contará con un término de 30 días para expresar su interés en adquirirla por ser útil para fines municipales.

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San Juan – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la Administración de Terrenos de Puerto Rico (Administración), en la que se identificaron deficiencias significativas relacionadas con el control y la administración de las cuentas por cobrar derivadas de contratos de arrendamiento de propiedades pertenecientes a la entidad, así como incumplimientos relacionados con la remisión de informes requeridos a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico.

La auditoría cubrió el período del 1 de julio de 2018 al 15 de marzo de 2024 y emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en términos generales, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable, excepto por los hallazgos relacionados con el manejo de las cuentas por cobrar y la remisión tardía de informes sobre el Registro de Puestos.

“La administración adecuada de las cuentas por cobrar constituye uno de los elementos esenciales para la estabilidad financiera de cualquier entidad pública. Las situaciones identificadas en esta auditoría evidencian debilidades en los procesos de cobro y seguimiento que requieren acciones correctivas inmediatas para proteger los recursos públicos y maximizar la recuperación de ingresos adeudados al Gobierno”, expresó la nueva Contralora.

La Administración utiliza su inventario de propiedades para arrendamientos a corto y largo plazo, así como para proyectos de desarrollo económico y social. Como parte de esas operaciones, genera ingresos mediante contratos de arrendamiento de terrenos y propiedades bajo su control.

Al 30 de junio de 2023, la entidad mantenía 144 cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos que totalizaban $2,317,171. De estas, 109 cuentas por $2,005,984 tenían atrasos mayores de 90 días, lo que representaba el 87% del total adeudado.

La auditoría determinó que la Oficina de Presupuesto y Finanzas no realizaba gestiones de cobro efectivas ni analizaba trimestralmente la morosidad de las cuentas por cobrar, según exige la reglamentación vigente. Tampoco preparaba los informes requeridos para clasificar las cuentas por categoría ni preparaba para la evaluación del Comité de Cuentas por Cobrar una relación de las cuentas que estimaba incobrables. Además, el director de dicha Oficina no documentaba las determinaciones de las cuentas que debían ser objeto de gestiones de cobro.

Como parte del examen, los auditores evaluaron 16 cuentas por cobrar que totalizaban $1,405,260, de las cuales 15 por $1,224,256 mantenían atrasos superiores a 90 días. El análisis reveló que las gestiones realizadas para recuperar dichas deudas fueron insuficientes o inadecuadas, limitándose en muchos casos al envío de algunas cartas de cobro, sin evidencia de seguimiento posterior ni de acciones adicionales para recuperar los fondos adeudados.

La situación más significativa identificada por la auditoría está relacionada con la eliminación de cuentas mediante el mecanismo de “write-off”. Entre junio y noviembre de 2023, la Administración eliminó de sus registros de contabilidad ocho cuentas de arrendamiento por un total de $1,057,987, al considerarlas incobrables. Sin embargo, el examen reveló que en varios casos no se habían agotado todas las gestiones de cobro requeridas antes de proceder con dicha eliminación.

En cuatro cuentas por un total de $495,235, las gestiones realizadas fueron mínimas o inexistentes. Más aún, al momento de la auditoría, algunos de los arrendatarios continuaban ocupando las propiedades arrendadas, aun cuando las deudas habían sido declaradas incobrables y eliminadas de los libros de la Administración.

La auditoría también encontró dos cuentas por un total de $261,117 para las cuales no se realizaron gestiones de cobro posteriores a sentencias emitidas por los tribunales a favor de la Administración. En estos casos, existían sentencias por más de $237,000 y $23,000 respectivamente, pero no se evidenciaron esfuerzos efectivos para ejecutar dichas determinaciones judiciales antes de eliminar las deudas de los registros de contabilidad.

Asimismo, una cuenta por $221,836 fue eliminada administrativamente a pesar de que la Administración mantenía un caso activo en los tribunales para el cobro de dinero relacionado con dicha deuda. Según la auditoría, esta actuación resultó incompatible con las disposiciones reglamentarias que exigen agotar todas las alternativas razonables de cobro antes de considerar una deuda como incobrable.

Otro caso examinado correspondió a una deuda de $64,341 sobre la cual la Administración no había realizado gestiones de cobro durante los siete años previos a la auditoría. La última gestión documentada ocurrió en febrero de 2017, a pesar de que el arrendatario incumplía un plan de pago previamente aprobado y tampoco cumplía con las obligaciones derivadas de un nuevo contrato de arrendamiento formalizado posteriormente.

La Oficina de la Contralora concluyó que la falta de controles adecuados y de gestiones de cobro oportunas propició el envejecimiento de las cuentas, dificultó la recuperación de los fondos adeudados y provocó que numerosas deudas fueran consideradas incobrables. Como consecuencia, la Administración eliminó de sus registros cerca de $978,188 en cuentas por cobrar, situación que afecta directamente la salud financiera de la entidad y limita su capacidad para maximizar los ingresos provenientes de sus propiedades arrendadas.

Durante el proceso de auditoría, el expresidente de la Junta de Gobierno indicó que la eliminación de las cuentas por cobrar fue autorizada por la Junta luego de recibir la recomendación del Comité de Cuentas por Cobrar y de la entonces directora ejecutiva, conforme al Reglamento para el Control, Cobro y Disposición de Cuentas por Cobrar de la Administración de Terrenos.

No obstante, la auditoría concluyó que las gestiones de cobro requeridas por la reglamentación no fueron agotadas adecuadamente antes de que se autorizara la eliminación de dichas cuentas. La auditoría también identificó deficiencias relacionadas con el cumplimiento de la Ley 103-2006 y el Reglamento 53 de 2008, que requieren la remisión periódica a la Oficina de la Contralora de los informes mensuales del Registro de Puestos e Información Relacionada.

El examen reveló que, de los 48 informes remitidos entre julio de 2018 y junio de 2022, ocho fueron presentados tardíamente, con retrasos que fluctuaron entre cuatro y 114 días posteriores a la fecha límite establecida.

Según el informe, estos atrasos privaron al Gobierno y a la ciudadanía de información actualizada y oportuna sobre la nómina, los puestos ocupados, las vacantes y otros datos relacionados con la administración de recursos humanos de la entidad. La auditoría atribuyó la situación al incumplimiento de los oficiales de enlace responsables de remitir la información y a la falta de supervisión adecuada sobre dicho proceso.

Como resultado de los hallazgos identificados, la Oficina de la Contralora recomendó a la Junta de Gobierno velar por que el director ejecutivo implemente medidas correctivas para fortalecer el control de las cuentas por cobrar. Entre las recomendaciones principales se encuentran exigir que la Oficina de Presupuesto y Finanzas realice análisis trimestrales de las cuentas por cobrar, prepare informes clasificados por categoría, identifique oportunamente las cuentas potencialmente incobrables y realice gestiones de cobro continuas y debidamente documentadas. Además, se recomendó que los informes mensuales requeridos por ley sean remitidos dentro de los términos establecidos.

La Administración de Terrenos de Puerto Rico fue creada mediante la Ley Núm. 13 de 1962 con el propósito de promover el desarrollo económico y social mediante el uso eficiente de los terrenos públicos. La entidad opera principalmente con ingresos propios generados por el arrendamiento y la venta de propiedades. Durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 30 de junio de 2023 generó ingresos por $81.7 millones y efectuó desembolsos por $53 millones, reflejando un sobrante acumulado de aproximadamente $28.6 millones.

“La recuperación efectiva de las cuentas por cobrar es una responsabilidad esencial de toda entidad pública. Cada dólar que deja de cobrarse representa recursos que podrían utilizarse para adelantar proyectos de desarrollo económico, infraestructura y servicios para la ciudadanía. Las recomendaciones emitidas buscan fortalecer los procesos administrativos y proteger los intereses patrimoniales del pueblo de Puerto Rico”, concluyó la abogada y CPA, Vega Fournier.

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