San Juan – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría de cumplimiento realizada a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), en la que se identificaron deficiencias significativas relacionadas con la utilización de acuerdos de pago, la contratación de servicios, el control presupuestario de contratos médicos y los procesos de preintervención de facturas.

La auditoría cubrió el período comprendido entre el 1 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2023 y emitió una opinión cualificada, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en términos generales, de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, excepto por los tres hallazgos contenidos en el informe.

“Las situaciones identificadas evidencian debilidades en controles administrativos y fiscales que deben ser atendidas con prontitud para proteger los recursos públicos, fortalecer la transparencia institucional y garantizar el cumplimiento estricto de las disposiciones legales que rigen la contratación y los desembolsos gubernamentales”, expresó la Contralora, quien es de profesión abogada y Contador Público Autorizado (CPA).

Uno de los hallazgos principales revela que la CFSE formalizó 18 acuerdos de pago por $539,523 que no cumplían con las excepciones autorizadas por la Ley 98-2009 para este tipo de mecanismo.

Según la auditoría, dichos acuerdos fueron utilizados para sufragar gastos relacionados con la operación administrativa de la Corporación y no para situaciones excepcionales vinculadas directamente con la atención médico-hospitalaria de trabajadores lesionados, propósito específico para el cual fue concebida la excepción legal.

Los acuerdos de pago examinados incluyeron desembolsos por $123,522 para la adquisición de equipo médico duradero; $374,119 para servicios de recogido, registro, transporte, almacenamiento, manejo, disposición y destrucción de expedientes médicos y administrativos; $6,512 para la obtención de copias de expedientes; y $35,370 para el pago de certificados de salud de empleados de la Corporación.
La Oficina del Contralora concluyó que estos conceptos no estaban cobijados por las circunstancias extraordinarias contempladas por la legislación vigente para autorizar acuerdos de pago sin contratos previos.

La gerencia de la CFSE sostuvo que la compra de equipo médico duradero constituía un servicio directo al lesionado y que históricamente el Reglamento 7851 de 2010 había sido interpretado de forma amplia por los funcionarios responsables de administrar este mecanismo. Asimismo, el exadministrador planteó que la redacción del reglamento vigente permitía interpretaciones diversas y sugirió la aprobación de una nueva reglamentación más específica.

No obstante, la Oficina del Contralor determinó que el hallazgo prevalece, al concluir que los desembolsos cuestionados estaban relacionados con operaciones administrativas de la Corporación y no con los servicios médico-hospitalarios contemplados por la Ley 98-2009.

La auditoría también identificó que la Corporación realizó pagos por $23,723 para la adquisición de servicios profesionales sin que existieran contratos escritos entre las partes, incumpliendo requisitos fundamentales de la contratación gubernamental. Los pagos estuvieron relacionados con certificados de salud para empleados de la Corporación y servicios médicos de transportación.

Según el informe, la ausencia de contratos escritos impidió establecer de manera clara y precisa las obligaciones y responsabilidades de las partes, aumentando el riesgo de irregularidades administrativas y dificultando la adecuada justificación de los desembolsos efectuados.
Otro aspecto señalado por los auditores fue la formalización de acuerdos de pago sin contar con todas las certificaciones requeridas por reglamento para validar la situación contributiva y fiscal de los proveedores.

La auditoría identificó acuerdos que carecían de certificaciones del Departamento de Hacienda relacionadas con la radicación de planillas y ausencia de deudas contributivas, así como certificaciones negativas del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME), según correspondía.

La Oficina del Contralora advirtió que estas omisiones impiden garantizar que los proveedores se encontraban al día en sus obligaciones fiscales y podrían limitar la capacidad del Gobierno para recuperar deudas pendientes.

El segundo hallazgo del informe está relacionado con la ausencia de controles presupuestarios efectivos sobre contratos de servicios médicos y profesionales. La auditoría determinó que los funcionarios responsables del Área Médica y del Área de Finanzas no establecieron mecanismos adecuados para monitorear el consumo de fondos asignados a contratos de servicios profesionales y consultivos.

Como resultado, entre mayo de 2019 y noviembre de 2023 la Corporación aprobó 28 acuerdos de pago por $1.7 millones para atender obligaciones relacionadas con el Área Médica, incluyendo casos en los que los contratos vigentes habían agotado sus fondos antes de su vencimiento o mientras se gestionaban enmiendas contractuales.

La gerencia de la Corporación argumentó que la naturaleza de la misión institucional obliga a garantizar la continuidad de los servicios médicos a los trabajadores lesionados, aun cuando los contratos hayan alcanzado sus límites presupuestarios.

Sin embargo, la Oficina del Contralora concluyó que la responsabilidad de monitorear y administrar adecuadamente los balances contractuales corresponde a la propia Corporación y no puede transferirse a los proveedores de servicios. Según el informe, la ausencia de controles adecuados limita la capacidad de la entidad para evaluar el desempeño financiero de sus operaciones médicas y podría afectar su estabilidad económica y operacional.

El tercer hallazgo señala deficiencias en los procesos de preintervención y revisión de facturas relacionadas con acuerdos de pago. Los auditores identificaron que 69 facturas por $98,774 fueron procesadas y pagadas sin incluir la certificación requerida de ausencia de interés, documento exigido por el Código Anticorrupción para certificar que ningún funcionario o empleado público tiene participación económica o interés en los contratos objeto de facturación.

Asimismo, la Corporación no pudo suministrar para examen 98 facturas por $112,927 emitidas entre los años 2014 y 2023. La ausencia de dichos documentos impidió verificar en todos sus detalles la corrección y legitimidad de los pagos efectuados. La administración indicó que parte de la documentación pudo haberse visto afectada por las circunstancias relacionadas con el paso del huracán María y por cambios operacionales en los sistemas utilizados para el manejo de facturas.

Como resultado de los hallazgos identificados, la Oficina del Contralora recomendó a la Junta de Gobierno de la CFSE asegurarse de que la administración implemente las medidas correctivas correspondientes. Entre las recomendaciones principales figura realizar las gestiones necesarias para recuperar los $539,523 desembolsados mediante acuerdos de pago formalizados en contravención de la Ley 98-2009, así como los $23,723 pagados por servicios realizados sin contratos escritos.

Además, se recomendó fortalecer la supervisión de la Oficina de Contrataciones, capacitar al personal responsable de los procesos contractuales, implantar controles presupuestarios efectivos sobre los contratos de servicios profesionales y médicos, garantizar el cumplimiento de los requisitos de certificación en las facturas y reforzar los procesos de conservación y archivo de documentos fiscales.

La Corporación del Fondo del Seguro del Estado fue creada para proteger a los trabajadores lesionados y garantizarles tratamiento médico y compensación económica como parte del sistema de compensaciones por accidentes del trabajo en Puerto Rico. Durante los años fiscales examinados, la entidad generó ingresos por más de $3,542 millones, realizó desembolsos que superaron los $2,581 millones y efectuó aportaciones a otras agencias gubernamentales por aproximadamente $189 millones.

“La importancia de la Corporación para la protección de los trabajadores puertorriqueños exige una administración rigurosa, controles internos sólidos y un estricto cumplimiento de las leyes que regulan el uso de fondos públicos. La implantación de las recomendaciones emitidas contribuirá a fortalecer la gobernanza institucional, proteger los recursos públicos y garantizar que los servicios continúen presentándose de manera eficiente y transparente”, concluyó la contralora Vega Fournier.

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Por Miguel Díaz Román

Las nuevas tecnologías siempre tienen consecuencias imprevistas. Con la llegada del teléfono  perdió importancia la comunicación epistolar y las buenas y malas noticias se conocían en minutos. 

Cuando la comunicación por medio de los teléfonos celulares experimentó la irrupción de las video llamadas y las pantallas táctiles, que permitió la ágil navegación en la internet, la existencia humana alrededor del planeta presenció una verdadera revolución tecnológica cuyas repercusiones aún hoy continúa en permanente transformación.

Pero lo que nadie habría podido imaginar es que una de esas repercusiones ha sido aplacar los intercambios sexuales y reducir el nacimiento de bebés. 

Lo que no pudieron lograr las pastillas anticonceptivas y la contención sexual que ha promovido con furia la iglesia católica y otras iglesias protestantes, se ha hecho realidad gracias a las nuevas generaciones de celulares que también son conocidos como teléfonos inteligentes o iPhone.

Así lo hace constatar la columnista del The New York Times, Christine Emba, en su más reciente artículo titulado «Los celulares parecen haber reducido la natalidad o no nos engañemos».

En su artículo Emba comenta dos estudios realizados en 2026 cuyas conclusiones vinculan el descenso de la fertilidad con el uso de los celulares. 

Dos estudios

El primero fue publicado a principios de junio de 2026 por la Oficina Nacional de Investigación Económica (conocida como el NBER por sus siglas en inglés). El NBER es una organización privada y sin fines de lucro de origen estadounidense, que es famosa por realizar investigaciones económicas imparciales. 

Los investigadores del NBER, comenta Emba en su artículo, establecieron un mapa que definió el despliegue geográfico del teléfono iPhone entre junio de 2007 y febrero de 2011. De hecho, en junio de 2007 Apple lanzó el iPhone por primera vez y solo estaba disponible en la red de AT&T. Ya para el 2011 AT&T no era el operador exclusivo.

Luego los investigadores compararon las tasas de fertilidad en las regiones de Estados Unidos que usaban el iPhone y aquellas regiones cuyos habitantes aún no tenían acceso a ese modelo de teléfono celular.

El estudio del NBER concluyó que “la difusión del iPhone explica entre el 33 por ciento y el 52 por ciento del descenso de la tasa de fertilidad general entre las mujeres de 15 a 44 años”. 

Además, el estudio sostiene que los «descensos más pronunciados se concentraron entre las adolescentes y las jóvenes de entre 15 y 24 años».

Teléfonos inteligentes y tasas de fertilidad

Según un reportaje publicado por CNN el pasado 12 de junio, los investigadores del estudio  de NBER estiman que la rápida difusión del iPhone fue responsable de entre un tercio y la mitad de la caída en la tasa general de fertilidad de Estados Unidos entre 2007 y 2011

No obstante, el estudio no logra explicar con exactitud por qué los teléfonos inteligentes reducen las tasas de fertilidad. 

Pero los investigadores de NBER, Caitlin Myers, economista y autora principal del estudio y Ezekiel Hooper, que es el coautor, plantearon la hipótesis de que los celulares inteligentes han modificado la manera en que sus usuarios consumen el tiempo hasta el extremo de que haría menos probable establer vínculos que propician relaciones sexuales y que culminen en un embarazo.

Hooper observó que sus hermanos menores tenían relaciones muy diferentes a las que él había tenido, con mucha más interacción social a través de las pantallas de sus teléfonos que en persona.  Interacciones que, según dijo Hooper,  «no dejaban ninguna posibilidad de tener un hijo”.

“En lugar de buscar esa interacción con otra persona, es posible que recurran a la pornografía en línea. Quizás, en vez de salir y mantener interacciones físicas con sus amigos y compañeros, estén llevando a cabo esas mismas interacciones a través del teléfono”, dijo Hooper.

Más estudios

El otro estudio, publicado en mayo de este año y realizado por los economistas Nathan Hudson y Hernan Moscoso Boedo, de la Universidad de Cincinnati, también se fundamentó en la verificación de las tasas de fertilidad en las zonas de cobertura del iPhone en todo el territorio de Estados Unidos.  

En su estudio, Hudson y Moscoso Boedolas confirmaron que las tasas de fertilidad, en particular entre las adolescentes, se desplomaron en la medida que el iPhone era preferido por los consumidores y alcanzaba un nivel de saturación en el mercado estadounidense. 

Incluso, los economistas hicieron un estudio en el Reino Unido con las mismas premisas que encaminó el estudio realizado en los Estados Unidos, el cual arrojó, sorpresivamente, resultados similares.

Hudson y Moscoso Boedo explican así la relación entre el celular y la inactividad sexual.: “Cuando hay suficientes adolescentes en el teléfono, es ahí donde se concentra la red de pares; el tiempo que pasan en persona se reduce drásticamente y, con ello, el contacto espontáneo en el que se producen la mayoría de los embarazos no deseados entre adolescentes”. 

Pero la columnista Emba es escéptica en relación con los resultados de ambos estudios aún cuando nadie ha podido explicar de manera definitiva la baja en las tasas de fertilidad, un fenómeno que continúa en aumento. En 2025 nacieron en Estados Unidos casi 710.000 bebés menos que en 2007, y se prevé que en 2026 nazcan aún menos. 

De hecho, Emba nos recuerda que los factores comúnmente manejados que, alegadamente, contribuyen a la reducción en la tasa de fertilidad son el aumento del nivel educativo de las mujeres, el elevado costo del cuidado infantil e incluso el narcisismo. 

Explicación limitada

Y aunque la columnista reconoce que los celulares deben considerarse como estimulantes del  descenso en la fertilidad, advierte que dicha explicación es muy limitada y puede causar que se ignoren problemas relevantes como la precariedad económica, la atrofia de las habilidades sociales, el creciente aislamiento y la ansiedad. 

De hecho, Emba sostiene que al analizar más profundamente la crisis de fertilidad «parece ser una crisis de conexión» entre seres humanos que se ve agravada por el uso de los celulares, que se convierten en mediadores con el mundo real.

Según Emba, los mensajes de texto, las videollamadas, los videojuegos y las apuestas logran distraer a los usuarios de los iPhone de placeres como el sexo, el cual requieren un mayor esfuerzo para conectar con otros seres humanos. 

Además, la pornografía puede reducir las ganas de tener relaciones sexuales en persona. Y las redes sociales, según comentó Emba, «lo potencian todo, con un flujo interminable de contenido que genera ansiedad y polariza los géneros».

Finalmente, Emba se cuestiona «¿qué aspectos de la vida humana hemos dejado, a propósito o no, que han sido sustituidos por la tecnología? ¿Y cómo podemos recuperarlos?».

Desentrañar estadísticas

En Puerto Rico también se ha registrado una reducción significativa de la tasa de fertilidad que ha causado una crisis demográfica histórica. La tasa de fertilidaden la isla es de aproximadamente 0.9 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo poblacional, que es de 2.1 hijos por mujer.

Sin duda, sería muy revelador desentrañar de las estadísticas la presencia de los iPhone en el país y verificar la tasa de fertilidad en las distintas regiones para tratar de definir el comportamiento sexual de nuestros jóvenes.

Pero dichos resultados se deben contextualizar con las altas tasas de esterilización femenina, el alto costo de vida, la inestabilidad en el mercado laboral, el aumento en el nivel educativo de las mujeres, la planificación familiar y el éxodo poblacional, que son factores que de alguna manera han tenido su efecto en la reducción en la tasa de fertilidad del país.

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Por Miguel Díaz Román 

Un informe emitido en 2025 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), que es el brazo investigador del Congreso, concluyó  que la ley 60 de 2019, mejor conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, que en otras disposiciones, promueve atraer nuevos inversionistas a la isla e incentivar la exportación de servicios, es responsable de una disminución significativa en los ingresos del gobierno federal, los cuales podrían ascender a cientos de millones de dólares anuales.

Del informe se desprende que entre el 2020 y el 2025 el Departamento de Hacienda no cumplió con las solicitudes de información de parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) del gobierno federal sobre los contribuyentes estadounidenses que obtuvieron decretos de inversionistas residentes en Puerto Rico.  

De hecho, el IRS estaba investigando si los contribuyentes estadounidenses que obtuvieron un decreto de inversionistas residentes en Puerto Rico podrían excluir de su planilla los ingresos sujetos a impuestos federales o si estos podrían no presentar una planilla que declare ingresos sujetos a impuestos federales, o simplemente evadir los impuestos federales al declarar indebidamente ingresos de origen estadounidense como ingresos obtenidos en Puerto Rico. 

El informe revela que el IRS falló en varias de sus responsabilidades para que su pesquisa generara resultados, como realizar esfuerzos para mejorar la comunicación con el Departamento de Hacienda o por carecer de un plan para obtener periódicamente los datos más recientes de Puerto Rico.  

Según sostuvo el informe, la pérdida de personal es uno de los factores que contribuyó a las fallas del IRS. A junio de 2025, el IRS había perdido a 87 agentes que realizaban auditorías en los decretos de inversionistas residentes en Puerto Rico. Esta pérdida obedeció a renuncias, jubilación, ascenso o reasignación dentro de la agencia, lo que representó una pérdida de aproximadamente del 38 por ciento de la plantilla.

Los detalles del citado informe trascendieron ayer durante un conversatorio auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros. 

En el conservatorio participaron los funcionarios del GAO, Tara Carter, quien es la subdirectora de asuntos estratégicos, y Pedro Almoguera, subdirector del centro de economía e investigación de la institución congresional. La actividad fue celebrada en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado. 

Cuestionada sobre cómo puede afectar cuando surgen denuncias de fraude, abuso o uso indebido de los incentivos fiscales, Carter sostuvo que «todo el trabajo de cumplimiento y fiscalización relacionado con esto requiere más personal y una mayor colaboración entre el IRS y Hacienda. El IRS puede hacer mucho para ayudar a Puerto Rico porque también está perdiendo ingresos. Si el IRS cuenta con información precisa, tiene el mismo incentivo para tomar medidas de cumplimiento y fiscalización. Y esas acciones podrían ayudar a Puerto Rico con ese mismo grupo de contribuyentes»

Hacienda no respondió al IRS

«Por eso, nuestra recomendación fue que el IRS y Puerto Rico colaboren más estrechamente. La recomendación fue dirigida principalmente al IRS, aunque sí encontramos que Puerto Rico estaba compartiendo información. Específicamente, recomendamos que el IRS establezca algún mecanismo regular de intercambio de información”, sostuvo Carter.

Sobre las razones para que el Departamento de Hacienda no cumplió con las solicitudes de información del IRS – que realizó dos solicitudes iniciales en 2020 y Hacienda no respondió a ninguna de ellas – el informe menciona que en ese momento Puerto Rico se estaba recuperando del terremoto ocurrido en enero de 2020. 

Alegadamente, el terremoto y la posterior pandemia de COVID-19 contribuyeron a esta falta de respuesta. El IRS dejó de contactar a Hacienda en 2021, lo que resultó en una interrupción de tres años en los intentos de obtener datos de Puerto Rico hasta 2024, cuando el IRS realizó su tercera solicitud.

Sobre los ingresos que ha dejado de recibir el gobierno local, el informe señala que el Departamento de Hacienda proyecta que, entre 2020 y 2026, dejará de ingresar $4,400 millones como resultado del incentivo para inversionistas residentes y $1.800 millones en ingresos como resultado del incentivo para empresas de servicios de exportación. 

La concesión de un decreto implica una tasa fija del 4% sobre el ingreso y una exención del 100% sobre dividendos y sobre las ganancias de capital.

Un estudio de 2021, encargado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) reveló que la actividad económica en Puerto Rico fue entre 1 y 3 puntos porcentuales mayor gracias a estos incentivos, en comparación con lo que habría sido sin ellos. 

Además, el estudio estimó que las empresas de servicios de exportación generaron 22,000 empleos directos y aproximadamente 52,000 empleos indirectos.

Sin crecimiento

No obstante, el informe menciona que la economía de Puerto Rico ha mostrado poco o ningún crecimiento desde que se introdujeron los incentivos fiscales para inversionistas residentes y empresas de servicios de exportación en 2012. 

También indica que el  producto nacional bruto (PNB) real de Puerto Rico es un 4.4 por ciento menor en 2024 en relación con el registrado en 2014.

De acuerdo con el informe, Puerto Rico otorgó un total de 5,852 decretos de inversionista residente entre 2012 y 2024, registrando el mayor número en 2021. El número de decretos otorgados alcanzó su punto máximo en el año 2021, coincidiendo con el aumento del teletrabajo tras el inicio de la pandemia de COVID-19. 

Además, desde 2012, la DDEC ha otorgado 3,899 decretos de servicios de exportación. 

Otro incumplimiento del IRS mencionado en el informe es que no dio seguimiento a las denuncias sobre estadounidenses que obtuvieron decretos de inversionistas pero que no se pudo confirmar que cumplieran con el requisito de residencia en Puerto Rico, según revelaron funcionarios del gobierno local. 

Las personas elegibles para decretos de inversionistas residentes deben cumplir con varios requisitos como mudarse y mantener la residencia en Puerto Rico y presentar un informe anual ante el DDEC. Además, deben vivir en Puerto Rico durante más de la mitad del año o 183 días para cumplir con el requisito de residencia.

En los últimos años el DDEC también ha exigido a los inversionistas residentes que realicen una donación anual de $10,000 a una organización sin fines de lucro en Puerto Rico. 

Para obtener el decreto para servicios de exportación una empresa debe operar desde una oficina ubicada en Puerto Rico y prestar servicios a entidades o personas extranjeras sin ninguna conexión con negocios nacionales en la Isla. Algunos ejemplos de empresas de servicios de exportación que podrían optar a este incentivo son los centros de llamadas, las empresas de gestión de activos y los centros de datos.

Más fallas del IRS

El informe menciona que el IRS tampoco tiene previsto indagar sobre el cumplimiento de nuevos estadounidenses con decretos de inversionistas residentes en Puerto Rico.

El informe del GAO también le recomendó al IRS que establezca procedimientos para obtener periódicamente datos sobre todos los contribuyentes estadounidenses que solicitan el decreto para inversionistas residentes en Puerto Rico. 

También le requirió que revisara los casos de posible incumplimiento de parte de inversionistas estadounidenses que obtuvieron decretos y ya eran residentes de Puerto Rico, los cuales fueron remitidos a la agencia federal por dependencias del gobierno de Puerto Rico. 

El informe del GAO surgió por una petición de varios congresistas en el contexto que determinados estados denunciaron una baja en sus ingresos debido al éxodo de contribuyentes de alto ingreso, quienes se trasladaron a Puerto Rico atraídos por los beneficios de la ley 60 de 2019.

Disminuyen los ingresos

Los congresistas que realizaron la petición fueron Jared Huffman, miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes; Alexandria Ocasio-Cortez; Ritchie Torres y Nydia M. Velázquez.

Según el informe, los impuestos federales pagados por los beneficiarios de incentivos para inversionistas residentes disminuyeron significativamente después de mudarse a Puerto Rico. 

El ingreso sujeto a contribución  federal disminuyó en 39 por ciento o $341,409. Es decir, de $875,241 a $533,832.

El impuesto federal anual promedio pagado disminuyó en un 46 por ciento o $127,143.  Según el informe, de $278,112  se redujo a  $150,969, ajustado por inflación. 

De acuerdo con el informe del GAO el 57 % de los inversionistas que obtuvieron decretos para inversionistas residentes y concretaron su mudanza a Puerto Rico provenían de California, Florida, Nueva York o Texas, que son los cuatro estados más poblados de Estados Unidos.

Formulario 8898

El informe menciona que todos los contribuyentes estadounidenses —no solo los beneficiarios de incentivos para inversionistas residentes— que establezcan una residencia de buena fe en Puerto Rico y ganen más de $75,000 deben presentar ante el IRS el formulario 8898, conocido como «Declaración para personas que comienzan o terminan una residencia de buena fe en una posesión de los Estado Unidos».

El informe indica que cada año desde 2013, se han otorgado más decretos a personas que las que han presentado el formulario 8898 declarando su residencia en Puerto Rico.

De acuerdo con funcionarios del IRS, algunas personas con alto patrimonio neto que saben que no cumplirán con el requisito de residencia pueden optar por no presentar el formulario 8898 ante el IRS. Por otro lado, algunas personas con alto patrimonio neto pueden estar exentas del requisito de presentar el formulario 8898 porque sus ingresos son inferiores al umbral de $75,000. Esto puede ocurrir si un contribuyente decide no informar grandes ganancias de capital hasta algún año fiscal futuro después de mudarse a Puerto Rico.

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La Cámara de Representantes aprobó hoy el Proyecto de la Cámara 1092, una medida que permite se evalúe la energía nuclear, incluyendo los reactores modulares pequeños, como parte de las alternativas para fortalecer la diversificación del sistema eléctrico de la isla.

La medida, que enmienda la Ley de Política Pública de Diversificación Energética, fue presentada por los representantes Gabriel Rodríguez Aguiló, Joel Franqui Atiles y Ángel Morey Noble.

El PC 1092 actualiza las definiciones de energía limpia, energía nuclear y reactores modulares pequeños dentro del marco legal vigente, incorpora estas tecnologías a la cartera energética de Puerto Rico y ordena a la Universidad de Puerto Rico desarrollar programas académicos e iniciativas de investigación relacionadas con esta industria.

“El sistema energético de Puerto Rico requiere planificación a largo plazo y decisiones fundamentadas en evidencia. Esta medida permite que estudiemos tecnologías que ya se desarrollan en Estados Unidos y otras jurisdicciones, amplía las herramientas disponibles para atender la demanda energética futura y crea un marco legal para evaluar alternativas de bajas emisiones bajo la supervisión de las agencias federales correspondientes. Nuestro interés es que Puerto Rico tenga acceso a toda la información necesaria para tomar decisiones responsables sobre su futuro energético”, explicó Rodríguez Aguiló durante la sesión de este lunes.

La medida surge de los trabajos realizados al amparo de la Resolución de la Cámara 400 y fue evaluada mediante vistas públicas y vistas oculares celebradas por la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Representantes. Como parte de ese proceso, los legisladores visitaron el Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, donde conocieron la nueva concentración menor en ingeniería nuclear que comenzará a ofrecerse en agosto de 2026, así como los proyectos académicos y de investigación que desarrolla la institución en esta área.

“La investigación realizada por la Comisión de Desarrollo Económico demostró que Puerto Rico cuenta con el talento académico y profesional para participar de esta conversación con seriedad y rigor técnico. Nuestro deber es evaluar todas las alternativas disponibles para fortalecer la seguridad energética de la isla y preparar a las próximas generaciones de profesionales. Esta medida también reconoce el rol que tendrá la Universidad de Puerto Rico en la formación de ingenieros, investigadores y especialistas que puedan contribuir al desarrollo de tecnologías energéticas avanzadas”, sostuvo, por su parte, Franqui Atiles.

Durante las vistas públicas, expertos y profesionales del sector energético presentaron información sobre los reactores modulares pequeños, una tecnología que genera entre 200 y 300 megavatios de energía y que actualmente se encuentra en distintas etapas de desarrollo y construcción en lugares como Wyoming, Tennessee, Texas y Canadá. Los deponentes explicaron que estos sistemas operan con zonas de planificación de emergencia más reducidas que las plantas nucleares tradicionales y ofrecen generación continua de energía durante las 24 horas del día. Asimismo, se destacó la participación de talento puertorriqueño en la industria nuclear de Estados Unidos. Ingenieros graduados de la Universidad de Puerto Rico laboran actualmente en empresas del sector y en la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, entidad responsable de licenciar y supervisar las instalaciones nucleares.

La legislación mantiene la meta establecida por ley de alcanzar un cien por ciento de energía renovable para el año 2050, pero permite considerar tecnologías complementarias de bajas emisiones dentro de los procesos de planificación y evaluación energética. Además, dispone que cualquier análisis o eventual desarrollo relacionado con energía nuclear se realice conforme a la reglamentación federal aplicable y bajo la supervisión de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos.

Tras su aprobación en la Cámara de Representantes, el Proyecto de la Cámara 1092 pasará ahora a la consideración del Senado.

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Capitolio– Durante los trabajos de la sesión ordinaria, el Senado aprobó una medida que propone crear la “Ley de Transparencia de Precios de Servicios Hospitalarios de Puerto Rico” con el propósito de garantizar que los pacientes tengan acceso claro, oportuno y estandarizado a la información sobre los costos de los servicios hospitalarios.

El Proyecto del Senado 1119, de la autoría del vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos Santiago, establece como política pública la divulgación obligatoria, accesible y estandarizada de los precios de los servicios hospitalarios en Puerto Rico.

Además, faculta al Departamento de Salud para adoptar reglamentos e imponer sanciones administrativas a las instituciones que incumplan con los requisitos establecidos por ley. Asimismo, el proyecto reconoce el derecho de acción privada para pacientes afectados por cobros que no hayan sido divulgados previamente o que incumplan con las disposiciones de transparencia establecidas.

En un turno, Ríos afirmó que es una medida de vanguardia y evita la sobrefacturación. “Es uno de estos proyectos que surge de una idea del National Hispanic Caucus of State Legislators, es la entidad a la que nosotros pertenecemos del caucus hispano de Estados Unidos. La Ley de Transparencia de Precios de Servicios Hospitalarios en Puerto Rico, que es una política pública que queremos establecer con esta medida, es algo que parecería lógico durante todo el proceso del costo de lo que es la reforma, el costo de lo que son los hospitales, medicamentos y el costo de algo tan sencillo como una hospitalización y la facturación del mismo… Esto es a favor de los pacientes. Esta medida va a favor de la eficiencia y lo que hace la medicina moderna y le da al paciente el poder decisional”, afirmó Ríos.

De igual forma, fue aprobado el Proyecto del Senado 989, del senador de mayoría Rafael Santos Ortiz, para autorizar la celebración de juegos de bingo en los paradores de Puerto Rico. La medida persigue ampliar la oferta recreativa disponible en estas hospederías y fortalecer su capacidad para atraer visitantes.

Según la propuesta, la actividad estará sujeta al marco regulatorio aplicable a los juegos de azar autorizados, procurando que esta alternativa contribuya al desarrollo económico y turístico de las regiones donde ubican los paradores. La medida sostiene que “confiamos en que, bajo este marco de supervisión estricta, podremos proteger a nuestra ciudadanía mientras exploramos, con enorme reserva y control, alternativas para la reactivación económica de sectores estratégicos”.

Asimismo, fue aprobado el Proyecto del Senado 1140, del senador de mayoría Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, para integrar a la Ley de Servicio Público las disposiciones relacionadas con el transporte de agregados para fines comerciales e industriales. La medida consolida en un solo cuerpo legal la reglamentación vigente sobre esta actividad.

“Con esta Ley, esta Asamblea Legislativa de Puerto Rico cumple con la política pública de modernizar la estructura gubernamental, eliminando la redundancia, consolidando funciones y simplificando procesos, en beneficio de toda nuestra ciudadanía”, indica la medida. La legislación reconoce la importancia estratégica del transporte de agregados para el desarrollo económico y la industria de la construcción, al tiempo que simplifica el marco jurídico aplicable a este sector.

También, se aprobó la Resolución del Senado 233 de la senadora Soto Aguilú. La misma dispone una investigación sobre los protocolos utilizados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación al momento de excarcelar a los confinados que han cumplido sus sentencias. La investigación incluye los mecanismos de prevención de reincidencia y seguridad pública.

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