Por Patriick M. Brenne
Presidente del Instituto de Políticas Públicas del Suroeste de Estados Unidos
La superintendente de seguros de Nuevo México , Alice Kane, informó recientemente a los legisladores estatales que las aseguradoras rechazaron renovar más de 6200 pólizas de seguro de vivienda en 2025, la cifra más alta jamás registrada. La reacción inmediata es culpar a las aseguradoras y actuarios codiciosos de Hartford, Connecticut, que calculan el riesgo de incendios forestales en condados que ni siquiera pudieron ubicar en un mapa.
La crisis de las pólizas no renovadas llevó a los habitantes de Nuevo México a examinar detenidamente su mercado de seguros por primera vez en años. Resulta que ese mercado es peculiar. Muchas de las normas que lo rigen no se redactaron en Santa Fe, ni en Hartford, ni por ninguna entidad responsable ante los votantes. Se redactaron en Kansas City, Misuri, por una organización privada sin fines de lucro.
En 2025, los estadounidenses pagaron más de 3 billones de dólares en primas por seguros de propiedad, responsabilidad civil, títulos de propiedad, vida, accidentes y salud. En la mayoría de los casos, las aseguradoras no rinden cuentas a los reguladores federales, ya que el Congreso deja gran parte de la regulación de los seguros en manos de los estados. Estos crearon una especie de centro de compensación para determinar fórmulas estándar, como la cantidad de capital que una aseguradora debe mantener para cada activo en sus libros. Los 50 estados participan en este mismo sistema.
Bienvenidos a la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). La primera regla de la organización es: no se habla de la organización. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) informó en junio que el comité de la NAIC, responsable de la acreditación de los reguladores estatales de seguros, no hace públicos sus resultados de acreditación y que sus debates sobre el tema se limitan a los reguladores.
La acreditación determina si otros estados aceptarán los exámenes de solvencia de un estado y, en la práctica, ejerce una intensa presión sobre las legislaturas para que promulguen leyes modelo específicas. Las deliberaciones se llevan a cabo en una sala a la que ningún residente del estado puede acceder ni presentar un informe que no pueda leer.
El código de seguros de Nuevo México regula el registro de las compañías aseguradoras ante el estado. Exige que cada aseguradora cubierta presente una declaración de registro en un formulario y formato prescritos por la asociación nacional de comisionados de seguros. Hasta 2014, la ley exigía el formulario proporcionado por el superintendente, quien rinde cuentas al gobernador de Nuevo México. Los legisladores eliminaron esas palabras y las reemplazaron por la asociación privada.
Según el Código Administrativo de Nuevo México , las solicitudes de formularios de póliza deben utilizar documentos de transmisión que coincidan con los documentos uniformes vigentes de la NAIC. En lugar de remitir a los reguladores estatales a una edición fija de los formularios, la norma los dirige al sitio web dinámico de la NAIC. Las aseguradoras que respaldan fideicomisos de reaseguro deben informar todo lo que requiera el formulario de declaración anual de la NAIC.
Los abogados denominan a esto incorporación dinámica por referencia. Cuando una ley adopta el manual de un organismo externo tal como está redactado, la siguiente revisión puede modificar las obligaciones vinculantes de la ley sin necesidad de votación, audiencia, enmienda de un comité ni firma del gobernador. El informe de la GAO describe el mecanismo sin mencionarlo explícitamente: la acreditación exige que los estados promulguen leyes modelo de la NAIC, y estas leyes modelo, a su vez, exigen que los reguladores sigan los estándares de la NAIC.
Este acuerdo implica, en la práctica, que un organismo no electo controla los estados. Daniel Schwarcz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, argumentó en un artículo publicado en 2018 en el Connecticut Insurance Law Journal que este acuerdo viola los principios de no delegación establecidos en todas las constituciones estatales. Reiteró este argumento en el Capitolio junto con RJ Lehmann, del R Street Institute, una organización defensora del libre mercado.
El informe de la GAO, publicado ocho años después, no formuló recomendaciones ni halló irregularidades. Concluyó que la información financiera y de gobernanza contenida en los documentos públicos de la NAIC es, en general, comparable a la que se recoge en el formulario 990 del IRS. La NAIC publica sus estatutos y estados financieros auditados. Los reguladores estatales informaron a la GAO que la acreditación les permite ahorrar dinero al confiar en las auditorías de los demás organismos.
Aunque el informe de la GAO no halló irregularidades, los hechos que documentó son preocupantes. La NAIC ha estado exenta de presentar el Formulario 990 desde 1955, tras determinarse que la organización es una entidad dependiente exclusiva de los estados. En 2024, declaró ingresos por valor de 161,4 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 94 % proviene del sector cuyas normas elabora.
Sus tasas de presentación para 2026 están limitadas a 108.817 dólares para una sola empresa y a 544.085 dólares para un grupo. La NAIC no divulga la remuneración de sus ejecutivos. Su política publicada sobre conflictos de intereses abarca a los comisionados miembros, pero no, según pudo determinar la GAO, a su director ejecutivo. El manual del empleado incluye una política sobre conflictos de intereses, pero no está disponible públicamente.
La NAIC está designada como organización benéfica 501(c)(3). Si la NAIC se beneficia de la exención de impuestos, debería estar obligada a presentar el formulario 990, al igual que otras organizaciones sin fines de lucro. La GAO señaló que la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte están obligadas a presentar el formulario 990. Ambas forman parte del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, junto con la NAIC.
Si bien Washington podría remediar la situación —por ejemplo, revocando la exención de impuestos de la NAIC—, esperar a que el Congreso actúe es como esperar a ganar la lotería. Mientras tanto, los estados pueden exigir rendición de cuentas. Desde 1998, Michigan exige a la NAIC que presente un informe anual ante el regulador de seguros del estado y ambos comités legislativos de seguros.
Este informe debe incluir la remuneración de los directivos de la NAIC, todos los estándares que un estado debe adoptar para mantener la acreditación y si sus deliberaciones son públicas.
Cincuenta estados delegaron la elaboración de sus normas a una organización que supuestamente les pertenecía. Pero en algún momento, esa organización terminó controlándolos. Un estado decidió exigir más. Los legisladores de Nuevo México ya se preguntan por qué 6200 propietarios perdieron su cobertura. Al igual que Michigan, deberían exigir más a quienes elaboran las normas que rigen el mercado. ¿Qué estado será el segundo en hacerlo?
Este artículo de opinión lo publicó el diario The Wall Street Journal el 28 de agosto del 2026 con el título, «¿Cómo una organización sin fines de lucro se convirtió en el regulador de seguros de Estados Unidos?». Lo hemos publicado para beneficio de nuestros lectores con un título más alusivo a la controversia que revela el señor Patrick Brenne.
