Burocracia epidémica

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Por Dr. Edgar León Ayala 

Si Hollywood tuviera categorías para los logros de la administración pública, Puerto Rico llevaría décadas acumulando estatuillas. No por eficiencia, claro. Tampoco por transparencia. El galardón sería por una hazaña que ningún consultor de McKinsey ha podido documentar sin que le dé un tic nervioso: la capacidad de convertir cinco empleados en cincuenta sin producir un gramo más de trabajo útil.

Bienvenidos a la República Independiente del Memorándum, donde los documentos viajan a la velocidad de la placa tectónica, las firmas se cuentan como logros profesionales y el analfabetismo funcional no es un problema educativo —es un requisito de selección de personal.

PRIMER ACTO: EL ORGANIGRAMA QUE DEVORÓ AL PRESUPUESTO

Imagínese usted que contrata a un plomero para arreglar un grifo. Llega el plomero con su ayudante. Y el supervisor del ayudante. Y el coordinador de supervisores de campo. Y el especialista en evaluación de grifos del Sector Norte. Y el enlace interagencial de agua potable. Y la asesora de género en proyectos de plomería. Y el fotógrafo oficial del evento.

El grifo sigue goteando. Pero hay siete personas muy ocupadas llenando formularios sobre él. Esto no es una metáfora. Es el modelo operacional certificado del gobierno de Puerto Rico, aplicado con orgullo en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, en el Departamento de Educación, y en casi cualquier agencia cuyo nombre tenga más de cuatro palabras. 

Regla empírica: a mayor cantidad de palabras en el nombre de la agencia, menor cantidad de servicios que produce.

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y Recursos Rurales de Puerto Rico lleva cuarenta y dos caracteres en su nombre y produce aproximadamente tres informes anuales que nadie lee, dos actividades con chicharrones y un presupuesto que haría llorar a cualquier agricultor de Adjuntas.

SEGUNDO ACTO: EL ANALFABETISMO FUNCIONAL COMO CREDENCIAL EJECUTIVA

Permítame presentarle a don Rigoberto, nombre ficticio para proteger la inocencia de su familia y la reputación de su municipio. Don Rigoberto llegó a director de una oficina de planificación regional sin haber planificado jamás nada más complejo que la ruta de su almuerzo. 

Su mayor logro académico es un certificado de asistencia a un seminario de Microsoft Word del año 2003 —al que, según testigos, llegó tarde y se fue antes del módulo de tablas.

En su primer año como director, don Rigoberto firmó treinta y siete documentos sin leerlos. En su segundo año, delegó la firma a su asistente. En su tercero, contrató un asistente para el asistente. Hoy preside reuniones de tres horas donde se discute si el papel de la impresora debe ser tamaño carta o legal, y concluye siempre con: «Vamos a llevar esto a consultoría».

¿La consultoría? Otro primo. Diferente municipio, mismo apellido.

Este fenómeno —al que los académicos llamarían analfabetismo funcional en posición de liderazgo, y que los puertorriqueños llamamos simplemente «el que nos cayó de paracaídas» — no es accidental. 

Es el producto de décadas de nombramiento político en posiciones técnicas, donde el criterio de selección principal no es la competencia sino la fidelidad electoral, el parentesco consanguíneo o, en casos de especial sofisticación, ambas cosas a la vez.

TERCER ACTO: LA QUIEBRA COMO PRODUCTO ARTESANAL

Puerto Rico tiene la distinción histórica de haber quebrado no una sino múltiples de sus corporaciones públicas con una consistencia que roza lo artístico. La Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos, la propia deuda del gobierno central —todas llevan en sus entrañas el mismo sello de fábrica: más administradores que técnicos, más directores que operadores, más asesores que resultados.

La AEE, en su época dorada de quiebra, llegó a tener una relación de un supervisor por cada dos linemen. 

Es decir, por cada dos personas que realmente tocaban un cable, había una que supervisaba cómo lo tocaban. Y sobre ese supervisor, otro que supervisaba la supervisión. Y sobre ese, un director de área. Y sobre ese, un director regional. Y sobre ese, un subdirector ejecutivo de operaciones integradas del sector occidental —título real, sueldo de $98,000 anuales, función principal: asistir a reuniones y enviar correos que dicen «en espera de confirmación».

El resultado: apagones que duraban más que ciertos matrimonios, facturas que superan el PIB de algunas familias y una infraestructura que, según los propios informes de PREPA, clasificaría como «vintage», si se tratara de mobiliario y como «negligencia criminal», si se tratara de servicio público.

CUARTO ACTO: EL SELLO DE GOMA, ARMA DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Existe en los pasillos del gobierno una herramienta subestimada por la ciudadanía pero venerada por sus usuarios: el sello de goma. No el metafórico. El literal. El sello redondo, entintado de azul o rojo, que estampa la existencia oficial de algo que ya existía perfectamente sin que nadie lo sellara.

Para que un ciudadano pueda iniciar un negocio en Puerto Rico, necesita, segúnn estimados conservadores: cuatro sellos de distintas agencias, tres certificaciones de que nno debe (cuando en realidad sí debe, pero eso se negocia aparte), dos inspecciones de oficinas que no han sido inspeccionadas desde la administración de Fomento del año anterior, y una carta notariada explicando por qué necesita todos esos documentos, la cual debe ser certificada por la misma agencia que emitirá los documentos.

Es lo que los filósofos llamarían una paradoja kafkiana y lo que los emprendedores puertorriqueños llaman «el porqué me fui a Florida». Mientras tanto, en la Florida, le preguntaron su nombre, le pidieron un formulario de dos páginas, y le dijeron: «Su negocio está registrado, que le vaya bien».Tiempo total: dieciséis minutos. Sin sellos. Sin primos. Sin misterio.

QUINTO ACTO: LOS PUESTOS DE CONFIANZA, O LA DEMOCRACIA DEL FAMILISMO

El gobierno de Puerto Rico tiene una categoría laboral llamada “puesto de confianza”. que, en teoría, significa que el funcionario responde directamente al funcionario electo y puede ser removido cuando cambia la administración. En la práctica, significa que el primo del secretario tiene empleo garantizado, aire acondicionado y un título que nadie sabe exactamente qué hace.

El título más temido —y más común— de la burocracia insular es el de «Oficial Especial de Proyectos Especiales». Nadie sabe qué proyectos. Nadie sabe qué oficialía. Nadie lo ha visto trabajar. Pero cobra puntual. Y en navidades le manda al secretario un queso gouda y unas galletas de mantequilla.

Según datos del propio gobierno, Puerto Rico tiene una proporción de empleados públicos por habitante que supera a la mayoría de los estados de la nación. Con una economía que lleva décadas contrayéndose, una población que lleva dos décadas emigrando y unas corporaciones que llevan una década quebrando, la nómina pública no baja. Los servicios sí. La ironía sería cómica si no fuera porque la paga esa nómina, usted.

EPÍLOGO: CARTA DE AGRADECIMIENTO DEL PREMIADO

En nombre del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, queremos agradecer a todos los que hicieron posible este premio a la excelencia burocrática:

▸ A los doscientos asesores sin cartera que jamás produjeron un documento pero sí perfeccionaron el arte del café de las diez.

▸ A los directores de agencia que aprendieron a usar PowerPoint en su tercer año de nombramiento y lo consideran desarrollo profesional.

▸ A los legisladores que aprobaron la creación de nuevas oficinas para resolver los problemas creados por las oficinas anteriores.

▸ A los auditores que encontraron los problemas hace quince años y cuyos informes, reposan en PDF en un servidor que nadie ha encendido desde 2018.

▸ Y, sobre todo, al ciudadano puertorriqueño, que paga, emigra, aguanta y aun así mantiene el sentido del humor —porque sin ese sentido del humor, esto no sería una sátira. Sería simplemente un crimen.

El próximo premio se entregará el año que viene. La ceremonia durará cuatro horas. Habrá tres discursos de funcionarios que llegarán tarde. El micrófono no funcionará porque la RFP para repararlo lleva dos años en evaluación. Y el galardón, una estatuilla de un sello de goma dorado, será fabricado en China porque aquí no había presupuesto —aunque sí había diecisiete personas en el comité de selección del diseño.

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Más de 19.000 empresas avanzan en sostenibilidad gracias a Mapfre

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Un total de 19.327 proveedores, han incorporado hasta hoy prácticas ambientales, sociales y de buen gobierno en todos sus procesos, lo que significa que la organización no solo se preocupa por su propio desempeño en sostenibilidad, sino también por el de toda su cadena de valor.

En este sentido, la aseguradora desarrolla una metodología propia de valoración ESG , que permite fomentar prácticas ambientales, como la reducción de emisiones, la gestión eficiente de residuos y la protección de la biodiversidad , entre otros, así como, prácticas sociales, dirigidas a respetar los derechos humanos, incorporar condiciones laborales seguras y dignas y promover la igualdad de
oportunidades.

Esa metología también incorpora prácticas de buen gobierno corporativo, con las que se asegura la ética empresarial, la lucha contra la corrupción y el cumplimiento normativo, entre otros. Dicho modelo se basa en una metodología de evaluación que, tras la realización de un cuestionario, identifica posibles factores de riesgo relacionados con aspectos clave de sostenibilidad y buen gobierno que puede derivar a visitas técnicas y auditoría .

A partir de esta evaluación, cada empresa recibe una puntuación entre 0 y 100 , que permite conocer su nivel de madurez en estos ámbitos y establecer un diagnóstico preciso de sus áreas de mejora.

Sobre esta base, Mapfre diseña planes de acción individualizados , acompañados de programas de formación específicos, con el objetivo de acelerar la implantación de medidas que contribuyan a proteger el medioambiente, reducir brechas sociales y reforzar la transparencia , la integridad y las buenas prácticas empresariales.

En 2025, un total de 295 empresas de 9 países, principalmente del sector de los servicios, consultoría y soporte, llevaron a cabo planes de acción de mejora dentro de este modelo .

Para más información, puedes contactar con Nuria del Olmo y Maria Jesús Pérez, de Comunicación Corporativa de Mapfre. Email: ndelolmo@mapfre.com ; y mj.perez.fuentes@mapfre.com .

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Locura entre dos

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Por Enrique Vázquez Quintana MD

El ICD 10 es la décima edición del manual de diagnósticos de todas las enfermedades que afectan al ser humano. Los números en este manual son usados por los médicos al ordenar pruebas de laboratorio o de radiología. El código F24 se refiere a locura entre dos o trastorno delirante compartido o folie a deux. 

En algunas revisiones se refiere como trastorno delirante inducido o trastorno psicótico compartido. En él se clasifica un trastorno delirante raro en el que dos personas o más comparten los mismos síntomas psicóticos o creencias delirantes, unidas por lazos emocionales muy estrechos.

La primera orden ejecutiva de la gobernadora Jennifer González fue para designar al Lcdo. Francisco Domenech como secretario de la Gobernación, concediéndole amplios poderes, drásticamente expandidos en comparación con gobiernos anteriores.

Esa designación es de la entera confianza de la gobernadora y no conlleva confirmación de la Cámara o Senado.

La gobernadora Jennifer González y secretario de la Gobernación, Francisco Domench.

La sugestión juega un papel muy importante en esta condición, cuando dos personas con una estrecha amistad sufren de locura simultáneamente o cuando un miembro aparenta tener una gran influencia sobre el otro. Ni en el matrimonio llega la pareja a compenetrarse tan profundamente entre sí. 

Por lo general cada cónyuge conserva su propia identidad y existe una clara demarcación entre uno y el otro. Cuando el secretario de la Gobernación fue citado por el Senado para una interpelación total, la gobernadora expresó, “Me están interpelando a mí. El Senado cita al componente directo de la Fortaleza a una interpelación, la Fortaleza soy yo”. 

Es posible que estén afectados por locura entre los dos. Desde el inicio de la campaña la Gobernadora favoreció a Carlos Johnny Méndez para presidir la Cámara de Representantes. 

Recordemos que en la Cámara es que se inician los procesos de residenciamiento del gobernador. Fue Carlos Johnny Méndez quien inició el proceso de residenciamiento del gobernador Ricardo Rosselló. 

Aún cuando el Senado refirió a Francisco Domench al FBI y otras agencias investigadoras, la gobernadora indicó que Domench goza de su entera confianza.

¿Qué secreto tan fuerte guardan entre sí la gobernadora Jennifer González y Francisco Domench? 

En la sociedad solo hay dos problemas– sexo y avaricia, y en la política no es diferente.

El Lcdo. Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos cuya función aparente es defender a la gobernadora expresa que ella no tiene que intervenir en la disputa entre Francisco Domenech y Salvador Negrón Reichard, que eso le compete a las autoridades investigadoras. 

Pero no es menos cierto que esa pugna está afectando la imagen y el programa de gobierno de su partido y eso reduce sus oportunidades de reelección.

Los temas más comunes de esta condición son de carácter persecutorio o de grandeza. Este concepto ha sido presentado en películas como Joker: Folie a Deux. 

A nivel mundial se han descrito varios casos, algunos involucran suicidio o asesinatos. El tratamiento de locura entre dos es muy complejo pues implica tratar a dos personas con roles distintos. Pero lo primero que se hace es la separación. Este es el primer paso crítico y es el más efectivo. 

Se usan además antipsicóticos, ansiolíticos y psicoterapia. En nuestra situación actual, ¿renunciará o será separado de su puesto el secretario de la Gobernación? 

Si eso ocurriera se resolvería la animosidad entre la Gobernadora y el presidente del Senado. 

El pueblo de Puerto Rico se beneficiaría pues se pondrían a resolver los problemas apremiantes que afectan a la ciudadanía incluyendo la salud mental. La única opción de sobrevida de la Gobernadora es despedir al secretario de la Gobernación, de lo contrario se hundirán los dos, o que la residencien a ella.

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Demanda pide AGSM aplique límite de $300,000 de manera individual y no colectiva

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Por Miguel Díaz Román

La empresa Durán Hermanos Inc, radicada en Mayagüez, ha presentado una demanda  contra la Asociación de Garantías y Seguros Misceláneos (AGSM),  en la que solicita al Tribunal que el organismo cumpla con lo dispuesto en la póliza que suscribió la aseguradora Integrand Assurance Company, la cual obliga a proveer cubierta separada para cada una de sus ocho propiedades afectadas por el huracán María y aplicar por separado a cada localidad el límite de $300.000, que el organismo debe imponer por ley. 

La AGSM es la entidad que paga las reclamaciones de los aseguradores insolventes que han sido sometidos por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) a un proceso de liquidación, el cual es supervisado por el tribunal. 

Integrand Assurance Company fue intervenida por la OCS luego de que el 25 de septiembre de 2019 el Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitió una orden de liquidación por insolvencia contra de aseguradora al amparo del capítulo 40 del Código de Seguros.

Además, la empresa, que está representada en el pleito por su vicepresidente, Manuel Durán Durán, sostiene que la AGSM se ha negado «de manera dolosa y temeraria»  a ajustar y pagar las pérdidas causadas por el huracán María en sus ocho propiedades, por lo que la empresa se reserva el derecho a enmendar la demanda para reclamar las pérdidas, los intereses asociados y los gastos en que ha incurrido en reparaciones realizadas a las propiedades. 

También se propone reclamar las costas y honorarios de abogado por la alegada «temeridad y mala fe» de la AGSM.

La demanda, que fue radicada el pasado I de junio de 2026, sería el segundo pleito que se invoca la intervención de tribunal para que la AGSM aplique el llamado límite estatutario de $300,000 de manera individual a las propiedades involucradas en una reclamación y evite que reclamaciones con varias propiedades se ajusten y paguen de manera colectiva en un solo pago utilizando el límite estatutario. 

La primera demanda contra la AGSM fue radicada el pasado 8 de abril de 2026 por los operadores independientes de 35 restaurantes de la conocida empresa de comida rápida Mc Donalds. 

Los mismos abogados

En la demanda, los operadores independientes impugnaron la determinación de la AGSM de emitir un solo pago para compensar colectivamente a los 35 restaurantes por las pérdidas que causaron los huracanes Irma y María. 

Los operadores reclamaron $4,559,721 millones en reclamaciones separadas pero la AGSM presentó una oferta de pago colectiva de $112,573.00 para los daños causados por el huracán Irma y de $300,000.00 para la reclamación del huracán María.

El cálculo del pago propuesto se produjo luego de ajustar las reclamaciones de los restaurantes según el límite estatutario de $300,000. Los operadores reclaman que el límite estatutario se aplique individualmente a la reclamación de cada uno de los restaurantes y no de manera colectiva. 

La representación legal  de la empresa Durán Hermanos Inc. está integrada por los abogados del bufete Weisbrod Matteis & Copley PLLC,  Juan Saavedra Castro, Lourdes Gómez Vedo y Luz Rodríguez Ruiz. 

De hecho, estos son los mismos abogados de los operadores independientes de los restaurantes Mc Donalds.

De la demanda se desprende que la empresa Durán Hermanos Inc. reclamó $466,421.00 por las pérdidas causadas por el huracán María en las ocho propiedades, las cuales están ubicadas en la zona urbana del pueblo de Mayaguez. 

Seis años sin atender la reclamación

El 20 de diciembre de 2019 la empresa presentó su reclamación ante la OCS. 

No obstante, pasados seis años desde que la reclamación fue asignada a la AGSM «esta no tiene base razonable ni justificable para rehusarse a pagarle a la parte demandante por las pérdidas reclamadas a causa de los daños ocasionados por la tormenta de viento del huracán María», según sostiene la demanda.

El documento alega que la AGSM se ha rehusado a realizar «una investigación razonable a base de la información disponible privándole al demandante del pago justo de la pérdida a la cual tiene derecho». 

Otra alegación es que la AGSM no ha cumplido con el propósito de la asociación que es «evitar pérdidas financieras a los reclamantes o tenedores de pólizas que se topen con la insolvencia sobrevenida de una aseguradora tal como sucedió en este caso».

Además, la demanda señala que la AGSM «no ha hecho un intento de buena fe para hacer un ajuste rápido, justo y equitativo de la reclamación». Esta situación, alegadamente, «ha obligado a la parte demandante a instituir el presente litigio para recuperar las cuantías adeudadas al amparo de los términos de la póliza y de los límites estatutarios».

Rechazan oferta

La demanda revela que la aseguradora Integrand Assurance realizó una oferta de pago para las ocho localidades que no fue aceptada por la parte demandante. Pero en esa oferta, según concluye la demanda, surgen las justificaciones para la aplicación del límite estatutario para cada una de las ocho propiedades.   

Según sostiene la demanda, la aseguradora «aplicó deducibles separados a la pérdida cubierta que surgió de cada uno de los ocho locales y al hacerlo, Integrand Assurance demostró que el huracán María ocasionó ocho ocurrencias separadas bajo la póliza, una para cada propiedad asegurada y cada una con sus propios límites de cubiertas». 

«Por lo tanto. el límite legal de $300,000.00 por evento, según dispone el Código de Seguros en  el artículo 38.080 para las reclamaciones presentadas a la AGSM, aplica por separado a cada localización asegurada bajo la póliza», argumenta la demanda. 

De hecho, la demanda contiene una solicitud de sentencia sumaria en la que se explica que la AGSM «está obligada a cumplir con el contrato suscrito entre Integrand Assurance Company y la parte demandante, según lo dispone el  artículo 38.080», el cual rige las funciones y límites de la AGSM. 

El límite estatutario

El citado artículo dispone, entre otros asuntos, que la AGSM «satisfará sus obligaciones con respecto a las reclamaciones cubiertas de conformidad con los términos, condiciones y límites de la póliza del asegurador insolvente». 

Luego establece lo que se ha llamado como el límite estatutario, cuando dispone  que «en ningún caso la asociación pagará en exceso de trescientos mil ($300,000) dólares por evento independientemente del número de reclamantes». 

Finalmente la demanda exige el pago de las ocho reclamaciones por los daños causados en las propiedades, los cuales ascienden a $466,421.00.

Además, exige que la AGSM sea condenada a pagar interés por mora, las costas del caso, los intereses pre sentencia y los honorarios de abogado «como resultado de la obstinación y temeridad de la parte demandada en rehusar injustificadamente a proveer cubierta, ajustar y pagar prontamente la reclamación de la parte demandante».

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Impugnada la Asociación de Garantías por operadores de restaurantes Mc Donalds 

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Por Miguel Díaz Román

Los operadores independientes de los restaurantes de comida rápida McDonald’s han radicado una importante demanda  contra la Asociación de Garantías y Seguros Misceláneos (AGSM), que es la entidad que paga las reclamaciones de los aseguradores insolventes, en la que se impugnó la determinación del organismo de no pagar a cada uno de los 35 restaurantes que reclamaron daños causados por los huracanes Irma y María y, en cambio, se emitió un solo desembolso para compensar colectivamente a los restaurantes por sus pérdidas.

De la demanda se desprende que los operadores independientes reclamaron $4,559,721 millones en reclamaciones separadas pero la AGSM presentó una oferta de pago colectiva que «se limitó a la suma irrisoria» de $112,573.00, para la reclamación relacionada con el huracán Irma y de $300,000.00 para la reclamación del huracán María.

Los demandantes son PM Fast Food Services Corporation y, su presidente, Pedro Malaret Falbe, con dos restaurantes; Jeamer Food Services Corporation y su presidente Mario E. Pascual Navarro, con un restaurante; Surán Management Corporation y su presidente Rafael Lugo Vega, con dos restaurantes;  Ceal Fast Food y JBRMCD Group Inc, cada una con un restaurante, ambas empresas son presididas por Jacqueline Betances Rexach.

En la foto Rafael Rocher, director ejecutivo de la Asociación de Garantías y Seguros Misceláneos.

Además, la demanda incluye a Ariel Orta Claudio HNC Mcdonald’s Corporation y su presidente Ariel Orta Claudio, con cuatro restaurantes; Luis Moyet Roldán HNC Mc Donalds Corporation y su presidente Luis Moyett Roldan, con siete restaurantes; JCQ Foods Inc y su presidente Joe R. Quijano Esteras,  con once restaurantes; BEJALI Inc con tres restaurantes y  Formeta Inc con tres restaurantes, quienes están representadas por su presidente Carlos E. Rivera Gonzalez.

Decisión equivocada

En el centro de la disputa legal está la interpretación que la AGSM realiza del artículo 38.080 del Código de Seguros, el cual rige las funciones y límites de la AGSM. El citado artículo establece, entre otros asuntos, que «en ningún caso Ia asociación pagará en exceso de trescientos mil ($300,000) dólares por evento independientemente del número de reclamantes». 

Este artículo también dispone que el organismo «satisfará sus obligaciones con respecto a las reclamaciones cubiertas de conformidad con los términos, condiciones y límites de la póliza del asegurador insolvente». 

Los operadores independientes de los restaurantes McDonald’s alegan que optaron por radicar el reclamo legal debido a  que la AGSM «tomó una decisión equivocada interpretando erróneamente los dispuesto en el artículo 38.080 en cuanto a la aplicación colectiva del límite estatutario y la subvaloración de los daños reclamados».

Los demandantes estaban asegurados por la aseguradora Real Legacy Assurance bajo la póliza comercial número 15-CPP212003461-1, que tenía vigencia del 1 julio 2017 al 1 de julio de 2018. Alegadamente, según sostiene la demanda, el lenguaje de la póliza ofrece cobertura a cada una de las 35 localidades por separado, con límites, deducibles y primas calculadas por separado y pagadas individualmente.

Las partes demandantes reclamaron pérdidas por interrupción de negocios, a excepción de la codemandante Bejali Inc. y Frometa Inc., quienes reclamaron daños a las estructuras y al contenido.

Cuestionan pago colectivo

En síntesis,  el asunto medular de la controversia es si la AGSM actuó correctamente al decidir pagar la reclamación colectivamente en un solo pago aplicando el llamado límite estatutario de $300,000.00 o si debió pagar a cada uno de los 35 restaurantes sus reclamaciones por daños de manera individual y ajustando sus pérdidas según límite estatutario. 

A corto plazo una determinación judicial a favor de los demandantes causará que la AGSM deberá revisar sus decisiones para responder a las reclamaciones de los operadores y probablemente se vea obligada buscar más recursos económicos, incluyendo decretar más derramas, para atender las reclamaciones de otros asegurados de Real Legacy que aún no han sido resueltas. 

A largo plazo, es posible que la legislatura deba revisar el artículo 38 del Código de Seguros para avalar la interpretación realizada por los tribunales o para definir claramente una posición restrictiva en el pago de reclamaciones por parte de la AGSM. 

La demanda sostiene que tras el paso de los huracanes Irma y María,  los demandantes presentaron sus reclamaciones «por separado e individualmente» ante Real Legacy. Luego la aseguradora notificó los ajustes a los reclamos y realizó ofertas de pago, las cuales fueron aceptadas por los operadores de restaurantes «por separado e individualmente». 

35 ocurrencias separadas

Los operadores firmaron el «proof of loss» (prueba de pérdida) quedando pendiente de pago las reclamaciones por interrupción de negocios. No obstante, la demanda señala que «con excepción de la parte demandante Bejali Inc. y Frometa Inc., cuya reclamación fue solamente por daños a la estructura y al contenido y, que a pesar de firmar los «Proof of Loss, no recibió los pagos acordados».

Según la demanda, Real Legacy aplicó deducibles separados a la pérdida de cada localización lo que, alegadamente,  «demostró que el huracán Irma y el huracán María fueron dos eventos distintos y constituyeron 35 ocurrencias separadas bajo la póliza, una para cada ubicación asegurada y cada una con sus propios límites de cubiertas. Por lo tanto, el límite legal de $300,000.00 por evento, según dispone el Código de Seguros, en el artículo 38.080 para las reclamaciones presentadas a la AGSM, aplica por separado a cada localización asegurada bajo la póliza».

El 18 de enero del 2019 el Tribunal de Primera Instancia declaró insolvente a Real Legacy a petición de la Oficina del Comisionado de Seguros(OCS) a la luz del capítulo 40 del Código de Seguros, que está relacionado con la intervención a los aseguradores insolventes.   

En abril 2019 los operadores radicaron las reclamaciones en la OCS y el 15 de mayo de 2025 la AGSM, por conducto de la señora Nicol Álvarez, examinadora de reclamaciones de propiedad, notificó el desglose de pagos el cual fue rechazado en su totalidad.

De la demanda surge que PM Fast Food Services Corporation reclamó pérdidas por valor de $310,165.87 para sus dos localidades pero la AGSM hizo un desglose de pago que reconoció daños por valor de $4,830 y pérdidas por interrupción de negocio valoradas en $40,180.

Jeamer Food Services Corporation reclamó $226,375.48 para su única localidad pero la AGSM no le reconoció daños materiales y en cuanto a las pérdidas por interrupción de negocio le fueron reconocidas pérdidas por valor de $31,620.

Surán Management Corporation reclamó $170,049.64 para sus dos localidades pero la AGSM solo le reconoció $21,713.

Ceal Fast Food y JBRMCD Group Inc, reclamaron $263,848.24 para sus dos localidades pero la AGSM le reconoció $11,240 por daños materiales y $22,519 por pérdidas por interrupción de negocio para un total de $33,759.

Ariel Orta Claudio HNC Mc Donalds Corporation reclamó $1,421,269.70 para sus cuatro localidades pero la AGSM no le reconoció pérdida alguna.

Sin cumplir términos de la póliza

Luis Moyet Roldán HNC Mc Donalds Corporation reclamó $813,090.00 con siete localidades pero la AGSM le reconoció $30,782 en daños materiales y $109,200 en pérdidas por interrupción de negocio.

JCQ Foods Inc reclamó $285,980.83 para sus once localidades pero la AGSM solo le reconoció $66,857.

BEJALI Inc y Formeta Inc reclamaron daños a la estructura y al contenido por valor de $1,068,945.05 para sus seis localidades pero la AGSM no le reconoció pérdida alguna «esto a pesar de que antes de la liquidación de Real Legacy se habían aceptado las ofertas y firmado el Proof of Loss», sostiene el documento legal.

De acuerdo con la demanda, el ajustador de la AGSM preparó un estimado de daños, pero no cumplió con los términos de la póliza ni con los estándares establecidos para tramitar reclamaciones. 

Omitió y subestimó pérdidas

«El ajustador impropiamente omitió y subestimó las pérdidas cubiertas de los daños por tormenta de viento causados por los huracanes Irma y María a las propiedades aseguradas de las partes demandantes. Del desglose de la oferta de pago, se desprende que la AGSM sub valoró los daños reclamados por las partes demandantes y, además, limitó la distribución de los pagos de los daños que sufrieron los establecimientos de los demandantes, a la cantidad estatutaria de $300,000.00 colectivamente», alega la demanda.

SN obtuvo la información a través de la búsqueda en el archivo digital público de casos judiciales que ofrece la Administración de Tribunales.

Los demandantes son representados por los licenciados Juan Saavedra Castro, Lourdes Gómez Vedo y Luz Rodríguez Ruiz, quienes integran el bufete Weisbrod Matteis & Copley PLLC.

La AGSM tiene como representantes legales a los abogados Christian Frederick Wolpert Gaztambide, Erick G. Negrón y María E. Picó González, del bufete Rexach & Picó.

De hecho, el pasado 15 de junio la licenciada Picó González presentó una moción en la que solicitó una prórroga para responder a la demanda, la cual fue aceptada por el juez Alexis Carlo Ríos.

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Fundación Mapfre anuncia ayudas para investigación por 275.000 euros

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Fundación Mapfre ha lanzado una nueva edición de sus ayudas a la investigación Ignacio H. Larramendi por importe total de 275.000 euros, dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, que desarrollen su trabajo de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos y cuyo objeto de estudio esté relacionado con la promoción de la salud o el seguro y la previsión social.

Las ayudas para promover proyectos de investigación vinculados a la salud están dotadas individualmente con 30.000 euros brutos, como máximo. Los trabajos podrán versar sobre la prevención de la obesidad, fomento de la actividad física y bienestar emocional (incluyendo el uso adecuado de nuevas tecnologías); la educación en man iobras de emergencia para la población general; la valoración del daño corporal; la gestión sanitaria y la longevidad e influencia de los estilos de vida , entre otros.

Estas ayudas también se destinan a investigadores interesados en impulsar proyectos relacionados con el seguro , gerencia de riesgos, nuevas tecnologías en el ámbito asegurador y la previsión social: pensiones, ahorro, inversión, licuación patrimonial y economía sénior (economía de la longevidad), quienes recibirán hasta un máximo de 15.000 euros brutos por ayuda.

El ámbito de esta convocatoria es mundial y los proyectos pueden presentarse en español , inglés y portugués hasta el 22 de octubre de 2026. Las bases pueden consultarse en: https://www.fundacionmapfre.org/media/premios -ayudas/investigacion -ignacio –
larramendi/bases -larramendi -es-2026.pdf

Sobre Fundación Mapfre, La Fundación tiene presencia en más de 30 países y lleva más de 50 años sirviendo a la sociedad. En Puerto Rico, desde 2004 impulsa proyectos de prevención y seguridad vial, salud, cultura, acción social y educación, beneficiando a miles de personas en toda la isla.

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Despiden a Javier Lugo Rullán para sacar a Helga Méndez de la AT

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Por Miguel Díaz Román

El director ejecutivo la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA),  el licenciado Javier Lugo Rullán, fue despedido de manera fulminante por el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, en lo que representa una continuación del terremoto político que está ocurriendo al interior de la Autoridad de Tierras (AT) y del Departamento de Agricultura (DA).

El despido, que fue realizado el pasado lunes, tiene como objetivo, alegadamente,  «hacer espacio» para la eventual remoción de la directora ejecutiva de la AT, Helga Méndez Soto, quien pasaría a ocupar la vacante que deja la salida de Lugo Rullán.

Fuentes del DA sostienen que el despido de Lugo Rullán obedeció a un decisión arriesgada que puede generar consecuencias adversas, pues el ex funcionario abandona la CSA en plena temporada de huracanes, la cual comenzó el pasado 1 de junio y finaliza el próximo 30 de noviembre. 

A Lugo Rullán se le considera un administrador efectivo que ha dirigido la CSA durante los pasados 10 años, incluyendo el convulso periodo tras el paso del catastrófico huracán María. 

Además,  a Lugo Rullán se le atribuye tener valiosos contactos en el Departamento de Agricultura Federal, una agencia que figura como reasegurador de la CSA.

Rullán impidió remover a Helga

La fuente sostuvo que en gran medida el despido de Lugo Rullán es el resultado de su oposición a que se le designara al cargo de director ejecutivo de la AT. De hecho, el rechazo del funcionario a dirigir la AT fue lo que impidió que el secretario de Agricultura, alegadamente,  pusiera en vigor «su plan de remover a Méndez Soto de la AT».

Varias voces autorizadas sostuvieron que «Irving le dice a todo el mundo que sí y luego Helga le pone trabas al visto bueno del secretario. Helga no respeta al secretario». 

De acuerdo con las fuentes, en numerosas ocasiones la funcionaria ha cuestionado y resistido las directrices de Torres Rodríguez, un comportamiento que se atribuye a que Méndez Soto no siente que «le debe fidelidad al secretario porque ella fue designada al cargo por la gobernadora».

De hecho, el despido de Lugo Rullán y la posible salida de Méndez Soto de la AT podría constituir una oportunidad para que Rodríguez Torres logre consolidar su  liderato frente a una masa de subalternos escéptica y poco entusiasmada. 

A favor de Pierluisi

Otro factor de peso para justificar el despido es que Lugo Rullán hizo campaña a favor del ex gobernador Pedro Pierluisi durante la polémica primaria en la que prevaleció la hoy gobernadora Jenniffer González Colón. 

No obstante, la posibilidad de que el despido responda al apoyo de Lugo Rullán a Pierluisi ha dejado estupefactos a determinados sectores en el DA, quienes alegan «que fue mezquino botar a Rullán por esa razón porque Irving también apoyó a Pierluisi».

Alegadamente, según sostienen las fuentes, Rodríguez Torres se identificó como aliado de Pierluisi al principio de la primaria  y luego favoreció a González Colón. 

«Esa es la espina tiene Helga, Jorge Quiles y otros. Ellos apoyaron desde el principio a Jenniffer y una persona como Irving, que estuvo con Pierluisi y después se cambió, lo han nombrado para secretario», dijo una de las fuentes.

Rivera Schatz como causa de acción

Esas fuentes sostienen que podría existir otra razón de mayor peso para justificar el despido de Lugo Rullán, la cual aún no se ha divulgado.

De hecho, las fuentes indican que es muy posible que  la salida intempestiva de Lugo Rullán responda a la «definición de bandos», en el contexto de una inminente primaria entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y la gobernadora González Colón.

«Es evidente que en esa definición de bandos a Rullán se le ve como un  hombre de Rivera Schatz y no como un aliado de la gobernadora. La eliminación de los destaques de funcionarios del Ejecutivo en la Legislatura y en otras áreas del gobierno es parte de esa definición de bandos que ya comenzó», dijo la fuente. 

No está del todo claro que Méndez Torres abandone la AT luego de la salida de Lugo Rullán de la CSA debido a que «el cargo que ocupa fue una decisión de la gobernadora».

«Recuerda que ella recibió una designación directa de la gobernadora. Si eso cambia es porque la gobernadora y Francisco Domenech lo han aprobado y hay mucha gente que no quiere que Helga siga en la AT», sostuvo una fuente conocedora de las fuerzas externas, integrada por desarrolladores y agricultores influyentes, quienes han estado exigiendo que la funcionaria no continúe dirigiendo la agencia que controla más de 83,000 cuerdas de terreno con verdadero valor agrícola. 

Nadie quiere a Helga

«Nadie quiere a Helga en la AT. Todo el mundo la quiere afuera», reiteró otra fuente. 

Alegadamente esas fuerzas externas han estado acaparando fincas de la AT y violentando la limitación de los 500 acres que figura en la ley matriz de la entidad pública.

De acuerdo con las fuentes, en el trasfondo de la controversia que precipita la salida de Méndez Soto están las gestiones que del acaudalado e influyente agricultor Mike Mc Closcky, quien, alegadamente,  ha estado interesado en renegociar el canon y la extensión de los contratos de alquiler de terrenos de la AT que ha obtenido a través de sus múltiples corporaciones.

«Mc Closky quiere que le bajen la renta por cuerda, las quiere bien baratas y en  contratos a 50 años. Es injusto cuando hay agricultores pagando hasta $200 por cuerda en contratos a corto plazo». dijo otra fuente. 

De acuerdo con agricultores de la zona este del país, Mc Closky o sus representantes han estado realizando acercamientos a determinados agricultores que tienen fincas alquiladas en la AT para adquirir sus contratos de arrendamiento. 

Mc Closky a la carga

Agricultores de la zona este del país dedicados al ganado de carne se han comunicado con SN para denunciar que Mc Closky, por medio de un emisario, les ha ofrecido saldar sus deudas con la AT y pagarles $200 por cuerda para que estos le cedan sus contratos de arrendamiento. 

Mc Closky posee cientos de cabezas de ganado de carne en un vasto territorio que, alegadamente, suman más 3,000 cuerdas de terrenos, y la gran mayoría de ellas son fincas de la AT que el acaudalado agricultor ha alquilado o adquirido los contratos de arrendamiento que determinados agricultores tenían con la corporación pública.

Los agricultores han resentido los acercamientos porque los consideran un intento del acaudalado agricultor de eliminar competidores con el fin de dominar la producción de carne del país.

Alegadamente, Mc Closky estaría ubicando en una porción de tales fincas amplios parques de placas fotovoltaicas en acuerdo con fondos federales previamente asignados por el Departamento de Energía Federal para promover las energías renovables. 

Estas asignaciones estarían llegando a su fin en los próximos meses debido a que la administración del presidente Donald Trump ha establecido como política pública promover los combustibles fósiles para producir energía.

Stubbe contra la mensura

Otra oferta que se le ha presentado a los agricultores que logren un acuerdo con Mc Closky, es que podrían integrar la entidad Procarne, que es una cooperativa cerrada a la participación de nuevos socios. 

Un asunto polémico detrás de la posible salida de Méndez Soto son los trámites del desarrollador Federico Stubbe, a quien la pasada administración del ex secretario de Agricultura,  Ramón González Beiró, le aprobó vender una importante finca ubicada en la zona entre Toa Alta y Dorado.

De acuerdo con la fuente, aún la venta no se ha concretado y, alegadamente, Méndez Soto favorece que se realice una mensura para determinar con precisión la extensión de la finca, lo que se ha interpretado como una medida para retrasar la transacción y entorpecer los planes del Stubbe.

Los atrasos en el pago de las asignaciones de los legisladores con cargo al Fondo de Mejoras Municipales (FMM) es otra razón para que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Jhonny» Méndez Núñez, también favorezca que Méndez Soto sea removida de la posición de directora ejecutiva de la AT. 

Alegadamente, el presidente cameral ha resentido el dilatado trámite al que han sido sometidas las asignaciones de los legisladores del polémico FMM. 

Según las fuentes, Méndez Núñez ha ejercido presión para que «se le dé luz verde» a las asignaciones de los legisladores, muchas de las cuales se encuentran atascadas en un largo túnel «de verificación y cumplimento porque nadie quiere ir preso».

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Fallido intento de investigar el redondeo en la legislatura

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Por Miguel Díaz Román 

Debido a que  el gobierno federal dejará de producir monedas de un centavo, el Senado aprobó una medida  que crea un sistema uniforme y obligatorio para el redondeo de pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano, la cual ha sido puesta en duda por otra medida que propone investigar el uso del redondeo ante la posibilidad de que los consumidores enfrentan aumentos en el costo de los productos de consumo y en determinadas transacciones.

La primera medida, el Proyecto del Senado 1288, fue radicado por el senador Gregorio Matías Rosario, y la segunda, la Resolución del Senado 547, fue presentada por la senadora Nitza Morán Trinidad.

No obstante, pese a las implicaciones que podría tener el redondeo, pues de acuerdo cómo se aplique puede beneficiar a los consumidores, quienes podrían recibir una reducción en el precio,   o a las empresas, quienes podrían obtener una ganancia, especialmente en transacciones con un alto volumen, ambas medidas no lograron el total  aval legislativo. 

En la Cámara de Representantes el PS 1288 fue referido a una Comisión y la RS 547 se colgó en el Senado debido a que recibió un informe negativo.

El PS 1288 dispone que el redondeo sólo aplicará a transacciones en efectivo una vez calculados los impuestos y prohíbe que los comerciantes manipulen los precios para obtener beneficios.

Además, le exige a los comercios informar claramente al consumidor sobre el ajuste realizado y faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Departamento de Hacienda a fiscalizar su cumplimiento. 

La medida no propone investigar las implicaciones del redondeo, tampoco atiende las transacciones electrónicas e ignora los pagos con tarjetas, cheques, ATH Móvil, transferencias electrónicas ni otros métodos de pago digital. 

También evade sumergirse en territorios financieros de mayor calado como los contratos de venta condicional de automóviles, contratos de arrendamiento, financiamiento para pólizas de seguros, préstamos de consumo, préstamos hipotecarios y productos financieros de cantidades limitadas, que suelen ser utilizados por familias de bajos ingresos limitados. 

Hacia arriba, hacia abajo

La RS 547 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado investigar los efectos de la terminación en la producción de centavos y el uso del redondeo en las transacciones en efectivo. 

Pero la medida advierte que los préstamos, las hipotecas, las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, las cuentas de ahorro y otros productos bancarios y de cooperativas se podrían afectar con el redondeo.

La resolución argumenta que según dejen de circular los centavos en el mercado, los negocios que manejan efectivo podrían tener que redondear los totales al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando no puedan dar el cambio exacto.

La medida presenta un cuestionamiento inescapable: ¿quién asume la diferencia cuando un total se redondea hacia arriba (a favor de los comercios) o hacia abajo (a favor del consumidor)?

Luego advierte que el cambio no solo afectará a los consumidores que realizan compras en efectivo, sino a los pequeños y medianos negocios y también repercutirá en las transacciones bancarias y en las cooperativas. 

La medida plantea que es necesario establecer reglas claras para evitar que el sistema de redondeo representa un alza en el costo para los consumidores, especialmente para aquellos que no tienen acceso al pago electrónico, que es un territorio en el que suelen transitar los sectores económicamente más desventajados.

Posible efecto en compras rutinarias

Incluso, la RS 547 plantea que los pagos en efectivo que no sean múltiplos de cinco centavos podrían generar dudas sobre cómo tratar los abonos a capital, los intereses, los cargos por servicio, las comisiones y los cargos por morosidad.

La exposición de motivos de la resolución afirma que el cambio podría afectar las compras rutinarias en Puerto Rico, donde “numerosos bienes y servicios desde compras pequeñas en colmados y panaderías, hasta pagos de gasolina o consumos en restaurantes, se siguen fijando y cobrando al centavo”.

La medida cita un análisis del Banco de la Reserva Federal de Richmond y afirma que el redondeo puede operar como un «impuesto al redondeo» cuando los precios terminan en 9 centavos o cuando los ajustes tienden a favorecer el redondeo al alza.

El informe negativo contra la RS 547, firmado por el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, también menciona que la Reserva Federal de Richmond concluyó que cuando el redondeo se aplica de manera neutral al total final de una compra, los efectos económicos promedio sobre los consumidores y comerciantes resultan mínimos y tienden a compensarse mutuamente. 

Controversia «especulativa» 

«Estos hallazgos sugieren que los posibles efectos económicos asociados a la desaparición gradual del centavo son considerablemente más limitados de lo que se presume con frecuencia en el debate público», establece el informe negativo.

De hecho, el informe cataloga la controversia planteada por la resolución como «especulativa» porque  «se fundamenta en escenarios futuros cuya magnitud real aún no puede determinarse».

El informe negativo descarta que el redondeo provoque efectos adversos en las transacciones en efectivo, al mencionar que datos de la Reserva Federal reflejan que «solo alrededor del 14% de los pagos realizados por consumidores estadounidenses se efectúan en efectivo».

También rechaza la posibilidad de que las transacciones a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otros medios electrónicos se vean afectadas por el redondeo porque «continúan liquidándose exactamente al centavo».

En su informe Rivera Schatz se inclina a favor de PS 1288.  «A tales fines, mediante Ia consideración de dicha iniciativa Legislativa (el PS 1288), se atienden los asuntos medulares que la resolución (la RS 547) ante la consideración de esta Comisión propone investigar.Por todo lo cual, la comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de Ia Resolución del Senado 547».

Ni aumento de precio ni cargo adicional

En el redondeo hacia abajo, que es favor del consumidor, si el total de la factura termina en 1, 2, 6 o 7 centavos, el precio baja al múltiplo de 5 más cercano, lo que implica que el consumidor paga menos. 

Si la transacción termina en .01 o .02 centavos, baja a .00.  Por ejemplo, si el total a pagar es $10.02 baja a $10.00. 

En cambio, si termina en .06 o .07 centavos baja a .05 centavos. Por ejemplo, si el total a pagar es $10.07, el precio baja a $10.05. 

En el redondeo hacia arriba, que es a favor del comercio, si el total a pagar termina en 3, 4, 8 o 9 centavos, el precio sube al múltiplo de 5 más cercano. Esto implica que el consumidor pagará un poco más.

Si la transacción termina en .03 o .04 centavos, sube a .05 centavos. Por ejemplo, si la compra asciende a $10.03 sube a $10.05. 

Pero si la compra termina en .08 o .09 centavos, sube a .10 centavos. Por ejemplo, si el precio de la compra es $10.08 sube a $10.10. 

El PS 1288 dispone que el redondeo se realizará «de manera automática, uniforme y sin discreción del comerciante» de la siguiente manera:

Cuando el total termine en uno (1) o dos (2) centavos, se redondeará hacia abajo; cuando termine en tres (3) o cuatro (4) centavos, se redondeará hacia arriba; cuando termine en seis (6) o siete (7) centavos, se redondeará hacia abajo; y cuando termine en ocho (8) o nueve (9) centavos, se redondeará hacia arriba. La medida no indica por qué se seleccionó esa fórmula. 

También sostiene que las cantidades terminadas en cero (0) o cinco (5) centavos no serán alteradas. Además, el PS 1288 declara que » el ajuste realizado en virtud de esta ley no se considerará un aumento de precio ni un cargo adicional al total de la transacción. El redondeo podrá aplicarse, finaliza la medida, al total de la transacción o al cambio entregado, siempre que el resultado final cumpla con la metodología establecida.

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Advierten colapso de UPR por presupuesto insuficiente

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Por Miguel Díaz Román

El posible colapso de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a consecuencia de la crisis fiscal que arrastra el principal centro educativo del país fue denunciado por los representantes de la comunidad académica en la Junta de Gobierno de la institución.

Por medio de una carta abierta, los representantes de la comunidad académica alertaron sobre los graves efectos que enfrenta el sistema educativo, la investigación científica y el desarrollo económico del país como resultado del presupuesto insuficiente impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

La JSF impuso su propio presupuesto para la UPR de $566 millones luego de descartar el presupuesto presentado por la administración universitaria debido a que no no cumplía con la Ley PROMESA.

El nuevo presupuesto de la UPR eleva la aportación al sistema de pensiones a $177.1 millones, luego de que la JSF realizara su propio estudio actuarial tras determinar que la aportación que proponía la UPR era insuficiente.

«El presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 entregado a la Junta de Supervisión no es fiscalmente responsable debido a que contribuye a la insuficiencia de fondos para el plan de pensiones de la UPR y, por lo tanto, es incosistente con el plan fiscal revisado del 2021”, sostuvo la JSF en una carta enviada a la administración de la UPR.

La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez, había advertido de que el plan de pensiones de la UPR enfrenta un déficit de $44.5 millones.

«Durante años, la UPR ha soportado recortes presupuestarios que han reducido personal, limitado programas académicos, deteriorado la infraestructura y afectado servicios esenciales. Hoy, la controversia relacionada con una obligación aproximada de 44.5 millones de dólares para el Sistema de Retiro vuelve a colocar a la institución en una posición de vulnerabilidad e incertidumbre», señalaron los representantes de la comunidad académica en la carta abierta.

A continuación la carta abierta:

6 de julio de 2026

Carta abierta al país en defensa de la Universidad de Puerto Rico
Al pueblo de Puerto Rico:

La Universidad de Puerto Rico (UPR) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia.
Lo que hoy enfrenta nuestra universidad pública no es solo un problema de presupuesto; es una
situación que pone en riesgo el acceso a la educación superior, la investigación científica, el
desarrollo económico del país y el futuro de miles de estudiantes.

Durante años, la UPR ha soportado recortes presupuestarios que han reducido personal, limitado
programas académicos, deteriorado la infraestructura y afectado servicios esenciales. Hoy, la
controversia relacionada con una obligación aproximada de 44.5 millones de dólares para el
Sistema de Retiro vuelve a colocar a la institución en una posición de vulnerabilidad e
incertidumbre.

Es importante que el país comprenda que el Sistema de Retiro no representa un privilegio. Es el
resultado de décadas de trabajo y de compromisos adquiridos con profesores, empleados y
pensionados que dedicaron su vida al servicio de la Universidad. Cumplir con esas obligaciones
no debe verse como un gasto innecesario, sino como una responsabilidad jurídica, ética y moral.

Nos preocupa profundamente que la Universidad continúe siendo evaluada únicamente desde una
perspectiva fiscal. La UPR no es un gasto; es una inversión para Puerto Rico. De sus once recintos
han egresado la mayoría de los médicos, ingenieros, maestros, enfermeros, abogados, científicos,
trabajadores sociales, artistas y profesionales que sostienen el funcionamiento del país. Además,
gran parte de la investigación científica que se realiza en Puerto Rico surge precisamente de la
Universidad pública.

Debilitar la UPR tiene consecuencias que trascienden sus salones de clases. Significa menos
oportunidades para los jóvenes, menos investigación para resolver los problemas del país, menor
desarrollo económico y una mayor dependencia del exterior. Cuando se debilita la Universidad,
pierde Puerto Rico.

Reconocemos que la situación financiera exige soluciones responsables. Sin embargo, esas
soluciones no pueden consistir únicamente en imponer nuevos recortes o continuar reduciendo la
capacidad de la institución para cumplir su misión. La Universidad necesita un plan serio,
transparente y participativo que permita atender sus obligaciones fiscales sin sacrificar la calidad
académica ni los derechos de su comunidad universitaria.

La defensa de la Universidad exige un liderazgo firme, diligente, visible y plenamente presente.
La Presidencia de la UPR y la Junta de Gobierno tienen la responsabilidad indelegable de actuar
con transparencia, informar oportunamente al país, defender los intereses institucionales y
encabezar un proceso de recuperación que genere confianza dentro y fuera de la Universidad. En
una coyuntura tan grave, la comunidad universitaria no necesita excusas, silencios ni gestos
simbólicos; necesita resultados concretos, comunicación clara, decisiones responsables y acciones
verificables. Por eso, resulta inaceptable y profundamente irresponsable que, cuando la
universidad enfrenta compromisos urgentes e impostergables, la presidenta, la doctora Zayira
Jordán Conde decida tomar vacaciones. Esa decisión refleja una preocupante falta de sentido de
urgencia, debilita la confianza institucional y envía un mensaje de indiferencia ante la magnitud
de la crisis que atraviesa la universidad pública.

De igual forma, hacemos un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal para que reconozca el valor
estratégico de la Universidad de Puerto Rico. Ningún país fortalece su economía debilitando su
principal institución pública de educación superior. Invertir en la UPR es invertir en el desarrollo
económico, la innovación, la investigación, la salud, la agricultura, la cultura y el futuro de Puerto
Rico.

Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de Puerto Rico, a la Junta de Supervisión Fiscal, a la
Presidencia de la universidad, a la Junta de Gobierno y a todos los sectores del país para que
asuman con urgencia los siguientes compromisos:
 Proteger el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.
 Garantizar la estabilidad del Sistema de Retiro y el cumplimiento de las obligaciones con
los pensionados.
 Evitar nuevos recortes que afecten la enseñanza, la investigación y los servicios
estudiantiles.
 Presentar un plan público, transparente y verificable para atender la situación fiscal de la
institución.
 Fortalecer la gobernanza universitaria mediante una administración responsable,
participativa y comprometida con la misión pública de la universidad.

La Universidad de Puerto Rico pertenece a todo el pueblo. Defenderla no es una causa exclusiva
de estudiantes, profesores o empleados; es una responsabilidad colectiva. Cada generación que ha
pasado por sus aulas ha contribuido al desarrollo de nuestro país y cada generación futura merece
tener esa misma oportunidad.

La historia demuestra que Puerto Rico siempre ha salido adelante gracias al conocimiento, el
talento y el compromiso de su gente. La UPR ha sido pieza fundamental en esa historia. Permitir
que continúe debilitándose sería renunciar a una de las herramientas más importantes para
construir un mejor futuro.

Hoy hacemos un llamado a la unidad, al diálogo y a la acción. La universidad necesita el
respaldo del país, porque defender la UPR es defender la educación pública, la investigación, la
justicia social, el desarrollo económico y las oportunidades de las futuras generaciones de
puertorriqueños.

La Universidad de Puerto Rico no es un gasto. Es la mayor inversión que Puerto Rico puede
hacer para su futuro.

Dr. Rafael Méndez Tejeda
Representante Claustral
Dr. William Muñíz Rivera
Representante Claustral
Benjamín Rivera Meléndez
Representante Estudiantil Subgraduado

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Carreteras inteligentes: avances tecnológicos por la seguridad vial

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Las carreteras inteligentes están llamadas a ser la próxima revolución en movilidad. Sistemas físicos y digitales que integran sensores, tecnología avanzada, análisis de datos e IA transformarán cualquier trayecto en un viaje más seguro, eficiente y conectado.

Aunque su propósito ha sido el mismo durante siglos, la historia de las carreteras ha estado llena de grandes saltos evolutivos. Desde las calzadas del Imperio romano hasta el asfalto del siglo XX, o las autopistas de gran capacidad, cada paso técnico ha respondido a una necesidad social: más comercio, más velocidad, más seguridad. Tras el avance en movilidad sostenible, el siguiente gran hito lo marcarán las carreteras inteligentes. Así lo prevé, por ejemplo, un informe del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que define estas infraestructuras como redes físicas y digitales donde se integra tecnología avanzada para crear “una única red vial inteligente”.

¿Qué es una carretera inteligente?
Según el informe del COIT, las carreteras inteligentes son capaces de comunicarse con los vehículos, recibir datos en tiempo real de sensores y estaciones meteorológicas, integrarse con plataformas de gestión de tráfico y procesar información mediante analítica avanzada e IA. Su objetivo principal es claro: mejorar la seguridad vial, proporcionando al usuario “una información de mejor calidad, más variada y rápida”, lo que se traduciría en menos accidentes.

Hasta el momento, la tecnología que se está implantando para este logro es:

Sensores de tráfico y climatología conectados.
Paneles de mensaje variable inteligentes.
Sistemas de balizamiento conectados.
Vigilancia aérea con drones.
Plataformas de gestión que analizan y redistribuyen información en tiempo real.
La gestión del tráfico, optimizada mediante la recopilación de y análisis de datos, permite ajustar los tiempos de los semáforos, habilitar carriles de doble sentido de forma dinámica o generar rutas alternativas. Como consecuencia adicional, se reducen emisiones gracias a una circulación más fluida.

¿Qué papel cumple el coche en esta revolución?
Esta transformación de las infraestructuras viales tiene que ir necesariamente ligada a una evolución de los vehículos, punto estratégico mostrado por un informe impulsado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, a través de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC). Para evaluar el avance, se ha establecido una clasificación internacional de la automatización (con niveles del 0 al 5). Según un estudio de 2022, el 62% de la oferta de turismos en España incorpora un nivel 2, mientras que un 23% está preparado para un nivel 3, aunque no está autorizado aún plenamente en carretera.

Este despliegue tecnológico plantea, sobre el terreno, importantes desafíos que no se han podido aún anticipar, como posibles desconexiones del sistema —provocadas o accidentales—, contradicciones entre los fabricantes y la falta de experiencia del conductor medio. El estudio gubernamental concluye que la evolución de las carreteras debe supeditarse al usuario: es la infraestructura la que se adaptará progresivamente a las capacidades reales de los vehículos.

España apuesta por el avance y la regularización
En paralelo a la investigación técnica, es necesario crear una clasificación que indique la viabilidad de los proyectos y favorezca su regulación. Por ese motivo, España promovió la Clasificación de Carreteras Inteligentes (CCI) en el seno de la Asociación Mundial de la Carretera. El desarrollo del proyecto fue adjudicado a la Universitat Politècnica de València, que propuso un sistema de cinco niveles:

Carretera Humana (HU): No admite automatización.
Carretera Asistida (AS): Admite automatización parcial con menos desconexiones.
Carretera Automatizada (AT): Soporte físico adecuado más conectividad.
Carretera Totalmente Automatizada (FA): Compatible con vehículos que pueden operar de forma autónoma con condiciones específicas.
Carretera Autónoma (AU): Uso exclusivo para vehículos pueden circular en cualquier condición y lugar sin intervención humana.
El objetivo de esta clasificación es mejorar la seguridad vial mediante un lenguaje común comprensible tanto para conductores como para sistemas automatizados. Además, distingue entre la capacidad física de la vía y el soporte de conectividad digital, subrayando que no resulta eficiente implementar conectividad avanzada en tramos donde la infraestructura física provoca desconexiones frecuentes.

Éxitos y desafíos de las carreteras inteligentes
Los proyectos piloto, reflejados en los citados informes, y las tecnologías emergentes, muestran que las carreteras inteligentes no son un concepto futurista, sino una realidad. Iniciativas como la carga dinámica de vehículos eléctricos en movimiento, los pavimentos fotovoltaicos o los carriles dedicados a vehículos autónomos apuntan a un modelo de transporte más seguro, eficiente y sostenible. A nivel internacional, Europa ya ha llevado a cabo múltiples pruebas que confirman esta transición hacia unas infraestructuras conectadas y reafirman la visión de un sistema de movilidad capaz de anticipar riesgos, optimizar el flujo del tráfico y reducir emisiones.

Los beneficios de esta tendencia son innegables:

La seguridad vial se refuerza mediante una información más precisa y en tiempo real.
La gestión dinámica del tráfico y la respuesta inmediata ante emergencias.
La eficiencia operativa se incrementa al planificar mejor las inversiones, priorizar los tramos estratégicos y disminuir la congestión.
Además, este avance se hace en un contexto de búsqueda de materiales respetuosos con el medioambiente y la transición energética.
Sin embargo, la implantación masiva también conlleva importantes desafíos, como la ciberseguridad y la protección de datos, de nuevo en el centro de la seguridad y la coordinación entre administraciones, profesionales del sector y usuarios. Los costes asociados son aún incalculables y su adaptación normativa promete ser complicada. Además, implica también una aceptación social, que solo puede ser progresiva. Con todo, estos proyectos reflejan que las carreteras inteligentes no solo transformarán la forma de conducir, sino también la manera en que concebimos la propia infraestructura vial.

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