Por Luis R. Benítez, Economista

Durante buena parte de 2026, el aumento y la volatilidad de los precios internacionales de la energía podían verse desde Puerto Rico principalmente como un riesgo externo. Esa etapa parece estar terminando.

Los acontecimientos recientes en el Medio Oriente, el comportamiento del petróleo, los precios locales de los combustibles y, sobre todo, la reconciliación tarifaria sometida al Negociado de Energía indican que el choque energético internacional comienza a transmitirse de manera más visible a nuestra economía.

Y probablemente será en la factura eléctrica donde muchos hogares y empresas sentirán primero una parte importante de ese impacto.

La señal más inmediata: electricidad

LUMA sometió al Negociado de Energía la reconciliación correspondiente a los costos de combustible y compra de energía para el último trimestre de 2026. El expediente identifica reconciliaciones de los factores FCA y PPCA y los factores calculados para octubre a diciembre.

Aquí es importante distinguir quién presenta el cálculo de dónde se originan los costos. LUMA no opera las plantas de generación. Su función, en este componente tarifario, es calcular y presentar los costos de combustible y energía comprada a partir de la información suministrada por Genera PR y por los productores independientes de energía. La determinación final corresponde al Negociado de Energía.

Según la información divulgada por LUMA, la reconciliación bajo consideración podría equivaler a aproximadamente 6.07 centavos adicionales por kilovatio-hora. Para el cliente residencial promedio, podría representar alrededor de $48 adicionales al mes. El propio comunicado aclara que ese ajuste no constituye ingreso adicional para LUMA, sino la recuperación de costos asociados a operar el sistema eléctrico, principalmente combustible y
compra de energía.

Ese dato merece atención porque convierte un problema que comenzó en los mercados internacionales en algo concreto: el costo de producir electricidad en Puerto Rico.

De Ormuz y Yemen a los costos locales

La raíz inmediata del choque energético se encuentra en el Medio Oriente. La Administración de Información Energética de Estados Unidos, EIA por sus siglas en inglés, informó en su perspectiva de septiembre que las exportaciones de petróleo de la región continuaban restringidas.

Entre los factores identificados se encuentran las tensiones relacionadas con
Irán y el Estrecho de Ormuz, así como ataques que han afectado las exportaciones sauditas a través del área de Bab el-Mandeb y el Mar Rojo. Estos puntos son críticos para el comercio energético mundial. El Estrecho de Ormuz concentra una parte significativa del movimiento internacional de petróleo.

Bab el-Mandeb y el Mar Rojo, a su vez, son rutas importantes para los cargamentos que buscan evitar o complementar las rutas del Golfo Pérsico. Cuando aumenta el riesgo en esos corredores, los efectos no se limitan a la cantidad de petróleo físicamente disponible. También aumentan seguros, fletes, desvíos de rutas y primas de riesgo.

La EIA estimó que las interrupciones de producción en el Medio Oriente promediaron 6.7 millones de barriles diarios en agosto, frente a 5.0 millones en julio. También informó que el crudo Brent promedió alrededor de $91 por barril en agosto, $7 más que en julio, y revisó su proyección para la segunda mitad de 2026 a aproximadamente $90 por barril.

Su escenario base supone que las restricciones disminuyen gradualmente durante 2027, pero que permanecen relevantes durante el resto de 2026. Para Puerto Rico, la implicación es directa. No producimos petróleo y dependemos de combustibles importados para una parte importante de la generación eléctrica y de la transportación. Somos, en gran medida, receptores de precios determinados fuera de nuestra economía.

El segundo canal: gasolina, diésel y distribución

La electricidad no es el único mecanismo de transmisión. Los precios locales de gasolina y, especialmente, de diésel también son relevantes. El diésel entra directamente en los costos de transportación de mercancías, construcción, maquinaria, generación de emergencia y distribución comercial.

Por eso el choque energético puede afectar simultáneamente el costo de producir y el costo de transportar. Una empresa no enfrenta únicamente el precio pagado por la mercancía. Tiene que añadir transportación, almacenamiento, electricidad, seguros, financiamiento y el costo de mantener inventario hasta que el producto se vende.

Si aumentan al mismo tiempo el diésel, la electricidad y el costo del crédito, el costo económico de mantener inventarios puede subir incluso cuando el precio original de una mercancía no haya cambiado.

Inflación de costos: un choque de oferta

Desde el punto de vista macroeconómico, estamos ante un ejemplo de choque adverso de oferta. El aumento de la energía eleva el costo de producir y distribuir bienes y servicios. Algunas empresas absorberán una parte mediante menores márgenes; otras aumentarán precios, reducirán inventarios, pospondrán inversiones o combinarán varias respuestas.

En el modelo de oferta y demanda agregada, el mecanismo puede representarse como un desplazamiento de la oferta agregada de corto plazo hacia la izquierda: mayor nivel de precios y menor producción real, o al menos menor crecimiento de la producción.

Esa es precisamente la dificultad de la inflación impulsada por costos. No proviene necesariamente de un exceso de demanda. Puede coexistir con desaceleración económica.

Estados Unidos ya muestra la presión energética

Conviene distinguir claramente las estadísticas de Estados Unidos de las de Puerto Rico. El Índice de Precios al Consumidor que publica el Bureau of Labor Statistics mide la economía estadounidense; no es el índice de inflación de Puerto Rico.

Aun así, resulta útil para observar la magnitud del choque energético en una economía con la que Puerto Rico mantiene una integración monetaria y comercial muy estrecha. En agosto, el CPI de Estados Unidos aumentó 0.4% en el mes y 3.4% en términos interanuales.

El componente de energía subió 2.1% durante el mes y 16.3% respecto al año anterior. La gasolina aumentó 3.9% en agosto y 27.4% en doce meses. El BLS indicó que la gasolina explicó más de una tercera parte del aumento mensual del índice general.

Eso no significa que Puerto Rico esté experimentando exactamente la misma inflación. Significa que el choque energético ya es suficientemente fuerte como para dejar una huella clara en los índices de precios de Estados Unidos.

A la energía cara se suma el dinero caro

La Reserva Federal añadió otro elemento esta semana al elevar en 25 puntos básicos el rango objetivo de la tasa de fondos federales, hasta 3.75%–4.00%. La decisión no puede atribuirse exclusivamente al petróleo.

La Fed señaló que la inflación continúa elevada y que la incertidumbre sigue siendo alta, en parte por acontecimientos geopolíticos. Para Puerto Rico, sin embargo, la combinación es particularmente incómoda: energía más
cara y financiamiento más caro al mismo tiempo.

Las tasas mayores encarecen préstamos comerciales, tarjetas, financiamiento de vehículos, hipotecas e inversión. Para las empresas que mantienen inventarios, aumentan el costo financiero de tener capital inmovilizado mientras esos bienes esperan venderse. Si, simultáneamente, aumentan electricidad y transportación, el costo total de mantener inventario recibe presión por varios frentes.

El consumidor también recibe el choque

Los hogares enfrentan el mismo problema desde otro ángulo. Si una familia tiene que dedicar más dinero a electricidad y combustible, necesariamente dispone de menos ingreso para otros bienes y servicios.

Ese desplazamiento del gasto es crucial. Un aumento de precios no implica automáticamente un aumento proporcional del valor de las ventas en toda la economía. Algunos comercios pueden observar mayores precios, pero menores cantidades vendidas.

Esto también importa para los recaudos públicos. El efecto sobre el Impuesto sobre Ventas y Uso no es automático. Los precios más altos pueden aumentar el valor nominal de transacciones sujetas al impuesto, pero una reducción en las cantidades compradas o un cambio hacia bienes exentos puede compensar parte de ese efecto.

En términos simples: Recaudos de IVU = tasa contributiva × base imponible nominal. Y la base imponible nominal depende tanto de precios como de cantidades y de la composición del consumo.

Qué podemos esperar

El escenario más razonable, con la información disponible, no es una predicción de aumentos uniformes en todos los precios. Es un escenario de presiones inflacionarias adicionales mientras persistan las restricciones energéticas.

Primero, el efecto debería continuar siendo más visible en combustibles, electricidad y transportación.

Segundo, si el choque persiste, parte de esos costos puede trasladarse a distribución, alimentos y otros bienes y servicios.

Tercero, tasas de interés más altas pueden moderar la demanda, pero al costo de frenar consumo, inversión y crecimiento.

La duración será decisiva. Un choque breve puede disiparse antes de incorporarse plenamente a contratos, inventarios y precios finales. Un choque prolongado aumenta la probabilidad de efectos de segunda ronda.

La EIA proyecta que los flujos petroleros del Medio Oriente se normalicen gradualmente durante 2027 y que el Brent baje respecto a los niveles actuales.

Pero esa es una proyección condicionada a una mejoría de las rutas y de la producción. La propia incertidumbre geopolítica hace que ese escenario tenga que revisarse continuamente.

Lo importante ahora es observar la transmisión

Puerto Rico no controla el Estrecho de Ormuz, Bab el-Mandeb, el precio mundial del petróleo ni las decisiones de la Reserva Federal. Pero recibe las consecuencias de todos esos acontecimientos.

Por eso, durante los próximos meses, conviene observar conjuntamente cinco indicadores: el precio internacional del petróleo; los precios locales de gasolina y diésel; la decisión final del Negociado de Energía sobre la reconciliación tarifaria; la trayectoria de la inflación; y las próximas decisiones de la Reserva Federal.

La reconciliación que hoy está ante el Negociado es particularmente importante porque puede convertirse en uno de los primeros mecanismos mediante los cuales una perturbación originada a miles de millas se refleje directamente en el presupuesto mensual de hogares y empresas en Puerto Rico.

El choque comenzó lejos de Puerto Rico. Pero ya está apareciendo aquí.

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Por Ava Berger

Reporteros de CNN, MS NOW y del medio digital Politico informaron el sábado que se les negó el acceso a los terrenos de la Casa Blanca después de que el presidente Trump anunciara la prohibición a los tres medios de comunicación.

Trump declaró el viernes en una publicación de Truth Social que prohibiría el acceso de estos medios a la Casa Blanca, citando la cobertura negativa de su administración y afirmando que los medios no deberían poder informar constantemente sobre «FICCIONES y MENTIRAS» al cubrir la información sobre el presidente de los Estados Unidos. Advirtió que otros medios seguirían su ejemplo. Esta es la última medida de Trump en su constante batalla contra los medios de comunicación .

El viernes por la tarde, un reportero de Bloomberg News le preguntó a Trump sobre la prohibición en una conferencia de prensa y si estaba intentando intimidar a la prensa. «No, no, no, no. Me disgusta la prensa deshonesta, como ustedes. Creo que son terribles», respondió Trump.

También dijo: «Escriben noticias negativas a propósito, y lo hacen porque quieren intentar desacreditar a los republicanos y a la administración republicana». Trump afirmó que no hubo ninguna noticia específica que motivara su decisión, sino que se trató de una frustración acumulada durante los últimos dos años.

El sábado por la mañana, MS NOW, antes MSNBC, declaró en un comunicado emitido en X que sus periodistas no pudieron acceder a los terrenos de la Casa Blanca. La reportera de MS NOW, Akayla Gardner, afirmó en directo que se le negó el acceso a la Casa Blanca y que un agente le pidió que entregara su credencial porque estaba inutilizada.

«Pregunté por qué no podía entrar», dijo Gardner. «Me respondió que estaba por encima de él».

Sin embargo, Gardner afirmó que un productor de MS NOW pudo acceder al recinto. MS NOW indicó que continuará informando sobre el presidente.

«La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman en su interior se financian con nuestros impuestos», declaró MS NOW en su comunicado . «MS NOW tiene la intención de tomar todas las medidas necesarias para defender nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda y el papel fundamental del periodismo independiente en nuestra democracia».

La reportera de CNN, Betsy Klein, afirmó que también le negaron el acceso el sábado por la mañana. Klein explicó que ha estado cubriendo la Casa Blanca de alguna manera desde la administración Obama, pero que el sábado por la mañana un agente del Servicio Secreto le confiscó su credencial.

«Le pregunté si podía explicar por qué lo habían desactivado. Dijo que no tenía más información», declaró Klein. Añadió que la remitieron a la oficina de prensa de la Casa Blanca.

CNN declaró el sábado X que tienen «derecho, amparado por la Constitución de los Estados Unidos», a informar sin interferencia del gobierno.

«No nos dejaremos desviar de nuestro deber de exigir responsabilidades al gobierno y a otros organismos públicos, y continuaremos informando sobre las acciones y los procesos de esta administración sin temor a represalias.»

El redactor jefe de Politico Global, Jonathan Greenberger, comunicó el sábado a la redacción que a Cheyenne Haslett, reportera de la Casa Blanca, se le denegó la entrada al edificio.

«La apoyamos a ella y a todos los periodistas que cubren la Casa Blanca. Como dijimos ayer, defenderemos enérgicamente nuestros derechos amparados por la Primera Enmienda», declaró Greenberger en un comunicado compartido con NPR.

El anuncio de Trump se produce en medio de una temporada de elecciones de mitad de mandato en la que los demócratas tienen ventaja : Trump se ha enfrentado a críticas por su impopular guerra en Oriente Medio , una inminente crisis de asequibilidad y amenazas de demoler el Centro de Artes Escénicas John F. Kennedy .

La presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, Jacqui Heinrich, declaró el viernes que «la Constitución protege la libertad de prensa de la injerencia del gobierno».

«Esa protección no depende de si al presidente le gusta la cobertura de un medio de comunicación, si está de acuerdo con sus reportajes o si aprueba las preguntas que hacen sus periodistas», dijo.

Theodore Boutrous, un destacado abogado estadounidense especializado en la Primera Enmienda, declaró a NPR que la prohibición es, a primera vista, inconstitucional.

El año pasado, Trump prohibió a un reportero de Associated Press cubrir dos eventos oficiales porque la agencia de noticias no se refería al Golfo de México como el Golfo de América. Durante su primer mandato, Trump también prohibió a un reportero de CNN . Los tribunales han respaldado a los medios en ambas ocasiones, pero la decisión de AP aún está en apelación .

Tomado del medio digital NPR (Radio Pública Nacional).

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Por Miguel Díaz Román 

El representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, responde a las preguntas de SN tras finalizar la vista pública en la que participó el licenciado Osvaldo Carlo, presidente de Regulatory Compliance Services (ReComS), que es la empresa que dirige la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) de la Autoridad para las Alianzas Públicas Privadas.

¿Cómo le fue en la vista pública?

Parés– Osvaldo  Carlo respondió todas las preguntas que se le hicieron en la mañana y en parte de la tarde eh bajo juramento y fue bastante cooperador en todo el proceso. 

¿Y qué le sorprendió de esa participación? 

Parés- Pues mira, lo primero es que el 3PPO tiene un comité evaluador, como surgió en la vista de la Comisión de Gobierno, no se sabían quiénes eran sus miembros  y que son los que adjudican los contratos para LUMA y Genera. Lo sorprendente para todos es que hasta el día de hoy este comité, que no sabemos quiénes son, han adjudicado entre $15 a $20 mil millones en contratos de construcción o de servicios de LUMA y Genera. Esa gente no rinde informes ante Ética Gubernamental. No rinden cuentas a nadie. Él obviamente nos indicó, cuando le preguntamos, que sí apoyaba legislación para que este tipo de comité rinda cuentas y él  estuvo de acuerdo. Número dos, le preguntamos si estaba satisfecho cómo estaba funcionando el 3PPO con esta situación que ocurrió con Power Expectations. Nuevamente dijo que entendía que había que fortalecer internamente su proceso y que así estaba haciendo. Y tercero, que obviamente mencionó que el ingeniero José Colón, sí tuvo una participación en empujar para darle continuidad a este contrato de generación. Tanto él como su abogado interno o externo. 

¿Usted cree que ese señalamiento de Osvaldo Carlo coloca en una posición difícil a Josué Colón? 

Parés- Bueno, en la vista pública nuestra, la primera que se hizo, pues él (Josué Colón) indicó que no estaba al tanto de todo, que todo lo hacía Osvaldo Carlo, que todo lo hacía la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, que él apenas estaba envuelto en nada. Es exactamente así. Porque lo que nos dijo Osvaldo Carlo fue lo contrario. Y además de eso, dijo que hay un chat en el que está Josué Colón.  Él nos va a dar copia de ese chat a la Comisión de Gobierno. En ese chat tanto el ingeniero Josué Colón como su equipo, participaban y participan sobre el tema de generación. Esa información nos la dijo hoy bajo juramento (Osvaldo Carlo).

¿Usted cree que José Colón se perjuró? 

Parés- Pues mira, esa evaluación no puedo concluirla ahora. Pero le pedimos a la secretaría de la Cámara que nos certifique por escrito una transcripción oficial certificada. La de Josué Colón, la de hoy y la del lunes próximo 21, que tenemos a Mary Carmen Zapata Acosta. Ciertamente, luego que evaluemos esa información podré decirte si hubo perjurio.

Un perjurio es una clasificación técnica. ¿Usted cree que José Colón está diciendo la verdad? 

Parés- Bueno, en la vista pública él nos insistió en varias ocasiones que se le preguntó, su rol en este proceso.  Yo no entiendo el porqué. Si él estaba al tanto, esa es la pregunta nuestra. No es que él estuviera interviniendo en el proceso adjudicativo y nada de eso. Es que en el día a día es tán importante para Puerto Rico que estuviéramos la energía temporera hoy, que él estuviera al tanto de todo. Eso era todo. Y lo negó constantemente. O sea, por tanto, yo no sé porqué lo negaba. Si hoy salió públicamente, lo que se ha ventilado  en esos correos y esos textos, ¿por qué en la vista pública que tuvo en la Comisión de Gobierno no lo dijo? ¿Por qué? Si no había razón alguna para esconderlo o negarlo. Así que ciertamente, nos sorprende que la figura principal en Puerto Rico, que maneja el término de los efectos  que están ocurriendo con la energía temporera, lo negó constantemente.

En la vista pública también surgió, yo había escrito de eso, que la fianza de licitación fue de $300 mil dólares. 

Parés – Sí, de hecho, el licenciado Osvaldo Carlos indica que la razón principal para cancelar la participación de Power Expectation fue por el bid bond y por la fianza. Que era un cinco por ciento del costo total del proyecto, o sea, que eran $6 mil millones y él no pudo presentar el bid bond que era $1,100 millones. Y al no prestarla se le canceló el contrato. Después vino lo de la firma que, ciertamente y obviamente, dio paso entonces para fortalecer la cancelación de contrato. 

Son dos fianzas. La fianza de licitación y la fianza de cumplimiento. La fianza de cumplimiento fue la que no pudo cumplir Power Expectation, pero que la primera, la fianza de licitación, fue de $300 mil dólares. O sea, una prima para una fianza como esa son $100. 

Parés – Sí, hay cierta incongruencia. Yo le pregunté a Osvaldo Carlo sobre porque sin Power Expectation no tenían unas garantías económicas de acuerdo con el proyecto que se estaba adjudicando,  y por qué razón aún así siguieron con esta adjudicación. Pues él nos dijo obviamente que ese comité evaluador, que fue el que decidió adjudicar el contrato a Power Expectations aún cuando tenía problemas económicos.

Vamos a hablar claro, la función del ZAR de la energía era presionar para que se lograran los proyectos de energía. ¿Usted cree que lo que ha surgido en la prensa es incompatible con la función de él para presionar para que se aprueben los contratos?

Parés – Por eso es que me sorprende que en la vista pública que llevamos a cabo y bajo juramento no dijera que su rol como ZAR de energía es empujar, como quien dice,  los proyectos que son bien importantes para Puerto Rico. Y ahora más que nunca esa generación temporera hace falta, pues por todo lo visto en la Comisión, no entendemos, ni yo entiendo el porqué él no dijo que tenía un chat donde él participa. De hecho, Osvaldo Carlos hoy nos dijo que en ese chat también está él incluido. Nos va a dar copia de este chat a nosotros. Si no hay nada que esconder, por qué no lo dijo en la vista pública. No hay razón  ninguna, ninguna para que eso haya ocurrido de esa manera.

Al parecer usted va a citar otra vez a Josué Colón. 

Parés – Pues estamos evaluándolo. Vamos a pedir como ya he dicho antes, que la Secretaría de la Cámara nos envíe la  transcripción certificada de su ponencia. Tenemos el lunes próximo, como le dije, a la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta. Y ahí entonces vamos entonces a seguir con el trámite de evaluar todos los documentos y ahí entonces decir que si tenemos que convocar nuevamente a Josué Colón o no. 

La señora Zapata es un elemento importante. ¿Por qué se le mantuvo ajena a todo lo que estaba ocurriendo con el contrato de Power Expectation? 

Parés – Exacto, Y en esa línea, que se haya firmado ese contrato que luego se canceló. ¿Por qué ella lo firmó y  bajo qué criterio lo firmó?, ¿quién la indujo a que lo firma?, ¿Si estaba segura que eso estaba correcto?, ¿quién la llevó a firmar este contrato que después se cancela, pero ella lo firmó?. O sea, ¿qué figuras o qué personas la indujeron a ell a ella? Primero, no ponerla al tanto de lo que estaba ocurriendo con este contrato de Power Expectation, y número dos, que lo firmaron y obviamente después se canceló. 

El resultado de esta vista va a ser legislación.

Parés – Estamos de acuerdo. Vamos a estar legislando varios puntos de vista. Primero, lo más importante, es concluir qué pasó finalmente con esta situación de este contrato que nos sorprendió a nosotros. Y número dos, en eso Osvaldo Carlo coincidió con nosotros, que vamos a establecer mecanismos de fiscalización de este comité que existe, que ha adjudicado hasta el día de hoy entre 15 a 20 billones en contratos.. Cómo le van a rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico y cómo rendir información en Ética. Bueno, y que no se conocen, ¿verdad? no se conocen sus nombres. Claro, tienen que darnos quienes son. Lo sorprendente es que esta gente adjudicó contratos multimillonarios y no sabemos quiénes son. 

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La tensión entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, continúa su escalada en pleno debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA). A raíz de que Donald Trump relativizase los riesgos de la IA tachando de «fuerzas negativas» a aquellos que reclaman una normativa más rígida, desde Pekín acusan ahora a Washington de guiarse por una estrategia que persigue frenar su desarrollo tecnológico y defienden «una inteligencia artificial abierta».

Mediante un editorial en el diario oficialista Global Times, dependiente de un órgano del Partido Comunista de China (PCCh), China respondió el domingo acusando a la comunidad tecnológica estadounidense de esconder un «manual de guerra fría» contra la IA china

Según el rotativo, hay una «agenda oculta» que buscaría «estrangular» el desarrollo chino, con medidas como la prohibición de venta de chips avanzados, para ampliar la brecha tecnológica y después negociar con Pekín una ralentización del sector.

El Global Times tildó de «hipócrita y miope» una situación actual que califica como una «guerra fría silenciosa de la IA» cuyo objetivo real sería frenar el desarrollo chino mediante barreras tecnológicas y «monopolios regulatorios».

«Excluir a China y a las empresas chinas sólo aumentará significativamente los costos de ensayo y error y los riesgos de pérdida de control en el desarrollo global de la IA», argumenta el medio con la misma narrativa utilizada por Pekín para hacer frente a las críticas a otras cuestiones como su gasto militar.

El Rayo acusa a la Comunidad de Madrid de falta de «compromiso» por no dejarles jugar e…La juez de la DANA prorroga la instrucción hasta abril y abrirá juicio oral a las puert…El salto definitivo de Enric Mas cuando nadie lo esperaba: «Esta Vuelta lo es todo»Una familia de panaderos valencianos está en el obrador a las 4:00 de la mañana cada dí…El edificio de Madrid que la gente se muere de ganas de visitar: más de 33.000 entradas…

China aboga por una «barrera de seguridad»

Todo esta polémica viene originada por las palabras de Dario Amodei, fundador de Anthropic, quien la semana pasada pidió un «ritmo más lento» en el desarrollo de modelos avanzados, posición que luego fue respaldada por otros directivos de grandes tecnológicas como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), aunque contestada por el presidente de su propio país.

Trump considera que Estados Unidos, al que califica como «el país más sofisticado del mundo», está «liderando» la carrera por el desarrollo tecnológico de la IA y quiere «mantenerlo de esa manera».

Amodei había planteado una estrategia formulada en tres fases y orientada a regular el ritmo de la tecnología sin ceder la ventaja estratégica a países como China, lo que en principio fue visto como una «declaración racional» desde Pekín.

Por su parte, el ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, definió la IA como un nuevo terreno de «rivalidad entre grandes potencias» y pidió construir una «barrera de seguridad» en torno a la tecnología, reforzando la supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de cómputo y aplicaciones de uso civil y militar.

Pero también lanzó una crítica velada a Estados Unidos, acusándoles de usar el pretexto de la «seguridad nacional» para limitar el acceso de otros países a equipos y capacidades de vanguardia.

Una IA «abierta e inclusiva» liderada por Pekín

Pekín, lejos de buscar ralentizar su tecnología, trata de liderar su desarrollo más allá de sus fronteras: este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza «precisa y efectiva» de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

Durante la reciente cumbre de países BRICS en Nueva Delhi, el mandatario ofreció el respaldo del gigante asiático para acelerar el despegue tecnológico y desarrollo de la inteligencia artificial en los Estados miembros del bloque.

Este lunes, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun sostuvo que la difusión de «narrativas de amenaza» o fomentar la confrontación «sólo obstaculizará el proceso de gobernanza de la IA», un campo que «concierne al bienestar de toda la humanidad», por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una IA «abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien», dado que lo contrario «no beneficia a los intereses de ninguna de las partes».

La advertencia llega en un momento de gran actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados.

Recientemente, DeepSeek y Moonshot han perfilado posibles salidas a bolsa y modelos como Kimi K3, Qwen3.8-Max o GLM-5.2 se han acercado a los sistemas más avanzados de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

Extraído del periódico digital español OKDIARIO.

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Prof. Luis R. Benítez Hernández
Economista

La renuncia con efecto inmediato del representante del sector patronal dejó a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo sin el cuórum necesario para aprobar decisiones. La Ley 47- 2021 creó un organismo de siete integrantes y dispuso que cinco constituyen cuórum. La
Comisión operaba con solo cinco miembros porque dos puestos permanecían vacantes. Al reducirse ahora a cuatro integrantes, puede atender asuntos administrativos, pero no aprobar válidamente una acción colegiada ni emitir un decreto mandatorio.

La parálisis no es una interpretación política: es el resultado directo de la estructura establecida por la ley y de las vacantes que nunca fueron cubiertas.

No corresponde atribuir intenciones que no pueden probarse. Las razones expresadas por el representante que renunció deben evaluarse por sus propios méritos. Su objeción principal es que una recomendación sobre el salario mínimo no debe depender de una escala subjetiva
del uno al cinco aplicada a variables que pueden medirse.

También plantea que la productividad y la capacidad de crecimiento de la economía deben tener mayor peso, junto con la inflación, el empleo, la pobreza y el costo de vida. Ese reclamo de rigor metodológico es legítimo. Sin embargo, la consecuencia institucional de la renuncia también es objetiva: mientras no se cubra la vacante, la Comisión carece de capacidad legal para aprobar un decreto.

Conozco esa fragilidad porque formé parte de la Comisión. Fui nombrado en receso el 29 de julio de 2024 como economista representante del sector privado. En enero de 2025 puse mi puesto a disposición de la gobernadora.

En mi comunicación señalé que los cinco meses transcurridos desde mi nombramiento se habían perdido y que una reunión mensual no era suficiente para completar asuntos regulatorios y económicos de tanta importancia. También advertí que la composición de la Comisión necesitaba mayor balance y una participación más directa de la política de desarrollo económico.

La experiencia posterior confirmó el diagnóstico institucional. Cuando entró en vigor el salario mínimo general de $10.50 por hora, permanecían pendientes tres asuntos especiales: el salario de los trabajadores agrícolas, el umbral salarial para clasificar como exentos del
pago de horas extras a determinados empleados ejecutivos, administrativos y profesionales, y el salario base de los trabajadores que reciben propinas.

La Comisión contaba con estudios técnicos sobre estos temas, pero no produjo los decretos correspondientes. Es importante precisar el alcance de la obligación legal. La Ley 47-2021 ordenó expresamente que el decreto mandatorio especial para los trabajadores agrícolas se aprobara en o antes del 1 de julio de 2022.

Ese plazo se incumplió. La ley también ordenó establecer un decreto especial para los trabajadores que reciben propinas, aunque no fijó una fecha específica, y autorizó a la Comisión a establecer uno para los empleados exentos. La ausencia de una fecha expresa para estos dos asuntos no convierte años de inacción en cumplimiento. El propio informe anual de la Comisión correspondiente a 2025 reconoció que los tres decretos seguían pendientes.

El caso de los empleados exentos ilustra la importancia del problema. Puerto Rico conserva un umbral de $455 semanales, equivalente a $23,660 anuales, mientras el umbral federal ordinario vigente en los estados es de $684 semanales o $35,568 anuales. El salario
por sí solo no determina la exención: también deben cumplirse la prueba de pago sobre base salarial y la prueba de funciones. Pero la cifra local es tan baja que $455 semanales equivalen a $11.38 por hora en una semana de 40 horas, apenas $35 más que los $420 semanales de
un trabajador al mínimo general de $10.50.

En mi ponencia sobre el P. de la C. 1115 recomendé que la Legislatura atendiera este rezago y evaluara un umbral de $580 semanales.

La agricultura presenta una situación más fragmentada. No existe una sola tarifa aplicable a todos los trabajadores agrícolas. Algunos están cubiertos por el mínimo federal de $7.25; otros caen dentro de exenciones federales vinculadas al tamaño de la finca, la relación familiar o determinadas labores de cosecha. El programa local de subsidio salarial tampoco debe confundirse con un salario adicional: la propia Comisión reconoció que se trata de un mreembolso al agricultor.

A esto se añaden las reglas del programa federal H-2A. Esta combinación de excepciones, subsidios y normas federales hacía indispensable el decreto agrícola ordenado por ley. En mi ponencia recomendé un mínimo agrícola de $7.75 por hora, acompañado de una evaluación de los incentivos y de la capacidad económica del sector.

En cuanto a los trabajadores que reciben propinas, el sistema permite un salario base menor siempre que la suma del salario base y las propinas alcance el mínimo general. Mi análisis de restaurantes y meseros identificó un salario base promedio cercano a $3.39 por
hora. Por eso recomendé aumentar la base federal de $2.13 a $3.39, manteniendo la garantía de que la compensación total alcance por lo menos el salario mínimo aplicable.

Ante el P. de la C. 1115 sostuve que el problema no se resuelve escogiendo entre aumentos automáticos o una Comisión sin rendición de cuentas. El salario mínimo es una herramienta de política social y, a la vez, una variable de política económica que afecta la estructura salarial, los costos de contratación, la informalidad, la automatización y las oportunidades de empleo inicial.

Por eso propuse reorganizar la Comisión, vincularla más estrechamente al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, exigir informes anuales y establecer una revisión legislativa periódica. La situación actual exige una respuesta inmediata.

La gobernadora debe cubrir las vacantes para restablecer el cuórum. La Comisión debe publicar una metodología reproducible, sustentada en datos y abierta a revisión. También debe culminar los decretos especiales, comenzando por el agrícola, cuyo plazo legal venció hace más de cuatro años. Si la estructura vigente no puede hacerlo, la Asamblea Legislativa debe reformarla.

Puerto Rico no necesita escoger entre proteger al trabajador y exigir rigor económico. Necesita una institución capaz de decidir, explicar sus decisiones y cumplir la ley. Hasta ahora, la Comisión
no lo ha logrado.

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