Cuestionan los viajes del secretario de Agricultura

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Por Miguel Díaz Román

El secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, estuvo en Argentina  donde se celebró un congreso de apicultura y en ese viaje lo acompañan seis personas, algunas de las cuales no están relacionadas con la producción de miel de abejas y el manejo de estos insectos, lo que ha levantado interrogantes sobre los motivos que justifican la presencia de estas personas en un viaje que conlleva una estadía de seis días y que es pagada totalmente con fondos públicos.

La comitiva partió hacia Argentina  el 29 de agosto y regresó el pasado sábado 7 de septiembre. El objetivo del viaje fue asistir al XVII Congreso Latinoamericano de Apicultura ( FILAPI 2026 ), que se celebró en la ciudad de Mar del Plata, que está ubicada frente al océano Atlántico en la provincia de Buenos Aires. 

Además del secretario, entre los viajantes se encontraban Amarilis de Jesús Lora, la cual ocupa una posición de ayudante especial de Rodríguez Torres; el agrónomo Raúl Rivera Toledo; el también agrónomo Andrés Rosado Martínez hijo ; la apicultora Marilyn Rosado Tirado; Julio Herrnández López  y Leniel José Soto Alonso, quienes, alegadamente, están vinculados a la apicultura.

El viaje de ida y vuelta y la estadía en un hotel en la ciudad de Mar del Plata tuvo un costo de cerca de $20,000, el cual fue pagado por el Departamento de Agricultura (DA). 

No obstante, fuentes de SN relacionadas al DA sostienen que no existe razón alguna que justifique la presencia de Amarilis de Jesús Lora, de quien no se le conoce vinculación alguna con la apicultura. 

La fuente señaló que tampoco existe justificación para que el agrónomo Andrés Rosado hijo viajara a la Argentina, pues en sus funciones diarias no tiene jurisdicción directa con el campo de la apicultura y sus diversos componentes.

Incluso, la fuente de SN señaló que, alegadamente, De jeús Lora y Rosado Martínez acompañaron al secretario en otro viaje realizado entre el 6 y 9 de agosto hacia la ciudad Boston.

«Nadie sabe por qué el secretario se hace acompañar de Amarilis de Jesús Lora y del agrónomo Andrés Rosado Martínez en sus viajes fuera de Puerto Rico», dijo la fuente.

SN no pudo confirmar si los señores Julio Hernández López y Leniel José Soto Alonso están vinculados a la apicultura, que una actividad agrícola que la practican un grupo reducido de agricultores. Algunos de los apicultores contactados por SN dijeron desconocer si Hernández López y Soto Alonso son apicultores y dónde están ubicadas sus fincas.  

De acuerdo con las fuentes, los únicos cuya presencia en el viaje está justificada son el agrónomo Raúl Rivera Toledo, quien trabaja directamente en la tarea de organizar el sector de los apicultores, y Marilyn Rosado Tirado, quien es una conocida agricultora que también se desempeña como apicultura. Su finca está ubicada en el barrio Collores de Las Piedras. 

Rosado Tirado practica la apicultura desde el 2016 y continuamente ofrece talleres para que las personas conozcan la importancia de las abejas en la agricultura. Además,  adiestra personas en el manejo de enjambres y colmenas y en técnicas de control contra las temidas abejas africanizadas. 

No obstante, el director de la Escuela de Apicultores del Este (EAE), Hermes Conde Navarro, sostuvo que «esos  viajes no ayudan en nada a la apicultura». 

«Esos viajes y esos congresos no significan nada. ¿En qué se ha beneficiado la apicultura de esos viajes? En nada», sostuvo el director de la EAE, que se dedica a la enseñanza del manejo responsable de las abejas, el rescate de enjambres y la apicultura. La EAE está ubicada en Fajardo. 

Conde Navarro indicó que la apicultura y los apicultores existentes no reciben ningún tipo de ayuda de parte del DA. Denunció que la falta de ayuda se ha puesto en relevancia durante la actual sequía, que es una circunstancia climática que afecta profundamente a las abejas. 

«No hay lluvia, sin lluvia no hay flores y sin flores no pueden estar las abejas. La falta de agua lo afecta todo, se afectan las flores, las abejas y los apiarios», dijo Conde Navarro en un tono evidentemente enojado por los efectos letales que ha tenido la sequía en las abejas y en los apiarios, que es el lugar físico donde se agrupan las abejas en colmenas para la producción de miel.

De hecho, Conde Navarro sostuvo que en los pasados 10 años no ha existido una junta que represente al sector apicultor y que el DA ho ha movido un dedo para organizar a los apicultores. 

El conocido educador en la apicultura denunció que tampoco existe un registro de los verdaderos apicultores activos y que actualmente hay personas sin educación formal en apicultura cobrando grandes sumas de dinero por eliminar colmenas de abejas africanizadas.

Argumentó que la falta de acción y de fiscalización por parte de DA avala la presencia cada vez mayor de miel importada en los Mercados Familiares, que es un programa financiado con fondos federales dirigido exclusivamente a promover la agricultura nacional. 

«¿Cómo es posible que en los Mercados Familiares se venda miel importada? Eso está pasando y el DA no hace nada para evitarlo», explicó  Conde Navarro.

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La Comisión del Salario Mínimo ante una parálisis anunciada

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Prof. Luis R. Benítez Hernández
Economista

La renuncia con efecto inmediato del representante del sector patronal dejó a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo sin el cuórum necesario para aprobar decisiones. La Ley 47- 2021 creó un organismo de siete integrantes y dispuso que cinco constituyen cuórum. La
Comisión operaba con solo cinco miembros porque dos puestos permanecían vacantes. Al reducirse ahora a cuatro integrantes, puede atender asuntos administrativos, pero no aprobar válidamente una acción colegiada ni emitir un decreto mandatorio.

La parálisis no es una interpretación política: es el resultado directo de la estructura establecida por la ley y de las vacantes que nunca fueron cubiertas.

No corresponde atribuir intenciones que no pueden probarse. Las razones expresadas por el representante que renunció deben evaluarse por sus propios méritos. Su objeción principal es que una recomendación sobre el salario mínimo no debe depender de una escala subjetiva
del uno al cinco aplicada a variables que pueden medirse.

También plantea que la productividad y la capacidad de crecimiento de la economía deben tener mayor peso, junto con la inflación, el empleo, la pobreza y el costo de vida. Ese reclamo de rigor metodológico es legítimo. Sin embargo, la consecuencia institucional de la renuncia también es objetiva: mientras no se cubra la vacante, la Comisión carece de capacidad legal para aprobar un decreto.

Conozco esa fragilidad porque formé parte de la Comisión. Fui nombrado en receso el 29 de julio de 2024 como economista representante del sector privado. En enero de 2025 puse mi puesto a disposición de la gobernadora.

En mi comunicación señalé que los cinco meses transcurridos desde mi nombramiento se habían perdido y que una reunión mensual no era suficiente para completar asuntos regulatorios y económicos de tanta importancia. También advertí que la composición de la Comisión necesitaba mayor balance y una participación más directa de la política de desarrollo económico.

La experiencia posterior confirmó el diagnóstico institucional. Cuando entró en vigor el salario mínimo general de $10.50 por hora, permanecían pendientes tres asuntos especiales: el salario de los trabajadores agrícolas, el umbral salarial para clasificar como exentos del
pago de horas extras a determinados empleados ejecutivos, administrativos y profesionales, y el salario base de los trabajadores que reciben propinas.

La Comisión contaba con estudios técnicos sobre estos temas, pero no produjo los decretos correspondientes. Es importante precisar el alcance de la obligación legal. La Ley 47-2021 ordenó expresamente que el decreto mandatorio especial para los trabajadores agrícolas se aprobara en o antes del 1 de julio de 2022.

Ese plazo se incumplió. La ley también ordenó establecer un decreto especial para los trabajadores que reciben propinas, aunque no fijó una fecha específica, y autorizó a la Comisión a establecer uno para los empleados exentos. La ausencia de una fecha expresa para estos dos asuntos no convierte años de inacción en cumplimiento. El propio informe anual de la Comisión correspondiente a 2025 reconoció que los tres decretos seguían pendientes.

El caso de los empleados exentos ilustra la importancia del problema. Puerto Rico conserva un umbral de $455 semanales, equivalente a $23,660 anuales, mientras el umbral federal ordinario vigente en los estados es de $684 semanales o $35,568 anuales. El salario
por sí solo no determina la exención: también deben cumplirse la prueba de pago sobre base salarial y la prueba de funciones. Pero la cifra local es tan baja que $455 semanales equivalen a $11.38 por hora en una semana de 40 horas, apenas $35 más que los $420 semanales de
un trabajador al mínimo general de $10.50.

En mi ponencia sobre el P. de la C. 1115 recomendé que la Legislatura atendiera este rezago y evaluara un umbral de $580 semanales.

La agricultura presenta una situación más fragmentada. No existe una sola tarifa aplicable a todos los trabajadores agrícolas. Algunos están cubiertos por el mínimo federal de $7.25; otros caen dentro de exenciones federales vinculadas al tamaño de la finca, la relación familiar o determinadas labores de cosecha. El programa local de subsidio salarial tampoco debe confundirse con un salario adicional: la propia Comisión reconoció que se trata de un mreembolso al agricultor.

A esto se añaden las reglas del programa federal H-2A. Esta combinación de excepciones, subsidios y normas federales hacía indispensable el decreto agrícola ordenado por ley. En mi ponencia recomendé un mínimo agrícola de $7.75 por hora, acompañado de una evaluación de los incentivos y de la capacidad económica del sector.

En cuanto a los trabajadores que reciben propinas, el sistema permite un salario base menor siempre que la suma del salario base y las propinas alcance el mínimo general. Mi análisis de restaurantes y meseros identificó un salario base promedio cercano a $3.39 por
hora. Por eso recomendé aumentar la base federal de $2.13 a $3.39, manteniendo la garantía de que la compensación total alcance por lo menos el salario mínimo aplicable.

Ante el P. de la C. 1115 sostuve que el problema no se resuelve escogiendo entre aumentos automáticos o una Comisión sin rendición de cuentas. El salario mínimo es una herramienta de política social y, a la vez, una variable de política económica que afecta la estructura salarial, los costos de contratación, la informalidad, la automatización y las oportunidades de empleo inicial.

Por eso propuse reorganizar la Comisión, vincularla más estrechamente al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, exigir informes anuales y establecer una revisión legislativa periódica. La situación actual exige una respuesta inmediata.

La gobernadora debe cubrir las vacantes para restablecer el cuórum. La Comisión debe publicar una metodología reproducible, sustentada en datos y abierta a revisión. También debe culminar los decretos especiales, comenzando por el agrícola, cuyo plazo legal venció hace más de cuatro años. Si la estructura vigente no puede hacerlo, la Asamblea Legislativa debe reformarla.

Puerto Rico no necesita escoger entre proteger al trabajador y exigir rigor económico. Necesita una institución capaz de decidir, explicar sus decisiones y cumplir la ley. Hasta ahora, la Comisión
no lo ha logrado.

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Imputados de falsas representaciones los corredores Strategic Group LLC

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 Por Miguel Díaz Román

Una vecina del mega Condominio Gallery Plaza, ubicado en el Condado, imputó a la empresa de corredores de seguros Strategic Group LLC haber intentado engañar a los titulares del condominio al representar falsamente que  tenían cotizaciones y propuestas para la póliza maestra del inmueble cuando en realidad una aseguradora había declinado cotizar y la otra había enviado un indicativo o un ejemplo aproximado sobre la tarifa de la propiedad.

En una solicitud de investigación radicada en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el pasado 12 de diciembre de 2025, por Michelle Bertrán Neve, titular del condominio Gallery Plaza, acusa directamente al corredor Francisco Gómez Hernández, quien era empleado de Strategic Group LLC, de realizar las falsas representaciones.

Además, la solicitud de investigación sostiene que en otra acción de falsa representación, Strategic Group, LLC se presentó ante la aseguradora Mapfre como los corredores de seguros del área comercial del condominio, conocida como Swiss Chalet y Gallery Plaza. 

De acuerdo a la querella, «bajo engaño» Strategic Group, LLC pretendía que la aseguradora emitiera una cotización para el área comercial cuando en realidad los corredores de seguros tenían una carta de nombramiento para el área residencial. 

Según surge de la denuncia, Rosanna Trujillo de Mapfre le comunicó a los corredores por medio de un correo electrónico que no podían cotizar el área comercial ya que les pertenece a otros corredores, quienes previamente habían sometido a la aseguradora una solicitud de cotización.

Otro aspecto de la controversia es que aunque LimeBridge Insurance Consulting, una compañía de corretaje de seguros y reaseguros especializada en estructurar y colocar riesgos en el mercado de líneas excedentes, no fue incluida en la denuncia, la OCS le emitió un requisito de información. 

Lo que se alega es que LimeBridge negó que hubiese presentado una cotización del reasegurador Lloyds of London sino un indicativo. En su respuesta a la petición de información, el presidente de LimeBridge,  Gustavo Canto de la Fuente, sostuvo que «nuestro cliente (Strategic Group) solicitó expresamente una indicación preliminar» para la cobertura del condominio Gallery Plaza. 

No obstante, existe un correo electrónico emitido por Brenda Morales, quien es representante de Strategic Group, que, alegadamente, desmiente la aseveración de Canto de la Fuente. En ese correo electrónico, emitido el 3 de septiembre de 2025 Morales le solicita al Canto de la Fuente una cotización y no un indicativo.

De acuerdo con la denuncia, el 23 de septiembre de 2025 se celebró la asamblea extraordinaria para la aprobación de la aseguradora que garantizaría la  póliza maestra. La convocatoria incluyó la distribución en papel timbrado de Strategic Group de la tabla comparativa de la cotización del asegurador internacional Chubb Insurance y las supuestas cotizaciones de Mapfre y Lloyds, y el detalle de cuánto pagaría cada titular. 

La presentación estuvo a cargo del corredor Francisco Gómez Hernández. Tras la presentación uno de los titulares, Jose A Mattei, refutó las propuestas. Sostuvo que Mapfre había declinado cotizar y Lloyds no había ofrecido una cotización, sino una indicación de la tarifa de propiedad.

A partir de ese momento los argumentos y contraargumentos de las partes en controversia se sucedieron ampliamente en un intercambio de correos electrónicos que es parte fundamental de la querella de la titular Bertrán Neve.  

En la asamblea extraordinaria el 23 de septiembre los titulares de Gallery Plaza favorecieron nuevamente asegurar el inmueble con  el asegurador Chubb. No obstante, prevaleció entre los titulares  el mal sabor del engaño y la falsa representación. 

De hecho, en una reacción de Bertrán Neve a las contestaciones de Strategic Group y de LimeBridge  a la solicitud de investigación , contenida en otro documento que la querellante envió a la OCS el 9 de abril de 2026, se narra un insólito suceso acontecido durante la asamblea de titulares. 

Y es que, según señala  Bertrán Neve, las primas informadas por los corredores para Mapfre y Lloyds eran en realidad las cotizaciones ofrecidas por Chubb. «En ningún momento aclaran que los números presentados en la tabla bajo Mapfre y bajo Lloyds corresponden a las primas ofrecidas por Chubb, lo que aparenta tener la intención de engañar al presentarlas todas como Mapfre y Lloyds»

Según Bertrán Neve, las cifras ofrecidas son similares a la póliza package de Chubbs que figura en la propuesta de renovación que presentó la aseguradora. Incluso, la mujer sostiene que el titular Mattei denunció lo anterior durante la citada asamblea.

«Estas actuaciones evidencian el constante patrón de engaño, falsas representaciones y de omisiones y materiales relevantes de hechos por parte de Strategic Group y el señor Francisco Gómez», sostuvo Bertrán Neve en el documento.

En su respuesta a la solicitud de investigación de la titular emitida el 30 de diciembre de 2025, Strategic Group y el corredor  Gómez Hernández negaron «categóricamente que hayan incurrido en falsa representación, información engañosa o violación alguna al Código de Seguros».

Sostuvieron que tras el nombramiento de Strategic Group por parte de la asamblea de titulares del condominio como corredores de seguros para el área residencial, la asamblea se reunió posteriormente para conceder un «mandato expreso para cotizar la póliza del condominio con el objetivo de que explorar indicativos y opciones de mercado adicionales a la renovación histórica de Chubb, la cual tradicionalmente era la única opción presentada al Consejo (de titulares)»

Indicaron que Mapfre «no emitió cotización formal alguna. La información recibida consistió en un indicativo de prima  no vinculante, sujeto a la aceptación del mercado facultativo y a la evaluación del condominio en su totalidad. Dicha condición fue divulgada de forma expresa  y por escrito en la  tabla comparativa presentada  al Consejo de Titulares». 

No obstante, Bertrán Neve sostuvo en su segundo escrito a la OCS que Strategic Group  «incluye  todos los correos  electrónicos solicitando cotizaciones al igual que las declinaciones, pero intencionalmente omiten incluir el sometimiento a Mapfre  para cotizar y peor aún, su declinación».

Según la titular, en un correo electrónico emitido el 19 de septiembre de 2025 y dirigido al titular Jorge Rivera, la aseguradora Mapfre informó que declinó la cuenta del condominio Gallery Plaza.

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Crece amenaza de escasez de café tras la cancelación de compra de emergencia del grano importado

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Por Miguel Díaz Román

La subasta para la compra de emergencia de café importado celebrada ayer fue cancelada por el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, quien se encuentra en Argentina, debido a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetó que la transacción conllevara una pérdida de $300,000 para el presupuesto de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias ( ADEA), según reveló a SN una fuente vinculada a la transacción.

La subasta de emergencia fue convocada por el Comité de Compra de Café de la ADEA ante la realidad de que en el almacén de la agencia, ubicado en el barrio Yahuecas de Adjuntas, se agotó totalmente el inventario de café importado semitostado de la variedad robusta y solo queda un inventario para tres semanas de café importado de la variedad semitostado arábigo. 

Estas dos variedades importadas integran el  85 % de la harina de café empacada en cada bolsa de 14 onzas en las distintas marcas que circulan en el mercado, mientras que el café del país es solo el 15%.  

En una carta enviada el pasado martes al secretario de Agricultura, la Asociación de Torrefactores de Puerto Rico (ATPR) advirtió que era necesaria la compra de emergencia debido a que en tres semanas habrá una interrupción total del abastecimiento de café importado en el almacén de Yahuecas,  lo que causará el cese de la producción de café y una escasez de las marcas locales según se agote paulatinamente el inventario existente en los almacenes de los torrefactores.

Luego de que el Comité de Compra de Café de la ADEA circuló una invitación a los suplidores de café importado para que ayer jueves 3 de septiembre presentaran a las 8:30 de la mañana una cotización para la compra de emergencia del grano, la subasta fue celebrada  y adjudicada al grupo empresarial Exportadora de Café California de S.A de C.V, cuyas oficinas están ubicadas en el estado de Florida. 

La transacción implicaba la compra de 20,328 quintales de café robusta semitostado al 10 %.

No obstante, tras la determinación de la JSF Rodríguez Torres determinó cancelar la transacción, a la cual solo le faltaba estampar las firmas a la documentación oficial de adjudicación, según supo SN.

«Todo este trámite también conlleva el que nuestra agencia tome en consideración las directrices y recomendaciones que hace la Junta de Control Fiscal en asuntos presupuestarios al Gobierno de Puerto Rico en atención a la Ley PROMESA. Lamentablemente, por razones ajenas a nuestra voluntad, nos vemos en la obligación de cancelar el trámite hasta ahora llevado a cabo. Mediante la presente, le informamos oficialmente que el proceso de compra de café antes relacionado ha sido cancelado», sostiene la carta de cancelación enviada a la empresa por el administrador de ADEA, Elmer Pérez Portalatín.

De hecho, la cancelación de la subasta acontece en momentos cuando una inminente alza en el precio del café importado y en el café del país, la cual fue aprobada por el comité de revisión del precio del café, no ha sido anunciada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).

Alegadamente, el anuncio ha sido detenido para no perjudicar  las aspiraciones del secretario de DACO, Hirám Torres Montalvo, de convertirse en el alcalde Cataño, tras la muerte del ex alcade Julio Alicea Vasallo el pasado 13 de agosto a causa del cáncer.

La elección especial para seleccionar el nuevo alcalde de Cataño fue convocada para el domingo 27 de septiembre.

De acuerdo con la fuente, el alza en el precio del café importado cambiaría el escenario y la JSF se vería obligada a avalar la compra. 

El precio actual regulado en el que ADEA puede revender el café importado a los torresfactores es menor al precio que la agencia paga por el grano en el mercado internacional, lo que ha provocado pérdidas millonarias a la agencia. 

El alza en el precio del café importado se ha venido registrando desde inicios del pasado año. 

En otra carta enviada dos semanas atrás a la gobernadora Jenniffer González Colón,  la ATPR solicitó su intervención para que se liberen $33 millones destinados a pagar las deudas pendientes con los suplidores del café importado, ante la realidad de que esas empresas habían sostenido que no participarían  de nuevas compras del grano hasta que se le pague el dinero adeudado.

Alegadamente, ADEA pagó parte de la deuda a los suplidores del café importado, lo que propició su participación en la subasta de emergencia celebrada ayer jueves.

«Todo se está complicando y lo que queda de café en Yahuecas se acaba en tres semanas. Si se hace una nueva subasta con un nuevo precio después de la elección de Cataño, eso podría evitar un poco que haya escasez de café en el mercado. Pero habrá marcas que tengan un poco para suplir el mercado pero otras  ya se les habrá acabado lo que tenía almacenado», dijo una fuente.

Mientras este drama presupuestario y político amenaza con causar una escasez de café en el mercado, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, prepara una medida  para transferir la facultad de fijar los precios del café del DACO al Departamento de Agricultura. El proyecto, que pretende modernizar leyes agrícolas, fue respaldado por Rodríguez Torres.

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Radiografía a la NAIC

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Por Patriick M. Brenne
Presidente del Instituto de Políticas Públicas del Suroeste de Estados Unidos

La superintendente de seguros de Nuevo México , Alice Kane, informó recientemente a los legisladores estatales que las aseguradoras rechazaron renovar más de 6200 pólizas de seguro de vivienda en 2025, la cifra más alta jamás registrada. La reacción inmediata es culpar a las aseguradoras y actuarios codiciosos de Hartford, Connecticut, que calculan el riesgo de incendios forestales en condados que ni siquiera pudieron ubicar en un mapa.

La crisis de las pólizas no renovadas llevó a los habitantes de Nuevo México a examinar detenidamente su mercado de seguros por primera vez en años. Resulta que ese mercado es peculiar. Muchas de las normas que lo rigen no se redactaron en Santa Fe, ni en Hartford, ni por ninguna entidad responsable ante los votantes. Se redactaron en Kansas City, Misuri, por una organización privada sin fines de lucro.

En 2025, los estadounidenses pagaron más de 3 billones de dólares en primas por seguros de propiedad, responsabilidad civil, títulos de propiedad, vida, accidentes y salud. En la mayoría de los casos, las aseguradoras no rinden cuentas a los reguladores federales, ya que el Congreso deja gran parte de la regulación de los seguros en manos de los estados. Estos crearon una especie de centro de compensación para determinar fórmulas estándar, como la cantidad de capital que una aseguradora debe mantener para cada activo en sus libros. Los 50 estados participan en este mismo sistema.

Bienvenidos a la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). La primera regla de la organización es: no se habla de la organización. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) informó en junio que el comité de la NAIC, responsable de la acreditación de los reguladores estatales de seguros, no hace públicos sus resultados de acreditación y que sus debates sobre el tema se limitan a los reguladores.

La acreditación determina si otros estados aceptarán los exámenes de solvencia de un estado y, en la práctica, ejerce una intensa presión sobre las legislaturas para que promulguen leyes modelo específicas. Las deliberaciones se llevan a cabo en una sala a la que ningún residente del estado puede acceder ni presentar un informe que no pueda leer.

El código de seguros de Nuevo México regula el registro de las compañías aseguradoras ante el estado. Exige que cada aseguradora cubierta presente una declaración de registro en un formulario y formato prescritos por la asociación nacional de comisionados de seguros. Hasta 2014, la ley exigía el formulario proporcionado por el superintendente, quien rinde cuentas al gobernador de Nuevo México. Los legisladores eliminaron esas palabras y las reemplazaron por la asociación privada.

Según el Código Administrativo de Nuevo México , las solicitudes de formularios de póliza deben utilizar documentos de transmisión que coincidan con los documentos uniformes vigentes de la NAIC. En lugar de remitir a los reguladores estatales a una edición fija de los formularios, la norma los dirige al sitio web dinámico de la NAIC. Las aseguradoras que respaldan fideicomisos de reaseguro deben informar todo lo que requiera el formulario de declaración anual de la NAIC.

Los abogados denominan a esto incorporación dinámica por referencia. Cuando una ley adopta el manual de un organismo externo tal como está redactado, la siguiente revisión puede modificar las obligaciones vinculantes de la ley sin necesidad de votación, audiencia, enmienda de un comité ni firma del gobernador. El informe de la GAO describe el mecanismo sin mencionarlo explícitamente: la acreditación exige que los estados promulguen leyes modelo de la NAIC, y estas leyes modelo, a su vez, exigen que los reguladores sigan los estándares de la NAIC.

Este acuerdo implica, en la práctica, que un organismo no electo controla los estados. Daniel Schwarcz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, argumentó en un artículo publicado en 2018 en el Connecticut Insurance Law Journal que este acuerdo viola los principios de no delegación establecidos en todas las constituciones estatales. Reiteró este argumento en el Capitolio junto con RJ Lehmann, del R Street Institute, una organización defensora del libre mercado.

El informe de la GAO, publicado ocho años después, no formuló recomendaciones ni halló irregularidades. Concluyó que la información financiera y de gobernanza contenida en los documentos públicos de la NAIC es, en general, comparable a la que se recoge en el formulario 990 del IRS. La NAIC publica sus estatutos y estados financieros auditados. Los reguladores estatales informaron a la GAO que la acreditación les permite ahorrar dinero al confiar en las auditorías de los demás organismos.

Aunque el informe de la GAO no halló irregularidades, los hechos que documentó son preocupantes. La NAIC ha estado exenta de presentar el Formulario 990 desde 1955, tras determinarse que la organización es una entidad dependiente exclusiva de los estados. En 2024, declaró ingresos por valor de 161,4 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 94 % proviene del sector cuyas normas elabora.

Sus tasas de presentación para 2026 están limitadas a 108.817 dólares para una sola empresa y a 544.085 dólares para un grupo. La NAIC no divulga la remuneración de sus ejecutivos. Su política publicada sobre conflictos de intereses abarca a los comisionados miembros, pero no, según pudo determinar la GAO, a su director ejecutivo. El manual del empleado incluye una política sobre conflictos de intereses, pero no está disponible públicamente.

La NAIC está designada como organización benéfica 501(c)(3). Si la NAIC se beneficia de la exención de impuestos, debería estar obligada a presentar el formulario 990, al igual que otras organizaciones sin fines de lucro. La GAO señaló que la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte están obligadas a presentar el formulario 990. Ambas forman parte del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, junto con la NAIC.

Si bien Washington podría remediar la situación —por ejemplo, revocando la exención de impuestos de la NAIC—, esperar a que el Congreso actúe es como esperar a ganar la lotería. Mientras tanto, los estados pueden exigir rendición de cuentas. Desde 1998, Michigan exige a la NAIC que presente un informe anual ante el regulador de seguros del estado y ambos comités legislativos de seguros.

Este informe debe incluir la remuneración de los directivos de la NAIC, todos los estándares que un estado debe adoptar para mantener la acreditación y si sus deliberaciones son públicas.

Cincuenta estados delegaron la elaboración de sus normas a una organización que supuestamente les pertenecía. Pero en algún momento, esa organización terminó controlándolos. Un estado decidió exigir más. Los legisladores de Nuevo México ya se preguntan por qué 6200 propietarios perdieron su cobertura. Al igual que Michigan, deberían exigir más a quienes elaboran las normas que rigen el mercado. ¿Qué estado será el segundo en hacerlo?

Este artículo de opinión lo publicó el diario The Wall Street Journal el 28 de agosto del 2026 con el título, «¿Cómo una organización sin fines de lucro se convirtió en el regulador de seguros de Estados Unidos?». Lo hemos publicado para beneficio de nuestros lectores con un título más alusivo a la controversia que revela el señor Patrick Brenne.

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ADEA encamina compra de emergencia de café importado ante posible escasez de marcas locales

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Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Torrefactores de Puerto Rico (ATPR) le envió ayer martes, 1 de septiembre de 2026, una carta urgente al secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres,  en la que anuncia que en tres semanas habrá una interrupción total del abastecimiento de café importado en el almacén de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias ( ADEA), lo que causará el cese de la producción de café y una escasez de las marcas locales según se agote paulatinamente el inventario existente en los almacenes de los torrefactores.

SN pudo confirmar que en la mañana de hoy la ADEA circuló una invitación para una compra de  emergencia, en  la pide a los suplidores de café importado presenten una cotización mañana jueves 3 de septiembre.

En la  carta, la ATPR solicita que ADEA realice una compra de emergencia debido a que «el café semitostado robusta ya se agotó (en el almacén que  está ubicado en el barrio Yahuecas del municipio de Adjuntas) y el inventario de arábigo podría agotarse en cuestión de semanas». 

«Respetuosamente solicitamos que esta compra de emergencia sea autorizada e iniciada de inmediato, antes de que la interrupción del abastecimiento se extienda a toda la industria», sostiene la carta que hace un desglose exacto del contenido de la compra de emergencia.

Agotados abastos de café importado

«Que ADEA, a través del Programa de Compra y Venta de Café, gestionen con carácter de emergencia las siguientes adquisiciones: veinte (20) contenedores de café semitostado robusta y cuarenta (40) contenedores de café semitostado arábigo», indica la carta.

«Durante el día de hoy (ayer 1 de septiembre) fuimos informados de que los abastos de café semitostado robusta disponibles en Yahueca se agotaron por completo. En cuanto al café semitostado arábigo, la información disponible apunta a que el inventario restante en Yahueca podría alcanzar para aproximadamente tres semanas», indica de manera directa y sin adornos. 

«Al presente, tampoco se vislumbra el recibo de nuevos embarques de este tipo de café a corto plazo ni tenemos conocimiento de una compra en curso que permita restablecer oportunamente el inventario. Esta situación constituye un desabastecimiento real e inmediato que afecta directamente la continuidad operacional de los torrefactores y la disponibilidad de café para el mercado de Puerto Rico», advierte la comunicación.

De hecho, de la harina de café empacada en cada bolsa de 14 onzas en las distintas marcas que circulan en el mercado, el café importado representa el  85 % mientras que el café del país es solo el 15%.  

Posible cese de producción

Alberto De la Cruz, presidente y principal oficial ejecutivo de CC1 Companies, que es la empresa matriz de Suiza Caribe LLC y de Puerto Rico Coffee Roasters, que posee más de nueve marcas de café que representan más de 65 % del mercado local, confirmó que la situación arriba descrita por la ATPR causará el cese de la producción de café y una escasez de las marcas locales según se agote paulatinamente el inventario existente en los almacenes de los torrefactores.

SN supo en exclusiva que en la mañana de hoy el Comité de Compra de Café de la ADEA circuló una invitación a los suplidores de café importado para que presenten una cotización para 20,328 quintales de café robusta semitostado al 10 %, (que es el café importado que se agotó en Yahuecas)  los cuales serán adquiridos mediante «una compra excepcional por emergencia». 

De hecho, en el documento, del que SN tiene una copia, el Comité de Compra de Café  exige que las cotizaciones deben estar en ADEA a las 8:30 de la mañana y deben enviar al correo electrónico del citado comité de compra de café.

No está claro si el Comité de Compra de Café realizará otra convocatoria de emergencia para adquirir un suplido de café arábigo, que según la carta de la ATPR, las existencias de ese grano terminarían dentro de tres semanas.

ADEA pagó a suplidores

En otra carta enviada dos semanas atrás a la gobernadora Jenniffer González Colón,  la ATPR solicitó su intervención para que se liberen $33 millones destinados a pagar las deudas pendientes con los suplidores del café importado, ante la realidad de que esas empresas habían sostenido que no participarán  de nuevas compras del grano hasta que se le pague el dinero adeudado.

En esa comunicación le ATPR le había advertido a la gobernadora que el impago de las deudas a los suplidores provocará una interrupción del suplido de café importado, lo que colocará al país en un riesgo real  de que ocurra un colapso en el abastecimiento de café en Puerto Rico.

Además, se le había indicado a la Primera Ejecutiva que la compra debía gestionarse antes o el martes 25 de agosto, para comenzar a recibir café lo antes posible y reducir el riesgo de una interrupción en el abastecimientos».  

De la Cruz reveló que Adea pagó a los suplidores una parte de la deuda. 

Alegadamente, ese desembolso garantizaría la participación de los suplidores en la convocatoria para la compra de emergencia. 

En la carta, que fue firmada por el presidente de la ATPR,  José Torres, también se le pide al secretario Rodríguez Torres y a la ADEA que coordinen un calendario urgente de embarques y entregas parciales, priorizando la llegada del café robusta.

Programa de café en punto crítico

Otros reclamos son confirmar las fechas estimadas de salida y llegada de los primeros embarques, informar oficialmente el inventario disponible de café arábigo, las ventas semanales y cualquier compra o embarque actualmente en proceso.

«Solicitamos, además, que se remita a la Asociación una confirmación escrita de las acciones tomadas y del calendario proyectado de compras y entregas. Esta información es indispensable para que los torrefactores puedan planificar responsablemente sus operaciones y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de esta situación. La Asociación ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de mantener una planificación continua, compras recurrentes y un inventario de seguridad que permita atender posibles retrasos en los procesos de adquisición y embarque», sostiene Torres en la misiva. 

«La situación actual evidencia que el  Programa ha alcanzado un punto crítico que requiere decisiones inmediatas. Nuestra solicitud no responde a una proyección distante: el café semitostado robusta ya se agotó y el inventario de arábigo podría agotarse en cuestión de semanas. Por ello, respetuosamente solicitamos que esta compra de emergencia sea autorizada e iniciada de inmediato, antes de que la interrupción del abastecimiento se extienda a toda la industria», finalizó diciendo Torres. 

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Algo Hiede

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Por Miguel Díaz Román 

Desde el inicio, algo hiede en la descarrilada contratación de Power Expectations LLC, para la instalación, operación y mantenimiento de unidades de generación temporal de 400 megavatios en la Central Aguirre, un contrato cuyo valor ascendía a $5,900 millones por un término de 10 años.  

Según ha trascendido, a Power Expectations se le requirió una fianza de licitación  de $300,000.00, la cual en realidad resulta irrisoria para un contrato de esa envergadura que tenía como objetivo producir energía de manera temporal para aportar estabilidad al sistema eléctrico y evitar los odiados apagones.

Aportemos un poco de claridad a este asunto para que entendamos dónde comienza la hediondez que arrastra consigo esta contratación abortada de Power Expectations, y que, como ha revelado la prensa, esta semana la empresa intentará revertir la anulación del contrato impugnando la decisión en los tribunales. 

Power Expectations pudo obtener una fianza de licitación pagando una prima que debió rondar los $100. Esto demuestra cuán fácil le resultó participar en un proceso que, por la magnitud del contrato, parecería requerir una empresa con una capacidad financiera considerable.

El costo de la fianza de licitación es relativamente bajo porque el verdadero riesgo para la fiadora radica en emitir las fianzas finales, en este caso la fianza de cumplimiento, que garantiza al gobierno que el contrato se ejecutará conforme a lo acordado.

¿Hubo precalificación? 

El hecho de que no se haya suministrado la fianza final levanta sospechas, ya que no debió representar un problema para la fiadora que emitió la fianza de licitación si realizó adecuadamente el proceso de precalificación previo. En este caso, la fianza de cumplimiento (“performance bond”) equivalía aproximadamente al 30 % del contrato, es decir, unos $1,189 millones.

Y es que, en la práctica real, el asegurador que provee una fianza de licitación lo hace con el objetivo de proveer también la fianza de cumplimiento. Son dos productos de seguros que están hermanados y que ambos dependen de una profunda precalificación de la empresa que lo solicita. 

La pregunta es la siguiente: ¿la aseguradora que otorgó la fianza de licitación realizó el proceso de precalificación necesario para emitir la fianza de cumplimiento, equivalente al 30 % de un contrato de aproximadamente $5,900 millones? De ser así, ¿por qué no se sometió la fianza dentro del término requerido?

Asimismo, ¿por qué se concedió un plazo de 15 días, a partir de la firma del contrato, para presentar la fianza de cumplimiento, cuando la práctica habitual es exigirla al momento de la firma del contrato, no después?

Finalmente, ¿la fianza de licitación fue respaldada por otras garantías que facilitarían la recuperación en caso de ejecución, dado que aparentemente Power Expectations no estaba precalificada para obtener la fianza de cumplimiento?

Es necesario advertir que la aseguradora que emitió la fianza de licitación responde ante el gobierno por la obligación de que el principal, Power Expectations, firme el contrato y presente las fianzas finales requeridas. Aunque la empresa firmó el contrato, no presentó la fianza de cumplimiento por $1,800 millones. Ante ese incumplimiento, surge la pregunta: ¿se le ha reclamado a la fiadora?

Las fianzas están reguladas

En el ámbito federal y con el fin de imponer una fianza para obra pública se aprobó en el Congreso en 1935, la ley federal Miller, un mecanismo para evitar el fraude y el favoritismo político. 

De hecho, a nivel federal la fianza requerida es el 20% de la cantidad total del proyecto.

En Puerto Rico se aprobó la Ley 388 el 9 de mayo de 1951, que es conocida como Ley de la Fianza en los Contratos de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Alteración de una Obra Pública. Esta ley exige fianzas para obras públicas en agencias gubernamentales y en municipios. 

De acuerdo con Alexis Sánchez Géigel, presidente y CEO de Mapfre, para que una aseguradora o la entidad fiadora pueda emitir una fianza se requiere de una gran cantidad de información para determinar si una entidad califica. 

Entre la información requerida figuran los estados financieros de la entidad y sus afiliadas, la capacidad de crédito, el organigrama de la empresa, la experiencia y preparación del personal clave, así como un listado de proyectos similares para evaluar el conocimiento del tipo de contrato y la capacidad para manejar su magnitud. En síntesis, se trata de una evaluación de la capacidad financiera, la capacidad técnica y la capacidad moral.

La aseguradora o entidad fiadora, según explicó Sánchez Géigel, evalúa si el cliente cuenta con el capital necesario para cumplir sus obligaciones, tanto afianzadas como no afianzadas, la capacidad técnica para ejecutar proyectos y la capacidad moral que justifique la confianza depositada.

“Se recopila una amplia gama de datos para tomar una decisión informada”, dijo.

Requisito irrisorio

Regresemos al asunto de la hediondez. En la práctica, en Puerto Rico se exigen fianzas de licitación que fluctúan entre el 5 % y el 10 % del valor del contrato. Si asumimos que a Power Expectations se le debió exigir una fianza equivalente al 5 % del costo del proyecto, entonces, para una obra que involucra $5,900 millones en fondos públicos, la fianza de licitación apropiada debió ascender a $290 millones.

No obstante, la fianza de licitación requerida fue de $300,000.00, una cantidad que es aproximadamente el 0.0051% de $5,900 millones que contempla el proyecto de generación temporera de 400 megavatios. 

Por cierto, hablando de hediondez….¿quién estableció un umbral tan pequeño?, ¿quién estableció ese requisito tan irrisorio en relación con un contrato de esa magnitud?

¿La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) o la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO)?

Es importante señalar que candidatos con la capacidad para desarrollar este tipo de proyecto probablemente se sintieron desmotivados a participar en el proceso al observar que competían entidades de reciente creación, en un concurso donde normalmente se conocen las organizaciones con la experiencia y capacidad para hacerlo. 

Esto podría llevar a inferir que la capacidad no era el elemento principal en la selección.

Mecanismo de control

El contrato de generación eléctrica de Power Expectations LLC fue desautorizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado 14 de agosto, en medio de señalamientos de fraude esgrimidos por ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, quien era un socio del proyecto y quien poseía el capital y la experiencia para acometer el proyecto de generación temporera. 

Luego, el 18 de agosto, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) canceló el contrato con el argumento de que la JSF retiró su apoyo a la transacción y porque la empresa no pudo presentar la fianza de cumplimiento. 

Power Expectations argumentó que no entregó la fianza de cumplimiento porque, alegadamente, la AEE y el 3PPO incumplieron su obligación de presentar el lenguaje que debía contener el documento.

¿Es una excusa o un chiste?

Por cierto, ¿alguien ha escuchado si la AAPP, el 3PPO o la AEE han ejecutado la fianza de licitación por el incumplimiento de Power Expectations con la fianza de cumplimiento?

Expongamos este asunto con claridad nítida: exigir una fianza de licitación de $290 millones, equivalente al 5 % del valor del proyecto, hubiese operado como un mecanismo de control para que empresas sin la capacidad para emprender proyectos de estas envergadura no hubiesen participado.

«Estamos mal o porque no hubo el rigor necesario o por falta de voluntad para que las cosas se hagan bien. El mecanismo para prevenir lo que finalmente pasó existe. Lo que no existe es la voluntad de hacerlo bien, la voluntad para ponerlo en vigor», sostuvo Sánchez Géigel.

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ACODESE reconoce cuatro organizaciones sin fines de lucro

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San Juan- La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) reconoció la labor y el impacto que realizan cuatro organizaciones sin fines de lucro en beneficio de distintas causas en la isla, mediante la entrega de donativos destinados a fortalecer sus servicios.

Las entidades beneficiadas fueron Centro de Diagnóstico para Inteligencias Múltiples, dedicada a apoyar a la niñez; Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, que trabaja en el desarrollo y bienestar de niños y jóvenes; Fundación Hogar Niñito Jesús, que ofrece albergue y protección a niños y niñas; y Fundación Casa de Salud Ven-Rose, que brinda apoyo a pacientes de cáncer y sus familias en Jayuya y la región montañosa de la isla.

La iniciativa forma parte de los esfuerzos de ACODESE por promover una cultura de colaboración y responsabilidad social entre sus miembros, reconociendo a organizaciones que, desde sus respectivas áreas de trabajo, contribuyen a atender necesidades de poblaciones vulnerables y a generar oportunidades para mejorar su desarrollo y calidad de vida.

“En ACODESE entendemos que ayudar a nuestras comunidades es parte del compromiso que tenemos hace muchos años como organización. Reconocer y respaldar la labor de estas entidades nos permite aportar a esfuerzos que tienen un impacto real en la vida de niños, jóvenes, pacientes de cáncer y sus familias. Este tipo de colaboración reafirma nuestra convicción de que el bienestar integral de Puerto Rico se construye también desde el apoyo y la solidaridad entre todos los sectores”, expresó la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE.

La Dra. Edna Vázquez Bonnet, fundadora del Centro de Diagnóstico para Inteligencias Múltiples, puntualizó que “en Puerto Rico hay niños que aprenden de forma diferente o tienen inteligencias múltiples. Se trata de niños que no aprenden mediante una corriente regular, y este tipo de apoyo es crucial para seguir evaluando, diagnosticando y proveerles el tratamiento especializado que necesitan para ser exitosos”.

Por su parte, Annie Santiago Tosado, directora de Desarrollo Institucional de la Fundación Hogar Niñito Jesús, manifestó que “gracias a este donativo podemos fortalecer nuestros servicios educativos, ofreciendo apoyo académico, materiales escolares, coordinación con las escuelas, tutorías y experiencias de aprendizaje que contribuyen al desarrollo integral de menores que han sido víctimas de maltrato y trauma”.

“Nos sentimos bendecidos de contar con este respaldo para continuar con esta obra que comenzó hace 120 años y continúa transformando la vida de niños y jóvenes. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta aportación”, indicó Padre Rodolfo Vega, director ejecutivo de la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos.

Asimismo, María de los A. Ortiz, presidenta de la Fundación Casa de Salud Ven-Rose, precisó que “esta aportación representa mucho más que una ayuda económica; es un hermoso gesto de solidaridad, sensibilidad y compromiso social que se transforma en salud, esperanza y bienestar para nuestros pacientes y sus familias. Gracias a este respaldo, podemos continuar fortaleciendo nuestros servicios y llevando atención de excelencia a quienes más lo necesitan en Jayuya y la región montañosa de Puerto Rico”.

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Deficiente Recursos Naturales en manejar la erosión costera

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El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no fue efectivo en fomentar la participación de los municipios y los sectores vulnerables en los procesos para prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos de la erosión costera, según informó la Contralora, Carmen Vega Fournier, tras la realización de una auditoría en la agencia.

La auditoría corresponde al período del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025.

De acuerdo con Vega Fournier, la auditoría examinó la capacidad del DRNA para prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos, de la erosión costera, la cual continúa causando daños significativos a comunidades, infraestructura pública y recursos naturales a lo largo de la costa del país.

Los resultados evidenciaron que el DRNA no fue efectivo en fomentar la participación de municipios y sectores vulnerables en los procesos de planificación y toma de decisiones, y que la comunicación y coordinación entre las partes involucradas fue insuficiente.

Solo una parte de los municipios costeros respondió a las encuestas enviadas y, entre los que participaron, se identificó falta de guías, ausencia de protocolos uniformes y dificultades para establecer estructuras organizacionales dirigidas a atender la erosión costera.

Las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro también señalaron carencias en adiestramientos, falta de atención a situaciones de emergencia y escasa comunicación por parte del DRNA, lo cual limita la capacidad de estas comunidades para prepararse y responder a los efectos de la erosión.

El informe también reflejó que el DRNA no completó oportunamente el inventario de propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costera, según requiere la Orden Ejecutiva OE‑2023‑009, lo que priva al país de información clave para tomar decisiones efectivas y eficientes en materia de mitigación y planificación territorial.

Igualmente, se observaron deficiencias en la utilización de fondos asignados mediante esa Orden Ejecutiva, pues varios municipios no habían completado los trabajos para los cuales recibieron fondos y, en algunos casos, estos fueron reprogramados para usos ajenos al propósito establecido.

La auditoría señaló, además, incumplimientos en las metas estratégicas y objetivos del Programa de Manejo de la Zona Costanera.

Aunque se lograron algunas metas, el DRNA no completó los objetivos establecidos en los planes Assessment and Strategies 2016‑2020 y 2023‑2025, particularmente iniciativas relacionadas con talleres, divulgación, creación de comités y procesos de consulta.

Esta falta de ejecución ha retrasado la capacidad del Gobierno para desarrollar y aplicar estrategias integrales de restauración y resiliencia costera.

Otros señalamientos relevantes incluyen la pérdida de oportunidades de obtener fondos federales destinados a la resiliencia climática por falta de conocimiento de convocatorias y la existencia de vacantes en el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, lo que ha limitado su operación y ha impedido el cumplimiento con su deber de evaluar y apoyar la aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

Este plan, remitido a la Asamblea Legislativa en abril de 2024, permanece sin acción legislativa y aún no ha sido enviado a la consideración de la gobernadora, lo que prolonga la ausencia de un marco formal para atender las necesidades urgentes de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.

La Contralora exhortó al Gobierno y al DRNA a atender con diligencia los asuntos identificados, completar los procesos administrativos pendientes, fortalecer la coordinación con los municipios costeros y mejorar el manejo de información y fondos relacionados con la erosión costera.

El Informe de Auditoría OC-27-27 está disponible en ocpr.gov.pr.

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La guerra de Trump en Irán amenaza la seguridad mundial

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Análisis por Ivana Kottasová y Brad Lendon, CNN

Cuando el presidente estadounidense Donald Trump lanzó su guerra con Irán, la calificó de “excursión” que duraría apenas unas semanas. Seis meses después, el conflicto se ha convertido en una pesadilla para casi todos los que están involucrados, aunque sea mínimamente.

Ha sido un desastre para el pueblo iraní, para los millones de personas que viven en otros lugares de Medio Oriente y para los consumidores de todo el mundo que están lidiando con precios más altos.

Sin embargo, los objetivos bélicos de Trump siguen sin cumplirse, a pesar de que las condiciones cambian constantemente: desde exigir inicialmente una rendición total de Irán, un cambio de régimen y el abandono de las ambiciones nucleares de la República Islámica, hasta demandar más recientemente simplemente la reapertura del estrecho de Ormuz y la detención del programa nuclear de Teherán.

Pero las consecuencias imprevistas de la guerra se han extendido mucho más allá de Medio Oriente, afectando a la seguridad mundial, mermando la posición de Estados Unidos en el ámbito internacional y, potencialmente, brindando a sus adversarios la oportunidad de expandir su influencia.

Mientras la administración Trump concentra toda su energía en intentar salir de la crisis autoinfligida en Irán, ha desviado la atención de otros posibles focos de conflicto globales en los que Estados Unidos ha estado involucrado durante mucho tiempo, incluidos Ucrania, Taiwán y el mar de China Meridional, y las dos Coreas.

Desde la decisión de Trump de reducir los ejercicios militares conjuntos anuales con Corea del Sur y retirar el único portaaviones estadounidense del Pacífico Occidental, hasta la grave escasez de interceptores de misiles balísticos en Ucrania, muchos de los efectos geopolíticos y de seguridad más importantes de la guerra podrían, en última instancia, sentirse mucho más allá de Medio Oriente, y aún no se han materializado.

Emily Harding, vicepresidenta del Departamento de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación con sede en Estados Unidos, afirmó que, si bien ninguno de los posibles focos de conflicto se ha convertido aún en una crisis a gran escala, existen buenas razones para estar preocupados.

“Este es el tipo de situación en la que los adversarios globales van a tomar nota y aprender más sobre cómo reacciona Estados Unidos en ciertos momentos para luego incorporarlo a su planificación. Pero todavía no hemos visto a nadie aprovecharse de ello”, indicó.

“Se trata más bien de que algunos cimientos se están debilitando, no de que estemos viendo cómo el edificio empieza a temblar”, opinó.

Ucrania y Rusia

Los ataques estadounidenses-israelíes han provocado una furiosa represalia por parte de Teherán. Drones, misiles balísticos y otros proyectiles iraníes han estado cayendo sobre bases estadounidenses y aliados en todo Medio Oriente.

Mientras Estados Unidos y sus aliados agotaban sus reservas de armas, parte de la munición originalmente destinada a Ucrania fue desviada.

El presidente Volodymyr Zelensky, declaró a CNN este mes que su país solo contaba con una décima parte de los misiles interceptores que necesitaba con urgencia para detener el aumento de los ataques con misiles balísticos rusos.

La escasez está teniendo consecuencias devastadoras para los ucranianos: este verano ha sido el período más mortífero para la población civil desde mayo de 2022.

La crisis petrolera mundial, provocada por la decisión de Irán de cerrar de facto el estrecho de Ormuz, también ha debilitado la campaña de presión económica del Gobierno de Trump contra Moscú.

Ante el aumento del precio de la gasolina en las gasolineras estadounidenses, Trump tomó la controvertida decisión de levantar algunas sanciones a las exportaciones de petróleo ruso para enfriar el mercado. Al hacerlo, Estados Unidos contribuyó a que Rusia obtuviera más fondos para financiar la guerra en Ucrania.

La interrupción global del comercio de petróleo, gas y fertilizantes causada por el cierre del estrecho también ha ayudado a Rusia a encontrar nuevos clientes.

Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín, afirmó que esto quedó demostrado cuando el presidente Vladimir Putin recibió a los líderes de los países del sudeste asiático en la ciudad rusa de Kazán en junio.

“La asistencia en Kazán fue impresionante: Nueve de los once jefes de Estado de la ASEAN estuvieron presentes, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia y un representante especial de Myanmar. Sobre todo, estos hombres decidieron emprender el largo viaje a Rusia debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado un aumento en los precios de la energía y los fertilizantes”, afirmó.

En cierto modo, la guerra con Irán ha beneficiado a Ucrania. Ha hecho que el resto del mundo se dé cuenta de que los más de cuatro años de guerra han convertido a Kyiv en una superpotencia de drones y han propiciado una serie de acuerdos de cooperación en materia de seguridad y promesas de suministro de municiones con varias naciones.

Las dos Coreas

La guerra con Irán ahora ensombrece otro posible foco de conflicto: la península coreana, que técnicamente lleva más de siete décadas en guerra ante la ausencia de un acuerdo de paz tras el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte de 1950-1953.

Estados Unidos ha estado profundamente involucrado en la región, con unos 28.500 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur. Pero la relación, que se remonta a décadas atrás, sufrió un revés este año cuando Trump redujo drásticamente los ejercicios militares conjuntos anuales Ulchi Freedom Shield con Seúl, alegando en parte la falta de apoyo de Corea del Sur a la guerra contra Irán.

El presidente también ha manifestado su disposición a dialogar con el líder norcoreano Kim Jong Un, quien ha estado supervisando un aumento constante del arsenal nuclear de su país y los lanzamientos regulares de misiles.

Según los analistas, las consecuencias de la reducción de los ejercicios militares afectan a la preparación en caso de que la guerra se reanudara en la península coreana a corto plazo, y entre sus efectos a más largo plazo se incluye el alargamiento del tiempo necesario para que Seúl asuma el control de sus tropas en tiempos de guerra, algo que buscan tanto los surcoreanos como los estadounidenses.

Funcionarios surcoreanos anunciaron esta semana la cancelación en junio de un segundo ejercicio militar, que consistía en desembarcos anfibios programados para septiembre.

En dichos ejercicios participarían infantes de marina estadounidenses estacionados en la isla japonesa de Okinawa, cuyas unidades participaron en el bloqueo de los puertos iraníes.

También está la cuestión del suministro y la logística, incluyendo el traslado de algunos interceptores de misiles estadounidenses de Corea del Sur a Medio Oriente durante los combates.

El Pentágono no ha revelado cuánto del inventario de interceptores se trasladó, pero los analistas señalan que es probable que se produzcan escaseces a largo plazo de interceptores clave como el sistema Patriot.

Taiwán y el mar de China Meridional

El despliegue del portaaviones USS George Washington, con base en Japón, en el Mar Arábigo para relevar al asediado USS Abraham Lincoln deja a Estados Unidos sin portaaviones en el Pacífico durante un tiempo indeterminado en caso de que surja la necesidad de uno.

Estados Unidos ha mantenido una presencia continua en el Pacífico durante más de dos décadas, con la excepción de un periodo de varias semanas en 2024.

La ausencia de un portaaviones en el área de responsabilidad de la Séptima Flota de EE.UU. plantea interrogantes para otros aliados regionales.

Filipinas estará particularmente preocupada dada la creciente actividad china en el mar de China Meridional, en torno a formaciones geográficas en disputa como el arrecife de Scarborough, que se encuentra en la zona económica exclusiva de Filipinas pero que está controlado de facto por Beijing.

Las tensiones entre Manila y Beijing se extienden hasta el banco de arena Second Thomas, que, al igual que Scarborough, se encuentra en las islas Spratly. En ambos lugares se han producido enfrentamientos marítimos entre personal filipino y chino.

Estados Unidos y Filipinas tienen un tratado de defensa mutua, y si las tensiones con China se intensificaran, no tener un portaaviones en la región podría poner a las fuerzas estadounidenses en clara desventaja, especialmente dadas las actuales dificultades con las reservas de municiones.

“Lo que más me preocupa es cómo se vería Estados Unidos en un posible conflicto con China”, declaró Harding. “No prevemos que eso ocurra pronto… pero si se produjera un conflicto con China, nos encontraríamos en una situación de escasez de municiones, específicamente de las que necesitaríamos para ese conflicto”.

Puntos de estrangulamiento globales

La guerra podría tener otras consecuencias devastadoras. Por ejemplo, si otros actores intentan utilizar como arma otros puntos estratégicos del transporte marítimo internacional.

“Todavía no lo vemos, pero si más adelante llegara un punto en el que alguno de esos países quisiera hacerlo, sin duda podrían señalar esto como un precedente”, sotuvo Harding.

Añadió que la gravedad del impacto de la guerra dependerá principalmente de cuánto tiempo siga Estados Unidos combatiendo.

“La administración Trump tiene que decidir qué es suficiente para lograr un resultado, y si lo único que es suficiente es la destrucción total del programa nuclear y lo que Israel quiere, que es un Irán internamente fracturado y dividido, entonces eso implica un compromiso a largo plazo, tanto en vidas como en recursos, y la economía mundial va a sufrir las consecuencias a largo plazo”, señaló.

Pero Trump también podría decidir que bastaría con hacer que el programa nuclear fuera “inutilizable”, añadió, algo que él sugirió que podría lograrse manteniendo los emplazamientos clave, actualmente destruidos y bajo los escombros, inaccesibles para Irán mediante ataques cada vez que Teherán intente acceder a ellos.

“No es una solución ideal, pero es viable. Y si eso basta, y si la debilitada red de aliados de Irán es suficiente, entonces lo que realmente hay que abordar es el estrecho de Ormuz, y eso es difícil y un poco costoso, pero ni de lejos tan costoso como lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo”, planteó.

Y agregó: “Desde la perspectiva iraní, lo único que tienen que hacer es sobrevivir, y lo están haciendo. Así que pueden mantener esta situación durante el tiempo que quieran”.

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