La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley la Medida de Administración 83, ahora Ley 111-2026, dirigida a fortalecer la supervisión financiera de las aseguradoras y organizaciones de servicios de salud en Puerto Rico mediante la actualización del Código de Seguros conforme a los estándares más recientes de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés).

La legislación moderniza el Capítulo 44 del Código de Seguros de Puerto Rico para incorporar nuevas herramientas de fiscalización y monitoreo financiero que permitan a la Oficina del Comisionado de Seguros evaluar de manera más efectiva los riesgos, la solvencia y la liquidez de las estructuras corporativas que controlan aseguradoras y organizaciones de servicios de salud.

“Con esta legislación continuamos fortaleciendo nuestro sistema regulatorio para garantizar la estabilidad del mercado de seguros y proteger a los consumidores puertorriqueños. La medida coloca a Puerto Rico a la par con los estándares nacionales más actualizados, fortalece la capacidad de supervisión de la Oficina del Comisionado de Seguros y promueve un mercado más sólido, competitivo y confiable”, expresó la gobernadora Jenniffer González Colón.

Entre las disposiciones de la nueva ley se encuentran la adopción de mecanismos para el cálculo del capital de grupo, la implementación de pruebas de resistencia de liquidez, la presentación de informes sobre riesgos empresariales y el fortalecimiento de los requisitos de confidencialidad relacionados con la información financiera que las entidades reguladas presentan a la Oficina del Comisionado de Seguros. Estas herramientas permitirán una identificación más temprana de riesgos financieros y una respuesta más ágil ante posibles vulnerabilidades dentro de los grupos aseguradores.

Asimismo, la legislación promueve una mayor uniformidad regulatoria con otras jurisdicciones de Estados Unidos, un elemento esencial para mantener la acreditación de Puerto Rico ante la NAIC y asegurar que la Isla continúe operando bajo los más altos estándares de supervisión financiera de la industria de seguros.

La medida también fortalece la colaboración entre la Oficina del Comisionado de Seguros y organismos reguladores estatales, federales e internacionales, permitiendo el intercambio de información bajo estrictos protocolos de confidencialidad para mejorar la supervisión prudencial de las entidades reguladas.

Con la firma de la Ley 111-2026, la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón demuestra su compromiso con la estabilidad financiera, la protección de los asegurados y el fortalecimiento de las instituciones regulatorias que velan por el bienestar económico de Puerto Rico.

Por Miguel Díaz Román

En una ponencia de cuatro páginas la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, (Acodese), reaccionó a las enmiendas introducidas por la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes al Proyecto de la Cámara 363, una medida que ha sido objetada por las entidad desde fue radicado por el representante Joe Colón Rodríguez en febrero de 2025.

El legislador indicó que el fin de la medida era «aclarar» una interpretación realizada por el Tribunal Supremo de la ley 247 de 2018, que permitió a los asegurados demandar civilmente a un asegurador y que impuso el pago de gastos de abogado de los demandantes a las aseguradoras que resulten culpables en los casos civiles.  

Según indica la medida, esa aclaración es necesaria para evitar que se «limiten los derechos de los asegurados». Se refiere al artículo 27.164 del Código de Seguros, que permite a un asegurado pueda radicar dos causas de acción civil contra su aseguradora. 

En el caso del Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre el Tribunal Supremo emitió una decisión en la que concluyó que «aunque el asegurado presente ambas causas de acción, el tribunal sólo podrá adjudicar a su favor una de ellas, a saber, la causa de acción seleccionada por el asegurado». 

El PC 363 introduce una enmienda para mantener la opción de que un asegurado pueda llevar dos causas de acción civil contra su aseguradora.

Requieren aclaraciones técnicas

En sus observaciones Acodese agradeció al representante Jorge Navarro Suárez, presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, dos enmiendas introducidas a la medida dirigidas a eliminar la imposición de honorarios de abogados hasta un 33% de la cantidad de dinero que se recupere, y  la eliminación del trámite de notificación previa ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) que tiene que realizar un asegurado antes de radicar una demanda contra su asegurador por prácticas desleales.

«Estas modificaciones al proyecto de ley original resultan positivas. Sin embargo, sostenemos respetuosamente que se requieren ciertas aclaraciones de carácter técnico y otras enmiendas para conformar la medida al estado de derecho vigente», sostuvo la directora ejecutiva de Acodese, licenciada Iraelia Pernas.

Pernas sostuvo que resulta necesario aclarar que no procede la duplicidad de indemnización por daños por una misma conducta, ya sea negligente, culposa o en violación de ley. La entidad sostuvo que tampoco procede duplicar otros remedios contemplados en la ley 247 de 2018, tales como costas, honorarios de abogado y daños punitivos.

Contra la duplicidad de indemnización

Planteó que tales remedios, como la compensación por daños y perjuicios, «no forman parte del riesgo cubierto bajo pólizas de propiedad o de contingencia emitidas a los asegurados. Dichas exposiciones se satisfacen con cargo al capital del asegurador, y no bajo los términos de cobertura de la póliza. Por tanto, una exposición duplicativa, sólo atacará de manera directa, minando al capital del asegurador ya que esa exposición no está contemplada en las pólizas de propiedad».

El artículo 27.164 del Código de Seguros, según está mencionado en el PC 363,  se trata de una acción civil contra una aseguradora por diversas violaciones relacionadas  con prácticas desleales en la cancelación y en el ajuste de reclamaciones. Además, el inciso 6 del citado artículo dispone que este remedio no sustituye otras acciones legales disponibles bajo el Código Civil o leyes federales, tales como demandas por daños y perjuicios y por incumplimiento de contrato.

La licenciada Pernas advirtió que «de no aclararse en la ley sobre la improcedencia de remedios duplicativos bajo múltiples estatutos por la misma conducta, se estaría propiciando un tratamiento adverso, discriminatorio e injustificado, al permitir la imposición de indemnizaciones duplicadas por daños y perjuicios aplicando solamente a los aseguradores».

La abogada recordó que como argumento persuasivo se mencionó que en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos sí permiten la dualidad de remedios,  un señalamiento que alude directamente a lo expresado por la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, en una comunicación que le envió al representante Navarro Suárez para respaldar las nuevas enmiendas al PC 363. 

Atentado contra el capital

Del Valle Lecároz dijo que en los estados de Texas, Luisiana y Florida permiten presentar simultáneamente una demanda por actos de «mala fe» contra un asegurador  junto con otras causas de acción como el incumplimiento de contrato o las demandas por daños y perjuicios.

Sobre este aspecto Pernas le imploró a la asamblea legislativa que considere que la Isla es más vulnerable a los eventos catastróficos debido a que está ubicada en la ruta de los huracanes y cerca de las fallas que causan terremotos, lo cual se agrava con el cambio climático. 

Advirtió que  el mercado de seguros de propiedad y contingencia del país se compone principalmente por entidades aseguradoras de capital local y no por aseguradoras multinacionales como en los Estados Unidos.

«Establecer una dualidad de remedios podría traer efectos adversos significativos al capital de nuestros aseguradores, pues Puerto Rico podría convertirse en un paraíso para bufetes de abogados y fondos de inversión», sostuvo Pernas.

El peligro de exceder los límites de la póliza

La directora ejecutiva de Acodese también señaló que resulta imprescindible corregir el lenguaje propuesto para el artículo 27.164 (6), que contempla que los daños que puedan adjudicarse bajo la ley 247 de 2018 «podrán exceder los límites de la póliza». 

La abogada planteó que las pólizas de propiedad vigentes en Puerto Rico están basadas en formularios de la Oficina de Servicios de Seguros (ISO), que es el organismo tarifador autorizado por la OCS.

«Aclaramos que las pólizas de propiedad no cubren la responsabilidad extracontractual del asegurador. Por tanto, la referencia a que la indemnización pudiera exceder los límites de la póliza no resulta técnicamente correcta y podría inducir a error a los tribunales y a los asegurados», sostuvo. 

«Aludir a la posibilidad de exceder los límites de la póliza crea la impresión de que la indemnización por mala fe del asegurador estaría dentro de los límites de las pólizas de propiedad y no es correcto. Cualquier indemnización al asegurado por daños y perjuicios, honorarios de abogados o intereses, se paga independiente a la póliza», dijo Pernas. 

De hecho, Pernas declaró  la necesidad de eliminar tales alusiones a favor de que se excedan los límites de la póliza para evitar la «inseguridad jurídica y distorsiones en el mercado asegurador».

Sostuvo que avalar que se excedan los límites del contrato de seguro por imposición legislativa es una modificación contractual sin sustento actuarial en la prima que resultaría perjudicial y trastocaría el equilibrio del sistema de suscripción y tarifación de riesgos. 

«Además, constituye un menoscabo de obligaciones contractuales, lo que resulta constitucionalmente prohibido. Por ello, proponemos eliminar cualquier referencia a superar los límites de la póliza, manteniendo así la coherencia con el marco contractual y actuarial vigente», argumentó Pernas.

Junto con su escrito, Acodese incluyó una versión del PC 363 con las enmiendas que favorece y anunció que si eran adoptadas «no tendríamos objeción a la aprobación de la medida».

Anticipa más pleitos

Pernas reclamó retirar de la exposición de motivos cualquier referencia desfavorable e injustificada de la respuesta de la industria aseguradora tras el huracán María. «Es ampliamente reconocido que los casos que culminaron en litigio constituyen una mínima proporción», dijo.

De hecho, la abogada anticipó que la aprobación de PC 363 sin cambios generará más pleitos, retrasará la resolución de las reclamaciones e incrementará el costo del seguro y los únicos que se  beneficiarán serán los abogados y fondos de inversión que llegaron a Puerto Rico luego de Irma y María «con el único propósito de enriquecerse, no de velar por el bien de los asegurados ni los intereses de los constituyentes puertorriqueños».

Finalmente, el escrito recordó que el estado de la Florida produce cerca del 70% de los litigios de seguros a nivel de la nación a pesar de solo poseer el 14 % de los pleitos judiciales. 

«En Florida, la legislatura tuvo que eliminar disposiciones del Código de Seguros relacionadas a las causas de acción de «mala fe» ante la salida de múltiples aseguradores, el desinterés del mercado reasegurador mundial y el incremento sin precedentes en el costo del seguro, lo que eventualmente obligó al estado a crear una aseguradora ante la falta de opciones privadas de  seguro», señaló Pernas, en una especie de advertencia del escenario que podría enfrentar el país con la aprobación del PC 363. 

«Es fundamental que tanto la legislatura, el regulador y los tribunales velen por los derechos de los asegurados y los aseguradores. Esta legislación, sin las enmiendas que se proponen, se aleja de los mejores intereses de los asegurados y de las aseguradoras y su aprobación como está causará un grave perjuicio a la estabilidad del mercado asegurador», concluyó Pernas.

Por Miguel Díaz Román

La Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, favoreció tres enmiendas introducidas al Proyecto de la Cámara 363, una medida que ha sido objetada por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, (Acodese), debido a que, se ha basado en premisas falsas en relación con la respuesta de la industria de seguros a las reclamaciones causadas por el huracán María.

Alegadamente, esas premisas falsas pretenden justificar beneficios como el pago de honorarios de abogado a los asegurados que demanden a las aseguradoras en los tribunales.

La posición a favor de la medida de parte de Del Valle Lecároz  consta en una comunicación escrita que la funcionaria envió ayer, 8 de junio de 2026,  al representante  Jorge Navarro Suárez, quien es el presidente de la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes. 

Aunque el PC 363 estaba en calendario ayer no bajó para votación en la Cámara de Representantes. No obstante, lo que sí ocurrió ayer es que se conoció la nueva versión de la medida enmendada, para la cual  se espera que en los próximos días Acodese dé a conocer su posición. 

Se espera que la nueva versión del PC 363 se presente a votación antes de que culmine la presente sesión ordinaria el 30 de junio. De hecho, existe una gran expectación sobre si la medida bajará para votación el próximo jueves cuando se reanuden los trabajos de la sesión ordinaria en la Cámara de Representantes. 

En síntesis, Del Valle Lecároz  favoreció que se eliminara el trámite de notificación previa ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) que tiene que realizar un asegurado antes de radicar una demanda contra su asegurador por prácticas desleales. 

Notificación opcional

Pero la Comisionada propuso que se mantenga la notificación como alternativa opcional para el asegurado que entienda que este trámite puede agilizar la resolución de su reclamación.

Según  fue concebida la notificación en la medida en su versión original , «la parte afectada deberá notificar por escrito al Comisionado y a la aseguradora de la violación.  La aseguradora tendrá un término de 60 días para remediar la misma. El Comisionado, de entender que la notificación por escrito es insuficiente o vaga, devolverá la misma y el término de 60 días no comenzará a cursar hasta tanto se subsane la deficiencia identificada por el Comisionado».

También señala esa versión que «el asegurador autorizado que sea el destinatario de la notificación deberá notificar al Comisionado sobre la resolución de la presunta violación, acompañado por un acuerdo de conformidad y satisfacción firmado por el reclamante o su representante».

«Coincidimos en que, según propuesto en este proyecto, se dilucide exclusivamente de manera judicial la acción de daños por actos de «mala fe» contra el asegurador, sin estar sujeto o condicionado a un proceso de notificación o cualquier otro trámite administrativo previo en la OCS. No obstante, sugerimos que se mantenga la notificación como alternativa opcional al asegurado en caso de entender que este trámite previo puede agilizar la resolución de su reclamación sin tener que recurrir al tribunal», explicó la Comisionada.

Dos causas de acción

Otra de las enmiendas avalada por Del Valle Lecároz es aquella establecida en el artículo 27.164 del Código de Seguros, que permite a un asegurado pueda radicar dos causas de acción civil contra su aseguradora. 

Se trata de una acción civil contra una aseguradora por diversas violaciones relacionadas  con prácticas desleales en la cancelación y en el ajuste de reclamaciones, según el artículo 27.164. El inciso 6 del citado artículo dispone que este remedio no sustituye otras acciones legales disponibles bajo el Código Civil o leyes federales, tales como demandas por daños y perjuicios y por incumplimiento de contrato.

No obstante, el Tribunal Supremo emitió una decisión en el caso del Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre en la que concluyó que «aunque el asegurado presente ambas causas de acción, el tribunal sólo podrá adjudicar a su favor una de ellas, a saber, la causa de acción seleccionada por el asegurado». 

Respondiendo al deseo de mantener la opción de que un asegurado pueda llevar dos causas de acción civil contra su aseguradora se eliminó del inciso 6 una disposición que indicaba que «sin embargo, los tribunales o foros adjudicativos están impedidos de procesar y adjudicar ambos recursos o causas de acción».

El texto de inciso 6 enmendado lee como sigue:  «el recurso civil especificado en este artículo (artículo 27.164- remedios civiles) no sustituye cualquier otro recurso o causa de acción prevista en virtud de cualquier otro estatuto o de conformidad con las leyes de Puerto Rico o las leyes federales aplicables. Cualquier persona podrá reclamar bajo las disposiciones generales referente a materia de contratos y derecho extracontractual y daños y perjuicios, según contemplados en el Código Civil de Puerto Rico. Los daños recuperables de conformidad con este artículo incluirán aquellos daños que son un resultado razonablemente previsible de una violación específica de este artículo por la aseguradora autorizada y puede incluir una adjudicación o juicio por un monto que exceda los límites de la póliza».

Tribunal dirá cuantía honorarios de abogado

La Comisionada respaldó su apoyo a esta disposición destacando que los estados de Texas, Luisiana y Florida permiten presentar simultáneamente una demanda por actos de «mala fe» contra un asegurador junto con otras causas de acción como el incumplimiento de contrato o las demandas por daños y perjuicios.

«La OCS coincide con la enmienda que propone el proyecto ya que permitiría que ambas causas de acción puedan coexistir en una misma demanda, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales para cada una y que las mismas sean adjudicadas individualmente», indicó Del Valle Lecároz en la comunicación escrita.

En relación con el monto de los honorarios de abogado o compensación a imponer a favor de asegurado, la nueva versión de la medida eliminó el artículo 27.165 del Código de Seguros, el cual imponía «el 33 % del monto recuperado».

En la comunicación escrita Del Valle Lecároz menciona una alegada enmienda que se propone para el artículo 27.165. En la versión de PC 363 que ha circulado en la Cámara de Representantes no figura un texto de la mencionada enmienda.   

No obstante, la Comisionada señaló  que «sugerimos que se especifique que esta compensación sea independiente de la compensación al asegurado o beneficiario que adjudique e! Tribunal! o foro. En ese sentido, se propone que se conceda al foro judicial la facultad de determinar la cuantía y que dicha compensación se adjudique como una adicional a la reclamada como parte de la demanda a beneficio del asegurado o reclamante».

Por Miguel Díaz Román

Fuentes de SN indican que el Proyecto de la Cámara 363 será llevado a votación mañana lunes a pesar de que es objetado por las aseguradoras del país, quienes sostienen que la medida se ha basado en premisas falsas y en estadísticas erróneas con el propósito de justificar más beneficios a los afectados por los huracanes Irma y María, los cuales redundarán en una ganancia significativa para los bufetes de abogados que suelen litigar contra las aseguradoras en los tribunales.

La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, (Acodese), ha denunciado que el PC 363 , por ejemplo, propone que las aseguradoras paguen los gastos de abogado de los asegurados, lo cual es una iniciativa que causará un alza en los costos de reaseguro y por supuesto, redundará en un aumento en el costo de las primas de los seguros de propiedad.

Un informe interno de la aseguradora Mapfre considera que la medida podría facilitar reclamaciones menos fundamentadas debido a que se elimina el formulario de notificación previa, y podría aumentar el riesgo de la doble compensación y permitiría múltiples causas de acción por el mismo daño.

Otros efectos atribuidos a la medida es la posible exposición financiera de aseguradoras y el enriquecimiento injusto de asegurados demandantes, de sus abogados y de los llamados fondos de inversión que han adquirido la representación legal de numerosos consejos de titulares de condominios.

Una tendencia a preferir los litigios y un alza en los costos y en la duración de estos, es otra de las consecuencias generadas por la medida.

El representante Jorge Navarro Suárez, quien es el presidente de la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, dijo que desconocía las medidas que bajaran para consideración del pleno de la Cámara de Representantes mañana lunes.

El legislador también manifestó ignorar lo que «estuviera trabajando la Comisión», en referencia a la Comisión de Banca y Seguros que él preside.  

La fuente sostuvo que el PC 363 será «llevado a votación el lunes (mañana 8 de junio de 2026). Resulta sorprendente que se impulse en este momento, aparentemente por razones de corte populista. Tal como señalamos en nuestra comunicación, se trata de una iniciativa innecesaria y con implicaciones negativas».

Informe positivo

A pesar de que el PC 363 recibió un informe positivo el 19 de junio de 2025 de parte de la Comisión de Banca y Seguros, la medida no fue incluida en paquete de proyectos para votación en la etapa final de la primera sesión ordinaria que finalizó el 30 de junio de 2025. 

Durante la segunda sesión ordinaria el informe rendido por la Comisión fue retirado del calendario de la Cámara el 28 de agosto de 2025  y la medida fue referida a la Comisión. El 14 de octubre de 2025, tras la inclusión de varias enmiendas, la medida recibió un segundo Informe Positivo pero no fue incluida entre las medidas para votación en el pleno de la Cámara.

No obstante, de acuerdo con la fuente, en la presente sesión legislativa, que es la tercera sesión ordinaria del cuatrienio, la mayoría del Partido Nuevo Progresista bajaría el PC 363 mañana lunes 8 de junio de 2026.

El PC 363 propone enmiendas en la Ley 247 de 2018, que permitió, entre otras disposiciones, a los asegurados demandar civilmente a un asegurador por incurrir en ciertas prácticas desleales descritas en el Código de Seguros. Además, la ley avala, en cumplimiento con determinadas disposiciones, que las aseguradoras paguen los gastos de abogado de los asegurados. 

Preocupan los derechos de asegurados

El PC 363 fue radicado por el representante Joe Colón Rodríguez. La Exposición de Motivos de la medida indica que su aprobación es necesaria para aclarar la contradicción que surgió entre la interpretación realizada por el  Tribunal Supremo de la ley 247 de 2018 y la intención del legislador cuando fue aprobado ese estatuto. 

Según indica la medida, esa aclaración es necesaria para evitar que se «limiten los derechos de los asegurados». 

No obstante, la aseguradora Mapfre ha ido más lejos al afirmar que la medida intenta revertir lo que el Tribunal Supremo dispuso en tres pleitos que involucra los consejos titulares de tres condominios. En tales pleitos los consejos de titulares, quienes impugnaron a la aseguradora Mapfre, no se les concedió una partida para compensar por el costo de los honorarios de abogados.

«En dichos litigios, a pesar de estar disponibles los remedios a nuestros asegurados, en estos casos, los asegurados sencillamente no cumplieron con la letra de la Ley 247 a pesar de estar asesorados por sus abogados y, por tanto, no merecieron una partida de honorarios de abogados.No demostraron la violación bajo la Ley 247 y no cumplieron con las notificaciones que con claridad la ley lo disponía», sostuvo la licenciada Hilda Surillo Pena, quien es la vicepresidenta ejecutiva y asesora jurídica de la aseguradora Mapfre, en una comunicación enviada a la Cámara de Representantes el pasado 17 de octubre de 2025.

Los tres casos en los que intervino el Tribunal Supremo son: el Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre; Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II v. Mapfre y Consejo de Titulares del Condominio Kings Court 76 v. Mapfre.

Sin evidencia

Según la licenciada Surillo Pena, la exposición de motivos del PC 363 contiene información incorrecta sobre la gestión de las aseguradoras en el manejo de reclamaciones de los huracanes Irma y María. 

La abogada alega que no hay evidencia en que la mayoría de los pleitos obedecen a la temeridad de las aseguradoras y tampoco existe evidencia sobre que las indemnizaciones irrazonables forzaron a los asegurados a radicar pleitos en los tribunales Tampoco existe evidencia que indique que la mayoría de los pleitos se radicaron debido a un retrasó el pago de parte de las aseguradoras. 

Aún así la exposición de motivos repite el relato generalizado sobre que las aseguradoras le fallaron a los asegurados. De hecho, la OCS había informado que de un universo de 303,999 reclamaciones se presentaron 3,808 demandas entre 2019 a 2021. 

En ese contexto la rama judicial ha informado en 2025 que quedaban 85 demandas activas en los tribunales, lo que representa aproximadamente un 2% de las demandas y un .03% de las reclamaciones.

Incluso, la licenciada Surillo Pena señaló que las 303,999 reclamaciones presentadas tras los huracanes Irma y María, la OCS recibió un total de 1,985 querellas por parte de los asegurados con relación al manejo de sus reclamaciones, una cantidad que «no es representativa de la insatisfacción generalizada de los asegurados».

Forzadas a radicar pleitos

Otra situación que resalta las contradicciones en la exposición de motivos es que menciona la falta de “indemnizaciones razonables”, cuando en realidad lo que se ha registrado son reclamaciones exageradas. Según Mapfre, las aseguradoras han sido forzadas a radicar pleitos judiciales pues las reclamaciones no se podían resolver salvo por una adjudicación judicial. 

Entre estas figura el reclamo del Condominio Villas de Hato Tejas v. Mapfre, donde reclamaban $17,186,034.65 y el Tribunal de Primera Instancia (TPI) adjudicó y el Tribunal de Apelaciones (TA) confirmó $869,999.70; Condominio Bahía del Mar v. Mapfre, donde reclamaban $1,804,624.72 y el TPI adjudicó y el TA confirmó $100,430.33; Consejo de Titulares del Condominio Alturas de Caldas vs. Mapfre, donde reclamaban $3,047,699.56 y el TPI adjudicó $493,113.48, entre otros.

Una estadística levantada en la unidad de litigios de Mapfre, según mencionó la licenciada Surillo Pena, concluye que el promedio lo finalmente pagado por sentencia o estipulación representa un 10% a 15% de lo reclamado. «Es por tanto, que las indemnizaciones por cuantía expresadas en las demandas, no son realistas a lo que corresponde en las pérdidas y el pago por indemnización al reclamante», comentó la vicepresidenta de Mapfre.

Cuatro enmiendas

Además, el PC 363 introduce cuatro enmiendas de efecto retroactivo a la ley 247 de 2018, que buscan eliminar la posibilidad de nuevas interpretaciones del Tribunal Supremo afecten «los derechos de los asegurados». 

La primera de ellas impone a la aseguradora el pago de honorarios de abogado a favor del asegurado en caso de cualquier adjudicación adversa bajo dicho artículo.La segunda elimina las condiciones previas y de índole jurisdiccional que debe cumplir el asegurado antes de radicar una demanda bajo el Art. 27.164. 

La tercera avala que un asegurado obtenga el beneficio de dos remedios bajo el Art. 27.164 junto con cualquier otra causa de acción.

La cuarta enmienda le impone  a las aseguradoras, bajo el Art. 27.165, el pago del 33% del monto recuperado, como honorarios o compensación adicional para el asegurado. Esta compensación estará disponible ante cualquier sentencia de un tribunal, foro administrativo, o proceso de mediación.

Efecto nefasto

Acodese sostuvo que el PC 363 favorece intereses económicos ajenos a los asegurados, lo cual es un escenario que ya experimentó el estado de Florida.

«Estas enmiendas propuestas solo beneficiarán a los abogados y, a la larga, el consumidor que terminará perjudicado al enfrentarse a primas más altas o, peor aún, a un escenario de falta de aseguradores y reaseguradores», dijo Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de Acodese.

Pernas reveló que las enmiendas que pretende introducir el PC 363 son «una copia exacta» de las secciones 624.155 y 627.428 del Código de Seguros de Florida, que estuvieron vigentes antes de 2019 y que causaron en «efecto nefasto» en la industria de seguros de ese estado. 

Sostuvo que, aunque Florida sólo representó el 14.9% de las reclamaciones nacionales de seguros de propiedad en 2022, ese estado concentró el 70.8% de los litigios, generando costos de defensa y litigación de aproximadamente $2.9 mil millones. 

«Estos costos finalmente fueron trasladados a los consumidores mediante primas elevadas», sostuvo Pernas.