Fundación Mapfre anuncia ayudas para investigación por 275.000 euros

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Fundación Mapfre ha lanzado una nueva edición de sus ayudas a la investigación Ignacio H. Larramendi por importe total de 275.000 euros, dirigidas a investigadores o equipos de investigación del ámbito académico y profesional, que desarrollen su trabajo de forma independiente o en el marco de universidades, hospitales, empresas o centros de investigación a los que estén adscritos y cuyo objeto de estudio esté relacionado con la promoción de la salud o el seguro y la previsión social.

Las ayudas para promover proyectos de investigación vinculados a la salud están dotadas individualmente con 30.000 euros brutos, como máximo. Los trabajos podrán versar sobre la prevención de la obesidad, fomento de la actividad física y bienestar emocional (incluyendo el uso adecuado de nuevas tecnologías); la educación en man iobras de emergencia para la población general; la valoración del daño corporal; la gestión sanitaria y la longevidad e influencia de los estilos de vida , entre otros.

Estas ayudas también se destinan a investigadores interesados en impulsar proyectos relacionados con el seguro , gerencia de riesgos, nuevas tecnologías en el ámbito asegurador y la previsión social: pensiones, ahorro, inversión, licuación patrimonial y economía sénior (economía de la longevidad), quienes recibirán hasta un máximo de 15.000 euros brutos por ayuda.

El ámbito de esta convocatoria es mundial y los proyectos pueden presentarse en español , inglés y portugués hasta el 22 de octubre de 2026. Las bases pueden consultarse en: https://www.fundacionmapfre.org/media/premios -ayudas/investigacion -ignacio –
larramendi/bases -larramendi -es-2026.pdf

Sobre Fundación Mapfre, La Fundación tiene presencia en más de 30 países y lleva más de 50 años sirviendo a la sociedad. En Puerto Rico, desde 2004 impulsa proyectos de prevención y seguridad vial, salud, cultura, acción social y educación, beneficiando a miles de personas en toda la isla.

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Despiden a Javier Lugo Rullán para sacar a Helga Méndez de la AT

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Por Miguel Díaz Román

El director ejecutivo la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA),  el licenciado Javier Lugo Rullán, fue despedido de manera fulminante por el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, en lo que representa una continuación del terremoto político que está ocurriendo al interior de la Autoridad de Tierras (AT) y del Departamento de Agricultura (DA).

El despido, que fue realizado el pasado lunes, tiene como objetivo, alegadamente,  «hacer espacio» para la eventual remoción de la directora ejecutiva de la AT, Helga Méndez Soto, quien pasaría a ocupar la vacante que deja la salida de Lugo Rullán.

Fuentes del DA sostienen que el despido de Lugo Rullán obedeció a un decisión arriesgada que puede generar consecuencias adversas, pues el ex funcionario abandona la CSA en plena temporada de huracanes, la cual comenzó el pasado 1 de junio y finaliza el próximo 30 de noviembre. 

A Lugo Rullán se le considera un administrador efectivo que ha dirigido la CSA durante los pasados 10 años, incluyendo el convulso periodo tras el paso del catastrófico huracán María. 

Además,  a Lugo Rullán se le atribuye tener valiosos contactos en el Departamento de Agricultura Federal, una agencia que figura como reasegurador de la CSA.

Rullán impidió remover a Helga

La fuente sostuvo que en gran medida el despido de Lugo Rullán es el resultado de su oposición a que se le designara al cargo de director ejecutivo de la AT. De hecho, el rechazo del funcionario a dirigir la AT fue lo que impidió que el secretario de Agricultura, alegadamente,  pusiera en vigor «su plan de remover a Méndez Soto de la AT».

Varias voces autorizadas sostuvieron que «Irving le dice a todo el mundo que sí y luego Helga le pone trabas al visto bueno del secretario. Helga no respeta al secretario». 

De acuerdo con las fuentes, en numerosas ocasiones la funcionaria ha cuestionado y resistido las directrices de Torres Rodríguez, un comportamiento que se atribuye a que Méndez Soto no siente que «le debe fidelidad al secretario porque ella fue designada al cargo por la gobernadora».

De hecho, el despido de Lugo Rullán y la posible salida de Méndez Soto de la AT podría constituir una oportunidad para que Rodríguez Torres logre consolidar su  liderato frente a una masa de subalternos escéptica y poco entusiasmada. 

A favor de Pierluisi

Otro factor de peso para justificar el despido es que Lugo Rullán hizo campaña a favor del ex gobernador Pedro Pierluisi durante la polémica primaria en la que prevaleció la hoy gobernadora Jenniffer González Colón. 

No obstante, la posibilidad de que el despido responda al apoyo de Lugo Rullán a Pierluisi ha dejado estupefactos a determinados sectores en el DA, quienes alegan «que fue mezquino botar a Rullán por esa razón porque Irving también apoyó a Pierluisi».

Alegadamente, según sostienen las fuentes, Rodríguez Torres se identificó como aliado de Pierluisi al principio de la primaria  y luego favoreció a González Colón. 

«Esa es la espina tiene Helga, Jorge Quiles y otros. Ellos apoyaron desde el principio a Jenniffer y una persona como Irving, que estuvo con Pierluisi y después se cambió, lo han nombrado para secretario», dijo una de las fuentes.

Rivera Schatz como causa de acción

Esas fuentes sostienen que podría existir otra razón de mayor peso para justificar el despido de Lugo Rullán, la cual aún no se ha divulgado.

De hecho, las fuentes indican que es muy posible que  la salida intempestiva de Lugo Rullán responda a la «definición de bandos», en el contexto de una inminente primaria entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, y la gobernadora González Colón.

«Es evidente que en esa definición de bandos a Rullán se le ve como un  hombre de Rivera Schatz y no como un aliado de la gobernadora. La eliminación de los destaques de funcionarios del Ejecutivo en la Legislatura y en otras áreas del gobierno es parte de esa definición de bandos que ya comenzó», dijo la fuente. 

No está del todo claro que Méndez Torres abandone la AT luego de la salida de Lugo Rullán de la CSA debido a que «el cargo que ocupa fue una decisión de la gobernadora».

«Recuerda que ella recibió una designación directa de la gobernadora. Si eso cambia es porque la gobernadora y Francisco Domenech lo han aprobado y hay mucha gente que no quiere que Helga siga en la AT», sostuvo una fuente conocedora de las fuerzas externas, integrada por desarrolladores y agricultores influyentes, quienes han estado exigiendo que la funcionaria no continúe dirigiendo la agencia que controla más de 83,000 cuerdas de terreno con verdadero valor agrícola. 

Nadie quiere a Helga

«Nadie quiere a Helga en la AT. Todo el mundo la quiere afuera», reiteró otra fuente. 

Alegadamente esas fuerzas externas han estado acaparando fincas de la AT y violentando la limitación de los 500 acres que figura en la ley matriz de la entidad pública.

De acuerdo con las fuentes, en el trasfondo de la controversia que precipita la salida de Méndez Soto están las gestiones que del acaudalado e influyente agricultor Mike Mc Closcky, quien, alegadamente,  ha estado interesado en renegociar el canon y la extensión de los contratos de alquiler de terrenos de la AT que ha obtenido a través de sus múltiples corporaciones.

«Mc Closky quiere que le bajen la renta por cuerda, las quiere bien baratas y en  contratos a 50 años. Es injusto cuando hay agricultores pagando hasta $200 por cuerda en contratos a corto plazo». dijo otra fuente. 

De acuerdo con agricultores de la zona este del país, Mc Closky o sus representantes han estado realizando acercamientos a determinados agricultores que tienen fincas alquiladas en la AT para adquirir sus contratos de arrendamiento. 

Mc Closky a la carga

Agricultores de la zona este del país dedicados al ganado de carne se han comunicado con SN para denunciar que Mc Closky, por medio de un emisario, les ha ofrecido saldar sus deudas con la AT y pagarles $200 por cuerda para que estos le cedan sus contratos de arrendamiento. 

Mc Closky posee cientos de cabezas de ganado de carne en un vasto territorio que, alegadamente, suman más 3,000 cuerdas de terrenos, y la gran mayoría de ellas son fincas de la AT que el acaudalado agricultor ha alquilado o adquirido los contratos de arrendamiento que determinados agricultores tenían con la corporación pública.

Los agricultores han resentido los acercamientos porque los consideran un intento del acaudalado agricultor de eliminar competidores con el fin de dominar la producción de carne del país.

Alegadamente, Mc Closky estaría ubicando en una porción de tales fincas amplios parques de placas fotovoltaicas en acuerdo con fondos federales previamente asignados por el Departamento de Energía Federal para promover las energías renovables. 

Estas asignaciones estarían llegando a su fin en los próximos meses debido a que la administración del presidente Donald Trump ha establecido como política pública promover los combustibles fósiles para producir energía.

Stubbe contra la mensura

Otra oferta que se le ha presentado a los agricultores que logren un acuerdo con Mc Closky, es que podrían integrar la entidad Procarne, que es una cooperativa cerrada a la participación de nuevos socios. 

Un asunto polémico detrás de la posible salida de Méndez Soto son los trámites del desarrollador Federico Stubbe, a quien la pasada administración del ex secretario de Agricultura,  Ramón González Beiró, le aprobó vender una importante finca ubicada en la zona entre Toa Alta y Dorado.

De acuerdo con la fuente, aún la venta no se ha concretado y, alegadamente, Méndez Soto favorece que se realice una mensura para determinar con precisión la extensión de la finca, lo que se ha interpretado como una medida para retrasar la transacción y entorpecer los planes del Stubbe.

Los atrasos en el pago de las asignaciones de los legisladores con cargo al Fondo de Mejoras Municipales (FMM) es otra razón para que el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos «Jhonny» Méndez Núñez, también favorezca que Méndez Soto sea removida de la posición de directora ejecutiva de la AT. 

Alegadamente, el presidente cameral ha resentido el dilatado trámite al que han sido sometidas las asignaciones de los legisladores del polémico FMM. 

Según las fuentes, Méndez Núñez ha ejercido presión para que «se le dé luz verde» a las asignaciones de los legisladores, muchas de las cuales se encuentran atascadas en un largo túnel «de verificación y cumplimento porque nadie quiere ir preso».

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Fallido intento de investigar el redondeo en la legislatura

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Por Miguel Díaz Román 

Debido a que  el gobierno federal dejará de producir monedas de un centavo, el Senado aprobó una medida  que crea un sistema uniforme y obligatorio para el redondeo de pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano, la cual ha sido puesta en duda por otra medida que propone investigar el uso del redondeo ante la posibilidad de que los consumidores enfrentan aumentos en el costo de los productos de consumo y en determinadas transacciones.

La primera medida, el Proyecto del Senado 1288, fue radicado por el senador Gregorio Matías Rosario, y la segunda, la Resolución del Senado 547, fue presentada por la senadora Nitza Morán Trinidad.

No obstante, pese a las implicaciones que podría tener el redondeo, pues de acuerdo cómo se aplique puede beneficiar a los consumidores, quienes podrían recibir una reducción en el precio,   o a las empresas, quienes podrían obtener una ganancia, especialmente en transacciones con un alto volumen, ambas medidas no lograron el total  aval legislativo. 

En la Cámara de Representantes el PS 1288 fue referido a una Comisión y la RS 547 se colgó en el Senado debido a que recibió un informe negativo.

El PS 1288 dispone que el redondeo sólo aplicará a transacciones en efectivo una vez calculados los impuestos y prohíbe que los comerciantes manipulen los precios para obtener beneficios.

Además, le exige a los comercios informar claramente al consumidor sobre el ajuste realizado y faculta al Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) y al Departamento de Hacienda a fiscalizar su cumplimiento. 

La medida no propone investigar las implicaciones del redondeo, tampoco atiende las transacciones electrónicas e ignora los pagos con tarjetas, cheques, ATH Móvil, transferencias electrónicas ni otros métodos de pago digital. 

También evade sumergirse en territorios financieros de mayor calado como los contratos de venta condicional de automóviles, contratos de arrendamiento, financiamiento para pólizas de seguros, préstamos de consumo, préstamos hipotecarios y productos financieros de cantidades limitadas, que suelen ser utilizados por familias de bajos ingresos limitados. 

Hacia arriba, hacia abajo

La RS 547 ordena a la Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo del Senado investigar los efectos de la terminación en la producción de centavos y el uso del redondeo en las transacciones en efectivo. 

Pero la medida advierte que los préstamos, las hipotecas, las tarjetas de crédito, las líneas de crédito, las cuentas de ahorro y otros productos bancarios y de cooperativas se podrían afectar con el redondeo.

La resolución argumenta que según dejen de circular los centavos en el mercado, los negocios que manejan efectivo podrían tener que redondear los totales al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando no puedan dar el cambio exacto.

La medida presenta un cuestionamiento inescapable: ¿quién asume la diferencia cuando un total se redondea hacia arriba (a favor de los comercios) o hacia abajo (a favor del consumidor)?

Luego advierte que el cambio no solo afectará a los consumidores que realizan compras en efectivo, sino a los pequeños y medianos negocios y también repercutirá en las transacciones bancarias y en las cooperativas. 

La medida plantea que es necesario establecer reglas claras para evitar que el sistema de redondeo representa un alza en el costo para los consumidores, especialmente para aquellos que no tienen acceso al pago electrónico, que es un territorio en el que suelen transitar los sectores económicamente más desventajados.

Posible efecto en compras rutinarias

Incluso, la RS 547 plantea que los pagos en efectivo que no sean múltiplos de cinco centavos podrían generar dudas sobre cómo tratar los abonos a capital, los intereses, los cargos por servicio, las comisiones y los cargos por morosidad.

La exposición de motivos de la resolución afirma que el cambio podría afectar las compras rutinarias en Puerto Rico, donde “numerosos bienes y servicios desde compras pequeñas en colmados y panaderías, hasta pagos de gasolina o consumos en restaurantes, se siguen fijando y cobrando al centavo”.

La medida cita un análisis del Banco de la Reserva Federal de Richmond y afirma que el redondeo puede operar como un «impuesto al redondeo» cuando los precios terminan en 9 centavos o cuando los ajustes tienden a favorecer el redondeo al alza.

El informe negativo contra la RS 547, firmado por el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, también menciona que la Reserva Federal de Richmond concluyó que cuando el redondeo se aplica de manera neutral al total final de una compra, los efectos económicos promedio sobre los consumidores y comerciantes resultan mínimos y tienden a compensarse mutuamente. 

Controversia «especulativa» 

«Estos hallazgos sugieren que los posibles efectos económicos asociados a la desaparición gradual del centavo son considerablemente más limitados de lo que se presume con frecuencia en el debate público», establece el informe negativo.

De hecho, el informe cataloga la controversia planteada por la resolución como «especulativa» porque  «se fundamenta en escenarios futuros cuya magnitud real aún no puede determinarse».

El informe negativo descarta que el redondeo provoque efectos adversos en las transacciones en efectivo, al mencionar que datos de la Reserva Federal reflejan que «solo alrededor del 14% de los pagos realizados por consumidores estadounidenses se efectúan en efectivo».

También rechaza la posibilidad de que las transacciones a través de tarjetas de crédito, tarjetas de débito y otros medios electrónicos se vean afectadas por el redondeo porque «continúan liquidándose exactamente al centavo».

En su informe Rivera Schatz se inclina a favor de PS 1288.  «A tales fines, mediante Ia consideración de dicha iniciativa Legislativa (el PS 1288), se atienden los asuntos medulares que la resolución (la RS 547) ante la consideración de esta Comisión propone investigar.Por todo lo cual, la comisión de Asuntos Internos del Senado de Puerto Rico no recomienda la aprobación de Ia Resolución del Senado 547».

Ni aumento de precio ni cargo adicional

En el redondeo hacia abajo, que es favor del consumidor, si el total de la factura termina en 1, 2, 6 o 7 centavos, el precio baja al múltiplo de 5 más cercano, lo que implica que el consumidor paga menos. 

Si la transacción termina en .01 o .02 centavos, baja a .00.  Por ejemplo, si el total a pagar es $10.02 baja a $10.00. 

En cambio, si termina en .06 o .07 centavos baja a .05 centavos. Por ejemplo, si el total a pagar es $10.07, el precio baja a $10.05. 

En el redondeo hacia arriba, que es a favor del comercio, si el total a pagar termina en 3, 4, 8 o 9 centavos, el precio sube al múltiplo de 5 más cercano. Esto implica que el consumidor pagará un poco más.

Si la transacción termina en .03 o .04 centavos, sube a .05 centavos. Por ejemplo, si la compra asciende a $10.03 sube a $10.05. 

Pero si la compra termina en .08 o .09 centavos, sube a .10 centavos. Por ejemplo, si el precio de la compra es $10.08 sube a $10.10. 

El PS 1288 dispone que el redondeo se realizará «de manera automática, uniforme y sin discreción del comerciante» de la siguiente manera:

Cuando el total termine en uno (1) o dos (2) centavos, se redondeará hacia abajo; cuando termine en tres (3) o cuatro (4) centavos, se redondeará hacia arriba; cuando termine en seis (6) o siete (7) centavos, se redondeará hacia abajo; y cuando termine en ocho (8) o nueve (9) centavos, se redondeará hacia arriba. La medida no indica por qué se seleccionó esa fórmula. 

También sostiene que las cantidades terminadas en cero (0) o cinco (5) centavos no serán alteradas. Además, el PS 1288 declara que » el ajuste realizado en virtud de esta ley no se considerará un aumento de precio ni un cargo adicional al total de la transacción. El redondeo podrá aplicarse, finaliza la medida, al total de la transacción o al cambio entregado, siempre que el resultado final cumpla con la metodología establecida.

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Advierten colapso de UPR por presupuesto insuficiente

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Por Miguel Díaz Román

El posible colapso de la Universidad de Puerto Rico (UPR) a consecuencia de la crisis fiscal que arrastra el principal centro educativo del país fue denunciado por los representantes de la comunidad académica en la Junta de Gobierno de la institución.

Por medio de una carta abierta, los representantes de la comunidad académica alertaron sobre los graves efectos que enfrenta el sistema educativo, la investigación científica y el desarrollo económico del país como resultado del presupuesto insuficiente impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

La JSF impuso su propio presupuesto para la UPR de $566 millones luego de descartar el presupuesto presentado por la administración universitaria debido a que no no cumplía con la Ley PROMESA.

El nuevo presupuesto de la UPR eleva la aportación al sistema de pensiones a $177.1 millones, luego de que la JSF realizara su propio estudio actuarial tras determinar que la aportación que proponía la UPR era insuficiente.

«El presupuesto propuesto para el año fiscal 2027 entregado a la Junta de Supervisión no es fiscalmente responsable debido a que contribuye a la insuficiencia de fondos para el plan de pensiones de la UPR y, por lo tanto, es incosistente con el plan fiscal revisado del 2021”, sostuvo la JSF en una carta enviada a la administración de la UPR.

La presidenta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), María del Mar Rosa Rodríguez, había advertido de que el plan de pensiones de la UPR enfrenta un déficit de $44.5 millones.

«Durante años, la UPR ha soportado recortes presupuestarios que han reducido personal, limitado programas académicos, deteriorado la infraestructura y afectado servicios esenciales. Hoy, la controversia relacionada con una obligación aproximada de 44.5 millones de dólares para el Sistema de Retiro vuelve a colocar a la institución en una posición de vulnerabilidad e incertidumbre», señalaron los representantes de la comunidad académica en la carta abierta.

A continuación la carta abierta:

6 de julio de 2026

Carta abierta al país en defensa de la Universidad de Puerto Rico
Al pueblo de Puerto Rico:

La Universidad de Puerto Rico (UPR) atraviesa uno de los momentos más difíciles de su historia.
Lo que hoy enfrenta nuestra universidad pública no es solo un problema de presupuesto; es una
situación que pone en riesgo el acceso a la educación superior, la investigación científica, el
desarrollo económico del país y el futuro de miles de estudiantes.

Durante años, la UPR ha soportado recortes presupuestarios que han reducido personal, limitado
programas académicos, deteriorado la infraestructura y afectado servicios esenciales. Hoy, la
controversia relacionada con una obligación aproximada de 44.5 millones de dólares para el
Sistema de Retiro vuelve a colocar a la institución en una posición de vulnerabilidad e
incertidumbre.

Es importante que el país comprenda que el Sistema de Retiro no representa un privilegio. Es el
resultado de décadas de trabajo y de compromisos adquiridos con profesores, empleados y
pensionados que dedicaron su vida al servicio de la Universidad. Cumplir con esas obligaciones
no debe verse como un gasto innecesario, sino como una responsabilidad jurídica, ética y moral.

Nos preocupa profundamente que la Universidad continúe siendo evaluada únicamente desde una
perspectiva fiscal. La UPR no es un gasto; es una inversión para Puerto Rico. De sus once recintos
han egresado la mayoría de los médicos, ingenieros, maestros, enfermeros, abogados, científicos,
trabajadores sociales, artistas y profesionales que sostienen el funcionamiento del país. Además,
gran parte de la investigación científica que se realiza en Puerto Rico surge precisamente de la
Universidad pública.

Debilitar la UPR tiene consecuencias que trascienden sus salones de clases. Significa menos
oportunidades para los jóvenes, menos investigación para resolver los problemas del país, menor
desarrollo económico y una mayor dependencia del exterior. Cuando se debilita la Universidad,
pierde Puerto Rico.

Reconocemos que la situación financiera exige soluciones responsables. Sin embargo, esas
soluciones no pueden consistir únicamente en imponer nuevos recortes o continuar reduciendo la
capacidad de la institución para cumplir su misión. La Universidad necesita un plan serio,
transparente y participativo que permita atender sus obligaciones fiscales sin sacrificar la calidad
académica ni los derechos de su comunidad universitaria.

La defensa de la Universidad exige un liderazgo firme, diligente, visible y plenamente presente.
La Presidencia de la UPR y la Junta de Gobierno tienen la responsabilidad indelegable de actuar
con transparencia, informar oportunamente al país, defender los intereses institucionales y
encabezar un proceso de recuperación que genere confianza dentro y fuera de la Universidad. En
una coyuntura tan grave, la comunidad universitaria no necesita excusas, silencios ni gestos
simbólicos; necesita resultados concretos, comunicación clara, decisiones responsables y acciones
verificables. Por eso, resulta inaceptable y profundamente irresponsable que, cuando la
universidad enfrenta compromisos urgentes e impostergables, la presidenta, la doctora Zayira
Jordán Conde decida tomar vacaciones. Esa decisión refleja una preocupante falta de sentido de
urgencia, debilita la confianza institucional y envía un mensaje de indiferencia ante la magnitud
de la crisis que atraviesa la universidad pública.

De igual forma, hacemos un llamado a la Junta de Supervisión Fiscal para que reconozca el valor
estratégico de la Universidad de Puerto Rico. Ningún país fortalece su economía debilitando su
principal institución pública de educación superior. Invertir en la UPR es invertir en el desarrollo
económico, la innovación, la investigación, la salud, la agricultura, la cultura y el futuro de Puerto
Rico.

Por ello, hacemos un llamado al Gobierno de Puerto Rico, a la Junta de Supervisión Fiscal, a la
Presidencia de la universidad, a la Junta de Gobierno y a todos los sectores del país para que
asuman con urgencia los siguientes compromisos:
 Proteger el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico.
 Garantizar la estabilidad del Sistema de Retiro y el cumplimiento de las obligaciones con
los pensionados.
 Evitar nuevos recortes que afecten la enseñanza, la investigación y los servicios
estudiantiles.
 Presentar un plan público, transparente y verificable para atender la situación fiscal de la
institución.
 Fortalecer la gobernanza universitaria mediante una administración responsable,
participativa y comprometida con la misión pública de la universidad.

La Universidad de Puerto Rico pertenece a todo el pueblo. Defenderla no es una causa exclusiva
de estudiantes, profesores o empleados; es una responsabilidad colectiva. Cada generación que ha
pasado por sus aulas ha contribuido al desarrollo de nuestro país y cada generación futura merece
tener esa misma oportunidad.

La historia demuestra que Puerto Rico siempre ha salido adelante gracias al conocimiento, el
talento y el compromiso de su gente. La UPR ha sido pieza fundamental en esa historia. Permitir
que continúe debilitándose sería renunciar a una de las herramientas más importantes para
construir un mejor futuro.

Hoy hacemos un llamado a la unidad, al diálogo y a la acción. La universidad necesita el
respaldo del país, porque defender la UPR es defender la educación pública, la investigación, la
justicia social, el desarrollo económico y las oportunidades de las futuras generaciones de
puertorriqueños.

La Universidad de Puerto Rico no es un gasto. Es la mayor inversión que Puerto Rico puede
hacer para su futuro.

Dr. Rafael Méndez Tejeda
Representante Claustral
Dr. William Muñíz Rivera
Representante Claustral
Benjamín Rivera Meléndez
Representante Estudiantil Subgraduado

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Carreteras inteligentes: avances tecnológicos por la seguridad vial

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Las carreteras inteligentes están llamadas a ser la próxima revolución en movilidad. Sistemas físicos y digitales que integran sensores, tecnología avanzada, análisis de datos e IA transformarán cualquier trayecto en un viaje más seguro, eficiente y conectado.

Aunque su propósito ha sido el mismo durante siglos, la historia de las carreteras ha estado llena de grandes saltos evolutivos. Desde las calzadas del Imperio romano hasta el asfalto del siglo XX, o las autopistas de gran capacidad, cada paso técnico ha respondido a una necesidad social: más comercio, más velocidad, más seguridad. Tras el avance en movilidad sostenible, el siguiente gran hito lo marcarán las carreteras inteligentes. Así lo prevé, por ejemplo, un informe del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), que define estas infraestructuras como redes físicas y digitales donde se integra tecnología avanzada para crear “una única red vial inteligente”.

¿Qué es una carretera inteligente?
Según el informe del COIT, las carreteras inteligentes son capaces de comunicarse con los vehículos, recibir datos en tiempo real de sensores y estaciones meteorológicas, integrarse con plataformas de gestión de tráfico y procesar información mediante analítica avanzada e IA. Su objetivo principal es claro: mejorar la seguridad vial, proporcionando al usuario “una información de mejor calidad, más variada y rápida”, lo que se traduciría en menos accidentes.

Hasta el momento, la tecnología que se está implantando para este logro es:

Sensores de tráfico y climatología conectados.
Paneles de mensaje variable inteligentes.
Sistemas de balizamiento conectados.
Vigilancia aérea con drones.
Plataformas de gestión que analizan y redistribuyen información en tiempo real.
La gestión del tráfico, optimizada mediante la recopilación de y análisis de datos, permite ajustar los tiempos de los semáforos, habilitar carriles de doble sentido de forma dinámica o generar rutas alternativas. Como consecuencia adicional, se reducen emisiones gracias a una circulación más fluida.

¿Qué papel cumple el coche en esta revolución?
Esta transformación de las infraestructuras viales tiene que ir necesariamente ligada a una evolución de los vehículos, punto estratégico mostrado por un informe impulsado por la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Transportes, a través de la Asociación Mundial de la Carretera (PIARC). Para evaluar el avance, se ha establecido una clasificación internacional de la automatización (con niveles del 0 al 5). Según un estudio de 2022, el 62% de la oferta de turismos en España incorpora un nivel 2, mientras que un 23% está preparado para un nivel 3, aunque no está autorizado aún plenamente en carretera.

Este despliegue tecnológico plantea, sobre el terreno, importantes desafíos que no se han podido aún anticipar, como posibles desconexiones del sistema —provocadas o accidentales—, contradicciones entre los fabricantes y la falta de experiencia del conductor medio. El estudio gubernamental concluye que la evolución de las carreteras debe supeditarse al usuario: es la infraestructura la que se adaptará progresivamente a las capacidades reales de los vehículos.

España apuesta por el avance y la regularización
En paralelo a la investigación técnica, es necesario crear una clasificación que indique la viabilidad de los proyectos y favorezca su regulación. Por ese motivo, España promovió la Clasificación de Carreteras Inteligentes (CCI) en el seno de la Asociación Mundial de la Carretera. El desarrollo del proyecto fue adjudicado a la Universitat Politècnica de València, que propuso un sistema de cinco niveles:

Carretera Humana (HU): No admite automatización.
Carretera Asistida (AS): Admite automatización parcial con menos desconexiones.
Carretera Automatizada (AT): Soporte físico adecuado más conectividad.
Carretera Totalmente Automatizada (FA): Compatible con vehículos que pueden operar de forma autónoma con condiciones específicas.
Carretera Autónoma (AU): Uso exclusivo para vehículos pueden circular en cualquier condición y lugar sin intervención humana.
El objetivo de esta clasificación es mejorar la seguridad vial mediante un lenguaje común comprensible tanto para conductores como para sistemas automatizados. Además, distingue entre la capacidad física de la vía y el soporte de conectividad digital, subrayando que no resulta eficiente implementar conectividad avanzada en tramos donde la infraestructura física provoca desconexiones frecuentes.

Éxitos y desafíos de las carreteras inteligentes
Los proyectos piloto, reflejados en los citados informes, y las tecnologías emergentes, muestran que las carreteras inteligentes no son un concepto futurista, sino una realidad. Iniciativas como la carga dinámica de vehículos eléctricos en movimiento, los pavimentos fotovoltaicos o los carriles dedicados a vehículos autónomos apuntan a un modelo de transporte más seguro, eficiente y sostenible. A nivel internacional, Europa ya ha llevado a cabo múltiples pruebas que confirman esta transición hacia unas infraestructuras conectadas y reafirman la visión de un sistema de movilidad capaz de anticipar riesgos, optimizar el flujo del tráfico y reducir emisiones.

Los beneficios de esta tendencia son innegables:

La seguridad vial se refuerza mediante una información más precisa y en tiempo real.
La gestión dinámica del tráfico y la respuesta inmediata ante emergencias.
La eficiencia operativa se incrementa al planificar mejor las inversiones, priorizar los tramos estratégicos y disminuir la congestión.
Además, este avance se hace en un contexto de búsqueda de materiales respetuosos con el medioambiente y la transición energética.
Sin embargo, la implantación masiva también conlleva importantes desafíos, como la ciberseguridad y la protección de datos, de nuevo en el centro de la seguridad y la coordinación entre administraciones, profesionales del sector y usuarios. Los costes asociados son aún incalculables y su adaptación normativa promete ser complicada. Además, implica también una aceptación social, que solo puede ser progresiva. Con todo, estos proyectos reflejan que las carreteras inteligentes no solo transformarán la forma de conducir, sino también la manera en que concebimos la propia infraestructura vial.

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Los terremotos no matan; la falta de prevención sí

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Por la Dra. Edna Vázquez Bonnet, presidenta de Bonnet Insurance Brokerage Corporation

La reciente dupleta sísmica de 7.2 y 7.5 que sacudió a Venezuela, cuya cifra de muertos sigue aumentando, nos obliga a recordar la tragedia de Turquía del 6 de febrero de 2023.

La magnitud de ambos terremotos fue diferente, así como sus consecuencias humanas; sin embargo, los dos eventos nos dejan una misma reflexión: los terremotos ponen a prueba la calidad de nuestras construcciones y la capacidad de nuestros gobiernos para prevenir desastres. 

Un terremoto no mata por sí solo; lo que mata son los edificios que colapsan cuando no fueron diseñados, construidos, inspeccionados y mantenidos adecuadamente. 

Los expertos coinciden: el terremoto es un fenómeno natural, pero la magnitud de la tragedia responde a factores humanos como construcciones deficientes, incumplimiento de códigos, falta de inspecciones y supervisión, materiales de baja calidad, amnistías que legalizaron edificios inseguros y décadas sin fiscalización.

Condominos envejecidos

Esa es la principal lección que debemos analizar en Puerto Rico, porque vivimos sobre una zona sísmica muy activa y no estamos resilientes. Nuestro Código de Terremotos se promulgó por primera vez en 1987; imaginen en qué estado se encuentran los edificios construidos antes de esa fecha, muchos de los cuales nunca han sido inspeccionados.

No contamos con inspecciones obligatorias ni con un código de mantenimiento rutinario, y tenemos condominios con más de 50 años, envejecidos, construidos con códigos antiguos, muy expuestos a la corrosión y que requieren de un retrofit. 

Lo vemos en el Condado, en Isla Verde y alrededor de toda la isla: hormigón despellejado, el cáncer de la corrosión y aires acondicionados sobre aleros que provocan colapsos. Recordemos el edificio Surfside en Miami, donde fallecieron hermanos puertorriqueños, una tragedia que costó más de mil millones de dólares sin incluir el costo de vidas. 

Un edificio mal mantenido es un edificio vulnerable que no soportaría un terremoto, ni una bombogénesis, que ocurre cuando una tormenta se intensifica de manera rápida.

Inspecciones obligatorias

A esta realidad se suma el cambio climático, una amenaza real que no tomamos en cuenta. Ya vemos el aumento del nivel del mar, la corrosión acelerada y estructuras que no resisten en zonas como Condado, Isla Verde, Ocean Park y Luquillo. 

Los eventos climáticos extremos, los aguaceros intensos, las inundaciones, las sequías y las olas de calor son cada vez más frecuentes y castigan estructuras que ya están desatendidas. 

¿Qué debe hacer Puerto Rico? Desarrollar una política pública permanente que incluya inspecciones obligatorias de edificios, programas de mantenimiento preventivo, cumplimiento estricto de los códigos de construcción, evaluaciones estructurales periódicas, educación a las juntas de condominios debidamente adiestradas y planes de mitigación antes del desastre, no después. 

En el manejo de riesgos existe un principio fundamental: es mucho más económico prevenir que reconstruir. La prevención salva vidas y protege el patrimonio, las inversiones, la infraestructura crítica y la continuidad económica del país. 

Hay una buena noticia llena de esperanza: la Resolución 201, presentada desde el 2023, pretende crear un sistema obligatorio de inspección y recertificación de edificios existentes. El gobierno debe actuar poniéndolo en vigor.

La importancia del seguro

El otro pilar de nuestra resiliencia es el seguro. El seguro es la herramienta que protege y restaura al individuo y a las empresas luego de cualquier catástrofe o accidente; su propósito es devolverle al estado en que se encontraba antes de la pérdida. 

Sin seguro no hay respaldo económico. ¿Qué pasaría si una dupleta sísmica como la de Venezuela o Turquía llegase a Puerto Rico? ¿De qué manera vamos a restaurar y levantar edificios y viviendas? Con el seguro tendremos la garantía de construir un nuevo país, y el gobierno debe tener seguros catastróficos suficientes para atender una verdadera catástrofe.

Hay que desterrar los mitos. El seguro no es un gasto innecesario: es una inversión de continuidad que lo posiciona en los mismos términos y condiciones en que estaba antes de la pérdida. 

Y pensar que después de pagar la casa ya no se necesita seguro es un gravísimo error: estamos en una inflación donde lo que ayer costaba $5 hoy cuesta $10. Más de la mitad de las casas en Puerto Rico no están aseguradas, y eso es catastrófico. El esfuerzo de 30 años puede perderse en segundos por un fuego, una inundación, un terremoto o una bombogenesis, que ocurre cuando una tormenta se intensifica de manera rápida.

El huracán María nos enseñó por qué muchos no cobraron sus reclamaciones: no aseguraron adecuadamente ni conforme al valor de reemplazo de la estructura, no tuvieron la orientación de un corredor de seguros con experiencia con vasto conocimiento y no contaban con una aseguradora de solvencia económica con clasificación A, según AM Best. 

Los terremotos son inevitables; las tragedias no

En María quebraron dos, Real Legacy e Integrand. Por eso recomiendo planificar, construir residencias sismorresistentes y valorar periódicamente su propiedad, por lo menos cada dos años, para determinar correctamente cuánto costaría reconstruirla hoy si mañana ocurre una pérdida total. 

La decisión de adquirir una póliza no debe fundamentarse exclusivamente en el precio: sino en la fortaleza financiera, el respaldo de reaseguro y la orientación de un corredor competente son los factores que garantizan que la promesa de pago de la póliza se cumpla cuando ocurra el siniestro. 

Esto aplica también a nuestras pymes: para el pequeño comerciante, asegurarse debe ser parte de su estrategia de supervivencia y crecimiento. La recuperación de un país está en los seguros individuales; las personas tienen que entender la importancia de ser responsables por ellas mismas y no esperar que el gobierno les pague.

Usted como propietario tiene derecho a conocer. Si sospecha que su edificio está en mal estado, vaya a la administración de su condominio y exija a la Junta de Directores que cumpla con su deber fiduciario de informar. Los terremotos son inevitables; las tragedias humanas no. 

El mejor momento para fortalecer nuestros edificios fue ayer; el segundo mejor momento es hoy, y puede significar vidas salvadas. Tenemos que prepararnos, prevenir y actuar. En Bonnet Insurance estamos disponibles para asesorar y hacer las cosas como Dios manda. Para más información llame al 787-723-1950.

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José Huertas Torres enfrenta 25 cargos por obras no realizadas en la quebrada Margarita

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Por Miguel Díaz Román

Los fiscales especiales independientes de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) radicaron ayer 10 cargos criminales contra José Miguel Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp, de la que era su presidente, en el caso de fraude y apropiación ilegal de fondos públicos asignados por legisladores por medio del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) para rehabilitar la quebrada Margarita en Guaynabo.

El FMM está adscrito a la división de Infraestructura Rural de la Autoridad de Tierras (AT).

Estos 10 cargos son adicionales a los 15 cargos que ya los fiscales del OPFEI habían radicado contra Huertas Torres, lo que implica que el ex funcionario de la legislatura y de la AT enfrenta 25 cargos relacionados con las obras no realizadas en la quebrada Margarita, según confirmó la fiscal especial independiente Fabiola Acarón Porrata Doria.

Los 10 cargos criminales contra Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp están relacionados con un fraude que involucra una asignación legislativa ascendente a $380,000.

Estos fondos fueron asignados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia (CCSF), para las mejoras de la quebrada Margarita. El CCSF es una entidad sin fines de lucro que carece de experiencia en proyectos de construcción. La obra de infraestructura fue otorgada por el CCSF a la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp, que era presidida por Huertas Torres.

Huertas ya tenía 15 cargos

Según informó la OPFEI, la acusación incluye dos cargos por violaciones al Artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico, relacionados con fraude, y otros ocho cargos por infracciones al Artículo 182 del Código Penal por apropiación ilegal grave de fondos públicos.

Los fiscales de OPFEI ya habían radicado contra Huertas Torres 15 cargos relacionados con una asignación de $1.2 millones de fondos del FMM al CCSF para mejoras en la quebrada Margarita. Según los fiscales, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.

Los cargos, que fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 4 de noviembre de 2025, incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, perjurio, persuación de testigos, destrucción de prueba y falsificación de documentos, entre otros.

La entonces fiscal de la OPFEI, Zulma Fuster Troche, indicó que los fondos fueron transferidos a distintas corporaciones y depositados en diversas cuentas bancarias para luego ser utilizados en el pago de tarjetas de crédito y en sufragar gastos privados incurridos por el imputado.

«Tony» Soto en el medio

La entonces fiscal sostuvo que una porción indeterminada de los fondos fue retirada en efectivo de esas cuentas bancarias por Huertas Torres. Fuster Troche renunció al OPFEI el pasado 31 de marzo.

Tanto la asignación de $380,000 como la asignación de $1.2 millones fueron originadas por el ex legislador Antonio «Tony» Soto Torres.

De hecho, el ex representante Soto Torres, quien creó la legislación que permitió que el FMM pasara a ser administrado por la AT, y el señor Heriberto Andújar, quién era el pastor de la CCSF y quien recibió las asignaciones legislativas para hacer mejoras en la quebrada Margarita que nunca fueron realizadas, recibieron acuerdos de inmunidad de parte de la OPFEI.

Sobre los 10 cargos criminales radicados ayer contra Huertas Torres la jueza Milagros Muñiz Mas, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa probable para arresto en todos los cargos. Cinco cargos fueron presentados contra Huertas Torres y otros cinco contra la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp.

Contra Huertas Torres y la corporación se impuso una fianza de 20,000 dólares por cada cargo, para un total de 200,000 dólares.

La vista preliminar para juicio quedó pautada para el 14 de julio de 2026.

Huertas emula a Dorally Rivera

Además de la fiscal Acarón Porrata Doria, en la radicación de cargos también participaron los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Gisela Alfonso Fernández.

La defensa de Huertas Torres presentó una petición de desestimación al sostener que los fiscales actuaron sin autorización legal porque, alegadamente, se excedieron de los términos establecidos en la ley matriz de de la OPFEI para realizar la investigación y para radicar los cargos.

Estos son los mismo argumentos que sostuvo la defensa de la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, a quien los fiscales de la OPFEI le imputaron un cargo por incumplimiento del deber en la vista preliminar para arresto celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 4 de noviembre de 2025.

El Supremo pide más argumentos

El Tribunal de Apelaciones de San Juan avaló los argumentos de la defensa de Rivera Martínez y desestimó la denuncia por negligencia en el cumplimiento de deber. Según la licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de la imputada, la OPFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violentó el debido proceso de ley.

Otro de sus argumentos es que la OPFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente.

Sellés Ríos alegó que los fiscales de OPFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia».

Los fiscales de la OPFEI presentaron un recurso de certiorari (de revisión) ante el Tribunal Supremo, para que se deje sin efecto la desestimación de los cargos contra Rivera Martínez y que el caso se devuelva al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los trabajos.

El Tribunal Supremo ha solicitado a las partes que realicen una nueva presentación de sus argumentos a favor y en contra de la desestimación del único cargo que pesa contra Rivera Martínez, ordenada por el Tribunal Apelativo . El término para presentar esos argumentos finaliza la semana próxima.

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Denuncian JCF favorece bonistas mientras condena pensionados a la pobreza

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Por Dr. José Alameda
Presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público

A 10 años de la Ley PROMESA seguimos viendo ejemplos de cómo la aprobación de dicha ley y la Junta no han funcionado. La Junta de Control Fiscal (JCF) no es mejor que los gobiernos que nos llevaron a esta crisis fiscal.

Nos cuesta miles de millones su operación y está regalando millones en pagos extras a bonistas mientras nuestros presupuestos gubernamentales están desbalanceados, no hay estabilidad fiscal ni económica y el pago- aún reestructurado- de la deuda pública sacrifica a gran parte de nuestro pueblo.

Más de 60,000 pensionados del gobierno central viven por debajo de la línea de pobreza federal — la misma que usa el gobierno de los Estados Unidos. La pensión promedio anual de $12,238 queda más de $3,200 por debajo del umbral de $15,440.

Llevan 18 años sin un ajuste por el costo de vida. Una persona retirada del gobierno central y de los municipios recibe $500 menos al mes de lo que debería si su pensión hubiera sido ajustada por el costo de vida.

Terrible impacto

La JCF en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central (PADELA) prohibió cualquier aumento a las pensiones o ajuste por inflación por los próximos 10 años, aún si hay fondos disponibles.

Nuestro análisis demuestra que esta decisión con terrible impacto en la vida y subsistencia de miles de adultos mayores no es por falta de fondos. Hay dinero, pero las prioridades son otras.

Entre 2022 y 2025, el gobierno pagó $1,523 millones en pagos extras al pago regular de la deuda a los dueños de bonos —fondos de inversión de Wall Street. Estos pagos extras a los bonistas es cinco (5) veces lo que costaría ajustar las pensiones al costo de vida actual.

Nuestro informe también demuestra que estos pagos extras a los bonistas no sólo evidencian el impacto desproporcionado en las personas pensionadas del PAD, sino que también destapa la farsa que ha sido el supuesto alivio a la deuda que tanto ha pregonado la Junta y el Gobierno de Puerto Rico que lo avaló.

COLA no ayuda

El supuesto “recorte” de la deuda que logró la JCF es, en realidad, de apenas un 31% cuando se cuentan todos los pagos reales y en el caso de los bonos de obligación general sería un 19% o menos el alivio o recorte real a la deuda.

Por tanto, PROMESA y su Junta no han representado un verdadero comienzo o “fresh start” para el gobierno en quiebra y ni tampoco representó una mejor esperanza para las personas pensionadas a quién el gobierno también le debía.

Ayudaría aplicar un ajuste por el costo de vida (COLA por sus siglas en inglés), que es un aumento anual a la pensión para atender el efecto de la inflación con el fin de que el pensionado no pierda poder de compra.

Lamentablemente los números demuestran que aplicar el COLA no alcanza para resolver el problema.

Para los empleados del gobierno central, incluso con el COLA más alto analizado — 2.8% — todavía quedarían 58,668 pensionados bajo la línea de pobreza, apenas 1,745 menos que sin ningún ajuste.

Estabilidad en la vejez

Para los maestros, con un COLA de 2.5%, el grupo de 81 años o más seguiría por debajo del umbral. El daño acumulado de 18 años sin protección no se repara con un ajuste parcial.

Aún con las implicaciones nefastas del PADELA, el gobierno tiene alternativas para hacerle justicia a las miles de personas pensionadas, desde bonificaciones adicionales hasta créditos contributivos que permitan atenuar el impacto negativo y desigual que ha representado la quiebra del gobierno para miles de nuestras familias.

Nuestras personas pensionadas no son números en una hoja de cálculo. Son los maestros y maestras que nos educaron y enseñaron a nuestros hijos e hijas. Los empleados que decidieron quedarse por décadas trabajando en el gobierno y que siguieron las reglas que les pusieron.

No pidieron pensiones millonarias. Pidieron estabilidad en la vejez, después de toda una vida de servicio. La pregunta que debemos hacernos como pueblo es simple: ¿es justo que un fondo de inversión de Wall Street reciba $381 millones anuales en bonificaciones mientras un maestro retirado de 75 años vive por debajo de la línea de pobreza?

En este informe también aportaron Abner Dennis, la doctora Dahil Colón y el doctor Ricardo
Fuentes.

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Cierre de hospitales colapsará sistema de salud

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Por Miguel Díaz Román

Un escenario financiero catastrófico que desencadenará hasta 20 bancarrotas y cierres rápidos de hospitales amenaza el sistema de salud del país si no se aprueba la extensión de los fondos federales de Medicaid, cuya asignación especial aprobada por el Congreso de Estados Unidos expira el 30 de septiembre de 2027, sostuvo Jorge Galva, quien es el ex director ejecutivo de la
Administración de Seguros de Salud (ASES).

En entrevista con SN Galva dijo que el cierre de hasta 20 hospitales provocará el colapso inmediato de una parte de la red regional de atención médica del país.

“La isla se enfrenta a una previsión financiera catastrófica de cara a 2027. Las disposiciones legislativas temporales que ampliaron la tasa federal de aportación de Medicaid al 76% para el Plan Vital de Puerto Rico está programadas para expirar en septiembre de 2027. Si el Congreso no interviene para ampliar o reformar permanentemente este mecanismo de financiación, la contrapartida federal volverá a caer hasta un devastador 55%. Expertos locales en salud pronostican que este cambio desencadenará una ola de hasta 20 bancarrotas hospitalarias y cierres rápidos durante 2026 y 2027, colapsando efectivamente partes de la red regional de atención de la Isla”, sostuvo Galva.

Colapso sistémico

Durante la recientemente celebrada convención Health Policy Conference 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón advirtió que si la aportación federal del Medicaid se reduce a 55% en 2027 habrá una caída de $3,500 millones en fondos federales y una pérdida total estimada de $5,400 millones en producción económica. Además, sostuvo que entre 700.000 y un millón de beneficiarios del plan Vital podrían perder su cobertura médica, mientras la tasa de personas sin seguro aumentaría de 5.7% a 30%.

El ex director ejecutivo de ASES dijo que Puerto Rico enfrenta un colapso sistémico generalizado debido a que la infraestructura hospitalaria se ha reducido activamente en los últimos dos años, periodo que se ha caracterizado “por bancarrotas y liquidaciones de alto perfil en lugar de simples reducciones de servicio”.

Sostuvo que en el 2024 salieron a flote las enormes pérdidas acumuladas de los hospitales en los años anteriores, las cuales fueron descritas por el ex funcionario como “un déficit total de financiación federal tras la COVID”.

El resultado de ese déficit total de financiación federal, según argumentó Galva, fue “erosionar por completo los márgenes de seguridad hospitalaria de la isla”.

Capacidad vulnerada

“En 2025 la crisis alcanzó su punto máximo público con la bancarrota forzada y el cierre total del Hospital del Maestro, de 60 años en San Juan, junto con paradas de servicio en el Hope Medical Center en Humacao, y en algunas instalaciones de Metro Pavía. Al menos siete grandes redes sanitarias se declararon en bancarrota bajo el capítulo 11 de la ley federal de quiebras”, dijo Galva.

Explicó que en el 2026 la isla operará con una capacidad vulnerada de 66 hospitales activos, de los cuales más de la mitad operan actualmente con márgenes de ingresos negativos.

De hecho, Galva señaló que los factores que han impulsado el cierre de hospitales en Puerto Rico son un tanto distintos a los catalizadores que han provocado el cierre de hospitales en los Estados Unidos. Mencionó que en la Isla opera lo que llamó “una disparidad en la financiación federal causada por un emparejamiento estandarizado basado en fórmulas entre el Medicare y el Medicaid”.;

“Hay una grave falta de financiación. Se limitaron las subvenciones federales en bloque en lugar de la contrapartida abierta. El gasto per cápita por paciente del Medicaid es de $4,000 frente a los $13,000 que se paga en los Estados Unidos. En Puerto Rico los pagos de Medicare
Advantage son un 68% más bajos que en los Estados Unidos. Aquí se pagan $730 dólares al mes frente a los $1,228 al mes que se pagan allá”, expresó.

Retrasos crónicos

Los hospitales también se han afectado por la complejidad de las reglas de reembolso, por el bajo volumen de pacientes en las zonas rurales y por el aumento de la atención no remunerada por parte de poblaciones sin seguro, según indicó Galva.

También mencionó los retrasos crónicos en el procesamiento de pagos por parte de seguros privados y de las llamadas Organizaciones de Atención Gestionada (MCOs), que son las entidades contratadas por la ASES para gestionar la red de médicos, hospitales y farmacias del
plan Vital. Las cuatro MCOs contratadas para brindar servicios en toda la isla son First Medical, Triple-S Salud, MMM Multi Salud y el Plan de Salud Menonita.

Además, Galva mencionó como un elemento importante en la situación de los hospitales la transición al modelo de compensación hospitalaria APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups) que se implementó oficialmente el 1 de enero de 2026.

Este nuevo modelo de pago ha transformado la forma en que los hospitales son compensados por servicios médicos y quirúrgicos y ha provocado reestructuraciones importantes para garantizar la viabilidad financiera de los hospitales.

Hospitales de EU en crisis

Otros factores que han afectado a los hospitales, según planteó Galva, son el efecto de la inflación en el costo de operación y en la cadena de suministro, la escasez de enfermeros, el rápido declive de la población y el llamado envejecimiento demográfico, el éxodo de los especialistas médicos, la alta vulnerabilidad de los hospitales a los fallos en la red eléctrica, una deuda histórica no resuelta y la conocida sensibilidad de estas instituciones de salud a los cambios en las políticas federales y a las leyes presupuestarias.

Galva dijo que los hospitales continentales atraviesan una recuperación altamente desigual y segmentada. Sostuvo que un análisis comparativo de las tendencias que influenciaron entre 2024 y 2026 arroja que el sector hospitalario en Estados Unidos se ha estabilizado, pero se encuentra altamente frágil, en comparación con la época inmediatamente post pandémica.

Advirtió que la vulnerabilidad sigue estando muy concentrada en zonas rurales y regiones en el sur de los Estados Unidos.

En el 2024 se produjo una estabilización macroeconómica general, aunque aproximadamente 18 hospitales rurales cerraron o se convirtieron completamente en modelos ambulatorios. Alrededor de 700 instalaciones rurales registraron pérdidas financieras netas.

No obstante, «en el 2025 las bancarrotas sanitarias a nivel nacional disminuyeron en un 21% interanual. Sin embargo, a finales de 2025, 323 hospitales rurales estaban señalados en riesgo inmediato de cierre», dijo.

Advirtió que en el 2026 los cierres siguen siendo incrementales pero ha surgido una grave brecha entre los hospitales rentables y los grandes sistemas de salud urbanos y los pequeños hospitales comunitarios que carecen de reservas de efectivo.

720 hospitales en riesgo

“Los gigantes con fines de lucro (como HCA, Tenet y UHS) están en general estables, pero actualmente proyectan un estado negativo incrementalmente notable tras la expiración de las subvenciones reforzadas por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Se espera que este vencimiento reduzca las combinaciones de pacientes comerciales, elevando la deuda incobrable y debilitando los márgenes EBITD, (los cuales indican que los costos operativos están creciendo a un ritmo mayor que los ingresos). Por el contrario, los sectores comunitarios y rurales sin fines de lucro están muy agotados, con un 46% de todos los hospitales rurales operando con márgenes negativos”, sostuvo Galva.

De acuerdo con la publicación Hospital Review, en su edición del 1 de junio, 720 hospitales rurales en Estados Unidos, que representan alrededor de un tercio de todas las instalaciones rurales en todo el país, están en riesgo de cerrar debido a graves problemas financieros.

La información surgió de un análisis realizado por el Centro para la Calidad de la Atención Médica y la Reforma de Pagos. Los datos, actuales a mayo de 2026, incluyen 294 hospitales que están en riesgo inmediato de cierre en los próximos dos o tres años debido a la gravedad de su situación financiera, según el informe.

Las instalaciones con mayor riesgo de cierre tienen más deuda que activos o carecen de suficientes reservas financieras para compensar las pérdidas en los servicios al paciente durante más de unos pocos años.

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Nuevo presidente en Antilles Insurance Company

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San Juan — Antilles Insurance Company informa que, efectivo el 22 de abril de 2026, su Junta de Directores nombró al Lcdo. Raymond Pérez Brayfield, CPCU como nuevo Presidente de la empresa.

Antilles Insurance Company fundada en 1968, cuenta con una sólida y reconocida trayectoria en la industria de seguros. Con este nombramiento, el Lcdo. Pérez Brayfield se convierte en el cuarto Presidente en la historia de la empresa.

Lcdo. Raymond Pérez Brayfield, nuevo presidente de Antilles Insurance, junto a Jaime J Gonzalez, presidente de la Junta de Directores y CEO. Foto cortesía de GFR Media.

El Lcdo. Pérez Brayfield cuenta con más de veintiséis (26) años de experiencia en el sector de seguros  y previamente se desempeñó como General Counsel de la empresa.  

A lo largo de su trayectoria profesional ha demostrado una amplia y sólida experiencia en manejo de riesgos, reclamaciones, fianzas, tecnología de información (IT), reaseguro, derecho de seguros y trabajo colaborativo a nivel de juntas directivas, contribuyendo al fortalecimiento del gobierno corporativo de las organizaciones en las que ha participado.

Durante su carrera, ha liderado y participado en iniciativas estratégicas de alto impacto, incluyendo el manejo de reclamaciones catastróficas relacionadas con el Huracán María y los terremotos de Puerto Rico de 2020, así como su rol como project owner en la conversión completa de un sistema core de seguros de propiedad y contingencia. 

Su enfoque profesional está orientado a impulsar la excelencia operacional, alineando los objetivos organizacionales con el empoderamiento de los equipos de trabajo y el estricto cumplimiento regulatorio.

Jaime J Gonzalez, CPCU, CIC indicó que ha llegado el momento oportuno para transferir la presidencia. No obstante, continuará participando activamente en la organización, ocupando los cargos de Chairman de la Junta de Directores y Principal Oficial Ejecutivo (CEO).

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