Por José Oyola, Economista
El proceso de reforma de permisos (P. del S. 1173 y el P. de la C. 1213) busca agilizar los trámites para impulsar el desarrollo económico. El objetivo es legítimo, pues el sistema actual es lento, inconsistente e ineficiente. Sin embargo, acelerar los pasos sin mejorarlos aumentará los riesgos de fracasar en el futuro. El proyecto Esencia en Cabo Rojo nos enseña cómo mejorarlos.
Lección 1: En 2019, la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR) otorgó a Esencia un crédito contributivo de casi $194 millones. En 2024, aumentó el trato preferente en 157%, a casi $498 millones. Además, la CTPR permitió reclamar el 40% de los créditos al concluir la primera de seis fases, es decir, cuando solo se haya entregado el 20% de las 520 habitaciones hoteleras que se contemplan.
Este aumento de 157%, sin embargo, ocurrió antes de que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobara la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) en 2025, cuando impuso 46 condiciones para remediar fallas de la solicitud original.
Es cierto que otorgar un decreto provisional inicial es buena práctica, pues facilita el financiamiento privado, pero aumentarlo sin conocer el impacto de otros factores como el ambiental puede ser un error fiscal.
Además, en el caso de Esencia, el beneficio otorgado al proyecto equivale a un crédito contributivo de $957,692 por habitación, una cifra tres veces mayor que el promedio otorgado por habitación en Puerto Rico y que ronda $273,000.
Conviene que el Estado enmiende el Código de Incentivos (Ley 60-2019) para que, en el caso de proyectos estratégicos, se evalúen los beneficios contributivos utilizando la metodología de retorno de inversión (ROI) prevista en el mismo estatuto.
Además, debe requerirse que mientras la DIA y la Consulta de Ubicación de un proyecto estratégico no hayan sido evaluadas y aprobadas en forma final y firme, la agencia que conceda el beneficio contributivo no podrá aprobar ningún aumento en el beneficio autorizado en el decreto original.
Lección 2: Esencia fue declarado un proyecto “estratégico” bajo la Ley 161-2009.
El uso de un procedimiento expedito puede ser favorable para el proponente, pero también puede impedir se detecten riesgos ocultos que socaven la sostenibilidad ambiental y financiera de proyectos en el futuro.
Esencia se ubica en la región hidrológica más árida de Puerto Rico. Según sus proponentes, requerirá 1.25 millones de galones diarios: cerca del 30% del consumo del Municipio de Cabo Rojo. La AAA y la AEE afirmaron categóricamente que no existe la infraestructura pública para suplirle agua y electricidad.
Los proponentes estaban preparados para esa negativa, respondiendo que “todos los sistemas del proyecto serán provistos, operados y mantenidos por el proponente a su propio costo”. La respuesta demuestra su capacidad financiera, y revela la vulnerabilidad fiscal del gobierno.
Es importante señalar que el crédito turístico se calcula sobre el 40% de la “inversión turística elegible”. Cabe preguntarse si en esa definición, se contabilizarán los costos de construir los sistemas privados de agua y energía que utilizará el proyecto. En otras palabras, el costo fiscal de Esencia puede ser mayor sin parámetros legales que lo limiten.
Dos enmiendas a la ley de permisos pueden minimizar ese escenario. Primero, los proponentes pueden incluir un informe de riesgos específicos en cada proyecto, como exige la ley federal para construcciones en zonas costeras. Además, cada proyecto debe incorporar los riesgos conocidos que ya están identificados en el Plan Municipal de Mitigación contra Peligros Naturales, como sequías, terremotos, e inundaciones causadas por marejadas ciclónicas y huracanes.
Segundo, conviene legislar que todo proyecto estratégico, cuyo costo total exceda el 3% del presupuesto consolidado anual deberá ser aprobado por mayoría de ambos cuerpos legislativos antes de que la agencia concedente lo autorice.
Lección 3: Los promotores afirman que financiarán el 100% del proyecto. En realidad, el gobierno central es socio del proyecto al aportar el 40% de este mediante créditos contributivos, pero ¿cuál es el origen del otro 60%?
En Puerto Rico, no existe requisito explícito de ley que requiera a los proponentes de un proyecto firmar una certificación jurada en torno al origen de los fondos. Es decir, que los fondos no provienen de lavado de dinero, narcotráfico u otras actividades ilegales.
El Código de Incentivos y la reforma de permisos que ahora se analiza deben incorporar una prueba de capacidad financiera e integridad conforme a estándares federales para todo proyecto estratégico.
El trámite relacionado al proyecto Esencia revela que las agencias que utilizan el sistema actual, pueden otorgar cientos de millones de dólares en créditos contributivos a promotores que no necesariamente posean garantías de resultados e integridad financiera.
La reforma de permisos puede ayudar a eliminar los riesgos identificados, pero las enmiendas propuestas solo atienden los riesgos que ya conocemos. Los que no pudimos detectar siguen ahí, esperando el próximo proyecto estratégico.
