Por Miguel Díaz Román
Finalmente la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto de la Cámara 363, una medida que ha sido objetada por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, (Acodese), desde fue radicado por el representante Joe Colón Rodríguez en febrero de 2025.
Acodese sostiene que el PC 363 favorece a los bufetes de abogados y a intereses económicos ajenos a los asegurados. Incluso, Acodese y la aseguradora Mapfre advirtieron que la aprobación de la medida causará un alza en las primas de seguros que los consumidores terminarán pagando.
Pero el representante Jorge Navarro Suárez, quien es el presidente de la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, dijo, en el informe positivo de la medida, que el aumento de las primas “es una falacia que podría usarse para oponerse a cualquier regulación que proteja al consumidor. El objetivo de la medida no es aumentar costos, sino incentivar el buen comportamiento”.
La medida fue aprobada el pasado 9 de noviembre con 35 votos a favor y 14 en contra. De inmediato se envió al Senado donde fue asignada a la Comisión de Desarrollo Económico.
No obstante, al concluir los trabajos en ese cuerpo el pasado 12 de noviembre, que era el último día para aprobar medidas en la presente sesión legislativa, el PC 363 no fue considerado. Esto implica que la medida sigue viva y podría ser avalada por el Senado durante la próxima sesión legislativa, que comienza el lunes 11 de enero de 2027.
Aclarar contradicción
El representante Navarro Suárez dijo que «confía en que el PC 363 será aprobado en la próxima sesión legislativa». El legislador reconoció que no tiene un acuerdo con ese cuerpo para la aprobación de la medida.
El PC 363 fue radicado por el representante Joe Colón Rodríguez. La Exposición de Motivos de la medida indica que su aprobación es necesaria para aclarar la contradicción que surgió entre la interpretación realizada por el Tribunal Supremo de la ley 247 de 2018 y la intención del legislador cuando fue aprobado ese estatuto.
Según indica la medida, esa aclaración es necesaria para evitar que se «limiten los derechos de los asegurados». Se refiere al artículo 27.164 del Código de Seguros, que permite a un asegurado pueda radicar dos causas de acción civil contra su aseguradora.
La ley 247 de 2018 permitió a los asegurados demandar civilmente a un asegurador, impuso que las aseguradoras que resulten culpables en casos civiles deben pagar los gastos de abogado de los demandantes y, entre otros asuntos, establece protecciones contra prácticas de mala fe.
El Tribunal Supremo intervino en tres casos contra Mapfre. Estos fueron radicados por el Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan, el Consejo de Titulares del Condominio Playa Azul II y por el Consejo de Titulares del Condominio Kings Court 76.
Dos causas de acción
En el caso del Consejo de Titulares del Condominio Balcones de San Juan v. Mapfre el Tribunal Supremo emitió una decisión en la que concluyó que «aunque el asegurado presente ambas causas de acción, el tribunal sólo podrá adjudicar a su favor una de ellas, a saber, la causa de acción seleccionada por el asegurado».
La licenciada Hilda Surillo Pena, quien es la vicepresidenta ejecutiva y asesora jurídica de Mapfre, sostuvo que en dichos litigios «los asegurados sencillamente no cumplieron con la letra de la Ley 247 a pesar de estar asesorados por sus abogados y, por tanto, no merecieron una partida de honorarios de abogados.No demostraron la violación bajo la Ley 247 y no cumplieron con las notificaciones que con claridad la ley lo disponía»
El PC 363 introduce una enmienda para mantener la opción de que un asegurado pueda llevar dos causas de acción civil contra su aseguradora.
Estas causas de acción básicamente se tratan de daño contractual, que se define como el costo de reparar o reemplazar la propiedad dañada según los términos de la póliza y el daño por mala fe, que incluye los daños sufridos por el asegurado debido a la conducta abusiva de la aseguradora. Estos daños se definen como como angustias mentales, pérdida de dinero, gastos adicionales y el costo de verse forzado a litigar.
Otra propuesta de la medida es eliminar la condición previa de notificar al Comisionado de Seguros antes de iniciar una acción civil bajo el Artículo 27.164 del Código de Seguros.
La medida también propone imponer a las aseguradoras, bajo el Art. 27.165, el pago del 33% del monto recuperado, como honorarios o compensación adicional para el asegurado. Esta compensación estará disponible ante cualquier sentencia de un tribunal, foro administrativo, o proceso de mediación.
Además, el PC 363 impone a la aseguradora el pago de honorarios de abogado a favor del asegurado en caso de cualquier adjudicación adversa bajo el Art. 27.165.
La Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, favoreció el PC 363. Respecto a la enmienda propuesta al Artículo 27.165 sobre los honorarios de abogado, Del Valle Lecároz propuso fijar una cantidad para la compensación y ampliar su aplicación a foros administrativos y de mediación. La funcionaria recomendó que la ley especifique que está compensación por honorarios sea independiente y adicional a la indemnización principal que reciba el asegurado o beneficiario.
En contra de la duplicidad
Además, propuso que se le otorgue al foro judicial o administrativo la facultad de determinar la cuantía de dichos honorarios como una partida adicional a la reclamada en la demanda.
La directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), la licenciada Iraelia Pernas, sostuvo que resulta necesario aclarar que no procede la duplicidad de indemnización por daños por una misma conducta, ya sea negligente, culposa o en violación de ley. Agregó que tampoco procede duplicar otros remedios contemplados en la ley 247 de 2018, tales como costas, honorarios de abogado y daños punitivos.
Planteó que tales remedios, como la compensación por daños y perjuicios, «no forman parte del riesgo cubierto bajo pólizas de propiedad o de contingencia emitidas a los asegurados. Dichas exposiciones se satisfacen con cargo al capital del asegurador, y no bajo los términos de cobertura de la póliza. Por tanto, una exposición duplicativa, sólo atacará de manera directa, minando al capital del asegurador ya que esa exposición no está contemplada en las pólizas de propiedad».
El artículo 27.164 del Código de Seguros, según está mencionado en el PC 363, se trata de una acción civil contra una aseguradora por diversas violaciones relacionadas con prácticas desleales en la cancelación y en el ajuste de reclamaciones. Además, el inciso 6 del citado artículo dispone que este remedio no sustituye otras acciones legales disponibles bajo el Código Civil o leyes federales, tales como demandas por daños y perjuicios y por incumplimiento de contrato.
La licenciada Pernas advirtió que «de no aclararse en la ley sobre la improcedencia de remedios duplicativos bajo múltiples estatutos por la misma conducta, se estaría propiciando un tratamiento adverso, discriminatorio e injustificado, al permitir la imposición de indemnizaciones duplicadas por daños y perjuicios aplicando solamente a los aseguradores».
Pernas sostuvo que el PC 363 favorece intereses económicos ajenos a los asegurados, lo cual es un escenario que ya experimentó el estado de Florida.
Abogados los beneficiados
«Estas enmiendas propuestas solo beneficiarán a los abogados y, a la larga, el consumidor que terminará perjudicado al enfrentarse a primas más altas o, peor aún, a un escenario de falta de aseguradores y reaseguradores», dijo Pernas.
La ejecutiva reveló que las enmiendas que pretende introducir el PC 363 son «una copia exacta» de las secciones 624.155 y 627.428 del Código de Seguros de Florida, que estuvieron vigentes antes de 2019 y que causaron en «efecto nefasto» en la industria de seguros de ese estado.
Sostuvo que, aunque Florida sólo representó el 14.9% de las reclamaciones nacionales de seguros de propiedad en 2022, ese estado concentró el 70.8% de los litigios, generando costos de defensa y litigación de aproximadamente $2.9 mil millones.
«Estos costos finalmente fueron trasladados a los consumidores mediante primas elevadas», sostuvo Pernas.
En el informe positivo de la medida, el representante Navarro Suárez sostuvo que las enmiendas abordan de manera directa «las barreras que han impedido el acceso a la justicia». Señaló que permitir la concurrencia de causas de acción no constituye una doble compensación, «sino el reconocimiento de que el incumplimiento de un contrato y la mala fe al manejar la reclamación son dos daños distintos que merecen remedios separados, un enfoque validado en otras jurisdicciones como Texas y Luisiana».
El legislador indicó que la imposición de honorarios a la aseguradora perdidosa, similar a las protecciones existentes en las leyes laborales de Puerto Rico, «es la única forma de garantizar que el costo del litigio no anula la indemnización, rompiendo así las barreras económicas que impiden al ciudadano común enfrentar a una corporación».










