Por Miguel Díaz Román
Tras la aprobación en la Cámara de Representantes y en el Senado del Proyecto de la Cámara 1195, que impone a los productores de seguros la obligación de cumplir numerosos requisitos de orientación para proteger al consumidor de seguros, se ha levantado una fuerte oposición contra la medida hasta el punto que la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico y el Caribe (PIA por sus siglas en inglés) estaría retirando el apoyo al proyecto y presentando a la gobernadora una petición de veto.
El PC 1195, que fue radicado por el representante José «Pichy» Torres Zamora, quien es el portavoz de la mayoría de Partido Nuevo Progresista en la Cámara, pretende, según su exposición de motivos, «fortalecer la protección del consumidor de seguros mediante el establecimiento de un deber afirmativo de orientación por parte de los productores de seguros, asegurando que los solicitantes y asegurados reciban información clara, completa y comprensible antes de tomar decisiones relacionadas con la contratación o modificación de una póliza».
Numerosos productores de seguros se comunicaron con SN para plantear su oposición a una disposición de la medida que exige al productor revelar a su cliente el monto de la comisión que obtendría si finalmente se concreta el negocio de seguros que esté en consideración.
Revelar comisiones
Los productores plantearon que dicha revelación podría causar una reacción impredecible entre los asegurados o que reclamen una reducción en la comisión para lograr una merma en la prima, lo cual está prohibido por el capítulo 27 del Código de Seguros.
Además, los productores de seguros reclamaron que el monto de las comisiones es un asunto privado que tradicionalmente no se discute con los asegurados y que incluso la gran mayoría de ellos no consideran que las comisiones condicionen o afecten la adquisición de su póliza de seguro.
Incluso, los productores preocupados con el PC 1195 sostuvieron que el requisito de revelar el monto de la comisión resulta discriminatorio pues están excluidos las agencias generales, los corredores de seguros y las comisiones que se pagan en las distintas líneas de negocios como los seguros de vida, los seguros de salud, propiedad y contingencia y las anualidades.
Más documentos
Otra disposición de la medida que ha generado rechazo entre los productores es la gran cantidad de documentos y de nuevos procesos que la medida les impone como comparaciones de cubiertas, confirmaciones, divulgación de comisiones, nuevas obligaciones de orientación y para documentar la orientación, asistencia al cliente en el proceso de reclamación, evaluación de necesidades razonables de cubierta, confirmaciones escritas o electrónicas, comparativos en sustituciones de pólizas, cubiertas opcionales declinadas y cotizaciones gestionadas.
Alegadamente, esos nuevos requisitos procesales podrían ralentizar los procesos relacionados con diversas transacciones de seguros y afectar más el desempeño de los productores pequeños y medianos.
Otro aspecto de gran preocupación son las responsabilidades que recaen sobre el productor en la orientación que debe impartir al asegurado en relación con la póliza, la cual es de plena autoría del asegurador. Así también otra información vital que no depende del productor sino de otros organismos, como lo son las tarifas, la solvencia financiera y la clasificación crediticia del asegurador.
De hecho, SN supo que la PIA, que había avalado el «espíritu» de la medida y propuesto un paquete de 18 enmiendas, cambió de posición y, alegadamente, estaría retirando su apoyo al proyecto y solicitando a la gobernadora que lo vete si llega a su escritorio.
Cabilderos involucrados
El argumento central detrás de la petición de veto es precisamente que para proteger al consumidor no es necesario aumentar los documentos vinculados a una transacción de seguros y exigir excesivamente más responsabilidades a los productores de seguros.
«La medida ha sufrido cambios significativos y ha salido al descubierto información de una serie de cabilderos detrás del proyecto con otras intenciones. PIA está retirando el apoyo a la medida», dijo Francisco Santiago, quien es presidente electo y miembro de la Junta de Directores de PIA.
Alegadamente, según indicaron fuentes de la industria de seguros, las entidades de cabildeo Politank y Globalize estarían ejerciendo un fuerte influencia en la legislatura para que la medida se limite a imponer nuevas condiciones a los productores y se excluya a las agencias generales, a los corredores de seguros y a las aseguradoras.
En la Cámara de Representantes la votación relacionada con el PC 1195 fue realizada el 16 de junio de 2026 y el resultado fue de 44 votos a favor , una abstención y ocho legisladores ausentes.
La votación de la medida en el Senado tuvo lugar el 14 de septiembre de 2026 y el resultado fue abrumador, con 26 votos a favor y solo dos votos en contra. Los senadores que votaron en contra fueron el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz , y el senador Eliezer Molina.
Cambios inesperados
Debido a la enmiendas introducidas en el Senado, la medida tiene que ir a un Comité de Conferencia para determinar si la Cámara concurre con tales cambios.
En una ponencia presentada el 13 de julio de 2026 ante la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, PIA sostuvo que en apenas cuatro meses la medida experimentó enmiendas sustanciales porque la versión examinada el pasado el 6 de abril ante la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes es totalmente distinta a la considerada en julio en el Senado.
«Incorpora una serie de deberes que involucran al productor, al representante autorizado y al apoderado que no estaban en el texto original que PIA evaluó en abril del 2026, incluyendo disposiciones detalladas sobre colocación de riesgos, líneas excedentes, valoración del riesgo asegurable, divulgación de comisiones, deberes reforzados en seguros de vida y anualidades, y un bloque completo relativo a fianzas», sostuvo Karla Ruiz Cofresí, quien es la presidenta de la Junta de Directores de Pia y quien firmó la ponencia presentada ante el Senado.
En el informe positivo de la medida emitido el pasado 28 de agosto por la Comisión de Desarrollo Económico del Senado, que preside la senadora Nitza Morán Trinidad, se reconoce que aunque PIA reiteró su apoyo al fortalecimiento del deber de orientación al consumidor, que es «el principio que anima esta medida», advierten que los excesivos requerimientos que contiene el proyecto podrían convertirse en «en una camisa de fuerza donde el asegurado termine perjudicado al no poder realizar su renovación a tiempo y este quede desprovisto de cubierta cuando más lo necesite».
El informe positivo comenta que PIA sostuvo que la Carta de Derechos del Consumidor o el artículo 1.120 del Código de Seguros, que fue introducida por la ley 14 de 2020, «recoge la preocupación expresada en la presente legislación», en lo relativo a que el asegurado tiene derecho a recibir una «orientación clara y completa sobre la cubierta, beneficios, límites y exclusiones de la póliza, así como los deberes y obligaciones del asegurado».
Ampliar Carta de Derechos del Consumidor
PIA sostuvo que en lugar de legislar un nuevo artículo que duplique la protección al consumidor proponen «una reglamentación detallada y fiscalización efectiva de lo que ya existe». Específicamente, PIA recomendó que el Comisionado de Seguros reglamentar en detalle el alcance del artículo 1.120.
Otra preocupación es que la medida imponga responsabilidades de orientación y asesoría en asuntos financieros como la calificación financiera de una aseguradora o en asuntos relacionados con anualidades, lo cual ha estado tradicionalmente asociado a los fiduciarios o los corredores de valores y podría colocar a los productores en contradicción con regulaciones federales.
Según el informe positivo, la Asociación de Compañías de Seguros no se opuso a la medida y favoreció la presentación de más enmiendas porque buscan mejorar el cumplimento de la industria de seguros a las ya introducidas al proyecto, «para precisar el alcance de deber afirmativo de orientación impuesto a los productores y representantes autorizados, de manera que se establezcan parámetros claros y razonables para su cumplimento».
Por su parte, Ia oficina del Comisionado de Seguros favoreció fortalecer el proceso de orientación al consumidor de seguros y apoyó las enmiendas introducidas a la medida porque buscan «mejorar el cumplimiento de la industria mediante la adopción de prácticas uniformes que promuevan un servicio de excelencia con mayor transparencia y una orientación clara al asegurado».
Dunnam Méndez con preguntas difíciles
El conocido ajustador de seguros, Richard Dunnam Méndez, sostuvo que si finalmente se convierte en ley el PC 1195 «posiblemente tendremos que revisar procesos, expedientes, formularios, sistemas de CRM o agency management, flujos de trabajo, adiestramiento del personal, supervisión, retención de evidencia y controles de cumplimiento».
«Y entonces aparecen las preguntas difíciles. ¿Cuánto tiempo adicional requerirá manejar correctamente una cuenta?; ¿cómo documentamos que la orientación realmente ocurrió?; ¿cómo manejaremos renovaciones masivas?; ¿qué evidencia deberá permanecer en el expediente?; ¿qué impacto tendrá sobre agencias pequeñas y productores individuales?; ¿y qué ocurrirá con nuestra exposición a responsabilidad profesional cuando, después de una pérdida, haya que reconstruir qué se preguntó, qué se explicó, qué se recomendó y qué decidió el cliente? ; ¿y cumplir con todo lo anterior implica que el asegurado entendió?», argumentó Dunnam Méndez en un escrito que envió a SN.
«Para mí, esta es una de las conversaciones más importantes que debemos tener sobre el PC 1195. La intención de proteger y orientar mejor al consumidor es una cosa. La capacidad de convertir esa intención en un proceso operacional claro, razonable, documentable y ejecutable es otra. Y todavía hay otra variable: el costo», sostuvo.
«Si esto finalmente se convierte en ley, el verdadero cambio posiblemente no comenzará frente al cliente. Comenzará dentro de nuestras propias oficinas», terminó diciendo Dunnam Méndez.
La presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, Marimar Pérez Riera, sostuvo que «leyendo la medida la encuentro favorable. Todo lo que tenga que ver con transparencia es positivo. Muchas comunidades tenemos personas de la tercera edad que puede que no sepan si se puede preguntar sobre comisiones etc. Al legislar esto, la OCS puede intervenir y ser efectivos en velar por lo mejor para el consumidor».
