Capitolio – En Sesión Ordinaria, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 1086, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, y el senador Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, dirigido a enmendar múltiples disposiciones de la Ley de Condominios con el fin de modernizar su administración, fortalecer los procesos de adjudicación de controversias y optimizar la gestión de estos inmuebles. 

Además, se aprobó la Resolución del Senado 124, del senador Jeison Rosa Ramos, que propone investigar la industria lechera del país y la situación de los ganaderos. La medidad busca identificar las acciones que ha tomado el Departamento de Agricultura ante el cierre de la planta procesadoras Suiza Dairy y determinar la producción local de leche y sus derivados. 

El Proyecto del Senado 1086 establece que el Tribunal de Primera Instancia tendrá jurisdicción primaria para atender disputas relacionadas con condominios, en un inteto de agilizar la resolución de conflictos y ofrecer mayor certeza jurídica a los titulares. 

Además, propone la creación de salas especializadas en cada región judicial para atender este tipo de casos. El proyecto propone que los Consejos de Titulares deberán establecer, mediante voto mayoritario, requisitos mínimos de educación o capacitación para la contratación de agentes administradores, con el objetivo de profesionalizar la gestión administrativa.

Sobre la medida Sánchez Álvarez sostuvo que “surge de una cumbre que realizamos aquí en el Senado el pasado 8 de noviembre, y donde este equipo que nos acompaña hoy,  personas que elevaron una serie de ideas importantes y entonces surge esta pieza legislativa que tenemos ante consideración. Hoy tenemos la gran oportunidad de hacerle justicia a nuestra gente que vive en los condominios. 

Esta medida tiene un análisis serio de experiencias acumuladas de nuestra gente, de la agencia y del diálogo con sectores relacionados, incluyendo esa cumbre. No es una improvisación, es una respuesta concreta a un problema real. Tenemos la oportunidad de darle a nuestros conciudadanos un sistema más ágil, más justo y más confiable para atender los conflictos que surgen en su entorno más cercano que es el hogar”.

Además, se aprobó la Resolución del Senado 239, radicada también por el senador Sánchez Álvarez.  La medida ordena a la Comisión de Transportación, Telecomunicaciones, Servicios Públicos y Asuntos del Consumidor realizar un estudio sobre la figura del “Agente Administrador” de condominios, según establecida en la Ley 129 de 2020 o ley de Condominios de Puerto Rico.

La medida tiene como propósito evaluar si los requisitos actuales para ejercer esta función son adecuados en relación con las responsabilidades que conlleva, así como examinar si el DACO cumple consistentemente con su deber de investigar y validar que los solicitantes de licencia cumplan con los criterios establecidos en el Reglamento Núm. 9263.

Por Miguel díaz Román

Los fiscales especiales independientes (FEI) que tienen a cargo la denuncia por negligencia en el cumplimiento de deber contra la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, señalaron que es incorrecto hacer una interpretación rígida de los términos en que se puede conducir una investigación y advirtieron que las ampliaciones de la investigación contra la exfuncionaria permitieron descubrir la malversación de los $1.2 millones destinados para mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo, la cual no fue la acusación original referida por el Departamento de Justicia.

En un recurso de certiorari (de revisión) ante el Tribunal Supremo, los FEI Ramón Mendoza Rosario, Fabiola Acarón Porrata Doria y Gisela Alfonso Fernández solicitaron que se deje sin efecto la desestimación de los cargos contra Rivera Martínez que emitió en Tribunal de Apelaciones y que el caso se devuelva al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los trabajos.

El pasado 19 de marzo el Tribunal Apelativo desestimó la denuncia por negligencia en el cumplimiento del deber que los FEI habían radicado contra Rivera Martínez. 

El Apelativo concluyó «que el foro primario incurrió en un abuso de discreción y error de derecho al no reconocer que el FEI actuó de manera ultra vires, al radicar una denuncia fuera del marco legalmente razonable que justifica su autoridad».

Ultra vires

La decisión de Apelativo sobrevino luego de que la licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de Rivera Martínez, presentó una moción en la que sostuvo que los FEI se excedieron de los términos establecidos en la ley matriz de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI)  para realizar una investigación y para radicar cargos. 

De hecho, como resultado de la moción de la licenciada Sellés Ríos, el Apelativo paralizó la vista preliminar para juicio contra Rivera Martínez hasta que pudiera examinar a fondo la petición y tomar una decisión, lo que ocurrió el 19 de marzo.

En síntesis, la moción de la licenciada Sellés Ríos sostuvo que los FEI actuaron de manera «ultra vires» (sin autorización legal) porque, alegadamente, se excedieron de los términos establecidos en la ley matriz de la la OPFEI para realizar la investigación y para radicar los cargos.

La moción sostuvo que los FEI tenían hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales si por determinados eventos la investigación no se pudo concluir). La abogada argumentó que los FEI requirieron  1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que se presentaron los cargos, lo que, alegadamente, violentó el debido proceso de ley.

Permitidas las ampliaciones

Pero en su petición de certiorari los FEI argumentaron que la ley 2 de 1988 o ley matriz de la OPFEI «contempla que las investigaciones que llevan a cabo los FEI pueden ser objeto de ampliaciones. Ello sujeto a que las mismas sean concedidas por el OPFEI. Además, esta ley especial prevé que dichos fiscales se encuentren ante investigaciones cuyas particularidades les obligue a extender términos, ampliar, modificar la encomienda, la jurisdicción y hasta establecer términos especiales. Estas situaciones o el ejercicio de estas facultades no operan en el vacío. Se establecen, una vez justificadas las modificaciones o determinaciones que puedan surgir respecto a una investigación, siempre que ello sirva al propósito esencial de prevenir, erradicar y penalizar cualquier comportamiento delictuoso o indebido por cualquier funcionario gubernamental».

Con respecto al tiempo en que los FEI deben completar la investigación, la  moción cita la ley 2 de 1988, que sostiene «el fiscal especial deberá completar la investigación que se le encomiende dentro de un término que no excederá de 90 días contados a partir de la fecha que se recibe la encomienda. Disponiéndose, sin embargo, que el panel podrá fijar un término especial en aquellos casos en que sea justificado».

La petición de certiorari revela que fue por medio de una de las ampliaciones de la investigación solicitada por los FEI que se descubrió la malversación de los $1.2 millones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) que estaban destinados para realizar mejoras en la quebrada Margarita en Guaynabo.

Justicia no incluyó apropiación ilegal

Esa ampliación fue solicitada el 16 de diciembre de 2024 luego de que cinco días antes,  el 11 de diciembre del 2024, la Oficina del Contralor emitió un informe que entre sus hallazgos figuró la asignación de los $1.2 miñones para la quebrada Margarita, la cual fue autorizada por Rivera Martínez.

De hecho, según relata la moción de los FEI, el referido original para investigación del Departamento de Justicia a la OPFEI trataba sobre «asignaciones legislativas que debían ser supervisadas por el Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes de la Autoridad de Tierras y no contemplaba las asignaciones de fondos públicos para las obras y mejoras permanentes de la quebrada Margarita. Esas asignaciones no fueron parte de la investigación preliminar que realizó el Departamento de Justicia».

Incluso, el referido del Departamento de Justicia al OPFEI no incluyó la apropiación ilegal en la que incurrió José Huertas Torres, quien fue designado por el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, para que realizara las mejoras en la quebrada Margarita. La inclusión de Huertas Torres como parte de las irregularidades en que está involucrada Rivera Martínez también fue parte de la información vertida por el Informe del Contralor.  

Los trabajos en la quebrada nunca se realizaron y, alegadamente, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal. Huertas Torres  ha sido acusado en 15 cargos, que incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica y perjurio, entre otros.

En la moción los FEI exaltaron la pertinencia de la coordinación entre organismos de investigación y fiscalización como el OPFEI y la Oficina del Contralor para perseguir la corrupción y evitar la impunidad. De hecho, sostuvieron que habría sido irresponsable haber hecho una determinación de responsabilidad criminal contra Rivera Martínez antes de conocer  los hallazgos de la Oficina del Contralor. 

Justifica violación de términos

«La conducta negligente de la aquí recurrida (Rivera Martínez) está intrínsecamente vinculada a la del señor Huertas Torres, por haber sido quien autorizó, mediante contratos, el desembolso de la asignación millonaria destinada para las mejoras de la quebrada Margarita y de otras adicionales. La cadena de eventos que desembocó en la apropiación millonaria de fondos públicos tuvo inexcusablemente la participación de la parte recurrida (Rivera Martínez). No obstante, hasta tanto la investigación contra el señor Huertas Torres, sus corporaciones, así como a otras personas involucradas en el desembolso y eventual apropiación de los $1.2 millones de fondos públicos estuviese completada, no era posible determinar la responsabilidad criminal de la recurrida en estos actos», señaló la moción de certiorari. 

Sobre la alegada violación de los términos para investigar, los FEI argumentaron «el análisis no debe ser liviano y meramente indicar que la investigación se excedió en mil días». 

«Las actuaciones de los FEI y de la OPFEI no han sido arbitrarias, caprichosas o irrazonables. En este caso, los FEI utilizaron 110 días de los 135 días del término investigativo original otorgados por la OPFEI para la encomienda original referida por el DJ. A los 110 días, los FEI le solicitaron al OPFEI la paralización de la investigación para que la Oficina del Contralor continuara su auditoría, solicitud que fue concedida. Al continuar la investigación, en diciembre de 2024, ante los hallazgos producidos por el informe  de la Oficina del Contralor los FEI determinaron que había otras conductas de mayor envergadura que las originalmente investigadas, lo cual culminó con la radicación del cargo que fue desestimado y es objeto de este escrito», sostuvo la moción de lo FEI.

Por Miguel Díaz Román 

El presidente de Colegio de Médicos Cirujanos (CMC), doctor Carlos Díaz, tronó en contra del Proyecto del Senado 757, que integra de manera formal a los enfermeros practicantes (nurse practitioners) como profesionales autorizados para prescribir medicamentos.

La medida fue aprobada por el Senado la semana pasada. El proyecto 757 es de la autoría del presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, junto a los senadores de minoría José Luis Dalmau Santiago y Joanne Rodríguez Veve. 

Díaz sostuvo que en última instancia la medida beneficia a las aseguradoras y los hospitales porque le pagarán menos a los enfermeros practicantes en relación con lo que le pagan a los médicos. 

«Esta medida beneficia a las aseguradoras y los hospitales porque le pagan a las enfermeras una quinta parte de lo que le pagan a los médicos. Estamos haciendo medicina barata. Le están faltando el respeto a la gente porque los enfermeros practicantes no van a responder cuando comentan un error o un malpractice. Quien será responsable es el médico de sala de emergencia  cuando atienda a ese paciente. Le están faltando el respeto a la gente», replicó Díaz.

«Yo no tengo nada en contra de los enfermeros practicantes. El Colegio de Médicos es pro enfermeras y enfermeros y estamos a favor de cualquier medida que mejore sus condiciones de trabajo.Yo soy el primero que doy el paso y los defiendo. Lo único que estamos opuestos es que no puedes darle a otra persona la facultad o el privilegio de recetar, de hacer una receta a un paciente. Que (las enfermeras y enfermeros) ayudan a los médicos haciendo recetas en los hospitales  bajo supervisión médica sí,. La responsabilidad final de la prescripción es del médico, que es lo más sagrado de esta vocación que yo amo», indicó.

El presidente de CMC sostuvo que la responsabilidad de recetar medicamentos es una muy seria y conlleva graves implicaciones si no se receta adecuadamente y en conocimiento de las condiciones del paciente. 

«Si hay un problema con estas recetas, porque la gente cree que estos es como recetar agua de coco, no, no, no. Hasta los medicamentos «over the counter» (sin la intervención de una receta) tienen interacciones y puede alterar el tratamiento de un paciente. Hasta una pastilla Tylenol!!. El que recete es el responsable de la complicación o de la reacción que tenga ese paciente. ¿El enfermero practicante lo atenderá a las 3:00 de la mañana cuando ese paciente vaya con un contraindicación a una sala de emergencia? No, es una responsabilidad que le toca al médico en la sala de emergencia y ese médico tiene un (seguro) de malpractice que le cubre. Recetar es la responsabilidad más grande del médico. La función que hacen los enfermeros practicantes es vital y valiosísima para nuestro sistema de salud, pero el prescribir medicamentos es la función más importante de un médico. El médico se entrena para conocer los medicamentos y poder prescribir medicamentos según la condición de los pacientes», explicó Díaz.

Según un comunicado de prensa distribuido por el Senado, la medida enmienda diversas leyes, incluyendo la Ley de Farmacia de Puerto Rico, la Ley para Regular la Práctica de la Enfermería, la Carta de Derechos y Responsabilidades del Paciente y el Código de Seguros, con el fin de reconocer a estos profesionales dentro del sistema de salud. Además, dispone que los pacientes puedan seleccionar servicios ofrecidos por “nurse practitioners”, siempre que su plan médico cubra dichos servicios, promoviendo así mayor accesibilidad y continuidad en la atención médica.

Los enfermeros practicantes son enfermeras y enfermeros registrados en práctica avanzada, que poseen una maestría o un doctorado que les permite brindar atención primaria especializada, incluyendo el diagnóstico de enfermedades, la prescripción de medicamentos y la solicitud de pruebas diagnósticas.

La exposición de motivos de la medida alega que «la inclusión de los enfermeros practicantes en el sistema de salud contribuye a optimizar la distribución de los recursos médicos, mejorando la cobertura en áreas con déficit de profesionales y aumentando la capacidad de respuesta del sistema. 

No obstante, existe una discrepancia con la Ley 247 de 2004, según enmendada, conocida como Ley de Farmacia de Puerto Rico, que únicamente reconoce como prescriptores a médicos, odontólogos, dentistas, podiatras y veterinarios. Esta inconsistencia ha generado que las recetas emitidas por los enfermeros practicantes no sean aceptadas por farmacias, afectando la aplicación de sus atribuciones legales”, sostiene la exposición de motivos.

Pero el doctor Díaz insistió en cuestionar las razones para trasladar una responabilidad indelegable de los médicos a los enfermeros practicantes.

«¿Por qué delegar esa responsabilidad máxima de un médico en su segundo grupo?, ¿cuál es la razón para darle el privilegio de recetar a los enfermeros practicantes? La razón que yo escucho es que no hay médicos, que el éxodo de médicos hace necesario darle esa responsabilidad a las nurse practitioner.¿A quién beneficia esta medida? A las aseguradoras y los hospitales porque le pagan a las enfermeras una quinta parte de lo que le pagan a los médicos. Le están faltando el respeto a la gente porque los enfermeros practicantes no van a responder cuando comentan un error o un malpractice. Quien será responsable es el médico de sala de emergencia  cuando atienda a ese paciente. Le están faltando el respeto a la gente», sostuvo Díaz.

La senadora Rodríguez Veve expresó que “a pesar de que la ley y reglamento que rige esta profesión permite que los «nurse practitioners» puedan recetar, la Ley de Farmacias de Puerto Rico no los reconoce como prescriptores autorizados. El efecto que esto tiene es que las recetas emitidas por los «nurse practitioners» no son aceptadas en las farmacias. Por lo tanto, para nosotros corregir esta incongruencia y hacerles justicia es que presentamos este proyecto”.

La senadora independentista María de Lourdes Santiago Negrón señaló que «se trata de un reconocimiento a lo que la profesión de la enfermería ha adelantado en esta práctica. Personas realmente comprometidas con la salud pública, comprometidas, además con que se proyecte adecuadamente lo que se presenta esta profesión, que es indispensable para la provisión de servicios de salud en Puerto Rico. Por lo tanto, estaremos votando a favor de la medida”.

En beneficio del personal de enfermería el Senado aprobó también el Proyecto del Senado 687, presentado por petición del Colegio de Enfermería, a través del portavoz de la mayoría, Juan Oscar Morales Rodríguez. La medida propone crear la “Ley de Patrón de Personal de Enfermería en las instituciones médico-hospitalarias de Puerto Rico”, a los fines de resguardar unas condiciones de trabajo funcionales y óptimas que viabilicen la labor del personal de la enfermería en beneficio y atención de los pacientes.

La medida es el resultado de la sobrecarga laboral en el personal de enfermería y la escasez de profesionales, factores que impactan directamente la calidad del servicio y la seguridad del paciente. La medida pretende asegurar una distribución adecuada del personal.

Por Miguel Díaz Román

El Proyecto del Senado 656, que busca regular a los administradores de beneficios de farmacia (PBM) con el fin de bajar el costo de los medicamentos, dió señales de vida en la Cámara de Representantes, luego de que la senadora Ada Álvarez Conde denunció que la medida lleva desde el mes de noviembre de 2025 en ese cuerpo sin que aún se haya anunciado que será examinada en vistas públicas. 

El representante Jorge «Georgie» Navarro Suárez, que preside  la Comisión de Banca, Seguros y Comercio, sostuvo que pronto estaría atendiendo la medida.

Navarro Suárez confirmó que el PS 656 llegó a la Cámara de Representantes en noviembre de 2025, luego de que fuera aprobado en el Senado. El representante reconoció que, aunque fue asignada a su Comisión de Banca, Seguros y Comercio, la medida no ha experimentado movimiento alguno por los pasados seis meses y no figura en el calendario de vistas públicas de la Comisión.

El legislador dijo que la falta de acción con el PS 656 obedece a que llegó en un «tiempo muerto» a la Cámara de Representantes.

«Llegó en el peor momento. Noviembre es tiempo muerto hasta enero. !Hello! Se fue en «shot down» porque los trabajos comenzaron entre el 14 y 15 de enero. Pero lo vamos a atender pronto. Estamos esperando los memoriales (ponencias)», dijo Navarro Suárez. 

No obstante, el legislador no ofreció una fecha para iniciar los trámites con la medida.

Salud en primera instancia

La senadora Álvarez Conde dijo que radicó el PS 656 junto al senador Juan Oscar Morales. La medida, aclaró la senadora, fue una petición de las farmacias de la comunidad.

«Razones por que la medida no ha sido atendida (en la Cámara de Representantes) no te puedo decir», dijo Álvarez Conde. 

La senadora dijo desconocer si otras entidades han realizado gestiones para lograr que la medida fuera paralizada en la Cámara de Representantes.

Álvarez Conde reveló que le envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, cuestionando que la medida no ha ganado velocidad en el trámite legislativo a pesar de que llegó a ese cuerpo en noviembre de 2025. 

La carta también exigió al presidente cameral que PS 656 sea considerado, finalmente, en ese cuerpo legislativo.  Álvarez Conde también le solicitó a Méndez que asigne la medida a la Comisión de Salud y no a la Comisión de Banca, Seguros y Comercio.

 «En el Senado la vió la Comisión de Salud. Es un asunto de Salud pública», comentó la senadora. 

Respaldan más senadores

Sostuvo que si la Comisión de Salud de la Cámara no puede dirigir el proceso, aceptaría que la Comisión de Banca, Seguros y Comercio continuará en primera instancia y la Comisión de Salud en segunda posición.

Álvarez Conde también reveló que tras su envió a la Cámara, el PS 656 recibió el respaldo de la senadora por el distrito de San Juan, Nitza Morán Trinidad; del senador por el distrito de Guayama, Wilmer Reyes Berríos; de la senadora por el distrito de Mayagüez,  Karen Michelle Román Rodríguez; del senador también por el distrito de Mayagüez,  Jeison Rosa Ramos y por la senadora Roxanna Soto Aguilú. 

La medida propone enmendar el Código de Seguros con el fin de establecer que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) autorice a los PBM para que puedan operar en Puerto Rico. Según el proyecto, la OCS tendrá la autoridad de auditar, fiscalizar e incluso imponer multas si fuera necesario a los PBM. 

Además, estas entidades estarán obligadas a proveer toda su información financiera a la OCS con el fin de validar la razonabilidad de los costos administrativos, incluidas las tarifas administrativas, las tarifas de gestión del formulario de medicamentos  y las tarifas de acceso a la red.

Vacío regulatorio

La medida se presenta como una alternativa para lidiar con el vacío regulatorio que representó la aprobación de la ley 82 de 2019, mejor conocida como “Ley Reguladora de los Administradores de Beneficios y Servicios de Farmacia”. Esta ley quedó paralizada por cuestiones presupuestarias por la Junta de Supervisión Fiscal, que administra la federal PROMESA. 

​La exposición de motivos del PS 656 sostiene que Puerto Rico es actualmente la única jurisdicción de Estados Unidos que no cuenta con un esquema de registro y licenciamiento para los PBM, a pesar de que estos operan con un impacto directo en el acceso de los medicamentos al administrar la cobertura de farmacia del plan de salud del gobierno.

Actualmente la empresa Abarca es el PBM para el plan Vital, que es manejado por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico, con fondos federales de Medicaid y fondos estatales. El plan Vital cubre aproximadamente 1.3 millones de vidas

De hecho, algunos estados han aprobado leyes para exigir que los PBMs presenten su  información financiera y algunos estados le han impuesto a estas entidades deberes fiduciarios, exigiendo que actúen en el mejor interés de los planes de salud a los que sirven. 

Álvarez Conde señaló que actualmente existe una distorsión en el sistema donde, en ocasiones, un paciente paga menos por un medicamento si lo adquiere de su bolsillo que utilizando su plan médico. “Eso no es normal. Eso refleja falta de transparencia y un sistema que no está priorizando al paciente”, añadió.