Aumentan agricultores asegurados

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San Juan – A solo días del cierre del periodo de ventas de seguros agrícolas y a las puertas del inicio de la temporada de huracanes 2026, el Departamento de Agricultura y la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) informaron que este año se ha registrado un aumento significativo en la cantidad de agricultores asegurados en comparación con años anteriores para esta misma fecha.

Según datos actualizados al 15 de mayo de 2026, la Corporación de Seguros Agrícolas ha recibido 4,137 solicitudes de seguros agrícolas para el año póliza 2026-2027, superando las 3,857 solicitudes registradas en 2025-2026 y las 3,811 solicitudes del ciclo 2024-2025, reflejando un crecimiento sostenido en la participación de agricultores que han optado por proteger sus cultivos y operaciones agrícolas.

“El aumento en agricultores asegurados demuestra que nuestro sector agrícola está tomando conciencia sobre la importancia de proteger sus cultivos ante eventos atmosféricos. Las lluvias recientes y la cercanía de la temporada de huracanes han servido como recordatorio de la vulnerabilidad que enfrentan nuestras fincas y la necesidad de estar preparados”, expresó el secretario de Agricultura, Agro. Irving Rodríguez Torres.

El titular de Agricultura reiteró que todavía quedan pocos días para asegurar las fincas y exhortó a aquellos agricultores que aún no han completado el proceso a hacerlo antes del cierre del periodo de ventas el próximo 31 de mayo de 2026.

“Todavía estamos a tiempo de proteger nuestras cosechas. No queremos que ningún agricultor quede desprotegido en plena temporada de huracanes. El seguro agrícola es una herramienta esencial para garantizar la continuidad de las operaciones agrícolas y la recuperación económica tras un evento atmosférico”, añadió Rodríguez Torres.

Por su parte, el director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas, Lcdo. Javier Lugo Rullán, destacó que el incremento en solicitudes refleja la confianza del sector agrícola en el programa de seguros y en los mecanismos de apoyo disponibles para reducir el costo de las primas.

“Este crecimiento en solicitudes es sumamente positivo y refleja que cada vez más agricultores reconocen el valor de contar con una cubierta de seguro. Sin embargo, aún hay agricultores que faltan por asegurar sus fincas y queremos reiterarles que quedan muy pocos días para hacerlo”, sostuvo Lugo Rullán.

El director ejecutivo recordó que el Departamento de Agricultura ofrece subsidios para ayudar a reducir el costo de las primas, incluyendo un subsidio de 35% durante el mes de mayo, hasta un máximo de $5,000 por agricultor por región agrícola. Además, el Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) ofrece financiamiento a 12 meses mediante un trámite simplificado.

Actualmente, la CSA ofrece protección para cultivos como café, plátano, guineo, cítricos, aguacate, mango y otros frutales, entre otros cultivos elegibles bajo el Programa de Seguros Agrícolas 2026-2027.

Asimismo, el Departamento exhortó a todos los agricultores a registrar sus fincas ante la Farm Service Agency (FSA), requisito importante para acceder a programas federales, ayudas agrícolas y seguros catastróficos.

Para orientación o para completar el proceso de solicitud, los agricultores pueden comunicarse con la Corporación de Seguros Agrícolas al 787-722-2748 o 787-829-2900.

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Costo de hojalatería impulsa alza en cubierta del SRO

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Por Miguel Díaz Román

Una medida que propone aumentar de $4,500 a $6,000 el límite de la cubierta del Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO) para atender el incremento en el costo de las piezas y en el costo del trabajo de hojalatería podría ser enmendada para elevar el límite a una cantidad superior a los $6,000,  según reveló el representante Víctor Parés, quien es el autor de la medida.

Parés sostuvo que los costos de las piezas y del trabajo de hojalatería se han triplicado en los últimos años, lo que implica que un límite de $6,000 podría ser insuficiente para atender la reparación de un automóvil.

«Lo que costaba ayer por una pintura y cambiar un bumper (parachoque de un auto) hoy cuesta el triple. Estamos buscando alternativas para cambiar eso. Los precios han variado bastante y por eso ese límite que aparece en el proyecto podría cambiar», sostuvo Parés en una breve entrevista con SN.

El legislador no se aventuró a mencionar una cifra para el límite de la cubierta pero indicó que estaría celebrando una reunión con las aseguradoras que proveen el SRO, con la Comisionada de Seguros y con la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), que administra el SRO, con el fin de definir cuál sería el monto adecuado para el límite de la cubierta.

Aumentar la cubierta sin elevar la prima.

Aunque el límite actual de la cubierta del SRO es $4,500, el pago promedio por reclamaciones es de $800. Los ajustadores del SRO utilizan un sistema de gráficas que adjudica responsabilidad entre los implicados en un accidente en lo que se conoce como el sistema de determinación inicial de responsabilidad, según lo dispuso la ley 253 de 1995, que es el estatuto matriz del SRO.

El Proyecto de la Cámara 1223, radicado por el representante Parés, pretende aumentar el límite de la cubierta del SRO sin elevar el costo de la prima. La prima actual del SRO se mantiene  en $99 para vehículos personales y $148 para vehículos comerciales. 

Se espera que la medida sea evaluada en la próxima sesión legislativa que comenzará en agosto de 2026.

En unas declaraciones escritas el representante Parés, quien preside la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, sostuvo que “existe una realidad en Puerto Rico que la enfrentan la inmensa mayoría de los conductores de vehículos al momento de sufrir un accidente y comenzar el proceso de reclamación del SRO y es que casi en toda colisión los gastos de reparación superan los disponibles en la cubierta que es hasta 4,500 dólares”.

“Los altos costos de las piezas, la falta de disponibilidad de muchas de ellas y el incremento en precios de la mecánica de hojalatero hacen bien difícil reparar un auto o guagua luego de un choque con la actual cubierta”, añadió.

Alzas inefectivas

Los alegados aumentos en los costos de reparación de vehículos han causado que  los incrementos en el límite de la cubierta decretados por medio de legislación en el pasado sean inefectivos en el presente. 

Parés dijo que en 2010 se aumentó la cubierta inicial de $3,000 a $4,000, y que luego hubo un aumento intermedio de $500, pero afirmó que esa cantidad quedó rezagada frente a la realidad actual del mercado.

“Han pasado 16 años desde ese aumento, aunque hubo uno intermedio de $500, muy por debajo de la realidad que se vive actualmente en la Isla. El tiempo ha llegado para aumentar esa cubierta y esa es la intención de este proyecto de ley ”, expresó.

Accidentes sin clasificar

Otro aspecto de la problemática es que, según los informes de la Policía, durante el año 2025 se registró un alza en los accidentes de tránsito de 4.13 % con respecto al año 2024. Durante el año 2025 se reportaron 43,484 accidentes de vehículos de motor en las vías públicas. En la Isla existen 4 millones de vehículos de motor, según el Departamento de Transportación y Obras Públicas.  

Sobre este señalamiento la exposición de motivos de PS 1223 indica que más del 50 % de esos accidentes no están debidamente clasificados. «Es importante señalar que, aunque no se dispone de estudios oficiales sobre la naturaleza de estos incidentes, se estima que más del 50 % presentan características particulares aún por definir», comenta la exposición de motivos.

Según explicó Parés, el aumento en la cubierta se financiaría mediante un mecanismo de declaración de dividendos extraordinarios por parte de la ASC.

Dividendos para pagar aumento

“Queremos destacar que esta iniciativa mantiene inalterado el actual costo de la prima. Con el objetivo de sufragar este necesario aumento en la cubierta del SRO estamos proponiendo el mecanismo de declaración de dividendos”, dijo el legislador.

La exposición de motivos de la medida indica que el mecanismo de declaración de dividendos de la ASC sería parecido a uno implementado  en mayo de 2022.  

En aquel momento  se aprobó la Resolución Conjunta 240, que estableció una moratoria en la ejecución de la Ley 1 de 2015, conocida como la “Ley de la Crudita”. Esta legislación incrementó el arbitrio sobre el crudo y productos derivados del petróleo, incluyendo gasolina y diésel, de $9.25 a $15.50. 

La medida avaló una moratoria sobre la gasolina y el diésel por un periodo de 45 días. Como parte del proceso, la ASC declaró un dividendo extraordinario de $50 millones de su reserva de capital, acompañado de una contribución especial equivalente al 50% de ese monto, destinando $25 millones al Fondo General para sufragar el costo fiscal de la suspensión de «la Crudita».

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Urge revisar modelos predictivos para evitar insolvencias

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Por Miguel Díaz Román

Ante el inminente inicio de una nueva temporada de huracanes, surge la realidad de que los modelos predictivos que utilizan las aseguradoras para adquirir una adecuada protección a través del reaseguro fallaron gravemente durante el paso del huracán María, lo que coloca a las aseguradoras del país en una disyuntiva, pues deben utilizar estos modelos por disposición de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), aun cuando estos subestimaron las pérdidas en 2017 y no han sido calibrados.

La temporada de huracanes comienza el 1 de junio y finaliza el 30 de noviembre. Los pronósticos para 2026 anticipan alrededor de 13 tormentas, 6 huracanes y dos de ellos fenómenos intensos.

“Las pérdidas reales causadas por el huracán María aparecían en los modelos como si fuera un evento que iba a ocurrir en más de 400 años. ¿Qué significa eso? Pues que los modelos estaban mal. Los modelos subestimaron las pérdidas. Y cómo las compañías compran reaseguro en base a las recomendaciones de los modelos para cumplir con las exigencias del regulador y las agencias calificadoras, y no cuentan con el respaldo de una compañía internacional que tenga coberturas regionales o mundiales, tuvieron que responder con su capital”, sostuvo Alexis Sánchez Géigel, presidente de la aseguradora MAPFRE.

En 2019, tras el paso del huracán María, la OCS intervino y liquidó a las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company, luego de que la falta de reaseguro las condenara a la insolvencia.

Los asegurados presentaron aproximadamente 11,300 reclamaciones. Hasta el presente, los asegurados han dejado de cobrar $372 millones, mientras que la Asociación de Garantía y Seguros Misceláneos, que es el organismo que responde en los casos de insolvencia, ha pagado $78 millones.

Pérdidas rebasan proyección de modelos

“En base a la evidencia, ¿qué tenemos? Tenemos a San Felipe, que fue un huracán categoría 5 en 1928; luego, en 1932, tenemos a San Ciprián, que fue un huracán categoría 4; y en 2017 tenemos a María, que fue un huracán categoría 4. El huracán Irma, que llegó a ser categoría 5, pasó cerca. Eventos que expongan a Puerto Rico a la categoría 5 o 4 van a ocurrir con una frecuencia de por lo menos uno cada 100 años. Entonces, definitivamente las pérdidas a nivel de 100 años van a ser mayores que lo que dicen los modelos”, dijo Sánchez Géigel.

“Esto pone de relieve la importancia de adquirir reaseguro por encima de lo requerido por el regulador y las agencias calificadoras, ya que depender únicamente de esos umbrales puede comprometer la solvencia, como ocurrió con las dos aseguradoras (Integrand y Real Legacy) tras el huracán María”, explicó Sánchez Géigel.

“Los modelos se tienen que calibrar y eso no ha ocurrido. Al presente se cuenta con las pérdidas reales de María; lo que falta es calibrar los modelos. Calibrar los modelos podría significar una mayor compra de reaseguro y un alza en los precios (de las primas), pero tendremos una industria más preparada ante una eventual catástrofe material», agregó el ejecutivo.

Necesario calibrar

Sánchez Géigel señaló que la OCS está promoviendo que las aseguradoras adquieran reaseguro en base a 250 años. No obstante, sostuvo que, si los modelos no son calibrados en base a la experiencia en pérdidas del huracán María, continuarán estimando pérdidas insuficientes. Este aumento no afecta a la industria, ya que desde 2018 se exigía la compra a 250 años por la agencia calificadora AM Best, la cual es la más utilizada en el mercado.

“Los modelos son modelos predictivos, que son un tipo de inteligencia artificial. Utilizan la experiencia pasada para predecir eventos futuros. Pero si la data de los eventos pasados, como fue el huracán María, no se incorpora en los modelos, continuarán arrojando pérdidas insuficientes”, insistió.

“Si las pérdidas reales en los modelos sobrepasaron los 400 años, ¿qué significa eso? Literalmente, se puede interpretar como ‘no se preocupen porque esto no volverá a pasar en 400 años’. Esto no tiene lógica cuando, en menos de 100 años, tuviste a San Felipe, a San Ciprián y a María. Y en el mismo año de María tuviste a Irma, con categoría 5, que te pasó por el lado», sostuvo.

El ejecutivo sugiere que el regulador exija, para la compra de reaseguro, el uso de los modelos de simulaciones catastróficas que se acercaron más a la realidad en el huracán María como un evento de 100 años, o que hayan calibrado sus modelos y puedan documentarlo.

Aumentos de prima

Advirtió que establecer tales cambios causará que las aseguradoras incurran en una mayor compra de reaseguro, lo que repercutirá en un aumento en la prima.

“Pero también provocará que no tengamos tantas insolvencias al momento de un desastre y que la economía de Puerto Rico sea más resiliente. Si en realidad no queremos tapar el sol con la mano y hacer las cosas bien, el objetivo es evitar las insolvencias. Insolvencias que lleven a negocios a radicar quiebra, insolvencias que causen que familias no puedan recuperar parte de su capital y su vida cambie para lo negativo. El seguro tiene que estar para cuando se necesita: se necesita después de una catástrofe y para restablecer a las personas al estado en que se encontraban previo al evento”, explicó el ejecutivo.

Por su parte, Juan Terrassa, quien es CEO de One Alliance Insurance Corp, expresó  que los modelos que se utilizan al presente parten de la protección de 250 años.  

«Está estimación es responsable junto con el capital y sobrante del asegurador. Con una robusta protección catastrófica deben proteger adecuadamente a los asegurados. Lo ocurrido por los eventos de Irma y María ciertamente marca pauta para el próximo modelo. No obstante, los aseguradores puramente domésticos, no siendo parte de una multinacional, tienen que responsablemente proteger su cartera con el modelo sugerido por el regulador y las entidades calificadoras», estimó Terrassa.

Irresponsables los incumbentes

«Puerto Rico se sitúa geográficamente en una zona expuesta a huracán y terremoto. Los huracanes tienen temporada atmosférica y los terremotos no. Los primeros vienen con previo aviso para prepararse, los terremotos viven 24/7 los 365 días al año sin previo aviso. Por tanto, los directivos de los aseguradores locales cumpliendo con su deber de fiducia tienen que comprar la adecuada protección. En el caso de los eventos tras Irma y María, los directivos y las respectivas juntas de directores fueron irresponsables al no cumplir cabalmente con su deber de fiducia. Como consecuencia los asegurados quedaron huérfanos de protección», dijo.

«Los incumbentes en el momento y la junta de directores al final son los responsables ante los accionistas, ante el regulador y ante las entidades calificadoras y, por su puesto, ante los asegurados, que son quienes pagan prima por la protección», concluyó Terrassa.

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Plátanos y huevos en crisis por falta de fiscalización de importaciones

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Por Miguel Díaz Román

La fiscalización de importaciones de parte del Departamento de Agricultura (DA) para evitar prácticas desleales como el «dumping» y el contrabando de productos agrícolas prohibidos, ha sido prácticamente inexistente durante los primeros de 17 meses de gestión del secretario de Agricultura, Irving Rodríguez, lo que ha contribuido a un aumento significativo de las pérdidas de los agricultores y en el decomiso del producto fresco del país. 

La situación es tan grave que actualmente existen extensos inventarios de huevos en peligro real de ser decomisados y amplias cosechas de plátanos en franco proceso de maduración debido a que los mercados naturales de estos productos se han visto inundados por productos importados de aparente legalidad y por productos importados ilegales que llegan al país por contrabando.

Según fuentes de SN vinculadas al DA, la fiscalización de importaciones por razones fitosanitarias  es prácticamente inexistente debido a que la nueva administración del secretario Rodríguez «no cree en fiscalizar a los importadores y ni a los supermercados». 

De hecho, la fuente sostuvo que como resultado de la actitud de permisividad que ha asumido el DA con respecto al producto extranjero legal e ilegal, las importaciones han registrado un aumento sin precedentes tanto en huevos como en plátanos. 

SN ha podido confirmar que las importaciones semanales de huevos desde los Estados Unidos han crecido sustancialmente mientras que los especiales de huevo importado a precios bajísimos  han abarrotado los shoppers de las cadenas de supermercados en toda la isla desde comienzos del 2026. 

Aumento importaciones

«Ha habido un aumento en la entrada de furgones semanales de huevo importado y eso ha provocado que tengamos «los coolers» llenos de huevo del país que no se vende por el huevo importado a bajos precios», dijo Steven Benítez, que es el presidente de la empresa productora de huevos del país Cinderella Poultry.

Hasta el pasado año entraban al país cada mes entre 120 y 140 furgones procedentes de Estados Unidos, mientras que los productores locales producen cerca de 40 furgones de huevos mensuales.  Cada furgón puede traer  900 cajas con 30 docenas de huevos. 

Benítez explicó que la dificultad para detener las importaciones por «dumping» obedecen a que para el gobierno federal Puerto Rico es parte del mercado estadounidense, lo que implica que las ventas de huevos a bajos precios no se consideran una competencia desleal. 

«Como somos territorio de los Estados Unidos nos consideran locales», dijo Benítez. 

El «dumping» es una práctica comercial internacional en la que una empresa exporta productos a un precio inferior de sus costos de producción para eliminar la competencia.Se considera competencia desleal, y los países afectados suelen aplicar derechos antidumping para proteger a las industrias nacionales.

El huevo como gancho

«Está ocurriendo una sobre entrada de huevo importado después de la crisis de la gripe aviar en los Estados Unidos . El huevo siempre se ha tomado para llamar la atención en los supermercados, lo que se llama un gancho (para atraer clientes). Si buscas las estadísticas del DA verás que este mes han entrado muchos vagones más que los meses anteriores», dijo Benítez, quien también es el ex presidente Fondo para el Fomento de la Industria de Huevos de Puerto Rico.

De hecho, el secretario Rodríguez acudió recientemente a las vistas de presupuesto en el Senado y en toda su exposición no mencionó el grave problema de las importaciones legales e ilegales.

«Todo eso no va a la par con lo que ocurre en Puerto Rico donde sube el diesel, suben los insumos y lo único que baja es el precio del huevo. Ya uno tiene unos costos de insumo y se nos hace difícil competir. Están todas las tiendas abarrotadas de huevo importado. Lo único que hay que hacer es trabajar con las cadenas de supermercados para que sean conscientes que ellos mismos pueden afectar la industria local con ese tipo de acción que están haciendo. No es que usen el huevo de gancho. Es por qué llegan tantos (furgones) y de corrido», se quejó Benítez.

Sostuvo que actualmente el incremento en la entrada de furgones al país asciende entre cinco y diez furgones semanales más. Explicó que la entrada masiva de huevo importado ha detenido la venta del huevo del país. 

«En este momento tenemos mucho huevo en los  «los coolers» porque la venta se aguantó. Hay dos cosas con ese huevo, o lo vendes barato, si hay la oportunidad de hacer un especial, o lo entierras», dijo el conocido agricultor. 

Benítez reveló que encabeza un esfuerzo junto con otros productores de huevos para negociar con las cadenas de supermercados y acordar una venta especial.

Buscando la venta especial

«Estamos en negociación con cadenas de supermercados para lograr la venta del huevo en almacén. En eso nosotros también perdemos mucho dinero. Esto es un arreglo para unas semanas. Pero ya en un par de semanas tenemos lo mismo otra vez, los almacenes llenos de huevo», advirtió.

«Aquí lo que estamos buscando no es controversia con el gobierno. Aquí lo que estamos buscando es que el gobierno diga que hay que hacer algo y los supermercados no solo digan que apoyan al agricultor de aquí, sino que lo demuestren y no hablen para las gradas. Estamos en una crisis de la industria del huevo y es una crisis grande y fuerte. Si no se logra algo rápido  pronto va a haber mucha pérdida», dijo Benítez.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Maunabo, Solano Burgos, denunció que el plátano del país ha sido desplazado de los restaurantes, cafeterías y de los supermercados por un plátano sin cáscara importado que se vende congelado en un empaque al vacío y por un plátano sin cáscaras empacados en envases que contienen agua y sal.

Prefieren el plátano importado

El líder agrícola también denunció que se ha estado importando cajas de plátanos con cáscara el cual tiene gran acceso al mercado de los restaurantes y de las cafeterías.

El plátano importado sin cáscara no está sujeto a las inspecciones fitosanitarias del DA debido a que se le extrae la cáscara y se empaca al vacío. Pero el plátano importado con cáscara y empacado en cajas de cartón estaría sujeto a las inspecciones fitosanitarias del DA y su entrada al país está prohibida.

Burgos indicó que estas cajas de plátano con cáscara llegan al país por contrabando.

«Nuestra cosecha se nos ha quedado y lo que hemos tenido son pérdidas. Los restaurantes son nuestros principales clientes y este año se han ido por el plátano importado que es más barato pero que no es más fresco y no tiene igual sabor que el plátano fresco del país», dijo Burgos.

El líder agrícola reveló que numerosos agricultores de la zona este ya han sufrido cuantiosas pérdidas porque el mercado de los restaurantes y las cafeterías prácticamente se cerró para el producto fresco del país debido al bajo precio de plátano importado en sus diversas modalidades.

«Se nos están madurando los plátanos y el plátano maduro que no podemos vender tenemos que regalarlo o tirarlo a la basura. Las pérdidas han sido grandes y todavía estamos empezando en esto. ¿Y qué está haciendo el DA para detener este contrabando?», explicó Burgos.

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Contralora revela pagos sin contrato en Autoridad de Tierras y ordena recobrar $410,677

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San Juan – La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen A. Vega Fournier, anunció hoy la publicación del Informe de Auditoría OC-26-27, correspondiente a la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, en el cual se identificaron múltiples incumplimientos legales, debilidades de control interno y deficiencias significativas en la administración del Fondo de Mejoras Municipales y otras operaciones relacionadas. El período auditado está comprendido del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2023.

La auditoría emitió una opinión adversa, lo que significa que las pruebas realizadas y la evidencia recopilada reflejan que las operaciones examinadas no se llevaron a cabo conforme a la ley y reglamentación aplicable.

“La sana administración pública requiere controles firmes, transparencia absoluta y respeto irrestricto al uso de los fondos públicos. Cuando esos principios fallan, se afecta la confianza ciudadana y la capacidad del Gobierno para servir con justicia y eficiencia”, expresó la Contralora Vega Fournier.

El Informe contiene dos hallazgos principales relacionados con los objetivos de auditoría, un hallazgo adicional sobre otros asuntos detectados y un comentario especial referente a la falta de personal para atender las responsabilidades delegadas a la Autoridad.

Uno de los señalamientos más significativos corresponde a $297,177 pagados contrario a las disposiciones contractuales. La auditoría examinó contratos otorgados a entidades sin fines de lucro y determinó que la Autoridad efectuó desembolsos sin contratos vigentes, incluyendo pagos realizados antes del otorgamiento formal del contrato y luego de vencida su vigencia.

Asimismo, para ocho contratos por $375,820, la Autoridad requirió tardíamente —o no requirió— informes sobre el uso de los fondos o la devolución de sobrantes, lo que provocó que $262,732 no estuvieran disponibles para atender obras y servicios en beneficio de la ciudadanía.

La auditoría también reveló que en siete contratos por $385,000 no se especificaron claramente las obras, las mejoras permanentes, los servicios a prestar, ni los beneficiarios de los fondos asignados, situación que aumenta el riesgo de uso indebido de recursos públicos y dificulta la fiscalización.

Además, en un caso específico, se determinó que fondos por $30,000 fueron utilizados de una resolución distinta a la establecida contractualmente, en violación a los términos pactados.

En cuanto al segundo hallazgo, la Contralora informó que la entonces directora de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto realizó funciones incompatibles entre sí, tales como pre intervenir justificantes de desembolso, emitir y firmar cheques, y registrar pagos, lo que representa una clara falta de segregación de deberes y eleva el riesgo de errores o irregularidades no detectadas oportunamente.

Igualmente, se encontró que la Autoridad carecía de reglamentación adecuada para procesos esenciales de contabilidad y finanzas, incluyendo preparación y registro de comprobantes de desembolso, conciliaciones bancarias y emisión de cheques. También se determinó que el Reglamento del Fondo de Mejoras de 2024 no había sido presentado ante el Departamento de Estado, pese a contener requisitos aplicables a terceros.

Otro hallazgo importante se relaciona con contratos no registrados ni remitidos a la Oficina de la Contralora, como exige la ley. Se identificaron seis contratos por $113,500 formalizados con una entidad sin fines de lucro que no fueron registrados ni remitidos, pese a que se efectuaron pagos relacionados con dichos acuerdos.

También se determinó que la Autoridad incumplió con el envío de certificaciones anuales requeridas por ley para los años fiscales del 2015-16 al 2021-22 y remitió diez informes mensuales de nómina y puestos con tardanzas de entre 3 y 30 días.

En sus comentarios oficiales, la gerencia indicó que muchas de las deficiencias señaladas habían sido atendidas mediante nueva reglamentación y controles internos, incluyendo procesos de verificación desde la solicitud legislativa hasta la aprobación final de asignaciones. 

También expresó que el incumplimiento relacionado con contratos no radicados y certificaciones anuales fue subsanado para evitar recurrencia. Sin embargo, la Oficina de la Contralora sostuvo los hallazgos tras evaluar las respuestas recibidas.

Como comentario especial, la auditoría destacó que la Autoridad no cuenta con suficiente estructura administrativa para cumplir las funciones del Programa de Infraestructura Rural y Mejoras Permanentes (PIR), encargado de manejar cientos de solicitudes legislativas y cerca de mil contratos anuales. Según el informe, esta insuficiencia obligó a contratar servicios externos y contribuyó a retrasos operacionales.

Entre las recomendaciones emitidas, la Contralora ordenó recobrar $410,677 a entidades sin fines de lucro, fortalecer la fiscalización de fondos, asignar personal suficiente al PIR, asegurar la revisión legal de contratos, implementar sistemas electrónicos de transparencia ciudadana, registrar oportunamente contratos, corregir deficiencias reglamentarias y adiestrar personal financiero en el uso del sistema contable.

“Nuestro deber constitucional exige impulsar correcciones, prevenir reincidencias y proteger cada recurso público que pertenece al pueblo de Puerto Rico. Exhortamos a la Autoridad a implementar con urgencia todas las recomendaciones emitidas las que evaluaremos en seis meses.”, concluyó Vega Fournier.

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Senado evalúa primer Código de Pesca de Puerto Rico y profesionalizar pescadores 

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(Capitolio)— El Senado considera un paquete de medidas legislativas que proponen crear el primer Código de Pesca de Puerto Rico y además proteger derechos, ordenar la regulación, fortalecer villas pesqueras, crear un Registro Unificado de Pescadores, impulsar microempresas, profesionalizar el sector y abrir nuevas oportunidades de desarrollo económico en las comunidades costeras.

Las medidas, que fueron radicadas por la senadora Roxanna Soto Aguilú, pretenden atender, por primera vez de manera articulada, moderna y multisectorial, los principales retos que enfrenta la pesca en Puerto Rico. 

Las medidas proponen una nueva visión pública para el sector pesquero, basada en pilares fundamentales de regulación clara, derechos del pescador, infraestructura pesquera, recopilación de datos, desarrollo económico local, acceso justo a incentivos, manejo sostenible y profesionalización de la cadena de valor pesquera.

La pieza central del paquete es el Proyecto del Senado 1232, que propone crear el Código de Pesca de Puerto Rico, un estatuto amplio y uniforme para organizar en un solo cuerpo legal la normativa aplicable a la pesca comercial, recreativa, deportiva, turística y científica, así como a la acuicultura, maricultura, desembarque, transportación, trazabilidad, fiscalización y comercialización de los recursos pesqueros y acuáticos.

“Puerto Rico tiene una relación histórica, económica, alimentaria y cultural con el mar, pero durante demasiado tiempo la política pública pesquera ha estado fragmentada. Con este paquete legislativo estamos atendiendo la pesca desde todos los frentes: protegemos el recurso, reconocemos al pescador, fortalecemos las villas pesqueras, promovemos la capacitación, damos herramientas económicas a los municipios, mejoramos la recopilación de datos y abrimos paso a una industria más formal, más ordenada y con mayor capacidad de crecimiento”, expresó Soto Aguilú.

Según la legisladora, el Código de Pesca busca sustituir un modelo disperso por una estructura legal coherente que brinde certeza jurídica tanto al pescador como al Estado. La medida atiende asuntos como licencias, permisos, registros, operadores autorizados, embarcaciones, torneos, operaciones turísticas, vedas, tallas, cuotas, zonas reguladas, trazabilidad, inspección, decomiso, sanciones, información pesquera y coordinación interagencial.

“Este Código no es una simple recopilación de normas. Es una reforma estructural. Por primera vez se propone un marco jurídico integrado para que Puerto Rico pueda regular, fiscalizar, conservar y desarrollar el sector pesquero con reglas claras, modernas y uniformes”, añadió Soto Aguilú.

Como parte de esa misma visión de ordenamiento, la senadora también destacó el Proyecto del Senado 952, presentado previamente, que propone crear el Registro Unificado de Pescadores en Puerto Rico. Esta medida busca integrar en una base de datos centralizada, digital e interactiva a pescadores comerciales, recreativos y de subsistencia, con el propósito de mejorar la planificación pública, la recopilación de estadísticas pesqueras, la emisión de licencias y permisos, la seguridad, la educación, la conservación y el manejo sostenible de los recursos marinos.

Soto Aguilú explicó que la ausencia de un registro unificado limita la capacidad del Gobierno para conocer con precisión quiénes participan en la actividad pesquera, bajo qué modalidad, con qué nivel de esfuerzo pesquero y cómo esa actividad incide sobre los recursos marinos. La medida propone que el registro sea administrado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, e incluye mecanismos de inscripción, reportes de captura, protección de datos personales, integración con sistemas existentes y reglamentación dentro de un término de 180 días.

“Para proteger el recurso y apoyar al pescador, el Gobierno necesita información confiable. No se puede manejar adecuadamente lo que no se mide. El Registro Unificado de Pescadores nos permite tener una visión más completa de la actividad pesquera en Puerto Rico, mejorar la toma de decisiones y fortalecer la conservación sin perder de perspectiva la realidad del pescador”, sostuvo la senadora.

Como complemento directo al Código de Pesca, la senadora presentó el Proyecto del Senado 1231, para crear la Carta de Derechos del Pescador de Puerto Rico. Esta medida reconoce derechos básicos del pescador frente al aparato gubernamental, incluyendo orientación clara y oportuna, acceso a información actualizada, trato administrativo justo, asistencia regional, coordinación interagencial y referidos adecuados a programas de apoyo, certificación, incentivos, financiamiento y capacitación.

“Regular no puede significar abandonar al pescador en un laberinto administrativo. Si el Estado exige cumplimiento, también tiene que orientar, asistir y facilitar procesos razonables. La Carta de Derechos del Pescador afirma que detrás de cada licencia, cada embarcación y cada desembarque hay una persona, una familia y una comunidad costera que merecen respeto institucional”, sostuvo.

El paquete también incluye el Proyecto del Senado 1230, que crea la Ley para el Desarrollo, Inventario, Fortalecimiento y Regulación de las Villas Pesqueras de Puerto Rico. Esta medida ordena levantar un inventario oficial de villas pesqueras, clasificarlas, identificar sus necesidades, promover su rehabilitación y establecer una política pública uniforme para su uso, administración y aprovechamiento como infraestructura estratégica del sector pesquero.

Soto Aguilú destacó que las villas pesqueras deben dejar de verse únicamente como estructuras físicas y comenzar a tratarse como centros de actividad económica, comunitaria, turística y productiva.

“Las villas pesqueras son puntos de desembarque, acopio, venta directa, organización comunitaria, orientación, capacitación y desarrollo económico. Sin un inventario claro, sin criterios uniformes y sin planificación, el Gobierno no puede saber cuáles están operando, cuáles necesitan rehabilitación y cuáles pueden convertirse en motores de actividad económica costera”, indicó la senadora.

En el frente de desarrollo económico municipal, el Proyecto del Senado 1228 propone enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para reconocer expresamente la facultad de los municipios de fomentar industrias locales compatibles con su realidad territorial, incluyendo la pesca y las microempresas vinculadas a la industria pesquera. La medida permitiría a los municipios desarrollar programas, alianzas, mecanismos de apoyo, espacios de incubación, capacitación y proyectos de fortalecimiento económico local relacionados con la pesca.

“Muchas oportunidades de la pesca ocurren a escala municipal: venta directa, fileteo, empaque, distribución local, puntos de expendio, turismo pesquero compatible, cooperativas y pequeños negocios. Queremos darle a los municipios una base legal clara para apoyar esas iniciativas sin imponerles cargas fiscales irrazonables”, explicó.

Asimismo, el Proyecto del Senado 1229 atiende una preocupación práctica del sector pesquero relacionada con la certificación de Agricultor Bona Fide y el acceso a incentivos bajo la Ley 60-2019 y la Carta de Derechos y Deberes del Agricultor. La medida busca aclarar que el ingreso de un cónyuge que no participa en la operación pesquera no debe convertirse automáticamente en una barrera para que un pescador comercial se cualifique para beneficios, incentivos o certificaciones aplicables.

“Si un pescador sostiene una operación legítima y su cónyuge tiene otro empleo para complementar el ingreso familiar, eso no debe usarse de manera automática para cerrarle la puerta al sistema de incentivos. Esta medida busca justicia administrativa, claridad y uniformidad para que los pescadores comerciales puedan acceder a beneficios que ya el ordenamiento reconoce en términos generales”, señaló Soto Aguilú.

Finalmente, el Proyecto del Senado 1227 propone crear la Ley para el Desarrollo de Capacitación Pesquera, Manejo Postcaptura, Comercialización Legal y Valor Añadido en Puerto Rico. Esta medida establece una política pública dirigida a capacitar pescadores y personas vinculadas a la cadena de valor pesquera en áreas como manejo postcaptura, fileteo, empaque, conservación, inocuidad, trazabilidad, documentación, mercadeo, comercialización legal y valor añadido.

La senadora enfatizó que el valor económico de la pesca no termina cuando la embarcación llega al puerto.  “Una pesca fuerte no depende únicamente de cuánto se captura, sino de cómo se maneja, cómo se conserva, cómo se documenta, cómo se procesa y cómo se lleva legalmente al mercado. Profesionalizar la cadena de valor pesquera significa reducir pérdidas, aumentar ingresos, abrir mercados y convertir el esfuerzo del pescador en mayor oportunidad económica”, afirmó.

Soto Aguilú sostuvo que este paquete legislativo reconoce la pesca como una actividad que combina conservación ambiental, seguridad alimentaria, desarrollo económico, identidad cultural, turismo, actividad científica y sustento familiar.

“Estamos proponiendo una nueva arquitectura pública para la pesca en Puerto Rico. Este no es un paquete de medidas aisladas; es una agenda completa. El Código organiza la regulación. El Registro Unificado permite datos confiables para tomar mejores decisiones. La Carta de Derechos reconoce al pescador. La ley de villas pesqueras atiende la infraestructura. La enmienda al Código Municipal promueve el desarrollo económico local. La medida de Agricultor Bona Fide garantiza acceso justo a incentivos. Y la ley de capacitación profesionaliza la cadena de valor. Esa es la visión: atender el sector pesquero de manera completa, responsable y moderna”, concluyó.

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Crecimientos e insolvencias

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Por Miguel Díaz Román 

Una recopilación estadística de las propiedades aseguradas en 2017 en comparación con las propiedades aseguradas en 2025, demuestra que la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance y Real Legacy por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), favoreció el crecimiento de las carteras de propiedad de numerosas aseguradoras del país.

La recopilación de información fue realizada por Mapfre, que se nutrió de los datos que las aseguradoras anualmente vierten en la OCS sobre los seguros de propiedad.

El paso del huracán María propició que surgieran las carencias de reaseguro de Integrand y Real Legacy, lo que encaminó la intervención y su posterior liquidación por parte de la OCS en 2019. De esta manera, los asegurados de las empresas liquidadas por la OCS pasaron a integrar la terna de nuevos clientes de las aseguradoras activas en el mercado, lo que aumentó el «market share»  (la cuota de mercado) de unas 14 aseguradoras.

Los crecimientos significativos se registraron en 11 aseguradoras, las cuales mencionamos a continuación: Multinational Insurance, Universal Insurance, Mapfre, Chubb Insurance, AIG Insurance, Triple S Propiedad, Cooperativa de Seguros Múltiples, One Alliance Insurance, Antilles Insurance, United Surety & Indemnity, Optima Seguros.

Retos a la vista

No obstante, estos crecimientos implican también retos para esas aseguradoras en términos de servicio y en el manejo de reclamaciones, si en un escenario hipotético el país se viera azotado por una catástrofe similar al huracán María. 

Además, estos crecimientos también representan un gran reto para la OCS, que, a pesar de su legendaria falta de personal, deberá mejorar notablemente su pericia en la fiscalización de las aseguradoras por medio de auditorías para garantizar que se haya contratado suficiente reaseguro.

En un intento por detectar a tiempo las dificultades financieras en las aseguradoras y así evitar las insolvencias, la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, anunció el inicio del programa de auditorías regulatorias de la OCS, el cual comenzará durante este año calendario.

La preocupación sobre los crecimientos significativos toma una mayor relevancia si determinadas aseguradoras han experimentado una alta concentración de propiedades aseguradas en un renglón específico del mercado como lo son los condominios, por ejemplo. Esa alta concentración implica que, tras el paso de la catástrofe, el servicio de reclamaciones de esos asegurados se puede afectar severamente.

Alta concentración

De la recopilación estadística de las propiedades se desprende que Multinational experimentó un crecimiento extraordinario, pues en 2025 demostró haber obtenido $372.6 millones en primas en el reglón de propiedad, mientras en 2017 su cuota en ese reglón era de $26.6 millones. 

Ese crecimiento implicó que la cuota de mercado de Multinational, que en 2017 era de  3.7%, aumentara a 19.4 % en 2025. Es decir, en nueve años las suscripciones de propiedad de Multinational experimentaron un impulso sin precedentes hasta casi copar el 20 % del mercado de propiedad en Puerto Rico, con un ingreso en primas ascendente a $372.6 millones.                                       

El crecimiento de Multinational ha trascendido públicamente ya que en octubre del 2025 el presidente de la aseguradora, Luis Pimentel Ferbi, le reconoció a SN que la cartera de condominios representaba el 14% de los 5,130 condominios que existen en la isla, según estimados del Departamento de Asuntos del Consumidor. 

Es decir, en la cartera de propiedad de Multinational existen unos 718 condominios aproximadamente, la cual es una cifra respetable que conlleva robustos acuerdos de reaseguro. 

«Me preocupa que en caso de otro huracán o terremoto algunas aseguradoras que hayan registrado un aumento significativo en primas y en clientes, o que hayan experimentado una concentración significativa en un solo sector de propiedad comercial como son los condominios, puedan ofrecer el servicio de calidad que los asegurados esperan en el manejo de sus reclamaciones», sostuvo Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company.

En peligro el servicio

«Si el volumen de reclamos excede lo proyectado las aseguradoras del país podrían enfrentar serias dificultades para ofrecer un buen servicio. Estoy convencido de que si no podemos ofrecer un servicio de reclamaciones eficaz, como sucedió con algunas aseguradoras luego del paso del huracán María, nuestra imagen como industria se afectará gravemente otra vez», dijo el ejecutivo.

González Portilla advirtió que ante una nueva catástrofe las aseguradoras que hayan registrado un  aumento significativo en primas podrían enfrentar la disyuntiva de importar recursos para atender sus clientes durante la emergencia.»Y algunas de ellas se verían obligadas a atraer recursos externos como ajustadores, ingenieros y peritos si los recursos locales no son suficientes. Lamentablemente eso fue lo que les ocurrió a algunas aseguradoras luego del paso del Huracán María».

Por su parte, el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, explicó que los modelos utilizados por las aseguradoras para anticipar el monto de pérdidas frente a un fenómeno atmosférico fallaron debido a que no anticiparon correctamente las pérdidas reales.  

«Esto pone de relieve la importancia de adquirir reaseguro por encima de lo requerido por el regulador y las agencias calificadoras, ya que depender únicamente de esos umbrales puede comprometer la solvencia, como ocurrió con dos aseguradoras (Integrand y Real Legacy) tras el huracán (María)», sostuvo Sánchez Géigel.

De acuerdo con el ejecutivo, actualmente existe un mercado blando (tendencia a bajar el precio de las primas), en el que algunas aseguradoras reducen precios sin aprovechar la disminución en el costo del reaseguro para fortalecer su cobertura. 

«Esa cobertura no debería disminuir, sino aumentar, y la razón es sencilla. A las pérdidas reales de un evento como el huracán María se suma el aumento en los costos de reconstrucción, que en los últimos años han crecido de forma astronómica debido a la limitada oferta disponible, principalmente por la escasez de mano de obra. Esta situación se agravaría aún más tras una catástrofe. Como resultado, para cubrir un evento como el huracán María se requiere, desde el inicio, un 40% adicional, a fin de absorber los incrementos en los costos de reconstrucción desde 2017», explicó.

Incrementa riesgo de insolvencia

De acuerdo con Sánchez Géigel, el «mercado blando» no ha podido subsanar el efecto de la inflación, lo cual aumenta los riesgos de que las aseguradoras sean sorprendidas por la insolvencia. 

«Aunque exista un mercado blando, este no ha compensado la magnitud del aumento en la inflación de los costos de construcción. Esta práctica incrementa el riesgo de insolvencia, especialmente cuando la experiencia demuestra la necesidad de contar con mayor protección que la sugerida por los modelos regulatorios y de calificación», señaló.

«Las compañías que adquieren menos reaseguro enfrentan costos más bajos, que podrían trasladar al cliente en forma de primas reducidas, pero lo hacen a costa de un mayor riesgo de insolvencia por falta de cubierta. En nuestro caso, con cerca de un 23% de participación en el mercado de propiedad al momento del huracán María —excluyendo aseguradoras no domésticas—, conocemos bien el nivel real de exposición y somos plenamente conscientes de los aumentos en los costos de construcción. Por ello, hemos sido consistentes en adquirir la protección adecuada y en mantener disciplina en la suscripción», concluyó Sánchez Géigel.

De la recopilación estadística también se desprende que las aseguradoras Universal Insurance y Mapfre resultaron favorecidas pues registraron crecimientos significativos en primas. Universal, por ejemplo, en 2017 tenía $95 millones en primas de propiedad pero en 2025 el recaudo en primas de propiedad se elevó a $258.2 millones, lo que representó una cuota de mercado de 13.4 %. 

Mapfre, por su parte, en 2017 tenía $164.4 millones en primas de propiedad pero en 2025 el se registró un alza en primas de propiedad de $254.1 millones, lo que representó una cuota de mercado de 13.2 %. 

Chubb Insurance es una aseguradora que en 2017 tenía $20.5 millones en primas de propiedad y en 2025 aumentó a $215.7 millones. Su cuota de mercado aumentó de 2.8 % en 2017 a 11.2 % en 2025.

Otras aseguradoras que resultaron favorecidas son AIG Insurance, Triple S Propiedad, Cooperativa de Seguros Múltiples y One Alliance Insurance.

En 2017 AIG Insurance tenía $39.6 millones en primas derivadas del mercado de propiedad pero en 2025 ese renglón aumentó a $139 millones con una cuota de mercado amplificada de 7.2 %. Triple S Propiedad registró en 2017 $85.4 millones en primas de propiedad y en 2025 sus ingresos por primas de propiedad se elevaron a $133.7 millones con una cuota de mercado de 7 %.

Cooperativa de Seguros Múltiples apenas tenía en 2017 $33.1 millones en primas de propiedad, pero en 2025 ese renglón aumentó hasta registrar$126.5 millones en primas con una cuota de mercado de  6.6 %.

Por su parte, One Alliance registró primas de propiedad por valor de $8.2 millones en 2017 y para 2025 ese renglón aumentó a $133.8 millones con una cuota de mercado amplificada de 5.4 %.

Antilles Insurance, United Surety & Indemnity y Optima Seguros también experimentaron crecimientos notables. En 2017 Antilles Insurance registraba ingresos por primas de propiedad por valor de $18.1 millones pero en 2025 esa cartera tuvo un alza hasta alcanzar $95.6 millones con una  cuota de mercado del 5 %. 

El caso de United Surety & Indemnity es similar al de Antilles Insurance, pues en 2017 registró ingresos por primas de propiedad ascendentes a $18.9 millones y en 2025 ese ingreso aumentó a $83.7 millones con una cuota de mercado de 4.4 %. Optima Seguros tenía en 2017 ingresos por primas de propiedad de $35.1 millones y en 2025 ese ingreso se elevó a $59.3 millones, mientras la cuota de mercado se situó en 3.1 %.  

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ACODESE con nueva Junta de Directores

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San Juan, Puerto Rico. 6 de mayo de 2026.– La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) anunció hoy la elección de su nueva Junta de Directores para el periodo 2026-2027, durante la celebración de su Asamblea General.

La nueva Junta estará liderada por José Del Amo Mojica, presidente de Triple S Propiedad, quien fungirá como presidente. Le acompañan Rafael A. Blanes González, presidente y CEO de United Surety and Indemnity Company (USIC), como vicepresidente; el Lcdo. Carlos R. Iguina Oharriz, presidente de MCS Life Insurance Company, como secretario; y Alexis Sánchez Geigel, presidente de MAPFRE PRAICO Insurance Company, como tesorero.

Además, integran la Junta de Directores los siguientes miembros: Lcdo. Ángel L. Torres Zequeira, presidente de AIG Insurance; Lcdo. Carlos O. Santana Marrero,  principal asesor legal y oficial de seguridad de First Medical Health Plan; Ricardo J. Benítez Fernández, presidente de One Alliance Insurance Corporation; Edrick Touma Taveras, presidente de TransOceanic Life Insurance Company (TOLIC);  y José C. Benítez Ulmer, presidente de Universal Life Insurance Company. 

La licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE, expresó que “la elección de esta nueva Junta marca un paso importante en la continuidad del trabajo que hemos venido realizando desde ACODESE, con un enfoque claro en fortalecer la industria, elevar los estándares y atender los retos del entorno actual con responsabilidad y visión de futuro”. 

La nueva Junta asume funciones en un momento clave para la industria de seguros en Puerto Rico, en el que el sector continúa desempeñando un rol esencial en el desarrollo económico de la isla, además de promover la educación del consumidor y un mayor entendimiento sobre el rol de los seguros en el día a día de las personas y empresas en la isla.

Por su parte, José Del Amo Mojica, presidente de la Junta, indicó que “Puerto Rico necesita una industria aseguradora fuerte y preparada para responder a riesgos cada vez más complejos. Nuestra prioridad será continuar construyendo un sector sólido y confiable. Es un honor liderar ACODESE, una organización que reúne a los principales componentes de uno de los sectores más importantes de la isla. Nuestro enfoque es seguir acercándonos a los consumidores y trabajar de la mano con el regulador, nuestros socios y otros sectores para fortalecer la industria de seguros”.

ACODESE reiteró su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la industria de seguros, fomentar las mejores prácticas y contribuir al bienestar económico y social de Puerto Rico.

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Sale el presidente ejecutivo de First Medical Salud, José Valentín Cameron 

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Por Miguel Díaz Román 

En medio de la difícil situación financiera que experimenta la empresa de seguros de salud First Medical Health Plan (FMHP), se ha conocido la salida de José Valentín Cameron, presidente ejecutivo de First Medical Salud, que entre otros asuntos tiene a cargo la administración de la cubierta del Plan Vital, que es plan de salud del gobierno.  

No está claro si Valentín Cameron renunció a su posición o si su salida obedece a una negociación con la familia Artaud Feliciano, que son los dueños de la aseguradora de salud  FMHP. Fuentes de la industria de seguros de salud indicaron que a principios de la pasada semana Valentín Cameron anunció su salida de la aseguradora.

La salida ocurre en momentos cuando una cantidad indeterminada de reclamos de proveedores de servicios de salud permanecen sin pagar y la aseguradora parece oscilar entre el cumplimiento con los requisitos financieros que impone el Código de Seguros y el umbral de la insolvencia.

De acuerdo con fuentes vinculadas a FMHP, Valentín Cameron abandona la posición ejecutiva y se dedicará a «ser profesor universitario». Otras fuentes indican que el ex ejecutivo podría ayudar a la FMPH en carácter de «consultor».

SN realizó múltiples intentos para obtener una reacción de FMHP pero estos resultaron infructuosos. El último de estos intentos fue el envío de un correo electrónico al licenciado Carlos Santana, quien ocupa la posición de oficial superior de asuntos jurídicos e investigaciones especiales de FMHP, procurando una declaración oficial de la empresa confirmando o negando la salida de Valentín  Cameron. No hubo respuesta de parte del licenciado Santana.

No fue sorpresa

No obstante, tan temprano como ayer Valentín Cameron se comunicó con sus seguidores a través de la red profesional Linkedin. El mensaje hace alusión a una «nueva etapa» y tiene un tono de despedida. En respuesta al mensaje un grupo de profesionales y expertos en la industria de salud le desearon a Valentín Cameron «éxito» y «éxito en su nueva encomienda».

La salida de Valentín Cameron no tomó por sorpresa a determinadas voces muy conocedoras del ámbito de los seguros de salud. 

«Había oído desde hace par de semanas rumores de que Valentín estaba en la cuerda floja. No me tomó por sorpresa. Era un secreto a voces que First Medical se devanea al borde de la insolvencia. La partida de Valentín parece confirmar esto», sostuvo el ex director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva.

La salida de Valentín Cameron puede causar determinadas repercusiones, según planteó Galva.

«El efecto sobre el Plan Vital puede ser bien complejo si no se maneja apropiadamente una salida repentina de esa aseguradora. Valentín lleva muchos años manejando las relaciones con ASES. Igualmente tiene vasta experiencia. Reponerlo con alguien de igual habilidad y solvencia profesional no será fácil», agregó el ex director ejecutivo de ASES.

Falla la fiscalización de ASES

No obstante, Galva señaló una posible laguna en la tarea de fiscalización que ASES debe realizar sobre las aseguradoras que contrata.Hasta el pasado año el FMHP tenía registrados cerca de 300,000 asegurados en el Plan Vital.

«Esto también puede ser un ojo negro para Ases.  ¿Cómo fue que la agencia fiscalizadora no siguió los rumores para enviar un enviar un auditor donde ellos? Más bien por no hacer las gestiones para averiguar el estado real de First Medical, especialmente después de que First Medical pasó por un episodio largo de falta de pago a los proveedores el año pasado. Una investigación oportuna de ASES podría haber descubierto la condición real de la aseguradora en términos de reserva, cuentas por cobrar, añejamiento de esas cuentas, etc», advirtió Galva. 

El pasado año durante la etapa más crítica de la falta de pago por parte FMHP se informó que la aseguradora arrastraba una deuda actuarial de $226.4 millones que había afectado a los proveedores de servicios de salud y a los asegurados.  

Vigilancia semanal

Ante la falta de pago de FMHP, Luis Martínez Villafañe, presidente de Med-Billers & ReCycle Association, una asociación profesional que representa a los facturadores de servicios de salud, acudió a la OCS en busca de explicaciones. 

En la OCS se le explicó que la aseguradora se encontraba en un plan de vigilancia semanal que intentaba garantizar su liquidez. 

El 23 de mayo de 2025 la OCS emitió una certificación de estado de situación sobre FMHP la cual indicó que la aseguradora no enfrentaba un estado de menoscabo pero que sí señaló que se encontraba en un «evento de acción conforme al Capítulo 45 de Código de Seguros». 

Entre otros asuntos, el Capítulo 45 concede autoridad a la OCS «para requerir de los aseguradores que tomen medidas para proteger su capital y reducir sus riesgos, tomando en consideración el perfil de activos y pasivos». 

Además, el capítulo 45 establece los requisitos de capital en función del riesgo y establece los mecanismos correctivos cuando la entidad no logra mantener el capital necesario en función del riesgo.

La certificación estableció que el total de capital y sobrantes de FMHP ascendía a $38 millones, mientras que el total de activos alcanzó a $264.6 millones y los pasivos (deudas) alcanzaban los $226.4 millones.

Solvente FMHP

De acuerdo con Martínez Villafañe, el impago de facturas de servicios prestados por parte de FMHP no solo ha ocurrido en 2025 y 2024, sino que se extiende hasta 2021.

No obstante, el pasado miércoles durante su comparecencia a una actividad del Centro Unido de Detallistas, la Comisionada de Seguros, Suzette Del Valle Lecároz, declaró que FMHP se encontraba solvente y que la OCS no había tomado contra la aseguradora una acción regulatoria recientemente.

«First Medical capitalizó y están solventes todas las aseguradoras (de salud). En este momento no tenemos ninguna acción regulatoria contra First Medical», sostuvo Del Valle Lecároz.

Pero tan temprano como en febrero de este año FMPH despidió a 50 empleados como parte de una reorganización que tenía como fin reducir gastos y garantizar la sostenibilidad de la aseguradora de salud a largo plazo.

SN tiene conocimiento que numerosos proveedores de servicios de salud aún no reciben pagos para servicios facturados el pasado año.

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Un puertorriqueño entre los ganadores del concurso estudiantil AM Best

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AM Best ha anunciado que Hernán Burgos y Alexander Porte, de la Escuela de Negocios de la Universidad de Wisconsin-Madison, como ganadores del Desafío Estudiantil 2025 de AM Best por su solución de seguro paramétrico contra tormentas tropicales para América Latina y el Caribe (ALC). Burgos es natural de Puerto Rico.

El Desafío Estudiantil 2025 retó a estudiantes de gestión de riesgos y seguros a crear soluciones innovadoras para riesgos de seguros. La solución de seguro propuesta por Burgos y Porte brindaría cobertura a personas de bajos ingresos y microempresas en las regiones costeras de ALC utilizando datos meteorológicos en tiempo real.

«En ALC, donde la penetración de seguros es extremadamente baja y la tasa de pobreza es significativamente alta, el acceso a productos de seguros es prácticamente imposible para las comunidades de bajos ingresos», dijo Burgos en una entrevista con AM Best TV sobre la propuesta. «En la región, el acceso a seguros se considera un lujo. Millones de personas quedan financieramente vulnerables y desprotegidas ante catástrofes naturales cada vez más frecuentes y severas».

Porte explicó que la propuesta ganadora del Student Challenge plantea aprovechar el alto nivel de productos bancarios en LAC para crear mercados de seguros y ofrecer productos: “Cuando intentas crear un mercado de seguros, cuando intentas crear demanda para estos productos, necesitas usar otros canales de distribución”.

Además de Burgos y Porte, estudiantes de la Universidad de Akron y la Universidad Estatal de Florida fueron finalistas en la competencia nacional, que estaba abierta a estudiantes de pregrado y posgrado.

“Las ideas innovadoras y las propuestas bien pensadas presentadas por estos estudiantes apuntan a un futuro brillante para la industria de seguros”, dijo Lee McDonald, vicepresidente sénior de publicaciones y servicios de noticias de AM Best.

Para ver entrevistas en video y entrevistas de la revista Best’s Review con el equipo ganador y otros finalistas, visite la página de inicio del Student Challenge 2025. El Student Challenge 2025 de AM Best es una iniciativa de la compañía para apoyar el desarrollo de nuevos talentos en la industria de seguros. La compañía también ofrece un programa de desarrollo analítico .

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, editora de noticias y proveedora de análisis de datos especializada en el sector asegurador. Con sede en Estados Unidos, la compañía opera en más de 100 países y cuenta con oficinas regionales en Londres, Ámsterdam, Dubái, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México.

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