«La nueva era de la IA será uno de los momentos más turbulentos de la historia de la humanidad.»

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A pesar de defender durante mucho tiempo la innovación tecnológica, Bill Gates, el fundador de Microsoft, sostuvo que «el mundo no está preparado para la era de la inteligencia artificial (IA)».

«Por desgracia, de momento no nos estamos preparando. No veo indicios de que los líderes, los expertos y las comunidades estén afrontando los retos de forma adecuada. ¡No existe ningún plan para facilitar la transición a la era de la IA!», escribió el empresario en un artículo publicado hoy, 26 de agosto de 2026, por The New York Times.

Según Gates, la gente subestima la IA por dos razones: la tecnología será capaz de reemplazar a los seres humanos en muchas tareas pronto y el mundo no tiene la experiencia con una tecnología que puede evolucionar tan rápidamente y actuar como un ser humano, adaptándose por sí misma.

Sin un plan cuidadosamente elaborado para afrontar los próximos años, escribió, cualquier beneficio a largo plazo que la tecnología pudiera ofrecer quedará eclipsado por el caos social, político y económico que provocará.

«El desafío es monumental. Incluso en las mejores circunstancias, la transición a esta nueva era de la IA será uno de los momentos más turbulentos de la historia de la humanidad», escribió Gates en el artículo, que constaba de casi 6.000 palabras.

¿Qué pasará con el trabajo?

La IA afectará a varios sectores rápidamente, «en el transcurso de una década en lugar de a lo largo de varias generaciones», señaló, agregando que, a pesar de que se crearán nuevos puestos, «sin las políticas adecuadas, habrá muchos menos de los que hay hoy en día». Además, los especialistas necesitarán años de formación para ocupar las nuevas posiciones.

Entre los trabajos que podrían ser afectados por la IA, enumeró las ventas y la atención al cliente, la ingeniería de ‘software’, la asistencia jurídica, así como aquellas industrias en las que se cumplen tareas físicas como la construcción y la hostelería. A su vez, algunas áreas como la ingeniería de ‘software’ y el diseño crearán nueva demanda en el mercado de trabajo.

El punto de no retorno llegará cuando la IA ofrezca un rendimiento casi libre de errores, ya que tendrá la capacidad de verificar la información por sí misma, sin esfuerzos humanos.

La ilusión de control

El magnate destaca que la IA a veces ya actúa de formas que sus creadores no pretendían, pues la velocidad del desarrollo de la tecnología supera las expectativas. «A medida que los modelos se vuelven más potentes, podrían empezar a actuar en contra de nuestros intereses y podríamos perder el control», advirtió.

Muchos usan las herramientas tecnológicas para hacer el mal: fraude, desinformación, ‘deepfakes’, vigilancia, ciberataques, entre otros. Ante ello, cree que llegará un momento en el que la propia IA será capaz de hacer todo esto sin intenciones humanas detrás de dichos actos maliciosos.

«Con el tiempo, la capacidad de utilizar la inteligencia artificial para hacer daño a las personas no se limitará a personas o instituciones», concluyó.

En una entrevista con The New York Times, Gates indicó que las empresas tecnológicas ya buscan obtener beneficios al minimizar deliberadamente los riesgos asociados al desarrollo de la inteligencia artificial.

«Ahora se dicen entre ellos: ‘Oye, hombre, no digas eso, nos perjudica. Estamos intentando recaudar el próximo billón de dólares’», explicó.

El prometedor futuro de la IA

El filántropo asegura que al igual que existen obstáculos, la IA presenta numerosos beneficios.

Así, la herramienta puede sintetizar conocimiento de todos los campos científicos, lo que podría acelerar la innovación ante los problemas más difíciles del mundo, como la energía renovable, el tratamiento del cáncer, la producción de suficientes alimentos, entre otros.

Por ejemplo, en medicina, esta tecnología podría garantizar que un ataque cardíaco se detecte a tiempo, ayudar a los pacientes a entender las pruebas y mantener el contacto entre ellos y doctores fuera de hospital.

En agricultura, podría ofrecer pronósticos meteorológicos confiables, consejos sobre qué semillas plantar, cómo proteger sus cultivos y ganado de las enfermedades, o cómo mejorar el suelo.

En salud mental, las herramientas de IA podrían ayudar a las personas a reconocer señales de trastornos, ofrecer estrategias para afrontarlos y conversar con ellas, siempre y cuando existan las salvaguardas de privacidad adecuadas.

¿Cómo usar la IA para el beneficio de la sociedad?

Según Gates, las empresas de IA por sí solas no deberían ser las que lideren el desarrollo de un plan de transición hacia la era de la IA. Esa tarea debería gestionarse mediante un proceso democrático público que incluya a funcionarios electos, legisladores, educadores, profesionales de la salud, autoridades locales y líderes comunitarios.

También propone establecer instituciones internacionales y nacionales para lidiar con esta tecnología. El empresario compara la situación con la reorganización institucional llevada a cabo en EE.UU. tras el ataque terrorista del 11 de septiembre, pero aclaró que «la IA requerirá mucho, mucho más», ya que afectará a muchas esferas, y no solo a la seguridad nacional.

Añade que también será necesaria cierta cooperación entre Estados Unidos y China, y que los líderes religiosos, como el Papa León XIV , desempeñarán un papel importante.

Para Gates, lo más importante que pueden hacer ahora todas las partes interesadas es avanzar en la planificación de la transición a la era de la IA con la misma rapidez con la que se desarrolla la tecnología. «No podemos darnos el lujo de ir despacio», escribió.

El texto se nutre de extractos de historias por la agencia Russia Today y el blog de noticias tecnológicas Gizmodo.

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Senado evalúa protecciones ante uso de inteligencia artificial en reclamaciones de seguros

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Capitolio – La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, presidida por la senadora Nitza Moran Trinidad, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 1226, que propone establecer salvaguardas para el uso de Inteligencia Artificial (IA) y otros sistemas automatizados en el procesamiento de reclamaciones de seguros.

La pieza legislativa, de la autoría de Moran, crearía la “Ley de Transparencia y Supervisión en el Uso de la Inteligencia Artificial en las Reclamaciones de Seguros” y enmendaría el Código de Seguros de Puerto Rico. Su propósito es evitar que una reclamación sea denegada, reducida o limitada exclusivamente, o predominantemente, mediante algoritmos, sistemas de inteligencia artificial o herramientas de aprendizaje automático, sin la intervención significativa de un profesional humano cualificado.

“Yo radiqué este proyecto porque la realidad es que en Puerto Rico todavía no hay una ley sobre este tema. Cómo es que se va a tratar la inteligencia artificial en varios aspectos. Entonces vimos la necesidad de hacerlo en diferentes temas. Por ejemplo, este es uno de ellos, porque actualmente a pesar de la situación que se está teniendo hoy, no son los algoritmos, sino precedentes dentro de las aseguradoras que determinan qué sí y qué no, qué viene primero, qué viene después. Se lo digo por experiencia propia”, expresó Moran.

A la audiencia, compareció a deponer la licenciada Suzette Del Valle en representación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). La deponente consideró que el proyecto protegería al consumidor y promovería el uso responsable de tecnologías emergentes. Su recomendación es aprobarlo con enmiendas que adopten un marco más completo de gobernanza, fiscalización, seguridad y rendición de cuentas.

Sobre la regulación que propone el proyecto, la deponente trajo ante la atención que la National Association of Insurance Commissioner adoptó en diciembre de 2023 un Model Bulletin on The Use of Artificial Intelligence Systems by Insurers dirigido a ser adoptado por los estados y territorios de los Estados Unidos con el propósito de atender el creciente uso de esta tecnología dentro de la industria de seguros.

“Conforme con la normativa, se debe requerir que la regulación aplique a cualquier utilización de inteligencia artificial dentro del ciclo de vida del seguro, incluyendo, entre otros, el diseño y desarrollo de productos, mercadeo, distribución, suscripción, clasificación de riesgos, tarificación, emisión, administración de pólizas, servicio al consumidor, detección de fraude, administración y ajuste de reclamaciones, investigación de reclamaciones y demás actividades reguladas”, detalló Del Valle.

Moran preguntó si conocen cuántas compañías y qué programas de IA usan las aseguradoras. Del Valle respondió que “podemos hacer una investigación, un requerimiento a las aseguradoras. Sabemos que hay varias utilizándolo y podemos hacer llegar la información a la Comisión”. Además, la senadora preguntó si es obligatorio que el asegurado conozca que es un sistema automatizado quien le responde cuando llama a una compañía. La deponente indicó que al momento el Código de Seguros no provee para esa divulgación. Recomendó que este proyecto podría tener este tipo de divulgación mediante una enmienda, y mientras, se puede hacer una carta normativa.

Por su parte, la senadora de mayoría Migdalia Padilla Alvelo, preguntó qué tipo de decisión puede tomar actualmente un sistema de IA dentro de un proceso de reclamación. Del Valle mencionó que las denegatorias, particularmente aquellas relacionadas con servicios de salud, aunque realmente todas requieren atención, deben examinarse con el mayor rigor. “La inteligencia artificial puede realizar un análisis inicial o formular una recomendación, pero la determinación final tiene que ser revisada y validada por un profesional humano cualificado, quien será responsable de esa decisión”, abundó.

Asimismo, participó el licenciado Carlos Santiago Rosario, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Santiago manifestó su apoyo a la medida al entender que fortalece la protección de los beneficiarios del Plan Vital frente al uso no supervisado de la IA. Igualmente, mencionó reconocer que esta tecnología puede agilizar aprobaciones, clasificar casos, extraer datos de expedientes médicos y verificar documentos. Sin embargo, sostuvo que no puede utilizarse para restringir cubiertas, ignorar las necesidades particulares del paciente ni emitir por sí sola una denegación final. Toda recomendación adversa generada por un algoritmo debe ser evaluada individualmente por un profesional de la salud cualificado.

A su vez, el deponente señaló que el Plan Vital ya está sujeto a normas federales que requieren intervención humana con la pericia clínica correspondiente en las apelaciones y revisiones de determinaciones adversas. También destacó que existen protecciones sobre privacidad, seguridad de los datos, transparencia algorítmica y prevención del discrimen.

De igual manera, Eduardo Fantauzzi, en representación de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, favoreció la medida con recomendaciones. Mencionó que el proyecto establece una política pública necesaria para proteger a pacientes y proveedores frente al uso de IA en decisiones sobre tratamientos, autorizaciones, continuidad del cuidado y pagos por servicios cubiertos. “Ningún paciente debe perder acceso a cuidado médico, ni ningún hospital debe ver denegado el pago por servicios médicamente necesarios, como resultado de una decisión tomada exclusiva o predominantemente por una máquina, sin revisión humana efectiva y sin explicación razonada”, sostuvo el deponente.

Como parte de la evaluación, Fantauzzi recomendó ampliar la medida para incluir expresamente las determinaciones de manejo de utilización, como autorizaciones previas y revisiones concurrentes o retrospectivas. También, recomendó definir claramente qué constituye una intervención humana significativa; exigir la divulgación del sistema automatizado utilizado; crear un registro de estas tecnologías; y conceder a la Oficina del Comisionado de Seguros facultades y recursos técnicos para auditarlas. Igualmente, entre otras recomendaciones, remedios inmediatos cuando una denegación afecte el tratamiento, responsabilizar a las aseguradoras por las actuaciones de sus contratistas y exigir evidencia específica para rebatir una presunción de arbitrariedad.

De otra parte, compareció la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), quien dijo no favorecer la pieza legislativa como está redactada. “Entendemos que el Proyecto del Senado 1226 impone obligaciones excesivas, duplica requisitos regulatorios existentes, parte de premisas que no reflejan la realidad operacional del sector y podría generar consecuencias adversas para la eficiencia, innovación y competitividad de la industria aseguradora en Puerto Rico”, sostuvo Pernas. A preguntas de Moran, la deponente señaló que no están cerrados a la tecnología y continuarán evaluando las recomendaciones.

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En el Tribunal Supremo caso contra Triple S Salud por reembolso médico que puede sentar precedente

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Por Miguel Díaz Román 

La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica y la Sociedad Americana Contra el Cáncer lograron que el Tribunal Supremo acogiera una petición para que se les permita participar como «amicus curiae» (amigos de la corte) en el caso que enfrenta al paciente José Julián González López y a la Oficina del Comisionado de Seguros, contra la aseguradora  Triple S Salud.

La controversia en cuestión trata sobre si una aseguradora debe pagar o reembolsar servicios médicos obtenidos fuera de Puerto Rico cuando el paciente enfrenta una emergencia médica o cuando el tratamiento necesario no está realmente disponible en la isla.

El pleito legal, que involucra dos casos consolidados, será atendido por el Tribunal Supremo el próximo 21 de octubre, según supo SN.

Luego de que la aseguradora Triple S Salud se negara a reembolsarle a su asegurado, González López, los gastos médicos en que incurrió para atender su estado de salud mientras se encontraba  fuera de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) emitió una resolución en la que le ordenó a la aseguradora reembolsar el dinero. 

Triple S Salud no estuvo conforme y recurrió la determinación ante el Tribunal de Apelaciones que, tras varias mociones de las partes,  decidió dejar sin efecto la resolución de la OCS. El pasado 8 de julio de 2026, González López solicitó al Tribunal Supremo que revoque la sentencia del Tribunal de Apelaciones, lo que, de suceder un fallo a favor de esa petición, representará un gran alivio económico para el reclamante. 

En su moción para que se les permita comparecer como amigos de la corte, la Clínica de Asistencia Legal y la Sociedad Americana Contra el Cáncer sostuvieron que su petición obedece a que el asunto que se dilucida en la petición de González López es de alto interés público. 

El dúo de peticionarios alega que la determinación que tome el Tribunal Supremo puede sentar un importante precedente relacionado con la obligación de pago de una aseguradora de salud por servicios médicos recibidos fuera de Puerto Rico al amparo de una póliza que lo autoriza si la persona se encontraba ante una emergencia médica o si no había disponibilidad de los servicios médicos.

La Clínica de Asistencia Legal de la Escuela de Derecho de Universidad Católica y la Sociedad Americana contra el Cáncer están representados en el caso por la organización Proyecto Derecho, Justicia y Salud, que es la primera clínica legal en Puerto Rico enfocada en ofrecer asistencia gratuita y defensa a pacientes que enfrentan barreras o denegaciones en el acceso a servicios de salud.

SN le solicitó a Triple S Salud una reacción sobre los eventos que han de ocurrir en el Tribunal Supremo, pero Edward Zayas, quien es el principal oficial de comunicaciones y portavoz corporativo de Triple S, indicó que «como el caso está ahora ante el Supremo, por el momento no vamos a emitir comentarios».

Además, el dúo de peticionarios le han solicitado al Tribunal Supremo, que analice el alcance del estándar de «persona lega, razonablemente prudente, que tenga conocimiento promedio de salud y medicina»,incorporado en la legislación de Puerto Rico y en la cláusula contractual objeto de este pleito.

En la moción se discuten «los orígenes de ese estándar y los problemas de acceso a servicios de salud a los que respondía y la necesidad de tomar en cuenta el contexto y la situación de los servicios de salud en el archipiélago al momento de evaluar el estándar»·.

En síntesis, el dúo de peticionarios plantearon «que la disponibilidad de un servicio médico no es la mera existencia de un proveedor, un estudio, o un tratamiento; en el contexto de la salud, se requiere que, en efecto. esté accesible a la persona asegurada dentro del tiempo que su condición y circunstancias de salud lo requieran. Esta disponibilidad cobra mayor trascendencia en los casos en que una persona presenta una condición de salud en la que su vida o la integridad física está en peligro si no se atiende con la prontitud que se requiere».

La moción plantea, según indicó el comunicado de prensa circulado por la Universidad Católica,  que, al evaluar lo que constituye una emergencia médica, los tribunales deben aplicar el estándar de la ‘persona lega’, razonablemente prudente, con conocimiento promedio de salud y medicina”, tomando en consideración la realidad particular del sistema de salud puertorriqueño.

Esto adquiere especial importancia para pacientes con enfermedades crónicas, particularmente cáncer, quienes pueden enfrentar situaciones en las que esperar por un especialista o tratamiento puede tener consecuencias graves, aunque su condición no responda al concepto tradicional de una emergencia súbita.

Uno de los argumentos centrales es que la disponibilidad de un servicio médico no puede medirse simplemente preguntando si existe un especialista en Puerto Rico. Deben considerarse también el tiempo de espera, la accesibilidad geográfica, la capacidad de obtener una segunda opinión y si el tratamiento puede recibirse con la urgencia que amerita la condición del paciente. 

La moción destaca que las aseguradoras tienen el deber de mantener redes de proveedores suficientes para que los servicios sean accesibles “sin demora irrazonable”.

“Un estudio publicado en el 2024 reveló que en Puerto Rico urge un plan que detenga una proyección que estima que, para el 2030, habrá una disminución de 55% de los médicos especialistas en la Isla. Esto debe tomarse en cuenta al momento de evaluar el criterio de disponibilidad para que proceda el pago de servicios fuera de la red de la aseguradora, incluyendo fuera de Puerto Rico”, resaltó la Dra. Nylca Muñoz, directora del Proyecto Derecho, Justicia y Salud.

“No se trata de que una aseguradora indique que existe un especialista; la disponibilidad, argumentamos en el escrito, también tiene que tomar en cuenta el acceso al tratamiento que su condición requiere. Igualmente, existe un derecho a tomar decisiones informadas en cuanto al tratamiento médico y, para ello, las personas deben poder contar con toda la información posible e incluso, en los casos que amerite, deben poder contar con una segunda opinión. La falta de médicos especialistas para ciertas condiciones o tipos de cáncer en Puerto Rico limita ese acceso, y las personas que cuentan con una cubierta que provee para obtener el servicio fuera de Puerto Rico deben poder efectivamente accederlo. En pacientes con cáncer, por ejemplo, un diagnóstico y/o tratamiento oportuno, sobre todo para ciertos tipos de cáncer que no son muy frecuentes o se consideran raros, podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte”, continuó diciendo la Dra. Muñoz.

La moción aborda la controversia sobre la obligación de pago o reembolso de parte de una aseguradora de salud por servicios médicos recibidos fuera de Puerto Rico en los casos en que existe una emergencia médica o el servicio no está disponible en Puerto Rico.  

En particular, sobre la interpretación de lo que se considera una condición médica de emergencia desde el punto de vista de una ‘persona lega’, prudente y razonable, con conocimiento promedio de salud y medicina, explicó Muñoz.

De otra parte, el Lcdo. Fernando Moreno, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, destacó la importancia de que el análisis judicial tome en cuenta la experiencia real de los pacientes y las particularidades del sistema de salud en Puerto Rico.

“La discusión ante el Tribunal Supremo trasciende una controversia particular entre una persona asegurada y su compañía de seguros. Estamos ante una cuestión que incide directamente en el derecho de los pacientes a tener acceso efectivo a servicios de salud adecuados y oportunos.

La realidad de Puerto Rico exige que la disponibilidad de un servicio médico se evalúe desde la perspectiva de acceso real y no meramente desde la existencia nominal de un proveedor. Cuando una persona necesita un tratamiento especializado y no puede obtenerlo de manera oportuna en Puerto Rico, el sistema debe reconocer esa realidad y garantizar que las cubiertas médicas cumplan con su propósito de proteger la salud del asegurado”, afirmó Moreno.

Los peticionarios sostienen que la escasez de médicos especialistas en Puerto Rico debe formar parte de ese análisis y que, en determinadas circunstancias, puede ser razonable que un paciente procure tratamiento fuera de la Isla. 

Limitar el concepto de disponibilidad a la mera existencia de un proveedor podría perjudicar particularmente a pacientes de cáncer y otras enfermedades crónicas.

Además, esto permitiría que las aseguradoras ignoren su responsabilidad hacia los pacientes usando como pretexto la escasez de médicos, en momentos en que las mismas aseguradoras son señaladas como razón fundamental para dicha escasez.

La moción concluye que la legislación y la política pública de Puerto Rico favorecen una interpretación que proteja el acceso del paciente a los servicios de salud y rechaza que la condición geográfica de Puerto Rico o la existencia de un único especialista se utilicen para justificar interpretaciones restrictivas de las cubiertas.

También rechaza que la condición geográfica de Puerto Rico o la existencia de un único especialista sean utilizadas como fundamento para interpretar restrictivamente las cubiertas médicas.

Más allá de la controversia particular entre las partes, los casos plantean una cuestión con posibles implicaciones para la interpretación de las cubiertas de salud en Puerto Rico: si la disponibilidad de un servicio médico debe determinarse únicamente por la existencia de proveedores en la Isla o si también deben considerarse factores como los tiempos de espera, la capacidad del paciente para obtener atención especializada y la oportunidad con que puede recibir el tratamiento. 

La determinación del Tribunal Supremo podría aportar criterios sobre el alcance de las obligaciones de las aseguradoras cuando un servicio existe formalmente en Puerto Rico, pero su acceso efectivo está limitado.

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Aprueban el pago rápido a proveedores de salud y regulación de servicios estéticos

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Capitolio- El Senado aprobó hoy un paquete de medidas para atender la crisis de pagos que enfrentan los médicos, hospitales y otros proveedores de salud en Puerto Rico, y para establecer reglamentación clara en los servicios estéticos y de sueroterapia en la Isla.

Entre las medidas aprobadas se encuentra el Proyecto del Senado 867, presentado por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, por petición, que crea la «Ley de la Reforma Médica para la Eficiencia, Salud y Agilidad», conocida como Ley REMESA. El proyecto de ley busca que las aseguradoras y el Plan Vital paguen a los médicos, hospitales y demás proveedores de salud de forma más rápida y clara.

La medida obliga a que las reclamaciones se sometan y se paguen a través de un sistema electrónico, con plazos claros para contestarlas y pagarlas. También agiliza el proceso para que los médicos se integren a las redes de las aseguradoras, y le da poder al secretario de Salud para ordenar que se abran esas redes cuando el acceso a servicios médicos esté en riesgo. Además, crea el Fondo REMESA, que se nutre de entre un 5% y un 10% del dinero del Plan Vital, para ayudar a los hospitales, retener personal médico y pagar los préstamos estudiantiles de los médicos subespecialistas.

Asimismo, el Alto Cuerpo dio paso al Proyecto del Senado 971, de la autoría del portavoz alterno de la mayoría y presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales Rodríguez, que crea la «Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos en Puerto Rico».

Con esto, se busca establecer, por primera vez, reglas claras para estos servicios: exige que quienes los ofrezcan tengan licencia y la preparación adecuada, que el paciente firme un consentimiento informado antes de cualquier procedimiento, pone límites a la publicidad engañosa, permite que el Departamento de Salud haga inspecciones, y obliga a reportar cuando ocurra algún problema o complicación.

Como parte de esa nueva estructura, se crea la Junta Examinadora de Servicios Estéticos de Puerto Rico, adscrita al Departamento de Salud. Además, se establecen tres niveles de preparación y licencia para ejercer la estética: Estética Facial, Estética Integral y Estética Avanzada.

Además, prohíbe expresamente que los esteticistas, apliquen inyecciones, hagan procedimientos con láser médico, usen plasma rico en plaquetas o hagan peelings químicos profundos, entre otros procedimientos reservados a profesionales de la salud. En el caso específico de la sueroterapia, todo negocio que la ofrezca deberá tener un área estéril para preparar las mezclas, usar solo productos regulados y con trazabilidad, y contar con equipo para atender una emergencia médica. La ley entraría en vigor dos años después de haber sido aprobada.

“Hemos encontrado muchas irregularidades en esta industria tan necesaria aquí en Puerto Rico, que ha ido evolucionando año tras año… Esto lo que busca es crear un esquema regulatorio sobre la práctica de la estética donde nosotros podamos garantizarle a todos aquellos clientes que acudan a estos centros de estética que van a tener una buena salud pública, vamos a poder fiscalizar a los profesionales que practican la estética en Puerto Rico. Este proyecto busca garantizar que los profesionales reciban una educación adecuada de lo que debe ser la práctica de la estética, y, como siempre, proteger al consumidor”, explicó el autor de la medida, el senador Morales Rodríguez.

El Senado también aprobó el Proyecto del Senado 1239, presentado igualmente por Morales Rodríguez, que obliga a todo profesional de la salud autorizado a recetar a revisar el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados (PDMP) antes de recetar sustancias controladas, y a dejar constancia de que lo hizo. La medida permite excepciones en casos de emergencia médica o cuando el sistema no esté disponible.

La medida requiere que el médico escriba una frase específica en la receta para certificar que consultó el sistema: «Certifico que verifiqué el PDMP.» Si no pudo hacerlo por una emergencia o porque el sistema no estaba disponible, deberá anotar en su lugar: «Certifico que no fue posible verificar el PDMP», y dejar constancia en el expediente del paciente de la razón. La pieza legislativa busca evitar prácticas como que un paciente visite a varios médicos para conseguir múltiples recetas de una misma sustancia, así como combinaciones peligrosas de medicamentos, como opioides con benzodiazepinas.

Por otro lado, fue aprobado el Proyecto del Senado 1254, de la senadora Jamie Barlucea Rodríguez, que protege por ley a los periodistas y a otras personas que hacen trabajo de prensa, para que no tengan que revelar sus fuentes confidenciales. La medida convierte en ley una protección que el Tribunal Supremo de Puerto Rico ya había reconocido, y aclara en qué casos un tribunal podría, aun así, obligar a revelar esa información.

Del mismo modo, aprobó el Proyecto de la Cámara 911, que cambia la Ley de Vehículos y Tránsito para prohibir el llamado «voceteo” durante ciertas horas de la noche y cerca de escuelas, hospitales y otras zonas donde se necesita tranquilidad; permite que los municipios pongan sus propias reglas durante el día, y establece multas para quien la incumpla.

Por otro lado, el Senado aprobó la Resolución Concurrente de la Cámara 6, en la que la Asamblea Legislativa expresa su preocupación por la forma en que la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM) calcula el pago adicional por costo de vida, conocido como Locality Pay, que reciben los empleados federales en Puerto Rico. La resolución le pide al presidente Donald Trump, al Congreso y a las agencias federales que tomen acción para que a estos empleados se les pague de forma justa.

Finalmente, el Alto Cuerpo le dio paso a una serie de nombramientos, entre ellos el de la licenciada Julie O. Gómez Gómez como secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación. Al presentar su nombramiento, la senadora Roxanna Soto Aguilú expresó que la nominada “es una mujer puertorriqueña, laboriosa, profesional, creyente en Dios que ha decidido acoger la responsabilidad y en este momento asumir las riendas del Departamento”. Por su parte, el portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, sentenció que “va a ser una secretaria que va a estar pendiente siempre de su personal y para lograr una buena rehabilitación de la comunidad penal tiene que apoyar a su personal”.

El Senado también confirmó a la licenciada Ilsa I. González Rivera y al licenciado Elmer Luis Cuerda Cruz como jueces superiores del Tribunal de Primera Instancia; a Marieli Paradizo Pérez, en ascenso, como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia; al licenciado Roberto Juan Hernández Ramos como juez municipal; a las licenciadas Dairene Santo Domingo Rivera y Meilynn Ramos Rivera, ambas en ascenso, como fiscales auxiliares II del Departamento de Justicia; al ingeniero Anthony Y. Yrimia Herrera para un nuevo término como comisionado del Negociado de Telecomunicaciones de Puerto Rico; al arquitecto Carlos A. Rubio Cancela para un nuevo término como miembro de la Junta de Directores del Instituto de Cultura Puertorriqueña; y a José J. Tañón Díaz como miembro de la Junta de Directores del Conservatorio de Música.

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Café puertorriqueño: historia, ruptura y esperanza de un nuevo comienzo

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Por Carlos A Flores Ortega

Exsecretario de Agricultura

“Aquel que olvida la historia está destinado a repetirla.” La advertencia es antigua, pero en Puerto Rico cobra una vigencia particular cuando miramos hacia nuestras montañas. Allí, donde por generaciones se cultivó uno de los símbolos más profundos de nuestra identidad agrícola, se libra hoy una batalla silenciosa entre la tradición y la necesidad urgente de transformación.

Durante más de un siglo, el café puertorriqueño ha estado atado a un modelo agrícola diseñado para otra época. No hace falta remontarse demasiado en el tiempo para identificar el momento en que ese modelo comenzó a fracturarse. 

El huracán Georges, en 1998, marcó un antes y un después. La devastación de fincas, viveros y zonas montañosas desarticuló la estructura productiva del sector, y desde entonces la industria no ha logrado recuperar su antigua capacidad de suplir casi la totalidad de la demanda local. 

En las décadas posteriores, el gobierno invirtió millones de dólares en programas, incentivos y mecanismos de apoyo. Sin embargo, la producción continuó disminuyendo y la capacidad de desarrollo del sector se debilitó de manera sostenida. La historia reciente del café en Puerto Rico es, en gran medida, la historia de un esfuerzo constante por sostener un modelo que ya no responde a las realidades del presente.

La intervención estatal en la agricultura tiene raíces profundas. En 1924, la Ley de Agricultura formalizó la presencia del Estado en la regulación del sector. En 1971, la Ley Núm. 26 creó la Administración de Fomento Agrícola, encargada de comprar, procesar y mercadear productos agrícolas. 

Y en 1998, la Ley Núm. 228 estableció el Programa de Café, centralizando la compra del café maduro, fijando precios mínimos y regulando viveros, semillas y certificaciones. Estas medidas respondían a un país muy distinto al actual: con poca inversión privada, migración rural acelerada y una agricultura en riesgo de colapso. 

En aquel contexto, la intervención estatal era una tabla de salvación. Hoy, sin embargo, se ha convertido en una camisa de fuerza. El Departamento de Agricultura continúa comprando café maduro, regulando procesos y otorgando subsidios. DACO fija el precio máximo del café tostado y molido, fiscaliza mezclas y supervisa el etiquetado. 

Pero el mercado global cambió, los costos de producción aumentaron y los consumidores exigen trazabilidad, calidad premium y marcas con identidad. El modelo tradicional ya no responde a la realidad del siglo XXI. A esta compleja ecuación se suma un elemento crítico: el riesgo financiero del propio gobierno.

Puerto Rico importa cerca del 80% del café que consume. Cuando el precio internacional está bajo, el Programa de Café genera ganancias que en algunos años han superado los treinta millones de dólares, fondos que luego se utilizan para cubrir salarios y subsidios, sustituyendo recursos del presupuesto general. 

Pero cuando el precio internacional sube, el gobierno incurre en pérdidas: debe comprar café importado más caro del precio regulado al que lo vende. En esos momentos, el Estado queda atrapado entre dos obligaciones contradictorias: mantener el abasto y sostener un precio artificialmente bajo. 

Es un negocio rentable para el gobierno la mayor parte del tiempo, pero perjudicial para la industria y para el consumidor.

Ese 80% del café que Puerto Rico compra en el mercado internacional no es un obstáculo: es una oportunidad. Bien administrado, puede convertirse en el mecanismo que permita sostener y fortalecer el 20% del café local que aún se produce en la Isla. 

El precio del café local sí necesita un aumento en todos los niveles, porque de lo contrario el negocio deja de ser costo efectivo para los agricultores, los beneficiadores y los torrefactores. Producir café de calidad cuesta más, y pretender mantener precios artificialmente bajos sólo perpetúa la fragilidad del sector. 

Ese aumento, sin embargo, no tiene por qué trasladarse de manera directa al consumidor. Cuando el gobierno adquiere café importado a precios más bajos, obtiene una ganancia después de cubrir los costos del semitostado, el embarque y la operación del Programa de Café. 

En lugar de utilizar esas ganancias como ingresos propios para cubrir gastos ajenos al sector, el Estado podría transferirlas al precio que se les ofrece a los torrefactores. Esa transferencia permitiría que los torrefactores reduzcan su precio final al consumidor, diluyendo el impacto del aumento necesario en el café local. 

En otras palabras, el café importado barato puede ayudar a sostener el café local caro, sin que el consumidor pague el costo completo de ese ajuste. Es un sistema que equilibra el mercado, protege la producción local y utiliza inteligentemente las condiciones internacionales para fortalecer la industria local.

La historia agrícola de Puerto Rico ofrece ejemplos contundentes de una verdad que no podemos seguir ignorando: el gobierno no está diseñado para hacer negocios. Cada vez que ha intentado operar como empresa, el resultado ha sido el mismo: pérdidas, ineficiencia, dependencia y, finalmente, abandono. 

Lo hemos visto repetirse una y otra vez. El Programa de Piñas, creado con grandes expectativas, terminó siendo insostenible. La Corporación Azucarera, que alguna vez se imaginó como motor de desarrollo, se convirtió en un símbolo de la incapacidad gubernamental para competir en mercados globales. 

Las Tiendas Agrícolas, concebidas para facilitar el acceso a insumos, se transformaron en estructuras costosas y difíciles de administrar. El Programa de Maquinaria Agrícola, que prometía modernizar la producción, terminó atrapado en burocracia, mantenimiento insuficiente y equipos inoperantes. La lista es larga. Y cada ejemplo confirma el mismo patrón: cuando el Estado asume funciones empresariales, desplaza la inversión privada, distorsiona los mercados y termina cargando al erario con pérdidas que nunca debieron existir.

Insistir en que el gobierno continúe operando la economía del café como si fuera una empresa, comprando, procesando, importando, regulando precios y manejando riesgos financieros, esrepetir un error histórico que ya conocemos demasiado bien. Por eso, aquel que olvida la historia está destinado a repetirla.

Frente a esta realidad, Puerto Rico necesita un modelo híbrido que combine regulación estratégica con mecanismos de mercado transparentes. El gobierno debe reducir su intervención operativa y concentrarse en funciones esenciales: protección fitosanitaria, certificaciones, trazabilidad, apoyo técnico y planificación de largo plazo. 

Las compras internacionales pueden realizarse mediante subastas abiertas y transparentes, basadas en los precios de la bolsa de Nueva York, como hacen los países cafeteros competitivos. El Estado debe dejar de ver el Programa de Café como una “gallinita de los huevos de oro” y asumir un rol más responsable: cubrir los costos de operación y transferir cualquier ganancia al consumidor cuando los mercados lo permitan. 

Y cuando los precios internacionales suban, como ocurre con la gasolina, el consumidor asumirá ese costo. Así funcionan los mercados; así funciona el comercio global.

Los caficultores no piden más incentivos ni promesas que suenan a política. Lo que quieren es producir el mejor café posible, venderlo al precio que merece, cubrir sus costos y obtener ganancias razonables para crecer y seguir aportando a la economía del país. Quieren libertad para innovar, para invertir, para competir y para construir marcas que representen la calidad del café puertorriqueño. 

Un modelo híbrido, moderno y transparente permitiría que el gobierno cumpla su función sin ahogar la creatividad del sector, que los productores prosperen y que los consumidores reciban un producto de calidad a un precio justo.

La historia del café en Puerto Rico es una historia de resiliencia. Ha sobrevivido a huracanes, crisis económicas, migración rural, cambios tecnológicos y transformaciones globales. Lo que necesita ahora no es nostalgia, sino visión. 

No es protección excesiva, sino acompañamiento inteligente. No es volver al pasado, sino construir un futuro que reconozca que las condiciones de hoy no son las de antes. El café, símbolo de nuestra historia agrícola, merece un modelo que finalmente le permita progresar. Y Puerto Rico merece una industria cafetalera que vuelva a ser motivo de orgullo, motor económico y testimonio vivo de que, cuando aprendemos de la historia, podemos construir un futuro mejor.

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Torrefactores advierten a gobernadora posible escasez de café sino pagan $33 millones a suplidores del grano importado

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Por Miguel Díaz Román

La Asociación de Torrefactores de Puerto Rico (ATPR) le envió ayer una carta urgente a la gobernadora Jenniffer González Colón en la que solicitaron su intervención para que se liberen $33 millones destinados a pagar las deudas pendientes con los suplidores del café importado, ante la realidad de que esas empresas han sostenido que no participaran  de nuevas compras del grano hasta que se le pague el dinero adeudado.

La ATPR le advirtió a la gobernadora que el impago de las deudas a los suplidores provocará una inminente interrupción del suplido de café importado, lo que colocará al país en un riesgo real  de que ocurra un colapso en el abastecimiento de café en Puerto Rico.

De hecho, la misiva sostiene que el impago de la deuda con los suplidores ha alcanzado un «punto crítico» porque los abastos de las dos variedades de café importado que se mezclan junto con el café del país en las fórmulas de las marcas locales, se extinguirán la primera y tercera semana del mes de septiembre. 

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) , que está exenta de pagar un arancel federal que cobija al café importado, compra el grano en el mercado internacional y lo revende a los torrefactores, una operación que le ha generado en el pasado un beneficio económico de más de $20 millones anuales.

Desde el comienzo del pasado año hasta el presente la ADEA ha absorbido el aumento que ha experimentado el café en el mercado internacional y no lo ha trasladado en sus ventas a los torrefactores, con el fin  de garantizar estabilidad en el precio del café a nivel del consumidor. 

El resultado de esa decisión es que la ADEA ha dejado de obtener ingresos por el café importado que vende a los torrefactores. De hecho, varias semanas atrás SN reveló que ADEA le adeuda una alta cantidad de dinero a los suplidores del café importado como resultado de la merma en sus ingresos.

Compra de emergencia

La importación de café es necesaria porque la limitada producción local no alcanza  los 40,000 quintales anuales, mientras que el consumo anual en el país se aproxima a los 300,000 quintales.

Extracto de la carta de la ATPR a la gobernadora Jenniffer González Colón.

La misiva de la ATPR le explica a la gobernadora que se debe pagar lo adeudado a los suplidores inmediatamente para que luego se gestione una nueva compra de emergencia de café importado o de lo contrario el país enfrentará  «una interrupción en el abastecimiento (de café)».

De hecho, de la harina de café empacada en cada bolsa de 14 onzas en las distintas marcas que circulan en el mercado, el café importado representa el  85 % mientras que el café del país es solo el 15%.

Según sostiene la misiva los abastecimientos de café semitostado arábigo  se extinguirán la primera semana del mes de septiembre y el abasto de café semitostado robusta permitirá suplir aproximadamente hasta la tercera semana de septiembre. 

«Es imperativo que el desembolso de los $33 millones se complete esta semana, permitiendo a ADEA realizar pagos a las suplidores, restablecer su confianza y viabilizar inmediatamente una nueva compra de emergencia. Entendemos que dicha compra debe gestionarse esta misma semana o, a más tardar, el martes 25 de agosto, para comenzar a recibir café lo antes posible y reducir el riesgo de una interrupción en el abastecimiento», expresa la misiva, que fue firmada por el presidente de la ATPR,  José Torres.

Dos advertencias

Incluso, la ATPR le hace dos advertencias a la gobernadora sobre porqué es necesario realizar el desembolso de los $33 millones de inmediato para que ADEA pueda pagar las deudas a los suplidores y acordar las compras de café que son necesarias. 

En la primera advertencia la ATPR señala que «una nueva compra requiere aproximadamente tres semanas a un mes para comenzar a recibirse en Puerto Rico, aun bajo condiciones favorables. Por consiguiente, ya no existe margen para continuar posponiendo esta gestión»

«Cada semana adicional de retraso reduce significativamente las alternativas disponibles y aumenta el riesgo de que Puerto Rico enfrente una interrupción en el abastecimiento de café durante las próximas semanas», argumenta la misiva. 

En la segunda advertencia los torrefactores alegan que la transacción no puede experimentar más retrasos porque entre agosto y octubre es el periodo de mayor actividad de huracanes, los cuales pueden entorpecer la llegada del producto importado. 

Además, la carta le recuerda a la Primera Ejecutiva que la actual disponibilidad del café en mercado internacional debe ser aprovechada debido a que el grano se caracteriza por ser un producto escaso y cuyo precio es volátil.

«La situación adquiere mayor urgencia considerando que atravesamos las meses de agosto, septiembre y octubre, período particularmente vulnerable a eventos climatológicos que pueden afectar puertos, rutas marítimas, cosechas y tiempos de entrega. A esto se suma un mercado internacional de café con abastos limitados y alta volatilidad, por lo que resulta fundamental aprovechar cualquier disponibilidad inmediata de producto», sostiene la misiva.

JSF condiciona los $33 millones

El pasado 19 de junio la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) notificó a la Junta Supervisión Fiscal (JSF) que el Programa de Café de ADEA, que tuvo déficits operativos en el año fiscal 2026 que fueron atendidos por el Fondo General, enfrentaba un déficit de más de $33 millones el año fiscal 2027.

La JSF emitió una comunicación el pasado 30 de julio  en la que condiciona la asignación de $33 millones, la cual deberá cubrir hasta el 30 de junio de 2027, a que la ADEA presente «un plan de trabajo y elabore reglamentos para el control y monitoreo de los costos y beneficios de los subsidios agrícolas, en coordinación con el Departamento de Asuntos del Consumidor».

La JSF también señala que necesita «información adicional para evaluar completamente la situación financiera del Programa de Café. Esto incluye la confirmación de todas las fuentes de ingresos, la estructura completa de los gastos relacionados con el programa y la identificación de cualquier fuente de financiación que pueda respaldar las operaciones en curso». 

No obstante, la carta de la ATPR a la gobernadora no menciona los intercambios entre la OGP y la JSF.

«En este momento, la acción más urgente es liberar los fondos necesarios para pagar a los suplidores y poner nuevamente en movimiento la cadena de abastecimiento. Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente su intervención para que se agilice con carácter de emergencia el desembolso de las $33 millones a ADEA y se puedan ejecutar inmediatamente los pagos y procesos de compra necesarios», termina expresando la carta de la ATPR.

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Alegan certificados de necesidad y conveniencia limitan inversión y acceso a servicios de salud

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Una investigación que ha examinado la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia de Puerto Rico (CNC) , que aplica a los servicios de salud, concluyó que estos requisitos regulatorios retrasan la expansión de servicios, restringen la competencia y dificultan la respuesta a las necesidades de salud de la población.

La investigación fue realizada por el doctor Ángel Carrión Tavárez, director de investigación y política pública del Instituto de Libertad Económica (ILE) y por Jaimie Cavanaugh, asesora principal de política pública estatal de Pacific Legal Foundation

La regulación de los CNC exige autorización previa del gobierno para una amplia variedad de actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud.

La investigación identificó 80 tipos de acciones que requieren autorización o intervención del Departamento de Salud, que incluyen desde establecer una nueva facilidad de salud o ampliar servicios hasta adquirir equipo médico especializado y reubicar operaciones.

La Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia local se creó a raíz de la Ley Pública Federal 93-641, conocida como la National Health Planning and Resources Development Act of 1974 (1975). Aunque la ley federal fue derogada formalmente en 1986, Puerto Rico mantuvo en vigor su legislación local.

La investigación sostiene que los requisitos regulatorios de los CNC retrasan la expansión de servicios, restringen la competencia y dificultan la respuesta a las necesidades de salud de la población.

El informe destaca una tendencia hacia la reconsideración de este modelo regulatorio en Estados Unidos durante las últimas décadas. Hasta el presente, 12 estados han derogado completamente sus programas de certificados de necesidad o han permitido que expiren, mientras que al menos otros 12 estados han reducido el alcance de sus requisitos o reformado sus procesos de revisión.

«Puerto Rico enfrenta escasez de profesionales y servicios de salud, y necesita atraer inversión, ampliar la capacidad del sistema y mejorar el acceso de la población. En ese contexto, debemos preguntarnos si tiene sentido mantener barreras regulatorias que pueden retrasar o desalentar la entrada de nuevos proveedores cualificados o la expansión de servicios existentes», afirmó el doctor Carrión Tavárez.

«Este informe demuestra que ha llegado el momento de que Puerto Rico derogue o reforme su ley de certificados de necesidad. Estas regulaciones reducen el acceso a la atención médica, aumentan los costos y afectan la calidad de los servicios. No se trata de un asunto hipotético; es una cuestión que afecta directamente la vida de los pacientes», expresó Cavanaugh.

«Los datos sobre las leyes de certificados de necesidad son claros. Estudio tras estudio y prueba tras prueba demuestran que limitan la competencia y reducen las opciones disponibles para quienes necesitan atención médica. Los pacientes merecen más alternativas, no menos, y Puerto Rico debería seguir el ejemplo de las jurisdicciones que ya han comenzado a eliminar o reducir estas barreras regulatorias», añadió Cavanaugh.

El informe recomienda transformar sustancialmente el régimen de los CNC en la Isla. «Puerto Rico debe avanzar de un modelo de restricciones discrecionales de entrada hacia un marco moderno de supervisión que proteja la seguridad de los pacientes, la calidad de los servicios, la prevención del fraude y la transparencia, sin obstaculizar innecesariamente la inversión, la innovación y la competencia», concluyó Carrión Tavárez.

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Deuda de Estados Unidos supera los $40 billones

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Washington (AFP) – La deuda pública estadounidense superó por primera vez los 40 billones de dólares, según datos publicados el miércoles por el Departamento del Tesoro, en un contexto de aumento de las tasas de los bonos soberanos.

Tras la última emisión del martes, la deuda del Tesoro estadounidense asciende ahora a 40,047 billones de dólares, debido al incremento tanto de la deuda vinculada a la salud y la seguridad social como de los intereses pagados por el país.

La cifra contrasta con un pronóstico anterior de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que preveía que el endeudamiento total alcanzaría los 39,4 billones de dólares para el final del año fiscal 2026, al finalizar septiembre.

Los costos de endeudamiento se han disparado para Estados Unidos, principalmente debido a las preocupaciones relacionadas con la inflación.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo (30 años) subieron el martes hasta su nivel más alto desde 2007, reflejo de una presión creciente sobre los precios debido a la guerra en Oriente Medio y de la inquietud por el déficit fiscal.

El incremento obliga al gobierno estadounidense a refinanciar deuda a las tasas más altas desde antes de la crisis financiera global de 2008.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos intervino a primera hora del miércoles para estabilizar el mercado de bonos a largo plazo, e hizo bajar los rendimientos.

Trayectoria insostenible

El gobierno federal opera con déficit y pide dinero prestado para cubrir la brecha. Pero «se sabe desde hace tiempo que el gobierno de Estados Unidos va por una trayectoria bastante insostenible en materia de déficits», señaló Jessica Riedl, especialista en presupuesto e impuestos en la Brookings Institution.

La deuda del país se ha más que duplicado desde la crisis financiera de 2008 y ahora representa casi el 125% del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Si bien en el pasado los déficits de entre el 3% y el 4% del PIB eran motivo de preocupación para los mercados financieros, Riedl destacó que estos niveles ahora rondan entre el 6% y el 7% del PIB.

«Esto generó más nerviosismo en los mercados», agregó.

«El presidente había prometido saldar la deuda durante su primer mandato. Todos sabíamos que era mentira. En vez de eso, la dejó crecer hasta los 40 billones de dólares mientras él y su familia acumulaban miles de millones», denunció en X el senador demócrata Mark Kelly.

«El Congreso debe controlar sus gastos y equilibrar el presupuesto. Los estadounidenses merecen algo mejor», comentó el senador republicano Rick Scott, también en X.

Baja en impuestos y gasto militar

El presidente Donald Trump ha prometido durante sus dos mandatos recortar los gastos del gobierno y reducir el déficit anual.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, había indicado que su objetivo era reducir el déficit estadounidense al 3% del PIB.

Sin embargo, este aumentó en los últimos meses, debido principalmente al reembolso a las empresas de los aranceles, que la Corte Suprema anuló en febrero.

Las reducciones de impuestos y el gasto militar, en particular el relacionado con el conflicto con Irán, también han consumido muchos miles de millones de dólares.

Los analistas señalan que no existe un nivel de endeudamiento con respecto al PIB que desencadene automáticamente una crisis.

También recuerdan que la deuda en manos del público, que excluye los créditos de una administración federal sobre otra, suele ser un indicador más seguido que la deuda total.

«Pero desde un punto de vista psicológico, son estos indicadores los que alertan a los mercados financieros sobre la necesidad de volver a prestar atención al aumento de la deuda», según Riedl.

Los préstamos federales se dispararon durante la crisis financiera de 2007-2009 y volvieron a aumentar considerablemente durante la recesión provocada por el covid-19, recuerda a la AFP Caleb Quakenbush, director de política presupuestaria del Bipartisan Policy Center.

Según él, ni el Congreso ni los gobiernos estadounidenses han abordado la trayectoria del gasto presupuestario de manera «significativa o sostenible», lo que plantearía serios desafíos en caso de una nueva crisis.

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Gobierno emitió bonos para pagar deudas y solo 2 % del dinero se usó en mejoras capitales

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San Juan – Una auditoría realizada por la Oficina del Contralor identificó que el 98% de los fondos recibidos de las emisiones de bonos del gobierno que fueron examinadas se destinó al pago de deudas, notas y líneas de crédito, mientras que solo el 2 % del dinero se utilizó para mejoras capitales.

La auditoría corresponde al período del 1 de julio de 2020 al 30 de junio de 2024 y abarca las operaciones fiscales relacionadas con las emisiones y refinanciamientos de bonos realizados por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

El examen de las transacciones relacionadas con las emisiones de bonos y refinanciamientos incluyó el análisis del pago de líneas de crédito y de intereses por miles de millones de dólares, con el propósito de evaluar si las operaciones se efectuaron conforme a las leyes, los reglamentos y las políticas aplicables.

Específicamente, la auditoría examinó emisiones de bonos y otras transacciones realizadas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, la Corporación para el Financiamiento Público de Puerto Rico, la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico (AEP), la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico, la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA), la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico, según informó la contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier.

La auditoría también reveló que varias emisiones refinanciadas no generaron las economías esperadas, resultando en pérdidas de $123.2 millones, y aumentos por $3,360 millones en el costo del servicio de la deuda por refinanciamiento de bonos.

Asimismo, se identificaron deficiencias relevantes en la evidencia suministrada por las entidades.
En particular, no se pudo corroborar el uso de $1,934,862,171 ($1.9 millones) en fondos provenientes de emisiones de bonos, y de $9,035,992,022 ($9 millones ) de líneas de crédito y otras deudas, cuyos documentos justificativos no fueron provistos.

La falta de evidencia impidió confirmar si los desembolsos se realizaron para los propósitos autorizados.

El informe detalla que, en múltiples instancias, los documentos esenciales para evaluar las transacciones no estaban disponibles, estaban incompletos, o no se conservaron según exige el Reglamento 4284 de 1990.

La ausencia de documentación afectó la evaluación del uso de fondos en entidades tales como el Departamento de Hacienda, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico, la COFINA, la AEP, y la ACT.

Además, limitó la capacidad del gobierno para justificar decisiones relacionadas con refinanciamientos, depósitos en fondos de reserva y operaciones financieras.

Entre los efectos identificados, el informe señala aumentos significativos en el costo del servicio de la deuda del gobierno, pérdidas por refinanciamientos y desembolsos sin evidencia de beneficio fiscal.

Las causas incluyen aumentos en gastos operacionales, fondos no utilizados para los usos autorizados, y deficiencias en la conservación de los documentos necesarios para justificar la razonabilidad del gasto o el refinanciamiento.

El informe también incluye recomendaciones dirigidas a fortalecer los controles internos y mejorar la transparencia fiscal.

Entre ellas, se insta a las entidades a asegurar la conservación adecuada de toda evidencia relacionada con emisiones y refinanciamientos; establecer procesos uniformes de documentación y evaluación; cumplir con los requerimientos de los reglamentos aplicables; y garantizar que futuras decisiones sobre la deuda pública se sustenten en análisis financieros completos, comparaciones de alternativas y documentación verificable.

Además, la contralora exhortó a los funcionarios y juntas de directores a implementar medidas correctivas para atender las situaciones identificadas y prevenir recurrencia.

“Estos hallazgos reflejan la importancia de una administración financiera responsable, documentación completa y procesos uniformes para asegurar que toda gestión gubernamental se realice con la mayor transparencia, integridad y beneficio para el interés público”, indicó Vega Fournier. El Informe de Auditoría OC-27-19 está disponible en ocpr.gov.pr.

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Contralora revela pagos indebidos y fallas en nómina del Departamento de Agricultura

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San Juan – La Oficina del Contralor publicó un informe de auditoría del Departamento de Agricultura que revela serias deficiencias en los procesos de nómina, pagos globales y controles internos.

La auditoría encontró fallas que provocaron pagos indebidos, desembolsos incorrectos y la exposición a riesgos fiscales que impactan directamente el uso de fondos públicos.

Se trata del Informe de auditoría OC-27-18 correspondiente al período del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025, según informó la Contralora de Puerto Rico, Carmen Vega Fournier.

La auditoría abarca todo el pasado cuatrienio, durante el cual Ramón González Beiró se desempeñó como secretario de Agricultura. Además, la auditoría cubre los primeros seis meses del presente cuatrienio, en el cual Josué Rivera Castro ocupó la posición de secretario de Agricultura hasta finales de octubre de 2025, cuando fue traslado por la gobernadora a la presidencia del Banco de Desarrollo Económico.

Los auditores encontraron que el Departamento efectuó pagos indebidos por $12,221 a 11 exempleados entre septiembre de 2021 y noviembre de 2024. Estos pagos incluyeron desembolsos posteriores al cese de funciones, pagos por días no trabajados sin licencia disponible y ajustes de sueldo que no fueron descontados.

El informe indica además que no se iniciaron las gestiones de cobro correspondientes, ya que no se preparó el formular, io oficial para facturar estas deudas, contrario a las disposiciones de las cartas circulares aplicables y la reglamentación vigente.

Además, los hallazgos señalan deficiencias en el proceso de liquidación de licencias acumuladas y otros pagos globales a personal que cesó en sus funciones. Durante el período auditado, el Departamento desembolsó $150,164 en pagos de liquidación a 30 exempleados; sin embargo, los auditores detectaron errores en los cómputos por $46,113, de que resultaron en pagos incorrectos de más y de menos.

Además, en el 83 por ciento de los casos examinados, el Departamento no remitió al Departamento de Hacienda los documentos justificantes requeridos, lo que impidió realizar las verificaciones y certificaciones necesarias.

De igual forma, al 30 de septiembre de 2025 no se habían efectuado los pagos de liquidación por $75,243 a 20 empleados que contaban con licencias acumuladas al separarse del servicio, situación que podría dar lugar a reclamaciones y afecta el cumplimiento de las obligaciones patronales.

Un tercer hallazgo señala que la oficial gerencial de la Sección de Nóminas realizaba funciones conflictivas dentro del sistema RHUM y otros sistemas institucionales.

La funcionaria tenía acceso para crear, modificar y procesar transacciones de personal, además de manejar ajustes y desactivaciones en distintos sistemas, lo que concentraba funciones incompatibles en una sola persona.

Según la auditoría, esta falta de segregación de deberes incrementa el riesgo de irregularidades y limita la capacidad de detectar errores oportunamente, contrario a lo establecido en la Ley Núm. 230 de 1974 sobre la necesidad de estructuras fiscales que provean una debida separación de funciones y responsabilidades. La gerencia indicó que ya designó personal adicional para separar estas funciones.

“Estos hallazgos demuestran el incumplimiento de las disposiciones reglamentarias del Departamento de Hacienda, la ausencia de controles internos adecuados, desconocimiento de responsabilidades por parte de algunos funcionarios y exceso de carga laboral”, indicó la Contralora.

Sin embargo, el Departamento afirmó haber iniciado correcciones, incluyendo nuevos cómputos, ajustes de pagos y gestiones de cobro. No obstante, la Contralora determinó que los hallazgos prevalecen y recomendó fortalecer las medidas correctivas para atender las situaciones señaladas y evitar que estas se repitan.

Entre las recomendaciones, la Contralora exhorta al secretario del Departamento de Agricultura a asegurar el cumplimiento de las normas y procedimientos aplicables por parte del personal de Recursos Humanos y Finanzas, a efectuar los pagos y cobros pendientes, y a corregir las deficiencias en el manejo de expedientes y procesos de nómina.

También recomienda establecer una adecuada segregación de deberes para reducir riesgos fiscales y administrativos. El Informe de Auditoría OC-27-18 está disponible en ocpr.gov.pr.

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