Por Miguel Díaz Román 

El representante Víctor Parés, presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, responde a las preguntas de SN tras finalizar la vista pública en la que participó el licenciado Osvaldo Carlo, presidente de Regulatory Compliance Services (ReComS), que es la empresa que dirige la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO) de la Autoridad para las Alianzas Públicas Privadas.

¿Cómo le fue en la vista pública?

Parés– Osvaldo  Carlo respondió todas las preguntas que se le hicieron en la mañana y en parte de la tarde eh bajo juramento y fue bastante cooperador en todo el proceso. 

¿Y qué le sorprendió de esa participación? 

Parés- Pues mira, lo primero es que el 3PPO tiene un comité evaluador, como surgió en la vista de la Comisión de Gobierno, no se sabían quiénes eran sus miembros  y que son los que adjudican los contratos para LUMA y Genera. Lo sorprendente para todos es que hasta el día de hoy este comité, que no sabemos quiénes son, han adjudicado entre $15 a $20 mil millones en contratos de construcción o de servicios de LUMA y Genera. Esa gente no rinde informes ante Ética Gubernamental. No rinden cuentas a nadie. Él obviamente nos indicó, cuando le preguntamos, que sí apoyaba legislación para que este tipo de comité rinda cuentas y él  estuvo de acuerdo. Número dos, le preguntamos si estaba satisfecho cómo estaba funcionando el 3PPO con esta situación que ocurrió con Power Expectations. Nuevamente dijo que entendía que había que fortalecer internamente su proceso y que así estaba haciendo. Y tercero, que obviamente mencionó que el ingeniero José Colón, sí tuvo una participación en empujar para darle continuidad a este contrato de generación. Tanto él como su abogado interno o externo. 

¿Usted cree que ese señalamiento de Osvaldo Carlo coloca en una posición difícil a Josué Colón? 

Parés- Bueno, en la vista pública nuestra, la primera que se hizo, pues él (Josué Colón) indicó que no estaba al tanto de todo, que todo lo hacía Osvaldo Carlo, que todo lo hacía la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta, que él apenas estaba envuelto en nada. Es exactamente así. Porque lo que nos dijo Osvaldo Carlo fue lo contrario. Y además de eso, dijo que hay un chat en el que está Josué Colón.  Él nos va a dar copia de ese chat a la Comisión de Gobierno. En ese chat tanto el ingeniero Josué Colón como su equipo, participaban y participan sobre el tema de generación. Esa información nos la dijo hoy bajo juramento (Osvaldo Carlo).

¿Usted cree que José Colón se perjuró? 

Parés- Pues mira, esa evaluación no puedo concluirla ahora. Pero le pedimos a la secretaría de la Cámara que nos certifique por escrito una transcripción oficial certificada. La de Josué Colón, la de hoy y la del lunes próximo 21, que tenemos a Mary Carmen Zapata Acosta. Ciertamente, luego que evaluemos esa información podré decirte si hubo perjurio.

Un perjurio es una clasificación técnica. ¿Usted cree que José Colón está diciendo la verdad? 

Parés- Bueno, en la vista pública él nos insistió en varias ocasiones que se le preguntó, su rol en este proceso.  Yo no entiendo el porqué. Si él estaba al tanto, esa es la pregunta nuestra. No es que él estuviera interviniendo en el proceso adjudicativo y nada de eso. Es que en el día a día es tán importante para Puerto Rico que estuviéramos la energía temporera hoy, que él estuviera al tanto de todo. Eso era todo. Y lo negó constantemente. O sea, por tanto, yo no sé porqué lo negaba. Si hoy salió públicamente, lo que se ha ventilado  en esos correos y esos textos, ¿por qué en la vista pública que tuvo en la Comisión de Gobierno no lo dijo? ¿Por qué? Si no había razón alguna para esconderlo o negarlo. Así que ciertamente, nos sorprende que la figura principal en Puerto Rico, que maneja el término de los efectos  que están ocurriendo con la energía temporera, lo negó constantemente.

En la vista pública también surgió, yo había escrito de eso, que la fianza de licitación fue de $300 mil dólares. 

Parés – Sí, de hecho, el licenciado Osvaldo Carlos indica que la razón principal para cancelar la participación de Power Expectation fue por el bid bond y por la fianza. Que era un cinco por ciento del costo total del proyecto, o sea, que eran $6 mil millones y él no pudo presentar el bid bond que era $1,100 millones. Y al no prestarla se le canceló el contrato. Después vino lo de la firma que, ciertamente y obviamente, dio paso entonces para fortalecer la cancelación de contrato. 

Son dos fianzas. La fianza de licitación y la fianza de cumplimiento. La fianza de cumplimiento fue la que no pudo cumplir Power Expectation, pero que la primera, la fianza de licitación, fue de $300 mil dólares. O sea, una prima para una fianza como esa son $100. 

Parés – Sí, hay cierta incongruencia. Yo le pregunté a Osvaldo Carlo sobre porque sin Power Expectation no tenían unas garantías económicas de acuerdo con el proyecto que se estaba adjudicando,  y por qué razón aún así siguieron con esta adjudicación. Pues él nos dijo obviamente que ese comité evaluador, que fue el que decidió adjudicar el contrato a Power Expectations aún cuando tenía problemas económicos.

Vamos a hablar claro, la función del ZAR de la energía era presionar para que se lograran los proyectos de energía. ¿Usted cree que lo que ha surgido en la prensa es incompatible con la función de él para presionar para que se aprueben los contratos?

Parés – Por eso es que me sorprende que en la vista pública que llevamos a cabo y bajo juramento no dijera que su rol como ZAR de energía es empujar, como quien dice,  los proyectos que son bien importantes para Puerto Rico. Y ahora más que nunca esa generación temporera hace falta, pues por todo lo visto en la Comisión, no entendemos, ni yo entiendo el porqué él no dijo que tenía un chat donde él participa. De hecho, Osvaldo Carlos hoy nos dijo que en ese chat también está él incluido. Nos va a dar copia de este chat a nosotros. Si no hay nada que esconder, por qué no lo dijo en la vista pública. No hay razón  ninguna, ninguna para que eso haya ocurrido de esa manera.

Al parecer usted va a citar otra vez a Josué Colón. 

Parés – Pues estamos evaluándolo. Vamos a pedir como ya he dicho antes, que la Secretaría de la Cámara nos envíe la  transcripción certificada de su ponencia. Tenemos el lunes próximo, como le dije, a la ingeniera Mary Carmen Zapata Acosta. Y ahí entonces vamos entonces a seguir con el trámite de evaluar todos los documentos y ahí entonces decir que si tenemos que convocar nuevamente a Josué Colón o no. 

La señora Zapata es un elemento importante. ¿Por qué se le mantuvo ajena a todo lo que estaba ocurriendo con el contrato de Power Expectation? 

Parés – Exacto, Y en esa línea, que se haya firmado ese contrato que luego se canceló. ¿Por qué ella lo firmó y  bajo qué criterio lo firmó?, ¿quién la indujo a que lo firma?, ¿Si estaba segura que eso estaba correcto?, ¿quién la llevó a firmar este contrato que después se cancela, pero ella lo firmó?. O sea, ¿qué figuras o qué personas la indujeron a ell a ella? Primero, no ponerla al tanto de lo que estaba ocurriendo con este contrato de Power Expectation, y número dos, que lo firmaron y obviamente después se canceló. 

El resultado de esta vista va a ser legislación.

Parés – Estamos de acuerdo. Vamos a estar legislando varios puntos de vista. Primero, lo más importante, es concluir qué pasó finalmente con esta situación de este contrato que nos sorprendió a nosotros. Y número dos, en eso Osvaldo Carlo coincidió con nosotros, que vamos a establecer mecanismos de fiscalización de este comité que existe, que ha adjudicado hasta el día de hoy entre 15 a 20 billones en contratos.. Cómo le van a rendir cuentas al pueblo de Puerto Rico y cómo rendir información en Ética. Bueno, y que no se conocen, ¿verdad? no se conocen sus nombres. Claro, tienen que darnos quienes son. Lo sorprendente es que esta gente adjudicó contratos multimillonarios y no sabemos quiénes son. 

Publicidad

La tensión entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y China, continúa su escalada en pleno debate sobre la regulación de la inteligencia artificial (IA). A raíz de que Donald Trump relativizase los riesgos de la IA tachando de «fuerzas negativas» a aquellos que reclaman una normativa más rígida, desde Pekín acusan ahora a Washington de guiarse por una estrategia que persigue frenar su desarrollo tecnológico y defienden «una inteligencia artificial abierta».

Mediante un editorial en el diario oficialista Global Times, dependiente de un órgano del Partido Comunista de China (PCCh), China respondió el domingo acusando a la comunidad tecnológica estadounidense de esconder un «manual de guerra fría» contra la IA china

Según el rotativo, hay una «agenda oculta» que buscaría «estrangular» el desarrollo chino, con medidas como la prohibición de venta de chips avanzados, para ampliar la brecha tecnológica y después negociar con Pekín una ralentización del sector.

El Global Times tildó de «hipócrita y miope» una situación actual que califica como una «guerra fría silenciosa de la IA» cuyo objetivo real sería frenar el desarrollo chino mediante barreras tecnológicas y «monopolios regulatorios».

«Excluir a China y a las empresas chinas sólo aumentará significativamente los costos de ensayo y error y los riesgos de pérdida de control en el desarrollo global de la IA», argumenta el medio con la misma narrativa utilizada por Pekín para hacer frente a las críticas a otras cuestiones como su gasto militar.

El Rayo acusa a la Comunidad de Madrid de falta de «compromiso» por no dejarles jugar e…La juez de la DANA prorroga la instrucción hasta abril y abrirá juicio oral a las puert…El salto definitivo de Enric Mas cuando nadie lo esperaba: «Esta Vuelta lo es todo»Una familia de panaderos valencianos está en el obrador a las 4:00 de la mañana cada dí…El edificio de Madrid que la gente se muere de ganas de visitar: más de 33.000 entradas…

China aboga por una «barrera de seguridad»

Todo esta polémica viene originada por las palabras de Dario Amodei, fundador de Anthropic, quien la semana pasada pidió un «ritmo más lento» en el desarrollo de modelos avanzados, posición que luego fue respaldada por otros directivos de grandes tecnológicas como Sam Altman (OpenAI) y Elon Musk (xAI), aunque contestada por el presidente de su propio país.

Trump considera que Estados Unidos, al que califica como «el país más sofisticado del mundo», está «liderando» la carrera por el desarrollo tecnológico de la IA y quiere «mantenerlo de esa manera».

Amodei había planteado una estrategia formulada en tres fases y orientada a regular el ritmo de la tecnología sin ceder la ventaja estratégica a países como China, lo que en principio fue visto como una «declaración racional» desde Pekín.

Por su parte, el ministro chino de Seguridad del Estado, Chen Yixin, definió la IA como un nuevo terreno de «rivalidad entre grandes potencias» y pidió construir una «barrera de seguridad» en torno a la tecnología, reforzando la supervisión sobre datos, algoritmos, infraestructura de cómputo y aplicaciones de uso civil y militar.

Pero también lanzó una crítica velada a Estados Unidos, acusándoles de usar el pretexto de la «seguridad nacional» para limitar el acceso de otros países a equipos y capacidades de vanguardia.

Una IA «abierta e inclusiva» liderada por Pekín

Pekín, lejos de buscar ralentizar su tecnología, trata de liderar su desarrollo más allá de sus fronteras: este verano, el presidente chino, Xi Jinping, pidió una gobernanza «precisa y efectiva» de la IA y China lanzó en Shanghái una organización internacional de cooperación sobre IA con una treintena de países.

Durante la reciente cumbre de países BRICS en Nueva Delhi, el mandatario ofreció el respaldo del gigante asiático para acelerar el despegue tecnológico y desarrollo de la inteligencia artificial en los Estados miembros del bloque.

Este lunes, el portavoz del Ministerio chino de Exteriores Guo Jiakun sostuvo que la difusión de «narrativas de amenaza» o fomentar la confrontación «sólo obstaculizará el proceso de gobernanza de la IA», un campo que «concierne al bienestar de toda la humanidad», por lo que todas las partes deben promover conjuntamente una IA «abierta, inclusiva, accesible para todos y orientada al bien», dado que lo contrario «no beneficia a los intereses de ninguna de las partes».

La advertencia llega en un momento de gran actividad del sector chino, con empresas como DeepSeek, Moonshot, Alibaba, Tencent o Zhipu compitiendo mediante modelos abiertos, precios bajos y rápida implantación comercial, pese a las restricciones estadounidenses sobre chips avanzados.

Recientemente, DeepSeek y Moonshot han perfilado posibles salidas a bolsa y modelos como Kimi K3, Qwen3.8-Max o GLM-5.2 se han acercado a los sistemas más avanzados de firmas estadounidenses como OpenAI o Anthropic.

Extraído del periódico digital español OKDIARIO.

Publicidad

Prof. Luis R. Benítez Hernández
Economista

La renuncia con efecto inmediato del representante del sector patronal dejó a la Comisión Evaluadora del Salario Mínimo sin el cuórum necesario para aprobar decisiones. La Ley 47- 2021 creó un organismo de siete integrantes y dispuso que cinco constituyen cuórum. La
Comisión operaba con solo cinco miembros porque dos puestos permanecían vacantes. Al reducirse ahora a cuatro integrantes, puede atender asuntos administrativos, pero no aprobar válidamente una acción colegiada ni emitir un decreto mandatorio.

La parálisis no es una interpretación política: es el resultado directo de la estructura establecida por la ley y de las vacantes que nunca fueron cubiertas.

No corresponde atribuir intenciones que no pueden probarse. Las razones expresadas por el representante que renunció deben evaluarse por sus propios méritos. Su objeción principal es que una recomendación sobre el salario mínimo no debe depender de una escala subjetiva
del uno al cinco aplicada a variables que pueden medirse.

También plantea que la productividad y la capacidad de crecimiento de la economía deben tener mayor peso, junto con la inflación, el empleo, la pobreza y el costo de vida. Ese reclamo de rigor metodológico es legítimo. Sin embargo, la consecuencia institucional de la renuncia también es objetiva: mientras no se cubra la vacante, la Comisión carece de capacidad legal para aprobar un decreto.

Conozco esa fragilidad porque formé parte de la Comisión. Fui nombrado en receso el 29 de julio de 2024 como economista representante del sector privado. En enero de 2025 puse mi puesto a disposición de la gobernadora.

En mi comunicación señalé que los cinco meses transcurridos desde mi nombramiento se habían perdido y que una reunión mensual no era suficiente para completar asuntos regulatorios y económicos de tanta importancia. También advertí que la composición de la Comisión necesitaba mayor balance y una participación más directa de la política de desarrollo económico.

La experiencia posterior confirmó el diagnóstico institucional. Cuando entró en vigor el salario mínimo general de $10.50 por hora, permanecían pendientes tres asuntos especiales: el salario de los trabajadores agrícolas, el umbral salarial para clasificar como exentos del
pago de horas extras a determinados empleados ejecutivos, administrativos y profesionales, y el salario base de los trabajadores que reciben propinas.

La Comisión contaba con estudios técnicos sobre estos temas, pero no produjo los decretos correspondientes. Es importante precisar el alcance de la obligación legal. La Ley 47-2021 ordenó expresamente que el decreto mandatorio especial para los trabajadores agrícolas se aprobara en o antes del 1 de julio de 2022.

Ese plazo se incumplió. La ley también ordenó establecer un decreto especial para los trabajadores que reciben propinas, aunque no fijó una fecha específica, y autorizó a la Comisión a establecer uno para los empleados exentos. La ausencia de una fecha expresa para estos dos asuntos no convierte años de inacción en cumplimiento. El propio informe anual de la Comisión correspondiente a 2025 reconoció que los tres decretos seguían pendientes.

El caso de los empleados exentos ilustra la importancia del problema. Puerto Rico conserva un umbral de $455 semanales, equivalente a $23,660 anuales, mientras el umbral federal ordinario vigente en los estados es de $684 semanales o $35,568 anuales. El salario
por sí solo no determina la exención: también deben cumplirse la prueba de pago sobre base salarial y la prueba de funciones. Pero la cifra local es tan baja que $455 semanales equivalen a $11.38 por hora en una semana de 40 horas, apenas $35 más que los $420 semanales de
un trabajador al mínimo general de $10.50.

En mi ponencia sobre el P. de la C. 1115 recomendé que la Legislatura atendiera este rezago y evaluara un umbral de $580 semanales.

La agricultura presenta una situación más fragmentada. No existe una sola tarifa aplicable a todos los trabajadores agrícolas. Algunos están cubiertos por el mínimo federal de $7.25; otros caen dentro de exenciones federales vinculadas al tamaño de la finca, la relación familiar o determinadas labores de cosecha. El programa local de subsidio salarial tampoco debe confundirse con un salario adicional: la propia Comisión reconoció que se trata de un mreembolso al agricultor.

A esto se añaden las reglas del programa federal H-2A. Esta combinación de excepciones, subsidios y normas federales hacía indispensable el decreto agrícola ordenado por ley. En mi ponencia recomendé un mínimo agrícola de $7.75 por hora, acompañado de una evaluación de los incentivos y de la capacidad económica del sector.

En cuanto a los trabajadores que reciben propinas, el sistema permite un salario base menor siempre que la suma del salario base y las propinas alcance el mínimo general. Mi análisis de restaurantes y meseros identificó un salario base promedio cercano a $3.39 por
hora. Por eso recomendé aumentar la base federal de $2.13 a $3.39, manteniendo la garantía de que la compensación total alcance por lo menos el salario mínimo aplicable.

Ante el P. de la C. 1115 sostuve que el problema no se resuelve escogiendo entre aumentos automáticos o una Comisión sin rendición de cuentas. El salario mínimo es una herramienta de política social y, a la vez, una variable de política económica que afecta la estructura salarial, los costos de contratación, la informalidad, la automatización y las oportunidades de empleo inicial.

Por eso propuse reorganizar la Comisión, vincularla más estrechamente al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, exigir informes anuales y establecer una revisión legislativa periódica. La situación actual exige una respuesta inmediata.

La gobernadora debe cubrir las vacantes para restablecer el cuórum. La Comisión debe publicar una metodología reproducible, sustentada en datos y abierta a revisión. También debe culminar los decretos especiales, comenzando por el agrícola, cuyo plazo legal venció hace más de cuatro años. Si la estructura vigente no puede hacerlo, la Asamblea Legislativa debe reformarla.

Puerto Rico no necesita escoger entre proteger al trabajador y exigir rigor económico. Necesita una institución capaz de decidir, explicar sus decisiones y cumplir la ley. Hasta ahora, la Comisión
no lo ha logrado.

Publicidad

Por Miguel Díaz Román 

Desde el inicio, algo hiede en la descarrilada contratación de Power Expectations LLC, para la instalación, operación y mantenimiento de unidades de generación temporal de 400 megavatios en la Central Aguirre, un contrato cuyo valor ascendía a $5,900 millones por un término de 10 años.  

Según ha trascendido, a Power Expectations se le requirió una fianza de licitación  de $300,000.00, la cual en realidad resulta irrisoria para un contrato de esa envergadura que tenía como objetivo producir energía de manera temporal para aportar estabilidad al sistema eléctrico y evitar los odiados apagones.

Aportemos un poco de claridad a este asunto para que entendamos dónde comienza la hediondez que arrastra consigo esta contratación abortada de Power Expectations, y que, como ha revelado la prensa, esta semana la empresa intentará revertir la anulación del contrato impugnando la decisión en los tribunales. 

Power Expectations pudo obtener una fianza de licitación pagando una prima que debió rondar los $100. Esto demuestra cuán fácil le resultó participar en un proceso que, por la magnitud del contrato, parecería requerir una empresa con una capacidad financiera considerable.

El costo de la fianza de licitación es relativamente bajo porque el verdadero riesgo para la fiadora radica en emitir las fianzas finales, en este caso la fianza de cumplimiento, que garantiza al gobierno que el contrato se ejecutará conforme a lo acordado.

¿Hubo precalificación? 

El hecho de que no se haya suministrado la fianza final levanta sospechas, ya que no debió representar un problema para la fiadora que emitió la fianza de licitación si realizó adecuadamente el proceso de precalificación previo. En este caso, la fianza de cumplimiento (“performance bond”) equivalía aproximadamente al 30 % del contrato, es decir, unos $1,189 millones.

Y es que, en la práctica real, el asegurador que provee una fianza de licitación lo hace con el objetivo de proveer también la fianza de cumplimiento. Son dos productos de seguros que están hermanados y que ambos dependen de una profunda precalificación de la empresa que lo solicita. 

La pregunta es la siguiente: ¿la aseguradora que otorgó la fianza de licitación realizó el proceso de precalificación necesario para emitir la fianza de cumplimiento, equivalente al 30 % de un contrato de aproximadamente $5,900 millones? De ser así, ¿por qué no se sometió la fianza dentro del término requerido?

Asimismo, ¿por qué se concedió un plazo de 15 días, a partir de la firma del contrato, para presentar la fianza de cumplimiento, cuando la práctica habitual es exigirla al momento de la firma del contrato, no después?

Finalmente, ¿la fianza de licitación fue respaldada por otras garantías que facilitarían la recuperación en caso de ejecución, dado que aparentemente Power Expectations no estaba precalificada para obtener la fianza de cumplimiento?

Es necesario advertir que la aseguradora que emitió la fianza de licitación responde ante el gobierno por la obligación de que el principal, Power Expectations, firme el contrato y presente las fianzas finales requeridas. Aunque la empresa firmó el contrato, no presentó la fianza de cumplimiento por $1,800 millones. Ante ese incumplimiento, surge la pregunta: ¿se le ha reclamado a la fiadora?

Las fianzas están reguladas

En el ámbito federal y con el fin de imponer una fianza para obra pública se aprobó en el Congreso en 1935, la ley federal Miller, un mecanismo para evitar el fraude y el favoritismo político. 

De hecho, a nivel federal la fianza requerida es el 20% de la cantidad total del proyecto.

En Puerto Rico se aprobó la Ley 388 el 9 de mayo de 1951, que es conocida como Ley de la Fianza en los Contratos de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Alteración de una Obra Pública. Esta ley exige fianzas para obras públicas en agencias gubernamentales y en municipios. 

De acuerdo con Alexis Sánchez Géigel, presidente y CEO de Mapfre, para que una aseguradora o la entidad fiadora pueda emitir una fianza se requiere de una gran cantidad de información para determinar si una entidad califica. 

Entre la información requerida figuran los estados financieros de la entidad y sus afiliadas, la capacidad de crédito, el organigrama de la empresa, la experiencia y preparación del personal clave, así como un listado de proyectos similares para evaluar el conocimiento del tipo de contrato y la capacidad para manejar su magnitud. En síntesis, se trata de una evaluación de la capacidad financiera, la capacidad técnica y la capacidad moral.

La aseguradora o entidad fiadora, según explicó Sánchez Géigel, evalúa si el cliente cuenta con el capital necesario para cumplir sus obligaciones, tanto afianzadas como no afianzadas, la capacidad técnica para ejecutar proyectos y la capacidad moral que justifique la confianza depositada.

“Se recopila una amplia gama de datos para tomar una decisión informada”, dijo.

Requisito irrisorio

Regresemos al asunto de la hediondez. En la práctica, en Puerto Rico se exigen fianzas de licitación que fluctúan entre el 5 % y el 10 % del valor del contrato. Si asumimos que a Power Expectations se le debió exigir una fianza equivalente al 5 % del costo del proyecto, entonces, para una obra que involucra $5,900 millones en fondos públicos, la fianza de licitación apropiada debió ascender a $290 millones.

No obstante, la fianza de licitación requerida fue de $300,000.00, una cantidad que es aproximadamente el 0.0051% de $5,900 millones que contempla el proyecto de generación temporera de 400 megavatios. 

Por cierto, hablando de hediondez….¿quién estableció un umbral tan pequeño?, ¿quién estableció ese requisito tan irrisorio en relación con un contrato de esa magnitud?

¿La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) o la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO)?

Es importante señalar que candidatos con la capacidad para desarrollar este tipo de proyecto probablemente se sintieron desmotivados a participar en el proceso al observar que competían entidades de reciente creación, en un concurso donde normalmente se conocen las organizaciones con la experiencia y capacidad para hacerlo. 

Esto podría llevar a inferir que la capacidad no era el elemento principal en la selección.

Mecanismo de control

El contrato de generación eléctrica de Power Expectations LLC fue desautorizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado 14 de agosto, en medio de señalamientos de fraude esgrimidos por ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, quien era un socio del proyecto y quien poseía el capital y la experiencia para acometer el proyecto de generación temporera. 

Luego, el 18 de agosto, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) canceló el contrato con el argumento de que la JSF retiró su apoyo a la transacción y porque la empresa no pudo presentar la fianza de cumplimiento. 

Power Expectations argumentó que no entregó la fianza de cumplimiento porque, alegadamente, la AEE y el 3PPO incumplieron su obligación de presentar el lenguaje que debía contener el documento.

¿Es una excusa o un chiste?

Por cierto, ¿alguien ha escuchado si la AAPP, el 3PPO o la AEE han ejecutado la fianza de licitación por el incumplimiento de Power Expectations con la fianza de cumplimiento?

Expongamos este asunto con claridad nítida: exigir una fianza de licitación de $290 millones, equivalente al 5 % del valor del proyecto, hubiese operado como un mecanismo de control para que empresas sin la capacidad para emprender proyectos de estas envergadura no hubiesen participado.

«Estamos mal o porque no hubo el rigor necesario o por falta de voluntad para que las cosas se hagan bien. El mecanismo para prevenir lo que finalmente pasó existe. Lo que no existe es la voluntad de hacerlo bien, la voluntad para ponerlo en vigor», sostuvo Sánchez Géigel.

Publicidad