Por Miguel Díaz Román

Al cumplirse diez meses desde que la gobernadora Jenniffer González Colón asumió control del gobierno, aún no han sido seleccionados los corredores de seguros que manejarán los riesgos de las agencias del gobierno central, de las corporaciones públicas y de los municipios, mientras una atmósfera de incertidumbre y de múltiples interrogantes ha emergido en la industria de seguros porque el hermetismo ha dominado el proceso de selección.

De hecho, a partir del pasado 30 de junio, que es la fecha cuando finalizó la vigencia de los contratos de los corredores con la división de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, que es la entidad que rige la selección de los corredores y supervisa su gestión, se han decretado tres extensiones a los citados contratos. 

La última extensión, que fue decretada el 30 de agosto, finaliza mañana miércoles 15 de octubre.

Tres extensiones

Se desconoce la razón por la cual  la división de Seguros Públicos decretó las tres extensiones. No obstante, las extensiones de los contratos representan una evidencia clara de que esa división de Hacienda ha sido incapaz de completar la selección de los corredores del gobierno.

«Nadie sabe qué es lo que está pasando», dijo un corredor que prefirió no revelar su identidad y que dijo estar alarmado con el hermético silencio que, desde que inició el presente año, ha manifestado Seguros Públicos en relación con la selección de los corredores.

«En abril y mayo entregamos nuestras propuestas pero todavía no sabemos quiénes han sido los escogidos. Ha pasado suficiente tiempo para que sepamos quiénes son los escogidos, pero no sabemos nada», agregó el corredor.

Hacienda se expresa

SN le solicitó una explicación al Departamento de Hacienda sobre por qué la división de Seguros Públicos no había finalizado con la selección de los corredores y Vilmar Trinta, directora de la Oficina de Comunicaciones de la agencia, envió las siguientes declaraciones: 

«El Departamento de Hacienda se encuentra en medio del proceso deliberativo para la selección de los productores de seguros para el año fiscal 2025-2026, que aún no ha culminado. Una vez se adjudiquen los contratos a los productores de seguros, estaremos en posición de proveer información». 

Trinta también reveló que la cantidad de corredores que están en evaluación ascienden a  50.

Pero algunas fuentes de SN sostienen que, a pesar de que el proceso de selección emplea un  sistema que asigna puntos según el cumplimiento con un cuestionarrio que busca definir la efectividad del corredor, el atraso en la selección de los corredores responde a la intromisión de otras consideraciones que no tienen relación alguna con el sistema de puntos.

El sistema de puntos consta de un cuestionarrio de cumplimiento que pretende medir, entre otros asuntos, experiencia, conocimiento y la capacidad del corredor y el personal de su oficina para atender riesgos complejos.

«Parece que en la selección de los corredores se están usando una reglas que no tienen que ver con la puntuación y que nosotros no conocemos», sostuvo otro corredor.

Dos escenarios

De hecho, desde  el 2020 el ex secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea, decidió extender la vigencia de los contratos de los corredores luego de consultar a las agencias en torno a si los servicios recibidos habían sido satisfactorios. 

Tras la consulta Parés Alicea entendió que los corredores ofrecieron un buen servicio y fue entonces que decidió extender la vigencia de los contratos. Finalmente, los contratos fueron extendidos hasta junio de 2024.

Las fuentes señalan que en la actualidad  el proceso de selección, alegadamente, se ha contagiado con las luchas de poder entre determinados sectores del Partido Nuevo Progresista que son adeptos a la gobernadora González Colón y otros sectores identificados con el exgobernador Pedro Pierluisi. 

Al menos las fuentes describen dos escenarios posibles. El primer escenario trata sobre que, determinados corredores identificados con la administración del exgobernador Pedro Pierluisi, han estado ejerciendo una fuerte influencia entre los altos funcionarios de la administración de González Colón, debido a que avizoran cambios en las agencias que tenían asignadas y desean evitar que sus negocios sean afectados. 

En el segundo escenario se alega que las presuntas fricciones entre el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, y el secretario de la gobernación, Francisco Domenech, han repercutido en el proceso de selección de corredores. 

Agencias generales con poder

Las fuentes indican que los propietarios de algunas agencias generales con una gran dominio en el mercado de seguros y que respaldan a Rivera Schatz, han estado ejerciendo una fuerte influencia para que determinados corredores conserven las agencias del gobierno que tenía asignadas el pasado cuatrienio, debido a que sus pólizas de seguro son muy lucrativas.

El monto en primas que manejan los corredores asciende a más de $150 millones anuales, mientras que la comisión oscila entre 5% y 7% y se ajusta en función del monto total de la prima. Si la prima es elevada baja la comisión, mientras que si la prima se reduce, la comisión aumenta. 

La intervención de las agencias generales está predicada en que el Código de Seguros obliga a los corredores a colocar las pólizas de seguro que protegerán los riesgos del gobierno a través de las agencias generales y pagarle una comisión. 

Nuevos jugadores

Además, a pesar de la activa participación que las agencias generales tienen en la actividad vinculada al trámite de procesar la póliza con el asegurador seleccionado por el gobierno, estas entidades no son reguladas por Seguros Públicos.

Otro aspecto crucial de esta controversia, según alegan las fuentes, es que bajo la administración de González Colón se realizará una transformación que abrirá las puertas a corredores que no fueron favorecidos en los pasados años. 

«Hay nuevos jugadores o los corredores que estuvieron guisando en los pasados cuatrienios ya no tendrán el control que tenían», dijo un corredor muy enterado de cómo se manejan los asuntos en la nueva administración de González Colón.

Fundación MAPFRE ha entregado hoy, miércoles, 8 de octubre, en Madrid, sus
Premios Sociales, cuyo objetivo es reconocer el compromiso, la generosidad y la
solidaridad de las personas e instituciones que han realizado actuaciones
destacadas en beneficio de la sociedad en los ámbitos científico, cultural y social.

El acto ha estado presidido por Su Majestad la Reina Doña Sofía y ha contado con
la participación de Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones;
y Antonio Huertas, presidente de Fundación MAPFRE.

Antonio Huertas ha resaltado durante su intervención que “hoy, con las sociedades
adormiladas y entretenidas con otros debates menos relevantes, son más
necesarios que nunca los referentes, las personas o instituciones que piensan
y trabajan para cambiar lo que no está bien”.

En el 50 aniversario de Fundación MAPFRE, Huertas ha subrayado que celebran “cinco décadas de un intenso compromiso social, ayudando donde otros no llegan, y siempre con una mirada
inclusiva y con una mano tendida, especialmente hacia los más vulnerables”.

Ha insistido en que “necesitamos referentes” y que el propósito de estos galardones
es que “sus contribuciones se conozcan y puedan servir de ejemplo para volver
a la senda humanista que nunca debimos perder”.

El presidente ha concluido recordando que “viendo las noticias, a veces tenemos la sensación de ser gotas de agua en el desierto, pero somos como la lluvia, que tiene que terminar por calar, por
impactar, y lo que se trata es de conseguir que cada vez haya más lluvia, más
personas pensando y cuidando a las personas. Trabajando en el presente es
como podemos cambiar el futuro, y juntos podemos hacerlo”.

JOÃO CARLOS MARTINS, PREMIO A TODA UNA VIDA PROFESIONAL

João Carlos Martins (Brasil, 1940) es un pianista y director de orquesta, uno de
los grandes intérpretes contemporáneos de Bach, de cuya obra para teclado grabó
la totalidad.

Debutó en el Carnegie Hall a los 20 años, invitado por Eleanor
Roosevelt, y desde entonces actuó con las principales orquestas del mundo, aunque
su carrera se vio interrumpida por lesiones, enfermedades neurológicas y un
asalto violento que lo apartaron del piano durante más de dos décadas.

En 2019,pudo volver a tocar gracias a unos guantes biónicos, después de haberse
reinventado como director de orquesta. A lo largo de su vida ha recibido importantes distinciones, como la Orden del Mérito Cultural de Brasil y la Orden del Infante Don Enrique de Portugal.

En 2006 fundó la Fundación Bachiana, dedicada a acercar la música y la educación artística a
jóvenes en situación vulnerable, y con la Bachiana Filarmónica SESI-SP ha
llevado la música a escuelas y zonas remotas.

Durante su intervención, Martins contó que su vínculo con España comenzó en
1958 cuando participó como becario en el Festival Pablo Casals. También recordó la
influencia de Andrés Segovia, quien tras su debut en el Teatro Colón de Buenos
Aires le habló de “la grandiosidad de Bach”, y el consejo que le dio Dalí años
después en Nueva York: “Dile a todo el mundo que eres el mayor intérprete de Bach,
y algún día lo creerán”.

A sus 85 años, y tras sufrir Distonía Focal del Músico y más de 30 cirugías, el
reconocido músico afirmó que su vida “no trata de superación, sino de
determinación, que es una fuerte característica del pueblo español”.

Tras tener que cancelar su debut en Madrid en 1967 por una embolia pulmonar, visiblemente
emocionado explica que “hoy, por fin, realizo este sueño”. Al recibir el Premio José
Manuel Martínez Martínez, aseguró sentirse “profundamente estimulado a iniciar una
nueva etapa en mi vida, esta vez como educador musical, y así intentar dejar un
legado a través de la música”.

Martins concluyó su discurso citando a Oscar Wilde: “La música es el arte más cercano a las lágrimas y los recuerdos”.

TRES PROYECTOS DE IMPACTO

En la edición de estos premios, cuya dotación global es de 160.000 euros,
Fundación MAPFRE ha recibido un total de 1.125 candidaturas, procedentes de
varios países. De todas ellas, han sido galardonados la Confederación

Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (Mejor Entidad por su
Trayectoria Social); 100 mil pisos para jugar (Mejor Proyecto por su Impacto
Social); y el exdirector de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros
Alejandro Izuzquiza (Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán).

CONFEDERACIÓN INTERNACIONAL DE LA SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE
PAÚL

La Confederación Internacional de la Sociedad de San Vicente de Paúl (SSVP),
fundada en París en 1833, cuenta hoy con más de dos millones de voluntarios en
155 territorios, que desarrollan 2.500 proyectos y ayudan cada año a 30 millones
de personas en situación de vulnerabilidad.

Su labor abarca áreas como la vivienda, salud, educación, empleo y emergencias, con iniciativas como la construcción de hogares en Suazilandia, programas para mayores en Chile o
atención médica en Brasil, Líbano y Egipto.

También impulsa escuelas, campañas educativas y proyectos de emprendimiento y sostenibilidad.
En España, donde inició en 1849, desarrolla más de 240 proyectos que benefician
a 156.000 personas al año, con distribución de alimentos, alfabetización, apoyo a
mayores y respuesta en emergencias.

Reconocida por la ONU y la UNESCO colabora con Cáritas y Cruz Roja y ha recibido galardones como la Cruz de Oro de la Solidaridad Social.

Durante su intervención, Juan Manuel B. Gómez, presidente nacional e
internacional de la entidad, ha rendido homenaje a los más de 30 millones de
personas en todo el mundo “que nos respaldan, por su compromiso silencioso y
constante”.

Con visible gratitud, Juan Manuel B. Gómez ha indicado que destinarán
la ayuda económica “a fomentar la cooperación al desarrollo internacional para
ayudar en los desastres y emergencias, así como para respaldar a nuestros
grupos de jóvenes y al voluntariado joven internacional”.

100 MIL PISOS PARA JUGAR

Más de 50 millones de personas en América Latina y el Caribe aún viven con
suelos de tierra, sufriendo enfermedades y una peor calidad de vida. Hábitat para
la Humanidad y la Federación Interamericana del Cemento impulsan 100 mil pisos
para jugar, que busca reemplazar suelos de tierra por hormigón en 100.000
viviendas antes de 2028.

Desde 2022 ya ha transformado 20.000 hogares en 14 países, beneficiando a casi 100.000 personas. El programa emplea hormigón de baja huella de carbono con materiales reciclados, refuerza las viviendas frente a desastres naturales y genera empleo comunitario.

En República Dominicana, desde donde se ha presentado la candidatura, ha instalado 3.200 pisos en 120 comunidades, beneficiando a 9.927 personas. Entre sus impactos destacan la
reducción del 79% en gastos médicos, la mejora de la estabilidad financiera,
más inversión en el hogar, más horas de juego infantil y mejoras en salud
mental y descenso del absentismo escolar.

Cesarina Fabián, directora nacional de Hábitat para la Humanidad República
Dominicana, ha recogido el galardón. Fabián ha destacado que recibir este reconocimiento supone “un motivo de orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad renovada”, un impulso para redoblar esfuerzos y multiplicar impacto.

“Cada suelo de hormigón no es sólo una mejora material: es salud, es infancia
protegida, es futuro”, afirmó, agradeciendo el premio a las familias y comunidades
beneficiadas, y reafirmando su compromiso de seguir dando a la sociedad dignidad,
esperanza, alivio, luz y acompañamiento.

ALEJANDRO IZUZQUIZA

Fundación MAPFRE ha entregado a Alejandro Izuzquiza el XII Premio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, que reconoce trabajos científicos y proyectos innovadores que contribuyan a extender la actividad, aseguradora en la sociedad. Alejandro Izuzquiza desarrolló la investigación ‘La colaboración público-privada en el sistema asegurador español: el Consorcio de
Compensación de Seguros y la gestión de las indemnizaciones en el seguro de
riesgos extraordinarios’.

En él subraya la eficacia del modelo español, único en el mundo, garantizando respuestas rápidas y coordinadas ante catástrofes como la erupción de La Palma (2021), el terremoto de Lorca (2011), los atentados del 11-M o la DANA en Valencia (2024).

Este sistema evita esperas, desinformación y conflictos entre aseguradoras, beneficiando a miles de damnificados. El galardón también reconoce la trayectoria de Izuzquiza, economista por la
Universidad Complutense, Inspector de Seguros del Estado y exdirector de
Operaciones del CCS, donde impulsó innovaciones que modernizaron la institución.
Tras décadas de servicio, se jubiló en marzo de 2024.

Sobre el éxito de la colaboración público-privada en el sistema asegurador español,
del que trata su estudio premiado, Izuzquiza reflexionó que “vivimos tiempos de
inestabilidad no sólo atmosférica; en España se oyen voces que, por ignorancia,
frivolidad o rencor llaman al acoso y derribo de logros recientes y verdaderamente
históricos que costó mucho esfuerzo alcanzar y que han sido ejemplos de ámbito
mundial”, animando así a los directivos del sector asegurador que “mimen al
Consorcio de Compensación de Seguros, que lo preserven y lo fortalezcan”, porque
“es un modelo de colaboración público-privada, que merece ser considerado con
auténtica visión de Estado”.

Durante su intervención, además, agradeció el galardón como “el mejor broche de
oro a mi retirada que podía esperar, tras 44 años dedicados a la defensa de los
intereses generales en el sector público, a la protección de los asegurados y a
la colaboración y buen entendimiento entre el seguro público y el seguro privado”.

El premiado ha destacado la especial vinculación con Fundación MAPFRE, señalando
que “durante mis casi cuatro décadas y media de actividad profesional, la
Fundación ha sido guía y acompañante”.

Por Miguel Díaz Román 

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) anticipó que el pago económico que se comprometió a realizar el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), en relación con la liquidación de la aseguradora Real Legacy, podría ser interpretado por los asegurados, los acreedores y por los medios de comunicación como «muy poco» o «muy generoso».

La OCS advirtió que la percepción sobre la insuficiente cantidad de dinero que se reciba como resultado del acuerdo con Swiss Re, obedece a que no se conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

La declaración de la OCS figura en una extensa moción de 17 páginas radicada el pasado 1 de octubre, que tiene como objetivo que la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, reconsidere su determinación de derogar el manto de confidencialidad que cobija al acuerdo entre la OCS y Swiss Re.

La jueza Stipec Rubio tomó la determinación de eliminar la confidencialidad del acuerdo el 16 de septiembre, luego de que la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) cuestionara la pertinencia de mantener en secreto los detalles del acuerdo que afectan el proceso de liquidación de Real Legacy. 

De hecho, fue la jueza Stipec Rubio quien el 10 de octubre de 2024 avaló la petición de la OCS para colocar en confidencialidad el documento.

La reveladora declaración sobre el acuerdo logrado con el reasegurador Swiss Re representa la primera ocasión en que la OCS argumenta sobre la cantidad de dinero que podría involucrar el acuerdo, un documento cuyo contenido el regulador ha querido mantener en confidencialidad para, entre otras razones, no divulgar información financiera y actuarial.

Confidencialidad cuestionada

Según ha señalado la OCS, revelar los pormenores del acuerdo con Swiss Re podría afectar los acuerdos que se proponen negociar con otros reaseguradores.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

De hecho, en gran medida la declaración de la OCS confirma los temores de la AG sobre por qué no se debe mantener en confidencialidad el acuerdo. La AG ha sostenido que la confidencialidad  impedirá conocer si el acuerdo representa un beneficio económico para los asegurados de Real Legacy o si, en realidad, lo acordado benefició a Swiss Re. 

La AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

En la moción la OCS intentó con múltiples argumentos persuadir a la jueza Stipec Rubio para que revierta su decisión. Entre esos argumentos la OCS sostuvo que quitar el estado de confidencialidad al documento produce unos efectos adversos que denominó como «efectos escalofriantes» («chilling effects») . 

Los «chilling effects» 

Entre esos efectos escalofriantes se destacan la interpretación sobre que el dinero que produce el acuerdo es «muy poco» o «muy generoso», lo cual la OCS describe como una «distorsión en la percepción pública» que genera «interpretaciones erróneas». 

Alegadamente, según sostuvo la moción de la OCS, las interpretaciones erróneas serían efectuadas por los asegurados, la prensa  y la propia AG, debido a que no conocen «los criterios técnicos detrás del cálculo».

No obstante, la moción de la OCS no explica sobre cuáles son esos «criterios técnicos detrás del cálculo» que pueden evitar la alegada distorsión de la percepción pública sobre los efectos del acuerdo.

Pero sí advierte que las interpretaciones erróneas podrían «entorpecer el manejo ordenado de la liquidación».

La OCS también mencionó que otro efecto «escalofriante» es la presunta incapacidad de lograr futuros acuerdos con reaseguradores en procesos de liquidación debido a la desconfianza que causará la falta de confidencialidad en las transacciones. 

Otro efecto «escalofriante» es una presunta reducción en la disponibilidad de reaseguro en el mercado local debido a la desconfianza que causará entre los reaseguradores la falta de confidencialidad. 

La OCS también considera que, alegadamente, la falta de confidencialidad reducirá notablemente el poder de negociación de las aseguradoras locales frente a los reaseguradores, lo que reducirá su capacidad de lograr acuerdos favorables.

Entran en escena los CRA

Otro efecto es que en el futuro  los liquidadores podrían perder poder de negociación, lo que causará que no podrán lograr términos que favorezcan a los asegurados de una aseguradora en liquidación. 

La moción de la OCS mencionó varios casos ventilados en la esfera federal donde es protegida la confidencialidad de los documentos relacionados a procesos de liquidación que involucra acuerdos con reaseguradores.

La OCS señaló que los acuerdos con los reaseguradores, mejor conocidos como acuerdos  CRA, (Commutation and Relesase Agreement o Acuerdos de Conmutación y Liberación), se caracterizan  por su confidencialidad. 

«La confidencialidad es un  principio central de los CRA, especialmente en el contexto de seguros y reaseguros donde se intercambia información financieras, actuarial y de reclamaciones sensibles», advirtió la OCS en la moción.

OCS pide a jueza que se revoque

Incluso, la OCS sostuvo que los tribunales han reconocido reiteradamente la necesidad de preservar la confidencialidad  de los CRA debido  a su naturaleza sensible, durante determinados procesos de liquidación de aseguradoras. Así también lo demuestran diversos precedentes judiciales que la OCS  mencionó en su moción.

«Estos ejemplos demuestran que la protección de la confidencialidad de los CRA no solo es una práctica admitida, sino que constituye una garantía judicial para salvaguardar los intereses de los asegurados, las compañías y el buen desarrollo de los procedimientos de liquidación.En atención a ello, entendemos respetuosamente que se debe evitar la divulgación pública del acuerdo como solicita la AG, ya que su confidencialidad salvaguarda los procedimientos que aún restan por llevar a cabo en la liquidación y en protección del caudal para los acreedores», sostuvo la OCS.

Finalmente, la OCS le solicitó a la jueza Stipec Rubio que revierta su decisión y que  convoque  una vista judicial presencial para «explorar alternativas que atiendan las preocupaciones de la AG sin que se comprometan las negociaciones que se llevan a cabo  con  Swiss Re y las que están en negociaciones en curso».

De hecho, la jueza Stipec Rubio determinó derogar la confidencialidad que antes había avalado, a pesar de que ella reconoció que representa una herramienta útil para que la OCS logre acuerdos que favorezcan atraer más dineros al caudal de liquidación de un asegurador. La razón de peso en su decisión fue que para la Asamblea Legislativa no fue un objetivo avalar el uso de la confidencialidad en los acuerdos entre el liquidador y «potenciales deudores» del asegurador en liquidación.

Por Miguel Díaz Román

En ciertos círculos de la industria de seguros han revivido temores vinculados al traumático proceso que representó  la liquidación de las aseguradoras Integrand Assurance Company y Real Legacy Assurance Company en 2019, tras el paso del huracán María, debido a la posibilidad de que, en momentos cuando el país atraviesa el período más crítico de la temporada de huracanes, se repita el fenómeno de la insolvencia en determinadas aseguradoras  si ocurriera un nuevo evento catastrófico.

De hecho, la liquidación de ambas aseguradoras generó más de 11,300 reclamos y hasta el 2024 se habían pagado $78 millones en reclamaciones, de los cuales $26 millones son el producto de dos derramas que han pagado las aseguradoras activas en el mercado y quienes ya fueron autorizadas a  recuperar ese dinero a través de las primas de los seguros que venden a los consumidores. 

Los $26 millones se desglosan en $11 millones para el pago de las reclamaciones de Real Legacy y $15 millones para Integrand. 

En realidad la liquidación de una aseguradora es un proceso que siempre termina afectando a los consumidores de seguros, quienes pagan las derramas aunque no hayan sido asegurados de las aseguradoras en liquidación. 

Asegurados con peor parte

No obstante,los asegurados de las aseguradoras en liquidación padecen la peor parte porque también aportan en el pago de las derramas y, además, encaran una restricción impuesta por el Código de Seguros,  la cual limita hasta $300,000 en el pago de sus reclamaciones sin importar el monto de sus pérdidas.

Además, las derramas privan a las aseguradoras de los réditos que ese dinero genera al estar invertido en el mercado financiero.

Preocupación por capacidad de pagar reclamaciones

En otras palabras, la liquidación de Integrand y de Real Legacy ya le ha costado $26 millones a los consumidores de seguros del país y no se descarta que en el futuro sea necesario decretar una o más derramas para completar el pago de las reclamaciones.

La entrada del periodo crítico de la temporada de huracanes, que comienza en el mes de septiembre y se extiende hasta el mes de noviembre ( la mayoría de los huracanes catastróficos han ocurrido en esos dos meses a pesar de que la temporada de huracanes se extiende entre el 1 de junio y el 30 de noviembre), ha exacerbado las preocupaciones sobre la capacidad de determinadas aseguradoras de responder a un alud de reclamaciones en el caso de que ocurriera un evento similar al catastrófico huracán María.

Se ha hablado con preocupación sobre que, alegadamente, la aseguradora Multinational Insurance  posee una cartera de cerca de 1,000 condominios asegurados, lo cual, según las fuentes, podría generar un gran volumen de reclamaciones si la isla fuera atacada por un huracán cuya capacidad destructiva fuera similar a María.

En síntesis, la preocupación gira en torno a si la aseguradora posee el capital y aquellos contratos de reaseguro que le permitan responder satisfactoriamente a las reclamaciones que reciba. 

Para obtener respuestas precisas que ofrescan una perspectiva real de su situación, SN le solicitó una reacción a Luis Pimentel Ferbi, quien es el presidente de Multinational, sobre si es cierto que la aseguradora posee  una cartera de condominios que podría comprometer su estabilidad en caso de un evento catastrófico.

«¿Es cierto ese planteamiento?. ¿Podrías reaccionar oficialmente a este planteamiento con unas expresiones aclaratorias?», le solicitó SN a Pimentel Ferbi.

Pimentel responde

El ejecutivo no presentó objeción y aquí presentamos su respuesta.

«Esta industria es de muchos comentarios, muchos de ellos incorrectos y no fundamentados. En Puerto Rico, según el Departamento de Asuntos del Consumidor hay 5,130 condominios,  Walk Up y apartamentos High Rise. De esto, nuestra cartera de condominios no representa ni el 14%. Me pregunto dónde están asegurados los demás riesgos de condominios», expresó  Pimentel Ferbi.

Aunque Multinational no cuenta con una cartera de 1,000 condominios, según aseguró Pimentel Ferbi, el 14 % de 5,130 unidades representan 718.2 condominios, la cual es una cifra respetable que conlleva robustos acuerdos de reaseguro. 

Pero el ejecutivo sostuvo que la cartera de condominios está protegida por acuerdos de reaseguro con las principales reaseguradoras del mercado internacional y para confirmar tal aseveración Pimentel Ferbi recordó que, tras el huracán María,  Multinational cumplió todos sus compromisos en la cartera de condominios.

 «Protegemos nuestra cartera de riesgo de manera correcta y responsable para eventos CAT (categoría) de 1 en sobre 300 años con reaseguradores de primer nivel clasificaciones AA  y A + entre estos Munich Re, Mapfre Re, Gen Re, Swiss Re y otros.  Además, todos estos reaseguradores conocen nuestro profile (perfil) de condominios y los términos y condiciones como se suscriben estos riesgos.  Esto fue muy bien demostrado en la historia de eventos CAT en Puerto Rico desde el 2017 con el huracán María donde se cumplió y honró nuestros compromisos», explicó el ejecutivo.

One Alliance niega insolvencia

La aseguradora One Alliance también ha sido señalada por, alegadamente,  experimentar insolvencia financiera. Una denuncia que ha sido negada por el presidente de la aseguradora, Juan Terrassa.

En entrevista con SN el ejecutivo sostuvo que One Alliance se encuentra en total solvencia económica y denunció que declaraciones sobre la presunta insolvencia se han realizado de manera irresponsable y en  violación al Código de Seguros.

Las expresiones, que fueron publicadas en el diario El Nuevo Día, las realizó Rafael Pérez Diez, presidente del Centro Gran Caribe Mall, un asegurado de One Alliance que mantiene un litigio judicial por una reclamación ascendente a $6.63 millones.

Surge el fraude

Pérez Diez sostuvo que la aseguradora experimentaba una supuesta insolvencia financiera en unas declaraciones que fueron difundidas en la edición de diario del pasado 4 de julio de 2025. Incluso, Pérez Diez le solicitó al ex Comisionado de Seguros , Alexander Adams Vega, «una investigación sobre la solvencia financiera de One Alliance, sus directores y abogados».

El pasado mes de mayo la jueza Cristina E. Sau González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que One Alliance debía compensar al Centro Gran Caribe Mall con $6.63 millones por los daños causados por el huracán María.

Terrassa señaló que de las 3,500 reclamaciones que One Alliance recibió tras el paso del huracán María solo quedan doce, las cuales son reclamaciones marcadas por acciones de fraude que actualmente  se dilucidan en los tribunales.

El licenciado Jesús Del Valle, quien es representante legal de One Alliance, dijo que la reclamación de Pérez Diez es fraudulenta.

«El común denominador de los doce casos que nos quedan  es que todos tienen reclamaciones infladas, exageradas o fraudulentas. Y una cosa va de la mano de la otra, porque cuando dices que un tornillo te cuesta $10 cuando en realidad cuesta 20 centavos, esto es exagerado, es inflado y también fraudulento», sostuvo Del Valle. 

No se compromete capital

Terrassa explicó que One Alliance es una empresa solvente que recientemente recibió una calificación de B + con perspectiva positiva, de parte de la agencia calificadora AMBest.

Incluso, el ejecutivo indicó que los fallos judiciales contra One Alliance y la obligación de establecer una reserva para responder a esos reclamos, no han comprometido el capital de la aseguradora, según lo requiere la Oficina del Comisionado de Seguros, estimada en $21 millones. 

«Yo duermo tranquilo porque yo he pagado el reaseguro, que yo tengo mi empresa salvaguardada. Aquí pueden pasar dos Marías este año 2025 y One Alliance tiene la posibilidad de pagar», dijo Rafael Cedeño Camacho, quien es el dueño de la aseguradora y presidente del Consejo de Administración de One Alliance Insurance Group.