Por Juan Tierras Tierras
Un profundo clima de disfunción e inestabilidad plaga la cúpula administrativa del
Departamento de Agricultura (DA) y sus agencias adscritas.
En momentos cuando el sector agrícola del país atraviesa un período crítico y decisivo, figuras claves que componen el liderato administrativo del DA, algunas de las cuales han sido
mencionadas internamente como aspirantes a dirigir la agencia, arrastran un pesado historial de señalamientos que arroja serias dudas sobre su idoneidad como candidatos.
Estos señalamientos incluyen investigaciones activas de la Oficina del Contralor, querellas
formales en la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), y un rastro de litigios por prácticas
gerenciales cuestionables, creando un campo minado para cualquier nombramiento futuro.
El expediente del secretario interino
El anterior subsecretario y ahora secretario interino de la agencia, Irving Rodríguez Torres,
enfrenta el escrutinio más severo y directo.
Rodríguez Torres es objeto de una indagación activa de la Oficina del Contralor por un
controversial desembolso de $267,000. Este pago, realizado mientras dirigía la Autoridad de
Tierras (AT), fue a parar a la entidad Zafra PR Inc., una organización sin fines de lucro en la que el chofer del ex secretario de Agricultura fungía como tesorero. La investigación busca determinar la legalidad de esa transacción.
Mientras Rodríguez Torres estuvo como director ejecutivo de la AT no demostró interés en gestionar el desahucio de los inquilinos morosos, según quedó evidenciado en la entrevista en las vistas de transición.
Además, se le atribuye el otorgamiento de contratos para favorecer a inversionistas políticos a pesar de que la recomendación de los agrónomos era no favorecer esas transacciones. Y para colmo, ha favorecido la venta de terrenos agrícolas al desarrollador Federico Stubbe, quien ha sido vinculado a los “Political Action Committee” (PAC).
Paralelamente, la OEG radicó una querella formal contra Rodríguez Torres por el uso indebido
de un vehículo oficial para fines personales. Se le imputa haber generado un gasto ilegal de
$2,615.40 en peajes, una clara violación a la ley de ética.
A nivel gerencial, su historial también está manchado. Pesa sobre él una alegación de represalia
directa contra una agrónoma de la AT. Según los informes, después de que la empleada ganara
una querella de hostigamiento laboral contra otra supervisora, Rodríguez Torres presuntamente
ordenó su traslado, una acción que fue interpretada como un castigo por haberse quejado.
Un historial de conflictos y litigios
Otro ex alto funcionario y aspirante al puesto, Jorge Campos Merced, carga con un expediente
similar. Campos, ex subsecretario y actual administrador de la Oficina para la Reglamentación de
la Industria Lechera (ORIL), también fue incluido en la querella de Ética Gubernamental por el
uso personal de un vehículo oficial, con un gasto imputado de $1,702.70 en peajes.
Sin embargo, los problemas de Campos son más profundos y se extienden a los tribunales.
En su gestión anterior en la ORIL (2016-2020), enfrentó múltiples demandas. Una de ellas, por
discriminación laboral y política, sigue activa.
Otra, aún más delicada, resultó en un fallo adverso del Tribunal Federal de Quiebras. Campos se habría negado a acatar una determinación del tribunal sobre el alquiler de una cuota de leche de un ganadero, un acto que fue interpretado como un riesgoso desdén por los procesos legales.
Fuentes internas señalan que Campos, quien fue un «aspirante sumamente activo» a la secretaría, ha estado presuntamente realizando llamadas a La Fortaleza para socavar los nombramientos de otros funcionarios, añadiendo el elemento de guerra política interna a la ya disfuncional agencia.
Negligencia y controversia en la Autoridad de Tierras
La Autoridad de Tierras (AT), una agencia vital para el DA, emerge como un foco de inestabilidad gerencial.
La ex subdirectora de la AT, Lynnete Díaz Meléndez, fue parte de la cúpula directiva que recibió
un despido fulminante en 2022. Una investigación interna concluyó que Díaz Meléndez fue
negligente, junto a otras ejecutivas, al ignorar y no manejar adecuadamente una querella formal
de hostigamiento laboral. Este hallazgo representa una mancha indeleble en su capacidad para
gestionar personal y seguir protocolos críticos.
Aparentemente la agrónoma Díaz Meléndez no logró aprovechar su experiencia anterior en relación con el mejor trato al personal subalterno, ya que fuentes internas informan que mientras funge como directora regional se han presentado quejas que le imputan una alegada actitud «déspota», según surge de la descripción de los testigos.
Continúa la mala administración en la AT
En contraste, aún la actual directora de la AT, la agrónoma Helga Méndez Soto, no enfrenta
señalamientos éticos ni legales.
Pero su gestión ya está en el centro de la controversia pues bajo su mando la agencia se encuentra al borde de un «colapso inminente», según la información más reciente que ha circulado.
Los problemas van desde el deterioro físico de la estructura, con desprendimientos de techos en la sede, hasta una parálisis administrativa total.
A Méndez Soto se le imputan «deficiencias crasas» en su capacidad administrativa y un profundo
desconocimiento de las operaciones de la agencia. Los críticos señalan que departamentos vitales de la AT , como Bienes Raíces y Servicios Legales, están «inoperantes» bajo el personal que ella reclutó.
Financieramente, se alega una parálisis en la generación de ingresos y una inhabilidad para
gestionar nuevos arrendamientos. A esto se suman denuncias de amiguismo, donde un
coordinador habría favorecido a familiares, y la asignación de aumentos salariales injustificados
a empleados selectos, presuntamente por «amistad o afiliación política», mientras se atrasa un
nuevo plan de retribución salarial para la plantilla.
Simultáneamente, se le acusa de no proteger los terrenos de la AT en la canalización del Río La Plata, presuntamente para mantener buenas relaciones con la firma de ingeniería PGES, ligada al político Carlos Pesquera.
Otra de las mayores deficiencias que le atribuyen a Méndez Soto se centra en su incapacidad para articular una política pública. La funcionaria no había tomado una postura pública sobre el proyecto de la restauración de la Laguna de Guánica y no fue hasta que la presión pública comenzó a señalar su indecisión sobre el asunto que asumió una postura en contra de la iniciativa.
Su tardío argumento se basa en la defensa de terrenos agrícolas productivos, la cual presentó
después de un largo tiempo sin hacer declaraciones públicas al respecto. Para un puesto de
gabinete, que requiere de acciones y política pública clara, su tardía acción sobre este y otros
asuntos podría ser vista como un pasivo político.
Una objeción para cada candidato
Este cúmulo de señalamientos contra la élite que aspira a la silla de secretario de Agricultura no solo afecta el prestigio de estos individuos, sino que tiene el efecto maligno de paralizar la agencia. Para una administración que necesita un gabinete libre de controversias para avanzar su agenda, el expediente de estos funcionarios es un lastre.
Cualquier nominación de Irving Rodríguez Torres o Jorge Campos Merced llegaría muerta a un
proceso de confirmación en el Senado. Las querellas de Ética y, peor aún, la investigación activa del Contralor, proveen munición política fácil para la oposición. Más allá de la política,
demuestran un patrón de mal uso de fondos públicos en un momento de extrema necesidad
fiscal.
El historial de Díaz Meléndez la hace indefendible en vistas públicas, mientras que
Méndez Soto, con su caos administrativo en la AT, pone de manifiesto que ambas carecen de las herramientas administrativas para dirigir correctamente una agencia tan compleja como el DA, lo que evidencia que la élite aspirante al cargo de secretario padece una profunda crisis de capacidad gerencial.
En momentos cuando el DA necesita desesperadamente estabilidad y confianza, su propia cúpula directiva se ha convertido en su mayor obstáculo.
