Por Miguel Díaz Román

La Fundación MAPFRE ha estado presentando en diversos recintos universitarios del país una reveladora exposición fotográfica y educativa denominada La Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti”, la cual tiene como objetivo advertir e informar a la juventud sobre las verdaderas consecuencias que los accidentes de tránsito causan en nuestros cuerpos y en nuestra vida.

Este objetivo se logra a través de la presentación de los relatos reales de sobrevivientes de accidentes de tránsito, quienes padecen en la actualidad las graves secuelas físicas y emocionales que le dejó como marca indeleble el trágico evento.

Inteligentemente, la campaña de la Fundación MAPFRE tiene como fin humanizar las estadísticas de accidentes de tránsito para que los jóvenes que contemplen la muestra puedan constatar las catastróficas consecuencias físicas y emocionales que se esconden detrás de las cifras. 

Como aspiración mayor, la muestra fotográfica y educativa “Cuando la calle se queda con parte de ti”, pretende impulsar un cambio cultural dirigido a que nuestra juventud  esté más consciente de los riesgos que se asumen cuando tomamos el control de un automóvil, de una motora o de un vehículo todo terreno y los efectos impensados que puede causar la velocidad descontrolada. 

En síntesis, la exposición busca provocar en la juventud una transformación en la forma en que se percibe la seguridad en las carreteras. Es decir, alentar a los jóvenes a adoptar nuevos escrúpulos y precauciones mientras transitan con un vehículo de motor en las carreteras del país.

Los periodistas Camile Roldán y José Madera, quienes trabajaron arduamente para crear la exposición, son los portavoces de “La Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti”.

Un rasgo distintivo de esta exposición es que Roldán y Madera fueron protagonistas en la vida real de un grave accidente mientras ambos se desplazaban en un motora y sus en cuerpos han quedado lacradas las consecuencias adversas de ese choque de tránsito. 

Este hecho singular en el que los curadores de la muestra son protagonistas de un accidente catastrófico de tránsito, le aporta un carga de humanismo y de veracidad que es muy difícil de encontrar en actividades de esta categoría. 

«El accidente de ellos fue uno aparatoso. La persona que los impactó los dejó tirados en la calle. Fue prácticamente un «hit and run». No tenían protección en sus cuerpos pues iban en una motora.En el accidente quedan pillados. José Madera pierde una de sus extremidades y Camillle Roldán quedó bien afectada en una de sus piernas también. Aparte del trauma que viene luego del accidente, cuando se tiene que retomar la vida con esos cambios de perder una extremidad… es bien impactante. Y ellos nos acompañan cuando estamos visitando las universidades», sostuvo Belinda Pujols, quien es la gerente de proyectos de la Fundación Mapfre.

Pujols indicó que la presencia de Roldán y Madera aporta un inestimable cariz de realismo y humanidad que es bien recibido por las personas que asisten y participan de las exposiciones.

Además, los asistentes reciben charlas de parte de entidades familiarizadas con el tema de la seguridad en el tránsito como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y  su programa FIESTA, Mothers Against Drunk Driving, Metropistas, la Administración de Compensación por Accidentes, el Departamento de Educación y las universidades participantes.

«Cada una de esas entidades aporta desde su perspectiva en la causa de ayudar a tomar consciencia sobre los accidentes en las carreteras. Es una experiencia completa con un mensaje contundente, que es evitar choques, evitar lesiones y evitar muertes en nuestras carreteras», agregó Pujols.

Por su parte, Alexis Sánchez Géigel, quien es el presidente de la aseguradora MAPFRE, sostuvo que “esta campaña es un llamado urgente a tomar conciencia sobre el impacto que puede tener un choque vial en la vida de una persona. Nos llena de esperanza poder llevar estos testimonios a los jóvenes, con el propósito de que reflexionen y se conviertan en agentes de cambio en nuestras carreteras”.

Según datos de la Policía de Puerto Rico, en 2024 ocurrieron 270 muertes por choques de tránsito y hasta agosto de 2025 se han reportado 161 fatalidades. La mayoría de los incidentes está relacionada con el exceso de velocidad, el uso del celular y el consumo de alcohol.

Pujols explicó que la Fundación Mapfre como la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y todas estas entidades antes mencionadas han estado cooperando y haciendo esfuerzos para lograr  que las cifras sobre accidentes de tránsito de este año no superen los números del año anterior.

«En efecto, hemos visto un incremento en los choques viales y una tendencia en la conducción agresiva. Hemos visto que el descontrol emocional se ve reflejado en el volante cuando se encuentran momentos detonantes en la calle, ya sean tapones tráfico extremo, y las personas se tornan desesperadas y también se ha incluido el tema de salud mental. La calle es un reflejo de la sociedad claramente. Y vemos como todos los comportamientos de la gente se reflejan en el volante. Eso es así», explicó la ejecutiva.

Incluso, según reveló Pujols, la exposición cuenta con la participación de jóvenes que han integrado  las llamadas corridas en motoras y en vehículos todo terreno, los cuales comparten con el público sus experiencias traumáticas con la velocidad descontrolada en las carreteras. Son experiencias que están salpicadas con la embriaguez por alcohol, el descontrol, la velocidad excesiva y la distracción, agregó Pujols. 

La exposición «Ruta Universitaria: “Cuando la calle se queda con parte de ti” comenzó el 26 de agosto en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón y se extenderá hasta noviembre. A continuación el calendario de la muestra:

• Interamericana de Arecibo: del 10 al 19 de septiembre

• Ana G. Méndez (Carolina): del 23 de septiembre al 10 de octubre

• UPR Río Piedras: del 14 al 24 de octub

• NUC University (Caguas): del 11 al 21 de noviembre

Más información sobre la campaña está disponible en mapfre.pr/sobre-

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Instagram.

Por Miguel Díaz Román 

En una ponencia escrita que presentó ante la Comisión de Banca y Seguros de la Cámara de Representantes, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, no alentó esperanzas sobre la aprobación de una medida que propone la eliminación gradual  de la contribución de 1 % que le aplica a las primas que obtienen las aseguradoras por la venta de pólizas de seguros.

A través del uso de un lenguaje directo, sin adornos o desvíos argumentativos, el secretario de Hacienda solicitó un margen de tiempo suficiente para completar los trabajos relacionados con la reforma contributiva que prepara la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.  antes de tomar una determinación en relación con varias medidas «que aunque loables», pueden trastocar los trabajos para lograr una reforma contributiva integral».

De hecho, el funcionario señaló que la contribución de 1 % generó $41 millones el pasado año 2024 y advirtió que «cualquier medida que trastoque los ingresos del Fondo General tiene el potencial de afectar la estructura contributiva que se está diseñando, la que ciertamente será en beneficio de todos nuestros ciudadanos»

Incluso, Pantoja dijo que ha conversado sobre el impacto de la medida con la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS).

La argumentación de Pantoja alude directamente al Proyecto de la Cámara 590,radicado por el presidente del cuerpo, el representante Carlos Johnny Méndez.

La medida propone reducir el tributo de 1% que se aplica a las primas de seguros al 0.5% para los años 2025 a 2027, lo que reduciría la recaudación en $20.5 millones. 

Además propone eliminar el tributo para el año 2027,lo que implica que el fisco dejaría de ingresar $41 millones.

El secretario recordó que la gobernadora creó un comité para evaluar las tasas contributivas existentes y crear un sistema contributivo más equitativo. Sostuvo que el comité someterá recomendaciones que reducen la carga a los contribuyentes.

La Comisión cameral, que preside el representante Jorge Navarro Suarez, celebró una vista pública del pasado martes a la asistió la designada Comisionada de Seguros, la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la licenciada Irealia Pernas, directora ejecutiva  de la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE) y el licenciado Luis Rivera Cruz, director de Asuntos Intergubernamentales y Asesor Senior de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

En su ponencia el secretario de Hacienda hizo un recuento detallado en cuatro párrafos de la obligación que la Constitución le impone a la agencia fiscal, junto con leyes y determinaciones administrativas que definen aún más la función del Departamento de Hacienda (DH) como recaudador de ingresos para el Fondo General y como fiscalizador de acciones y medidas legislativas que pudieran afectar esa función.

Obligación constitucional de cobrar

Pantoja sostuvo que la Constitución delegó en el DH «la responsabilidad de administrar las leyes tributarias y la política fiscal de la isla, de una manera eficiente para así maximizar los recaudos del erario. Por lo tanto, el Departamento funge como el principal recaudador y custodio de los fondos públicos».

El funcionario le recordó a la Comisión cameral que el DH «es el administrador del Código de Rentas Internas, de la ley de Contabilidad de Gobierno de Puerto Rico y por disposición administrativa el secretario de Hacienda funge como Principal Oficial Financiero del Gobierno». 

Luego, en un revelador cuarto párrafo, Pantoja señaló que «cónsono con nuestro propósito y pericia, el departamento tiene la responsabilidad de asesorar la Rama Legislativa sobre aquellas medidas que tengan un impacto sobre el Fondo General, específicamente, aquellas que pudieran afectar de algún modo los recaudos e ingresos. Como tesorero del gobierno de Puerto Rico, somos parte del componente económico gubernamental que coordina los asuntos presupuestarios y el cumplimiento del Plan Fiscal».

Más adelante y sin señalar el contenido del PC 590, Pantoja citó la sección 15 del presupuesto vigente certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la cual establece que cualquier medida que modifique los fondos asignados en el presupuesto requiere identificar una fuente de ingresos que sustituya tales ingresos. Además, la JSF debe certificar que esta medida está en cumplimiento con el Plan Fiscal. 

Otro señalamiento de Pantoja que coloca en aprietos al PC 590 que es que la sección 32.41 del Plan Fiscal Certificado establece como condición inescapable «el principio de neutralidad fiscal que debe regir en toda legislación de índole contributiva donde hay un impacto al erario».

Medida no identifica recaudos sustitutos

El PC 590 no contiene recomendaciones ni identifica una fuente de ingresos que sustituya los recaudos que dejaría de recibir el Fondo General con la eliminación gradual del tributo del 1%, lo que ya coloca a la medida en incumpimiento con la sección la sección 15 del presupuesto vigente certificado y con la sección 32.41 del Plan Fiscal Certificado.

De hecho, ni la Asociación de Compañías de Seguros (ACODESE), que presentó una sustanciosa ponencia de ocho páginas en la que se analizan los efectos adversos del tributo de 1% en las operaciones de las aseguradoras, ni la OCS atendieron los requerimientos de la JSF para garantizar que aquella medida que modifique los fondos asignados en el presupuesto debe identificar una fuente sustituta de recaudos, logrando un efecto neutral. 

La OCS dedicó unas breves oraciones al final de su ponencia en la que reconoce que «el proyecto no dispone para la sustitución de estos ingresos luego del 31 de diciembre de 2027». También señaló que le concede «deferencia» a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a la AAFAF para identificar aquellas fuentes de recaudos que sustituyan los ingresos que generará el tributo de 1% para el año 2027. 

Ante ese requisito impostergable Rivera Cruz recomendó una evaluación por parte de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

En la vista pública la Comisionada Del Valle Lecároz sostuvo que el tributo de 1% es una contribución que se aplica de manera uniforme y no toma en cuenta las diferencias entre líneas de negocio de seguros, por lo que el efecto del pago de ésta no es heterogéneo entre los segmentos de negocios de seguros de Propiedad & Contingencia, y Vida y Salud. 

Estos segmentos de negocios poseen perfiles de riesgo, necesidades de capital, modelos de riesgo y mecanismos de cálculo de prima específicos que no toma en cuenta la Contribución Especial.

Remanente de Patente Nacional

La contribución del 1% es el remanente de la extinta patente nacional que se impuso en 2013. Aunque posteriormente la patente nacional fue eliminada, la legislatura mantuvo el tributo en la industria de seguros.

Sobre esta realidad la licenciada Pernas sostuvo que dicha contribución no tiene razón de ser en la actualidad. » Se trata de una imposición injusta y discriminatoria, que coloca en desventaja al sector de seguros frente a las otras industrias que no pagan esta contribución. La situación de los aseguradores es particularmente onerosa porque, a diferencia de otros sectores económicos, la contribución del 1% sobre las primas no puede ser transferida al consumidor final».

La directora ejecutiva de Acodese sostuvo que las tarifas y condiciones de las pólizas están estrictamente reguladas y sujetas a aprobación de la OCS, lo cual limita la capacidad de los aseguradores de ajustar precios para absorber costos adicionales. 

Tributo es un gasto

«En la práctica, esto significa que el impuesto se convierte en un gasto directo que reduce los márgenes de operación de los aseguradores. Con esto, se coloca a la industria de seguros en desventaja pues, mientras otros sectores productivos pueden aliviar el impacto de nuevas cargas contributivas a través de ajustes de precios, los aseguradores se ven obligados a absorber el impuesto dentro de sus costos operacionales. En un país que enfrenta riesgos recurrentes como huracanes, terremotos y una población primordialmente envejeciente con creciente necesidad de seguros de salud y vida, mantener esa carga que debilita al sector asegurador representa un riesgo sistémico. En síntesis, la contribución en sí, más la imposibilidad de trasladar este impuesto al consumidor, constituye un trato inequitativo frente a otros sectores «.dijo Pernas.

Enmienda para confirmar cumplimento

En la vista el representante Navarro Suárez presentó una enmienda dirigida a garantizar la eliminación del tributo por medio de comprobar que las aseguradoras pueden cumplir con criterios objetivos de desempeño. Entre los criterios para comprobar desempeño el legislador mencionó el cumplimento con el pago puntual de las reclamaciones, la merma en litigios y la satisfacción del asegurado. Sostuvo que el cumplimiento sería una tarea de la OCS.

Del Valle Lecároz, afirmó que “en la medida que estén buscando enmendar el proyecto para crear un balance, entre apoyar y dar un beneficio a las aseguradoras, pero a la misma vez al consumidor, lo veo loable, lo único que habría que ver cómo se puede medir esa efectividad y tendría que hacerse un reglamento para poder medir el cumplimiento de los componentes de esta industria”.

Pernas no estableció una posición en relación a la enmienda propuesta por Navarro Suarez debido a que dicha responsabilidad recae en la matrícula de ACODESE.

Por Miguel Díaz Román

El presidente de la Asociación Médica Americana (AMA), el doctor Bobby Mukkamala, ha publicado un revelador artículo en la publicación digital de esa institución, que básicamente sostiene que la escasez de médicos en los Estados Unidos es un problema creciente, el cual requiere y requerirá acción directa del Congreso para revertirlo y garantizar atención médica a la sociedad estadounidense.

En el artículo el doctor Mukkamala detalla las diversas vertientes que causan el problema de la escasez de médicos en los Estados Unidos y comenta las medidas que se han tomado para enfrentar el problema. Además, propone una serie de medidas dirigidas a detener lo que ya es una grave tendencia que crece continuamente y que augura trascendentales consecuencias en el futuro.

En momentos cuando la calidad de los servicios médicos es una gran preocupación en Puerto Rico y la escasez de médicos  aflora como uno de los principales problemas, los planteamientos del doctor Mukkamala resultan iluminadores.

Sobre los argumentos del doctor Mukkamala, el presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, comentó que «el problema de la escasez de médicos no es exclusivo de Puerto Rico; en Estados Unidos existe la misma crisis. Lo que es claro es que el recurso se lo lleva quien más paga». 

De hecho, entre los ofrecimientos de seguros de Mapfre figura una oferta de seguro de salud dirigido principalmente a grupos privados. 

En ese contexto, Sánchez Géigel sostuvo que «si deseamos tener más médicos, debemos facilitar su preparación educativa sin que tengan que endeudarse, aumentar los programas de residencia disponibles al graduarse, pagarles más durante su residencia, eliminar las redes cerradas para que no se les cierren puertas, y que su licenciamiento sea inmediato al graduarse de la residencia, evitando así un proceso burocrático y lento».

El doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio Médico de Puerto Rico, ha resaltado la preocupante escasez de médicos y de especialistas médicos en el país, lo que amenaza, según ha planteado, con agravar el acceso a servicios médicos que ya padece el país.

Recientemente Díaz hizo un llamado para que el gobierno atienda la situación a fin de evitar que los diversos problemas que padece el sistema de salud local se dirijan por una ruta que culmine en una incontenible crisis en la que resulte victimizada la población más desfavorecida.

De hecho, ante el cierre de hospitales que ha ocurrido recientemente en el país,  Díaz solicitó que se atienda la estabilidad del sistema hospitalario para garantizar servicios médicos en todas las regiones de la isla.

Como un servicio de SN para aportar en la discusión de los problemas de nuestro sistema de salud, que incluye los servicios de salud patrocinados por el gobierno local y federal, y la oferta de seguros de salud  de las aseguradoras y los servicios de laboratorios y hospitales privados del país, a continuación replicamos el artículo del doctor Mukkamala:

La escasez de médicos puede empeorar a menos que el Congreso actúe ahora

Por el doctor Bobby Mukkamala

Existen enormes deficiencias en la atención médica actual que requieren la atención de médicos y líderes de la medicina organizada, pero todo comienza con el acceso oportuno a una atención de calidad. 

Las alarmantes proyecciones sobre la futura escasez de personal médico ignoran el hecho de que, para muchos pacientes en todo el país, esa escasez ya ha llegado.

Si bien los factores que impulsan esta situación son complejos, las soluciones no son difíciles de encontrar. El proceso comienza por eliminar las dificultades administrativas que alimentan el agotamiento y contribuyen a las decisiones de jubilación anticipada de los médicos.

Una segunda solución crucial es reformar el anticuado sistema de pago de Medicare, que ha visto caer los reembolsos a los médicos en más de un 33% desde 2001, lo que ha generado enormes dificultades financieras para consultorios independientes como el mío en Flint, Michigan.

Una tercera solución consiste en ampliar considerablemente el número de plazas para residencias de educación médica de posgrado (GME) financiadas por Medicare, con especial énfasis en áreas y especialidades con escasez crítica, como atención primaria y psiquiatría.

La AMA apoya con entusiasmo la recién introducida Ley de Reducción de la Escasez de Médicos Residentes de 2025, que añadiría 14.000 plazas de Médicos Residentes Generales (GME) de Medicare en siete años y codificaría el Programa de Planificación y Desarrollo de Residencias Rurales. 

Esta medida bipartidista ayudará a garantizar que los pacientes tengan acceso a médicos bien capacitados en sus comunidades, ampliando las oportunidades de formación en hospitales urbanos y rurales con mayor necesidad de personal.

Por un margen considerable, el gobierno federal es el mayor financiador de GME, principalmente a través de la financiación de Medicare. A mediados de la década de 1990, el Congreso decidió limitar el número de plazas de GME que Medicare financiaría, y este límite ha tenido un enorme impacto en nuestro sistema de salud en las décadas posteriores.

Por un lado, el límite no ha permitido que la atención médica se ajuste a los importantes cambios que se han producido en la población de pacientes y la demografía. Por otro lado, el límite ha exacerbado la escasez existente de médicos. En este momento, la Administración de Recursos y Servicios de Salud de EE. UU. estima que se necesitan más de 19,000 médicos para superar la escasez existente en atención primaria y salud mental en todo el país.

La escasez de médicos afecta a todos. Esta es solo una de las razones por las que la AMA continúa apoyando las soluciones legislativas bipartidistas propuestas a nivel federal, como la Ley Conrad State 30 y la Ley de Reautorización del Acceso a Médicos (H.R. 1585). 

Cabe destacar que tanto esta medida como un proyecto de ley similar presentado a principios de este año en el Senado (S. 709) han contado con el patrocinio y el apoyo de ambos partidos políticos.

Bajo el programa Conrad 30, cada estado recibe 30 exenciones que eximen a los médicos con visa J-1 del requisito de regresar a su país de origen a cambio de brindar tres años de servicio a pacientes en comunidades con acceso limitado a la atención médica. 

La aprobación de las medidas descritas anteriormente no solo reautorizaría el programa Conrad 30 por tres años más, sino que también aumentaría gradualmente el número de exenciones que cada estado recibiría en el futuro.

La AMA también apoya la Ley para el Avance de la Atención Rural por parte de los Médicos Especialistas (S. 1380), otra medida bipartidista actualmente en consideración. Este proyecto de ley crearía un programa de reembolso de préstamos para médicos especialistas que acepten completar seis años de servicio en una comunidad rural con escasez de personal.

En cuanto a los préstamos estudiantiles, la AMA ha expresado su seria preocupación por la posibilidad de que los cambios en el programa federal de préstamos estudiantiles propuestos en el proyecto de ley de conciliación presupuestaria de 2025 hagan que la escuela de medicina sea inasequible para la mayoría de los estudiantes, incluidos aquellos que podrían ser los solicitantes más cualificados.

Las crecientes cargas administrativas que enfrentan los médicos, en particular las excesivas exigencias de autorización previa, impulsan las tasas de agotamiento y tienen un claro impacto en la fuerza laboral cuando deciden reducir sus horas o incluso abandonar el campo por completo. 

La última encuesta de la AMA (PDF) reveló que, en promedio, los médicos completan 43 solicitudes de autorización previa cada semana. Esta carga les quita tiempo para la atención directa al paciente, amenaza la estabilidad financiera de las consultas y aumenta significativamente el agotamiento.

Al asumir las inmensas responsabilidades como presidente de la AMA, la importancia del acceso a la atención médica está muy presente en mi mente. En mi discurso inaugural del 10 de junio en la Reunión Anual de la AMA en Chicago, hablé sobre la importancia de mantener la cobertura médica para los más vulnerables de nuestras comunidades, los tipos de pacientes que atiendo en mi consulta a diario en Flint.

Un factor clave para el desafío del acceso es una cobertura médica adecuada, pero otro es una fuerza laboral médica próspera para satisfacer las crecientes demandas de salud de nuestro país. Por eso es fundamental que el Congreso tome medidas para reformar el engorroso proceso de autorización previa, que sabemos que retrasa la atención médica de los pacientes y es una de las principales causas del agotamiento profesional de los médicos.

Los problemas con la autorización previa, incluso para los tratamientos más rutinarios y basados ​​en la evidencia, como la prescripción de insulina para diabéticos, siguen siendo una fuente de frustración constante para mí, mi pequeño equipo y nuestros pacientes. 

Por ejemplo, hace apenas unos meses, un miembro de mi equipo tuvo que llamar a una aseguradora por un problema de autorización previa porque «Mukkamala» no figuraba como proveedor en su sistema. Llevo un cuarto de siglo ejerciendo la profesión, pero por alguna razón no figuraba en la lista de médicos de la aseguradora más grande de mi estado natal, Michigan. 

Este es un ejemplo aislado, sin duda, pero también un indicio de un problema mucho mayor: un sistema de salud insostenible.

El acceso a la atención médica es un tema crucial no sólo para mí, sino para todos en la AMA. En nuestro rol como poderoso aliado del médico en la atención al paciente, nos mantenemos firmes en nuestra labor para reformar el sistema de pago a médicos de Medicare, reducir el agotamiento, optimizar la autorización previa y garantizar que exista una sólida plantilla médica y esté completamente preparada para satisfacer las necesidades de atención médica de nuestra nación hoy y mañana.

Por Jaime González Portilla

Presidente de Antilles Insurance Company

Existe mucho desconocimiento para aquellos que no laboran en la industria de seguros sobre cuál es la diferencia entre una aseguradora, un agente y/o un corredor de seguros. 

Las aseguradoras son las entidades que asumen el riesgo y pagan las pérdidas o las reclamaciones de seguros. Algunas de las aseguradoras locales son Mapfre, Antilles, Seguros SSS, Multinational, Chubb, One Alliance, Guardian, Universal, Optima, American International y Liberty. 

Los agentes y/o los corredores de seguros no asumen riesgo y no pagan pérdidas de reclamaciones. Los agentes y/o corredores de seguros generan comisiones que le pagan las propias aseguradoras producto de las primas que usted como consumidor paga a su aseguradora por un seguro.

Cuando usted vaya a seleccionar una aseguradora de propiedad comercial o residencial (incluyendo los condominios) no la escoja simplemente porque esta le ofrece la prima más económica. 

Como dice el viejo refrán lo barato sale caro. Las dos (2) aseguradoras que quebraron luego del paso del Huracán María (2017) lo aseguraban prácticamente todo y unas primas baratas o inadecuadas y esa fue una de las principales razones por la cual cesaron sus operaciones dejando a miles de sus clientes sin poder cobrar el seguro para reparar los daños a sus propiedades. 

Hoy día se está comenzando a observar un ciclo de bajas en las primas de seguros producto de que hay más oferta que demanda. Cuando eso sucede la industria de seguros entra en lo que se conoce como un mercado blando o «soft market». 

El peligro de un mercado blando o de bajas en primas a expensas de querer asegurarlo prácticamente todo para obtener cuotas de mercado («market share») podría empezar a trastocar los resultados operacionales de las aseguradoras reduciendo su nivel de capitalización que sirve para poder protegerlo a usted de una posible quiebra o insolvencia. 

La solidez financiera de una aseguradora lo es todo. Exijale a su agente y/o corredor de seguros que le brinde una información financiera y operacional completa de las aseguradoras que le están cotizando un seguro y recuerde que una aseguradora podría estar ofreciéndole la prima más económica para obtener «market share» porque en esencia no le puede vender a usted su solidez financiera. 

Otros factores bien importantes a la hora de decidir por una aseguradora en particular es saber cual es su clasificación financiera de AM Best. 

AM Best es el ente clasificador de las aseguradoras más prestigioso de los Estados Unidos. Una aseguradora con clasificación de A menos (Excelente) o A (Excelente) y/o A+ o A++ (Superior) se consideran las clasificaciones más altas que otorga AM Best. 

Existen otras agencias calificadoras en adición a AM Best como por ejemplo Demotech, pero estas no son del mismo calibre o gozan de la misma reputación por lo que usted no se debe dejar llevar por un ente clasificador financiero de aseguradoras que no sea AM Best. 

También es bien importante que usted verifique con su agente y/o corredor de seguros cuál fue la experiencia del servicio y pago de reclamaciones luego del paso del Huracán María antes de seleccionar una aseguradora en particular. 

Usted debe preguntar si la aseguradora que le está recomendando su agente y/o corredor de seguros pagó a tiempo sus reclamos del Huracán María, ofreció un buen servicio y si fue justo con sus ajustes. 

También es importante que su agente y/o corredor de seguros le pueda contestar si la aseguradora aún tiene reclamos pendientes del Huracán María, qué cantidad de su capital todavía está expuesto a dicho huracán y porque ha tardado tanto tiempo en cerrar sus reclamos. 

La información sobre el número de casos pendientes de pago y las reservas por reclamación que ha establecido cada aseguradora para los casos del Huracán María está disponible en la Oficina del Comisionado De Seguros.   

Lo más importante al momento de adquirir o renovar un seguro es asesorarse con un buen profesional (agente y/o corredor) de seguros. Un agente y/o corredor de seguros se debe reunir con usted en persona por lo menos una vez al año para poder identificar todos sus activos y exposiciones a pérdida que pueda causar un huracán, terremoto, fuego y su responsabilidad pública hacia terceros con miras a poder preparar un plan efectivo de seguros que le ayuda a protegerlo a usted y a sus empresas de un suceso imprevisto. 

Su agente y/o corredor de seguros debe de siempre estar preparado para poder explicarle y demostrarle a usted cuales son las aseguradoras mejor capitalizadas, con clasificación de A de AM Best y cuál fue su experiencia con los reclamos del Huracán María. Recuerde siempre nunca basar su decisión de seleccionar una aseguradora en particular meramente porque esta le ofrece la prima más económica.      

Por Miguel Díaz Román 

El manto de confidencialidad que protegía un acuerdo alcanzado entre la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re), ha quedado sin efecto luego de que la jueza Katarina Stipec Rubio, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinó que «no procede».

El polémico acuerdo entre la OCS y Swiss Re se alcanzó a finales de 2024 en el marco de la liquidación de la aseguradora Real Legacy. 

La determinación de la jueza Stipec Rubio, emitida ayer 16 de septiembre, representa un nuevo giro en la controversia judicial que han protagonizado la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) y la OCS por los pasados nueve meses, cuyos efectos reales estarán claros cuando finalmente se conozcan los pormenores del citado acuerdo.

De hecho, no está claro si bajo la dirección de la nueva Comisionada de Seguros,la licenciada Suzette Del Valle Lecároz, la OCS mantendrá su posición de defender la confidencialidad del acuerdo con Swiss Re. Esa fue la posición del ex comisionado de seguros, Alexander Adams Vega.

La orden de la jueza Stipec Rubio obliga la OCS a presentar nuevamente como un documento público el acuerdo con Swiss Re en un plazo de 20 días.

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud “urgente ” en la que informó haber logrado un acuerdo con Swiss Re que, alegadamente, beneficiaría a los asegurados de Real Legacy. 

Además, le solicitó al Tribunal que mantenga en confidencialidad el documento. El 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

En su determinación la jueza concluyó que aunque la confidencialidad representa una herramienta útil para que la OCS logre acuerdos que favorezcan atraer más dineros al caudal de liquidación de un asegurador, no fue un objetivo de la Asamblea Legislativa avalar el uso de la confidencialidad en los acuerdos entre el liquidador y «potenciales deudores» del asegurador en liquidación.

«Sin embargo, ante la minuciosidad del Código de Seguros, resulta forzoso concluir que la Asamblea Legislativa no tuvo el propósito de conferir confidencialidad a los acuerdos entre el Liquidador y potenciales deudores del Asegurador que formen parte del expediente judicial. Corresponde a la Legislatura conferir ese privilegio, si luego de considerar los intereses envueltos, la estima apropiada», explicó la jueza en uno de los últimos párrafos de su decisión de nueve páginas.

En el documento la jueza hace una detallada identificación de las instancias en las que el Código de Seguros avala la confidencialidad para concluir que el Código no recomienda el uso de la confidencialidad en los procesos de liquidación de un asegurador. 

La juez también rechazó los planteamientos realizados por la OCS sobre que sus actuaciones en calidad de liquidador son en realidad en representación de una entidad privada (el asegurador en liquidación) y no como una entidad pública que busca proteger el interés público.

«Rechazamos el planteamiento del Comisionado a los efectos que en su función de Liquidador no funge como funcionario público. Por el contrario, es precisamente por la importancia de la industria de seguros en nuestro país y el alto interés público que revisten los procesos de liquidación, que el ordenamiento designa al funcionario público de mayor inherencia en materia de seguros para que funja como liquidador», sostuvo la jueza. 

A principios de este año la AG se opuso formalmente a que el Tribunal le concediera el manto de confidencialidad al acuerdo entre la OCS y Swiss. Entre sus planteamientos figura que la acción de la OCS podría garantizar un beneficio económico para Swiss Re, el cual iría en detrimento de los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy.

De hecho, la AG ha expresado en su escritos de oposición la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG.

La OCS ha presentado una oposición vehemente en contra de que se devele el manto de confidencialidad que protege el acuerdo bajo el argumento de que la intención de la AG es fiscalizar los acuerdos alcanzados por el ente regulador. 

La OCS también ha sostenido que existen suficientes recursos para cubrir las reclamaciones, por lo que no será necesario decretar una nueva derrama entre los aseguradores para pagar las reclamaciones.

Por su parte, la AG ha cuestionado la  suficiencia del caudal para satisfacer la totalidad de las reclamaciones, lo que podría representar un duro golpe para los miles de asegurados de la desaparecida Real Legacy,  quienes nueve años después del paso de huracán María, esperan poder cobrar, al menos,  una parte de las pérdidas causadas por el fenómeno meteorológico.

La AG es el organismo destinado a pagar las reclamaciones de las aseguradoras sometidas a liquidación por la OCS.

Por Miguel Díaz  Román

La aseguradora One Alliance se encuentra en un estado de total solvencia económica para atender los compromisos relacionados con el pago de reclamaciones, por lo que los asegurados y los consumidores en general no deben conceder credibilidad a determinadas declaraciones sobre que la empresa enfrenta dificultades económicas, según expresó su presidente, el conocido empresario de la industria de seguros, Juan Terrassa. 

Terrassa denunció que las declaraciones sobre la insolvencia económica se han realizado de manera irresponsable y en  violación al Código de Seguros. 

El ejecutivo tronó contra unas expresiones publicadas en el diario El Nuevo Día, las cuales fueron realizadas por un asegurado de One Alliance que mantiene un litigio judicial contra la aseguradora por una reclamación ascendente a $6.63 millones.

Se trata de Rafael Pérez Diez, presidente del Centro Gran Caribe Mall (CCVA Inc), quien sostuvo que la aseguradora experimentaba una supuesta insolvencia financiera en unas declaraciones que fueron difundidas en la edición de diario del pasado 4 de julio de 2025. 

De acuerdo con la información publicada, la jueza Cristina E. Sau González, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, emitió una sentencia el pasado mes de mayo en la que determinó que One Alliance debía compensar a CCVA Inc con $6.63 millones por los daños causados por el huracán María.  

Preocupa la solvencia

La noticia contiene una cita a Pérez Diez señalando que le solicitó al tribunal el aseguramiento de la sentencia debido a que «le preocupa la solvencia económica de One Alliance». Incluso, Pérez Diez le solicitó al ex Comisionado de Seguros , Alexander Adams Vega, «una investigación sobre la solvencia financiera de One Alliance, sus directores y abogados».

Terrassa señaló que de las 3,500 reclamaciones que One Alliance recibió tras el paso del huracán María solo quedan doce, las cuales son reclamaciones marcadas por acciones de fraude que actualmente  se dilucidan en los tribunales. 

«El común denominador de los doce casos que nos quedan  es que todos tienen reclamaciones infladas, exageradas o son fraudulentas. Y una cosa va de la mano de la otra, porque cuando dices que un tornillo te cuesta $10 cuando en realidad cuesta 20 centavos, esto es exagerado, es inflado y también fraudulento», sostuvo el licenciado Jesús Del Valle, quien es representante legal de One Alliance. 

 Reclamación fraudulenta

De hecho, Terrassa dijo que la reclamación de Pérez Diez es una reclamación fraudulenta. 

«Esta gente quiere que le paguemos una pérdida de 100 %. La evidencia que tenemos es que el huracán María afectó entre el 20 % y el 25 % del techo,  y el  (Pérez Diez) quiere reparar el techo completo de un centro comercial que está abandonado, con el 40 % de las localidades abandonadas, y que está al borde de la quiebra», señaló Terrassa.

«Estamos defendiendo los intereses de la compañía. Aquí hay un planteamiento total y categóricamente de fraude «, sostuvo Terrassa.

De hecho, One Alliance ha recurrido en el Tribunal de Apelaciones la sentencia que la obliga a pagar $6.63 millones a CCVC. 

Otro caso controvertible que ha levantado interrogantes sobre la solvencia de One Alliance  es el del condominio Ocean Sixteen, ubicado en Río Grande, cuyo consejo de titulares solicitó con éxito que el Tribunal de Primera de San Juan emitiera una orden de embargo contra la aseguradora  por la cantidad de $3 millones. 

Terrassa catalogó este caso como otro de fraude, debido a que los reclamos presentados a One Alliance ocurrieron en realidad mucho antes del paso del huracán María. 

Recllamación  originada antes de María

De acuerdo a lo planteado por Terrassa y el licenciado Del Valle, antes de 2017 el consejo de titulares de Ocean Sixteen tuvo una disputa legal en el Tribunal y en el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) contra el contratista y el desarrollador de la estructuctura por vicios de construcción. Alegadamente, la disputa  se resolvió a favor del consejo de titulares por la cantidad de $1.5 millones.  

«Ganaron el caso en DACO y en el Apelativo pero no cobraron y entonces han decido que pague la compañía de seguros, que pague One Alliance», explicó Terrassa. 

«Son daños preexistentes y se los quieren cobrar a la aseguradora», advirtió el licenciado Del Valle.

El ejecutivo sostuvo que el caso Ocean Sixteen también se encuentra impugnado por One Alliance en el Tribunal Apelativo. 

Otra reclamación marcada por el fraude, según mencionó Terrassa, es el de la empresa PR Asset Portfolto 2013 -1 Internattonal LLC (PAPRI),  que posee cientos de propiedades alrededor de la isla y que está integrada por un grupo de empresas socios entre las que figura el Banco Popular y la corporación Caribbean Property Group (CPG), en la que el inversionista de bienes raíces Barry Breeman es uno de sus directivos.

Aparece Breeman

El pasado mes de mayo Breeman se declaró culpable de cometer fraude a través de un esquema Ponzi, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York.

«Cuando yo llegué a esta compañía y vi quienes estaban en ese grupo, dije, esta gente compra carteras tóxicas a los bancos, edificios abandonados, residencias que las perdieron los dueños registrales,  quienes tienen interés asegurable. Esta gente cogió todo eso, lo empaquetaron en una reclamación y págame los chavos. No van a reparar ni un clavo. Van a coger el dinero, si lo cogen, y van a salir de Puerto Rico y se van a reír de nosotros. No puede ser», dijo Terrassa.

Terrassa insistió en que One Alliance es una empresa solvente que recientemente recibió una calificación de B + con perspectiva positiva, de parte de la agencia calificadora AMBest.

Incluso, el ejecutivo indicó que los fallos judiciales contra One Alliance y la obligación de establecer una reserva para responder a esos reclamos, no han comprometido el capital de la aseguradora, según lo requiere la Oficina del Comisionado de Seguros, estimada en $21 millones. 

«Yo duermo tranquilo porque yo he pagado el reaseguro, que yo tengo mi empresa salvaguardada. Aquí pueden pasar dos Marías este año 2025 y One Alliance tiene la posibilidad de pagar», dijo Rafael Cedeño Camacho, quien es el dueño de la aseguradora y presidente del Consejo de Administración de One Alliance Insurance Group.

«No es un asunto de falta de dinero. Es un asunto de dignidad. No vamos a pagar reclamaciones fraudulentas», concluyó Cedeño Camacho.