Por Miguel Díaz Román

A pesar de la gran acogida que ha tenido la ley 60 de 2019, mejor conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, una pieza indispensable para promover el desarrollo económico del país, los alcaldes se han perfilado como los principales obstáculos para el progreso de los diversos sectores productivos, pues se niegan a reconocer los beneficios contributivos que contienen los decretos acordados por el gobierno bajo la ley 60.

La alarmante revelación fue realizada por Carlos Fontán, quien fue exdirector de la Oficina de Incentivos para Empresas en Puerto Rico del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

«La nueva ley dice que los decretos son válidos en todo Puerto Rico y esto sí que es un dolor de cabeza. Obviamente al municipio no le gusta reconocer (los beneficios contributivos que conceden los decretos)», reveló Fontán.

El exfuncionario del DDEC hizo los planteamientos durante un reciente conversatorio sobre la ley 60  celebrado por la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF). El foro tuvo lugar en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado.

Municipios con «C» «problemáticos»

De hecho, Fontán fue aún más lejos en el alcance de sus revelaciones y sostuvo que los municipios cuyo nombre comienza con la letra «C» son los más «problemáticos».

 «Algunos municipios son buenos. Los empiezan con «C» son «problemáticos».  Esos que empiezan con «C» son bastante problemáticos. No vamos a mencionar los nombres, pero sí dan dolor de cabeza. El municipio tiene el decreto y te dice que le tienes que reconocer una tasa preferente del CRIM y de patente. !Y el municipio no lo quiere reconocer!. Entonces, me acuerdo que se deba a la dinámica: Carlos hazme una certificación de que es válido este decreto. ¿Qué más certificación que el decreto que fue firmado por el secretario del DDEC?. Ahora la ley 60 te dice que aún cuando sólo se menciona un solo municipio en tu decreto, se supone que sea válido en todos los municipios. Y digo se supone porque los alcaldes se ponen bien, bien, bien creativos y no quieren, algunos, no quieren reconocer las exenciones contributivas que están establecidas en esos decretos de exención», sostuvo Fontán.

En Puerto Rico existen 14 municipios cuyos nombres comienzan con la letra «C»:Cabo Rojo, Caguas, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo Comerío, Corozal y Culebra. 

No obstante, Fontán no señaló aquellos municipios que se han negado a reconocer los decretos contributivos.

Más puertorriqueños con decretos

Durante el conversatorio Fontán también reveló que los empresarios puertorriqueños poseen el 65 % de los decretos contributivos concedidos por la ley 60 y por los estatutos precedentes, lo que desmiente la percepción de que los empresarios extranjeros han sido lo más beneficiados por las exenciones contributivas que avala el DDEC.

Otro aspecto significativo de la exposición de Fontán fue que los beneficios contributivos que la ley 60 avala para evitar el éxodo de médicos del país tuvo en realidad un efecto contraproducente.

 Según Fontán en los pasados años se habían aprobado 4,300 decretos contributivos para los médicos, los cuales permiten una tasa contributiva de 4 %. 

Estos decretos representaron un beneficio contributivo a favor de los médicos de $320 millones, lo que causó que la Junta de Supervisión Fiscal se pronunciará en contra de continuar concediendo tales beneficios.  Pero el beneficio contributivo, según indicó Fontán, tuvo otro efecto, pues los médicos recién graduados se inclinan por abandonar el país debido que entienden que no pueden competir con los médicos cuya tasa contributiva es de 4 %,  pues su tasa contributiva está en el 34 %. 

Tributar al 4 %

Fontán también se distanció de los que critican los beneficios contributivos a la manufactura porque representan la pérdida de $15 billones anuales. Y en especial sostuvo que los decretos de exportación de servicios de la ley 60 cada vez benefician más a empresas puertorriqueñas, lo cual implica que estas empresas abandonan la tasa contributiva de 34 % para tributar a un 4 %. 

Fontan reconoció que tales beneficios tienen un importante impacto fiscal pero advirtió indicó que tal beneficio provocó que la empresa Honeywell trasladara desde los Estados Unidos a Guaynabo una importante división dedicada a la compra venta de piezas de aviación.  

En el conversatorio ofloró la realidad de que las grandes empresas de la manufactura como, por ejemplo, las farmacéuticas, que se benefician de los decretos que colocan la tasa contributiva en 4 % son responsables de una tercera parte de los ingresos del Fondo General. «Si los incentivos no estuvieran en Puerto Rico el comportamiento de estas corporaciones foráneas, que son las que más aportan al fisco, no estarían aquí y la economía y los recaudos se verían afectados», sostuvo el exfuncionario. 

A competir con los grandes

De hecho, el retorno de inversión de la manufactura es el más alto con 45.5 %, lo que implica que por cada dólar que el gobierno invierte en la manufactura recupera 45.5 centavos. El sector de la  agricultura  presenta el peor retorno de inversión con un -73.2 %.

Fontán indicó que Puerto Rico como destino de inversión para las grandes empresas del sector farmacéutico compite con destinos como Singapur, Islandia y los 50 estados de los Estados Unidos. 

Sostuvo que los aranceles impuestos por el presidente Trump han causado que Puerto Rico reciba la atención de las grandes empresas, lo cual resultará sumamente beneficioso para el país pues como destino de inversión «es más barato que los 50 estados». 

Créditos a la venta

Sobre los créditos contributivos que benefician a los portadores de decretos, Fontán explicó «que están hechos para que sean vendidos» en el mercado local. «Existe una disposición de contribución mínima que te obliga a venderlo. La misma ley te dice que si vendes el crédito, el ingreso está totalmente exento del pago de contribuciones», dijo Fontán. Usualmente estos créditos contributivos se venden con un leve descuento. 

De hecho, el exfuncionario vaticinó que más empresas puertorriqueñas optarán por los decretos de exportación de servicios. «Cuando yo empecé en el DDEC el 35 % de los decretos de exportación eran de empresas puertorriqueñas y cuando me fui en 2024 ya era el 50 %. Esto va a seguir creciendo porque esa noción de que la exportación es para el de afuera está cambiando. Más puertorriqueños están solicitando estos decretos de exportación de servicios», dijo Fontán.

Sobre los beneficios contributivos que favorecen a la actividad turística Fontán señaló que este sector registró un bajo retorno de inversión debido a que los créditos contributivos y los decretos aprobados después de 2017 iban dirigidos a atender las pérdidas causadas por el huracán María. Sostuvo que los decretos y los créditos contributivos aprobados en años recientes van dirigidos a crear nuevas habitaciones de hotel.

Fontán explicó que una cualidad de las disposiciones de la ley 60 para el turismo es que los beneficios contributivos que gozan las grandes hospederías, como la tasa del 4 %,  también están disponibles para los pequeños hoteles, hostales y paradores.

Además, existe el llamado beneficio 70-30, el cual dispone que si el 70 % de tu proyecto es para actividad turística, la ley permite que el restante 30 % se puedan desarrollar viviendas o espacios comerciales y obtener créditos contributivos por esas actividades.

Abogados y contadores

Fontán reveló que en los últimos 25 años se han aprobado 730 decretos contributivos para el turismo, de los cuales el 85 % están en manos de empresarios puertorriqueños. 

De hecho, Fontán indicó que el sector del turismo genera numerosos créditos contributivos pues la ley permite que las remodelaciones y modificaciones reciban créditos tras completarse cinco años después de construida una nueva hospedería, la cual también recibió créditos contributivos.

Otro aspecto abordado por Fontán es que el nivel de certeza de que se apruebe un crédito contributivo dependerá de que el solicitante haya reclutado a los abogados y contadores públicos autorizados con basta experiencia en la tramitación de los decretos contributivos. 

De hecho, ex funcionario reveló que durante su estadía en el DDEC se aprobaron  14,000 decretos y solo fueron denegadas 95 solicitudes. Entre los denegados figuran empresarios vinculados al tráfico de armas y ofensores sexuales.

(Capitolio)— La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo que preside la senadora Nitza Moran Trinidad, celebró hoy una vista pública para analizar el Proyecto del Senado 1103, que propone enmendar la Ley de Transacciones Comerciales con el objetivo de fortalecer las protecciones legales de los deudores y clarificar los requisitos aplicables a los denominados tenedores de buena fe en instrumentos negociables.

El proyecto, de la autoría del vicepresidente senatorial, Carmelo Ríos Santiago, busca establecer criterios más rigurosos para determinar cuándo una persona o entidad puede reclamar la condición de tenedor de buena fe, particularmente en casos relacionados con la adquisición de deudas en circunstancias que involucren dificultades económicas, procesos de ejecución hipotecaria, quiebras o eventos extraordinarios que afecten la capacidad de pago del deudor.

“Nunca había tenido la oportunidad de hacer la evaluación dentro de mi comisión de este proyecto, por tanto, me di a la tarea de abrir el diálogo y la discusión mediante vistas públicas aún obteniendo la información de los informes negativos radicados en el pasado… Me parece que estamos claras en las posturas presentadas”, expresó Moran.

A la audiencia compareció a deponer Mabel Jiménez en representación de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguros de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC), quien aclaró que favorecen la intención del autor de la medida, pero no de la forma en que está redactada. 

“COSSEC favorece la aprobación del proyecto por entender que la medida fortalece el marco jurídico aplicable a los instrumentos negociables, promueve una mayor claridad en los criterios para determinar quién puede ser considerado un tenedor de buena fe y refuerza la protección contra prácticas especulativas”, dijo Jiménez. 

No obstante, la deponente enfatizó en la necesidad de que la implementación de “la medida mantenga un balance adecuado entre la protección de los deudores y la estabilidad del sistema financiero, particularmente del sector cooperativo”. 

Por ello, Jiménez recomendó aclarar que la existencia de ciertos factores no implique automáticamente la pérdida de la condición de tenedor de buena fe cuando el adquirente haya actuado con diligencia razonable, así como definir con mayor precisión el concepto de circunstancias económicas extraordinarias para evitar interpretaciones excesivamente amplias. A su vez añadió que el 27 por ciento de las carteras cooperativas son hipotecas y su objetivo es defender a los socios.

Por otra parte, se presentó a deponer Pedro Torres, pasado presidente de la Mortgage Bankers Association of Puerto Rico, quien expresó su oposición a la medida. Como parte de su exposición argumentó que la medida altera significativamente el marco jurídico que ha regulado por décadas la compraventa y transferencia de instrumentos negociables, particularmente los pagarés hipotecarios. 

“No cabe dudas, de que un cambio en las bases jurídicas como el propuesto en la presente pieza legislativa debe tener un fundamento de peso, que no vemos en la medida, donde el estado posea un interés apremiante para intervenir en instrumentos que dictan la base de relaciones comerciales contraídas”, dijo Torres.

A su vez, Torres mencionó que el proyecto no aclara la ley vigente, sino que modifica principios ya establecidos por la Ley de Transacciones Comerciales y respaldados por la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 

Además, señaló que versiones similares de esta propuesta han sido presentadas desde 2019 y han recibido informes negativos debido a preocupaciones sobre su compatibilidad con el ordenamiento financiero y comercial de Puerto Rico. 

“En el caso ante nuestra consideración, la figura del tenedor de buena fe está claramente definida en la Ley 208, supra, y contiene las debidas protecciones”, añadió el deponente.

Igualmente, manifestó su oposición a la medida la licenciada Zoimé Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos. 

“Es imprescindible que, en los esfuerzos de reconstrucción a la economía de Puerto Rico, los inversores cuenten con la certeza y uniformidad de un estado de derecho que promueve el flujo de instrumentos y riquezas. El aprobar las enmiendas propuestas en el proyecto solo añadiría incertidumbre a las transacciones jurídicas en detrimento del clima de certidumbre que reclama la presente situación fiscal y económica de Puerto Rico”, sostuvo la deponente añadiendo que la medida no tiene como propósito la protección al consumidor.

Asimismo, Álvarez expresó sobre el proyecto “que se ha querido trastocar por tres cuatrienios continuos y la Asamblea Legislativa no lo ha permitido. Tan reciente como hace menos de nueve meses la propia Asamblea Legislativa, tampoco lo permitió rindiendo un informe negativo en una medida prácticamente que tiene el mismo resultado que esta medida. Porque en la otra puede hablar de retracto de crédito litigioso, pero su resultado es el mismo. Es trastocar esto. Esto es el Uniform Commercial Code. Esto es la base jurídica y legal de la Ley 208 de la Ley de Transacciones Comerciales, que desde el 1995, esto es la base para poder hacer negocio ágil, eficiente y estructurado con 53 jurisdicciones de los Estados Unidos”.

Moran preguntó cómo se trastoca el andamiaje bancario con esta medida. 

“Si 52 jurisdicciones dijeron que no, porque entonces yo tengo que explicar por qué sí, sí ya 52 jurisdicciones dijeron que no. Lo que hay que preguntarle es a estos expertos que llevan dos décadas trabajando con el Uniform Commercial Code, y aquí los expertos que llevan desde 1995 trabajando en Puerto Rico, con la Ley 208, forman parte de la uniformidad en 53 jurisdicciones de los Estados Unidos. Esa es la situación. El problema del autor de la medida no viene de 1995, esto no ha cambiado”, respondió Álvarez.

En un turno, la senadora de mayoría Migdalia Padilla Alvelo, preguntó si en el caso de las transacciones comerciales existen son insuficientes para proteger a los deudores. 

Álvarez respondió que hay diferentes alternativas que protegen al deudor y hacen prácticas uniformes y claras. Indicó que existen alternativas tanto mediante leyes locales como federales. “Esto hace que las instituciones sean transparentes en el proceso”, añadió la deponente.

A su vez, se presentó Ibis Valle Rivera en representación de la Asociación de Ejecutivos de Cooperativas de Puerto Rico quien no favoreció la medida y habló sobre la base de manejar la liquidez, que para las cooperativas es tan importante “porque nosotros no dependemos de inyecciones de capital gubernamentales ni federales, así que nosotros dependemos de nuestro mismo dinero para poder seguir rentando y apoyando a nuestras comunidades”. 

Igualmente, añadió que esto aumentaría los costos operacionales y el riesgo institucional, lo que redundaría también en aumentar los costos a los socios, que al fin y al cabo, son los dueños de las cooperativas.

De igual forma, se presentó a deponer Evangelina Valentín en representación de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT). La deponente indicó que no le corresponde a la OAT asumir una posición a favor o en contra del Proyecto del Senado 1103 por tratarse de un asunto de política pública que compete a las ramas Legislativa y Ejecutiva. 

No obstante, presentó varias observaciones técnicas sobre las enmiendas propuestas, particularmente aquellas relacionadas con los remedios disponibles para los deudores y la forma en que los tribunales aplicarían las nuevas disposiciones procesales.

Por ejemplo, la deponente mencionó que el proyecto confunde el concepto de “reclamación” con el de “remedio”. De esta forma, señaló que una reclamación es la acción o demanda que presenta una persona ante el tribunal para hacer valer un derecho, mientras que el remedio es la solución o reparación que el tribunal concede si determina que ese derecho fue violado. 

Por ello, recomendó revisar la redacción de la medida para que distinga claramente entre ambos conceptos y refleje con precisión la intención legislativa.

San Juan, Puerto Rico – (2 de junio de 2026) Contralor Auxiliar del Area Legal, Lcdo. Rafael Vázquez, informó el referido al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental de hallazgos relacionados con presuntas irregularidades en el proceso de compras y desembolsos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que incluyeron el uso de documentos con información falsa para justificar pagos con fondos públicos.

La investigación, realizada por la División de Investigaciones Especiales de la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR), correspondiente al período del 17 de febrero al 18 de julio de 2023, surgió tras la recepción de una querella relacionada con la tramitación de una compra y el desembolso correspondiente en la agencia.

De acuerdo con el informe, la investigación incluyó entrevistas, recopilación y análisis de prueba documental y testifical, revisión de sistemas internos y validación externa de información provista por funcionarios y suplidores.

Como resultado, se identificaron actuaciones administrativas en incumplimiento con la ley y la reglamentación aplicable que culminaron en la aprobación y pago de una orden de compra respaldada por documentos con información falsa e incorrecta.

El hallazgo principal expone que la Junta de Gobierno del CRIM tramitó una orden de compra por $1,000 para la adquisición de alimentos dirigidos originalmente a una reunión ordinaria pautada para el 23 de febrero de 2023.

Tras la cancelación de la reunión, funcionarios realizaron gestiones para justificar el desembolso mediante la alegación de que los alimentos habían sido utilizados en un supuesto “Adiestramiento de Propiedad Mueble para el Colegio de CPA”.

“Sin embargo, la investigación corroboró que dicho adiestramiento nunca se ofreció.

El director ejecutivo del Colegio de Contadores Públicos Autorizados certificó que esa entidad no recibió ni impartió adiestramientos en el CRIM durante la fecha señalada.

Asimismo, empleados del CRIM que aparecían en listas de asistencia certificaron que no participaron en ningún adiestramiento y que sus firmas fueron requeridas para justificar el pago relacionado con los alimentos.”, apuntó Soto Pagán, quien agregó que la investigación también reveló que, como parte del expediente justificante del desembolso se utilizó un correo electrónico solicitando alterar la cuenta presupuestaria originalmente utilizada para la compra, una certificación firmada por un funcionario afirmando información falsa y hojas de asistencia vinculadas a una actividad inexistente.

Además, se determinó que la compra se gestionó utilizando una sola cotización, sin cumplir con los requisitos reglamentarios de competencia justa entre suplidores representativos del mercado, situación que puede propiciar pagos a precios inflados y limitar la transparencia en el uso de fondos públicos.

La OCPR concluyó que las situaciones detectadas reflejan deficiencias significativas en el cumplimiento de la ley y una marcada ausencia de controles internos en los procesos de compra, aprobación y justificación de pagos dentro del CRIM.

El informe señala además que, la creación y utilización de documentos falsos, así como la certificación de actividades inexistentes, comprometen la integridad administrativa, evidencian falta de ética en el desempeño de funcionarios y podrían constituir infracciones al Código Penal de Puerto Rico.

Ante estos hallazgos, la Subcontralora remitió el referido RDIE-1464-5675-26-56 al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental para la evaluación y acción correspondiente. De igual forma, recomendó a la Junta de Gobierno del CRIM considerar el referido administrativo correspondiente y fortalecer de inmediato sus procesos de compra, desembolso y supervisión para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

“El manejo de fondos públicos exige absoluta transparencia, controles efectivos y estricto cumplimiento con la ley. Cuando se utilizan documentos falsos o se certifican actividades inexistentes para justificar desembolsos, se compromete la confianza pública y se atenta contra la integridad del servicio gubernamental”, expresó la Subcontralora.

El informe destaca la necesidad urgente de implementar acciones correctivas y reforzar los mecanismos de supervisión y control interno para garantizar que los recursos públicos sean administrados con integridad, honradez y conforme a la ley y reglamentación vigente.

San Juan (1 de junio de 2026) La Contralora de Puerto Rico, Lcda. y CPA Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de una auditoría realizada a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE), relacionada con las operaciones fiscales vinculadas al contrato para la Operación y Mantenimiento (O&M) del Sistema de Transmisión y Distribución (T&D) de Energía Eléctrica suscrito con LUMA Energy, LLC y LUMA Energy Servco, LLC. El examen cubrió el período del 1 de junio de 2020 al 30 de junio de 2024.  

El informe emitido por la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) contiene una opinión cualificada, debido a dos hallazgos principales relacionados con el manejo y la reposición de los fondos de las cuentas de servicio establecidas en el contrato O&M de T&D y con deficiencias en la documentación y cualificación de eventos de interrupción utilizados para justificar transferencias de fondos.

El informe también destaca que la auditoría fue realizada conforme a las normas de auditoría gubernamental generalmente aceptadas emitidas por la Government Accountability Office (GAO) de Estados Unidos.

“La fiscalización pública tiene el propósito de garantizar que las entidades gubernamentales y los operadores privados que administran servicios esenciales cumplan con las disposiciones contractuales, mantengan controles adecuados y protejan el uso correcto de los fondos públicos. Este informe presenta situaciones que requieren atención correctiva inmediata debido a su impacto sobre la estabilidad operacional y financiera del sistema eléctrico”, expresó la contralora Vega Fournier.

El informe detalla que el contrato formalizado el 22 de junio de 2020 entre la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) y LUMA estableció diversas cuentas de servicio destinadas a financiar operaciones, mejoras capitales, gastos de generación y eventos de interrupción del servicio eléctrico. Dichas cuentas debían mantenerse con balances específicos conforme al contrato.

La auditoría reveló que, entre mayo de 2021 y febrero de 2024, se realizaron 118 transferencias ascendentes a aproximadamente $4,987 millones para financiar dichas cuentas. Sin embargo, en el examen de 77 transferencias efectuadas entre noviembre de 2022 y enero de 2024, se encontró que la AEE no aprobó las transferencias requeridas de 14 solicitudes para reponer balances de la Cuenta de Capital Financiada con Fondos Federales y de la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción.

Según el informe, los importes no transferidos fluctuaron entre $1.2 millones y $16.9 millones en una de las cuentas y entre $28.4 millones y $28.5 millones en la otra. Además, se señaló que otras 46 transferencias fueron aprobadas únicamente por dos terceras partes de las cantidades solicitadas por LUMA.

La auditoría concluyó que estas situaciones afectan la estabilidad financiera del sistema eléctrico y pueden limitar la capacidad operacional del operador privado para responder a emergencias y eventos de interrupción del servicio. Asimismo, se indicó que la AEE utilizó más de $400 millones de la cuenta de reserva de reembolsos federales de FEMA para cumplir parcialmente con las reposiciones requeridas.

El informe también señala que, al 29 de agosto de 2024, LUMA mantenía pendientes de reclamar aproximadamente $172.8 millones correspondientes a gastos relacionados con eventos de interrupción cubiertos con fondos de la Cuenta Operacional.

En cuanto al segundo hallazgo, la OCPR identificó deficiencias significativas en la documentación utilizada para justificar transferencias desde la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción hacia la Cuenta Operacional.

La auditoría examinó 25 eventos de interrupción por los cuales se transfirieron aproximadamente $26.6 millones y encontró que los informes preparados por LUMA no incluían información requerida para cualificar adecuadamente dichos eventos, incluyendo períodos continuos de clientes sin servicio, horas exactas de inicio y terminación, así como datos detallados sobre eventos causados por actos de Dios.

Además, para 17 eventos relacionados con aproximadamente $16.4 millones, no se indicó la fecha ni la hora de terminación de los eventos. La auditoría también determinó que LUMA no conservó los datos originales utilizados para calificar todos los eventos examinados.

Otro aspecto señalado por la auditoría fue la utilización de parámetros denominados “Grey Sky Days” para justificar 17 eventos por aproximadamente $17.4 millones, aun cuando dichos criterios no estaban establecidos en la definición contractual de eventos de interrupción.

“El manejo adecuado de documentación y evidencia es indispensable en cualquier proceso relacionado con desembolsos de fondos públicos. La ausencia de información original y el uso de criterios no contemplados expresamente en el contrato limitan la capacidad fiscalizadora y afectan la transparencia requerida en la administración de estos recursos”, añadió Vega Fournier.

Como parte del proceso de auditoría, la OCPR incluyó los comentarios de la AEE, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas y LUMA Energy.

En sus comentarios, funcionarios de la AEE atribuyeron parte de los problemas de liquidez a deficiencias en los procesos de facturación y cobro del servicio eléctrico, y solicitudes de reembolsos federales por parte de LUMA. Mientras, LUMA sostuvo que el contrato establece claramente que la responsabilidad de financiar las cuentas de servicio corresponde a la AEE y defendió el uso del concepto “Grey Sky Days” como una métrica utilizada en la industria eléctrica.

Ante los hallazgos identificados, la OCPR emitió varias recomendaciones dirigidas a la AAPP, la AEE y LUMA. Entre ellas, evaluar posibles enmiendas al contrato O&M de T&D para establecer mecanismos alternos de financiamiento, fuentes recurrentes para la Cuenta de Reserva para Eventos de Interrupción, y disposiciones específicas relacionadas con el uso de criterios como “Grey Sky Days”.

Asimismo, se recomendó fortalecer los procesos de supervisión, mantener archivados los datos originales relacionados con eventos de interrupción y garantizar que toda transferencia entre cuentas esté debidamente respaldada y documentada.

“El pueblo de Puerto Rico merece que cada dólar relacionado con el sistema eléctrico sea administrado con transparencia, responsabilidad y estricto cumplimiento contractual. Nuestra función es continuar fiscalizando con independencia y objetividad para fortalecer la confianza pública y promover el uso correcto de los recursos gubernamentales”, concluyó la Contralora.

El informe completo está disponible en www.ocpr.gov.pr.