La subasta para la compra de emergencia de café importado celebrada ayer fue cancelada por el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, quien se encuentra en Argentina, debido a que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) objetó que la transacción conllevara una pérdida de $300,000 para el presupuesto de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias ( ADEA), según reveló a SN una fuente vinculada a la transacción.
La subasta de emergencia fue convocada por el Comité de Compra de Café de la ADEA ante la realidad de que en el almacén de la agencia, ubicado en el barrio Yahuecas de Adjuntas, se agotó totalmente el inventario de café importado semitostado de la variedad robusta y solo queda un inventario para tres semanas de café importado de la variedad semitostado arábigo.
Estas dos variedades importadas integran el 85 % de la harina de café empacada en cada bolsa de 14 onzas en las distintas marcas que circulan en el mercado, mientras que el café del país es solo el 15%.
En una carta enviada el pasado martes al secretario de Agricultura, la Asociación de Torrefactores de Puerto Rico (ATPR) advirtió que era necesaria la compra de emergencia debido a que en tres semanas habrá una interrupción total del abastecimiento de café importado en el almacén de Yahuecas, lo que causará el cese de la producción de café y una escasez de las marcas locales según se agote paulatinamente el inventario existente en los almacenes de los torrefactores.
Luego de que el Comité de Compra de Café de la ADEA circuló una invitación a los suplidores de café importado para que ayer jueves 3 de septiembre presentaran a las 8:30 de la mañana una cotización para la compra de emergencia del grano, la subasta fue celebrada y adjudicada al grupo empresarial Exportadora de Café California de S.A de C.V, cuyas oficinas están ubicadas en el estado de Florida.
La transacción implicaba la compra de 20,328 quintales de café robusta semitostado al 10 %.
No obstante, tras la determinación de la JSF Rodríguez Torres determinó cancelar la transacción, a la cual solo le faltaba estampar las firmas a la documentación oficial de adjudicación, según supo SN.
«Todo este trámite también conlleva el que nuestra agencia tome en consideración las directrices y recomendaciones que hace la Junta de Control Fiscal en asuntos presupuestarios al Gobierno de Puerto Rico en atención a la Ley PROMESA. Lamentablemente, por razones ajenas a nuestra voluntad, nos vemos en la obligación de cancelar el trámite hasta ahora llevado a cabo. Mediante la presente, le informamos oficialmente que el proceso de compra de café antes relacionado ha sido cancelado», sostiene la carta de cancelación enviada a la empresa por el administrador de ADEA, Elmer Pérez Portalatín.
De hecho, la cancelación de la subasta acontece en momentos cuando una inminente alza en el precio del café importado y en el café del país, la cual fue aprobada por el comité de revisión del precio del café, no ha sido anunciada por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO).
Alegadamente, el anuncio ha sido detenido para no perjudicar las aspiraciones del secretario de DACO, Hirám Torres Montalvo, de convertirse en el alcalde Cataño, tras la muerte del ex alcade Julio Alicea Vasallo el pasado 13 de agosto a causa del cáncer.
La elección especial para seleccionar el nuevo alcalde de Cataño fue convocada para el domingo 27 de septiembre.
De acuerdo con la fuente, el alza en el precio del café importado cambiaría el escenario y la JSF se vería obligada a avalar la compra.
El precio actual regulado en el que ADEA puede revender el café importado a los torresfactores es menor al precio que la agencia paga por el grano en el mercado internacional, lo que ha provocado pérdidas millonarias a la agencia.
El alza en el precio del café importado se ha venido registrando desde inicios del pasado año.
En otra carta enviada dos semanas atrás a la gobernadora Jenniffer González Colón, la ATPR solicitó su intervención para que se liberen $33 millones destinados a pagar las deudas pendientes con los suplidores del café importado, ante la realidad de que esas empresas habían sostenido que no participarían de nuevas compras del grano hasta que se le pague el dinero adeudado.
Alegadamente, ADEA pagó parte de la deuda a los suplidores del café importado, lo que propició su participación en la subasta de emergencia celebrada ayer jueves.
«Todo se está complicando y lo que queda de café en Yahuecas se acaba en tres semanas. Si se hace una nueva subasta con un nuevo precio después de la elección de Cataño, eso podría evitar un poco que haya escasez de café en el mercado. Pero habrá marcas que tengan un poco para suplir el mercado pero otras ya se les habrá acabado lo que tenía almacenado», dijo una fuente.
Mientras este drama presupuestario y político amenaza con causar una escasez de café en el mercado, el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, prepara una medida para transferir la facultad de fijar los precios del café del DACO al Departamento de Agricultura. El proyecto, que pretende modernizar leyes agrícolas, fue respaldado por Rodríguez Torres.
Por Patriick M. Brenne Presidente del Instituto de Políticas Públicas del Suroeste de Estados Unidos
La superintendente de seguros de Nuevo México , Alice Kane, informó recientemente a los legisladores estatales que las aseguradoras rechazaron renovar más de 6200 pólizas de seguro de vivienda en 2025, la cifra más alta jamás registrada. La reacción inmediata es culpar a las aseguradoras y actuarios codiciosos de Hartford, Connecticut, que calculan el riesgo de incendios forestales en condados que ni siquiera pudieron ubicar en un mapa.
La crisis de las pólizas no renovadas llevó a los habitantes de Nuevo México a examinar detenidamente su mercado de seguros por primera vez en años. Resulta que ese mercado es peculiar. Muchas de las normas que lo rigen no se redactaron en Santa Fe, ni en Hartford, ni por ninguna entidad responsable ante los votantes. Se redactaron en Kansas City, Misuri, por una organización privada sin fines de lucro.
En 2025, los estadounidenses pagaron más de 3 billones de dólares en primas por seguros de propiedad, responsabilidad civil, títulos de propiedad, vida, accidentes y salud. En la mayoría de los casos, las aseguradoras no rinden cuentas a los reguladores federales, ya que el Congreso deja gran parte de la regulación de los seguros en manos de los estados. Estos crearon una especie de centro de compensación para determinar fórmulas estándar, como la cantidad de capital que una aseguradora debe mantener para cada activo en sus libros. Los 50 estados participan en este mismo sistema.
Bienvenidos a la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC). La primera regla de la organización es: no se habla de la organización. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) informó en junio que el comité de la NAIC, responsable de la acreditación de los reguladores estatales de seguros, no hace públicos sus resultados de acreditación y que sus debates sobre el tema se limitan a los reguladores.
La acreditación determina si otros estados aceptarán los exámenes de solvencia de un estado y, en la práctica, ejerce una intensa presión sobre las legislaturas para que promulguen leyes modelo específicas. Las deliberaciones se llevan a cabo en una sala a la que ningún residente del estado puede acceder ni presentar un informe que no pueda leer.
El código de seguros de Nuevo México regula el registro de las compañías aseguradoras ante el estado. Exige que cada aseguradora cubierta presente una declaración de registro en un formulario y formato prescritos por la asociación nacional de comisionados de seguros. Hasta 2014, la ley exigía el formulario proporcionado por el superintendente, quien rinde cuentas al gobernador de Nuevo México. Los legisladores eliminaron esas palabras y las reemplazaron por la asociación privada.
Según el Código Administrativo de Nuevo México , las solicitudes de formularios de póliza deben utilizar documentos de transmisión que coincidan con los documentos uniformes vigentes de la NAIC. En lugar de remitir a los reguladores estatales a una edición fija de los formularios, la norma los dirige al sitio web dinámico de la NAIC. Las aseguradoras que respaldan fideicomisos de reaseguro deben informar todo lo que requiera el formulario de declaración anual de la NAIC.
Los abogados denominan a esto incorporación dinámica por referencia. Cuando una ley adopta el manual de un organismo externo tal como está redactado, la siguiente revisión puede modificar las obligaciones vinculantes de la ley sin necesidad de votación, audiencia, enmienda de un comité ni firma del gobernador. El informe de la GAO describe el mecanismo sin mencionarlo explícitamente: la acreditación exige que los estados promulguen leyes modelo de la NAIC, y estas leyes modelo, a su vez, exigen que los reguladores sigan los estándares de la NAIC.
Este acuerdo implica, en la práctica, que un organismo no electo controla los estados. Daniel Schwarcz, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, argumentó en un artículo publicado en 2018 en el Connecticut Insurance Law Journal que este acuerdo viola los principios de no delegación establecidos en todas las constituciones estatales. Reiteró este argumento en el Capitolio junto con RJ Lehmann, del R Street Institute, una organización defensora del libre mercado.
El informe de la GAO, publicado ocho años después, no formuló recomendaciones ni halló irregularidades. Concluyó que la información financiera y de gobernanza contenida en los documentos públicos de la NAIC es, en general, comparable a la que se recoge en el formulario 990 del IRS. La NAIC publica sus estatutos y estados financieros auditados. Los reguladores estatales informaron a la GAO que la acreditación les permite ahorrar dinero al confiar en las auditorías de los demás organismos.
Aunque el informe de la GAO no halló irregularidades, los hechos que documentó son preocupantes. La NAIC ha estado exenta de presentar el Formulario 990 desde 1955, tras determinarse que la organización es una entidad dependiente exclusiva de los estados. En 2024, declaró ingresos por valor de 161,4 millones de dólares, de los cuales aproximadamente el 94 % proviene del sector cuyas normas elabora.
Sus tasas de presentación para 2026 están limitadas a 108.817 dólares para una sola empresa y a 544.085 dólares para un grupo. La NAIC no divulga la remuneración de sus ejecutivos. Su política publicada sobre conflictos de intereses abarca a los comisionados miembros, pero no, según pudo determinar la GAO, a su director ejecutivo. El manual del empleado incluye una política sobre conflictos de intereses, pero no está disponible públicamente.
La NAIC está designada como organización benéfica 501(c)(3). Si la NAIC se beneficia de la exención de impuestos, debería estar obligada a presentar el formulario 990, al igual que otras organizaciones sin fines de lucro. La GAO señaló que la Conferencia de Supervisores Bancarios Estatales y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte están obligadas a presentar el formulario 990. Ambas forman parte del Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera, junto con la NAIC.
Si bien Washington podría remediar la situación —por ejemplo, revocando la exención de impuestos de la NAIC—, esperar a que el Congreso actúe es como esperar a ganar la lotería. Mientras tanto, los estados pueden exigir rendición de cuentas. Desde 1998, Michigan exige a la NAIC que presente un informe anual ante el regulador de seguros del estado y ambos comités legislativos de seguros.
Este informe debe incluir la remuneración de los directivos de la NAIC, todos los estándares que un estado debe adoptar para mantener la acreditación y si sus deliberaciones son públicas.
Cincuenta estados delegaron la elaboración de sus normas a una organización que supuestamente les pertenecía. Pero en algún momento, esa organización terminó controlándolos. Un estado decidió exigir más. Los legisladores de Nuevo México ya se preguntan por qué 6200 propietarios perdieron su cobertura. Al igual que Michigan, deberían exigir más a quienes elaboran las normas que rigen el mercado. ¿Qué estado será el segundo en hacerlo?
Este artículo de opinión lo publicó el diario The Wall Street Journal el 28 de agosto del 2026 con el título, «¿Cómo una organización sin fines de lucro se convirtió en el regulador de seguros de Estados Unidos?». Lo hemos publicado para beneficio de nuestros lectores con un título más alusivo a la controversia que revela el señor Patrick Brenne.
La Asociación de Torrefactores de Puerto Rico (ATPR) le envió ayer martes, 1 de septiembre de 2026, una carta urgente al secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, en la que anuncia que en tres semanas habrá una interrupción total del abastecimiento de café importado en el almacén de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias ( ADEA), lo que causará el cese de la producción de café y una escasez de las marcas locales según se agote paulatinamente el inventario existente en los almacenes de los torrefactores.
SN pudo confirmar que en la mañana de hoy la ADEA circuló una invitación para una compra de emergencia, en la pide a los suplidores de café importado presenten una cotización mañana jueves 3 de septiembre.
En la carta, la ATPR solicita que ADEA realice una compra de emergencia debido a que «el café semitostado robusta ya se agotó (en el almacén que está ubicado en el barrio Yahuecas del municipio de Adjuntas) y el inventario de arábigo podría agotarse en cuestión de semanas».
«Respetuosamente solicitamos que esta compra de emergencia sea autorizada e iniciada de inmediato, antes de que la interrupción del abastecimiento se extienda a toda la industria», sostiene la carta que hace un desglose exacto del contenido de la compra de emergencia.
Agotados abastos de café importado
«Que ADEA, a través del Programa de Compra y Venta de Café, gestionen con carácter de emergencia las siguientes adquisiciones: veinte (20) contenedores de café semitostado robusta y cuarenta (40) contenedores de café semitostado arábigo», indica la carta.
«Durante el día de hoy (ayer 1 de septiembre) fuimos informados de que los abastos de café semitostado robusta disponibles en Yahueca se agotaron por completo. En cuanto al café semitostado arábigo, la información disponible apunta a que el inventario restante en Yahueca podría alcanzar para aproximadamente tres semanas», indica de manera directa y sin adornos.
«Al presente, tampoco se vislumbra el recibo de nuevos embarques de este tipo de café a corto plazo ni tenemos conocimiento de una compra en curso que permita restablecer oportunamente el inventario. Esta situación constituye un desabastecimiento real e inmediato que afecta directamente la continuidad operacional de los torrefactores y la disponibilidad de café para el mercado de Puerto Rico», advierte la comunicación.
De hecho, de la harina de café empacada en cada bolsa de 14 onzas en las distintas marcas que circulan en el mercado, el café importado representa el 85 % mientras que el café del país es solo el 15%.
Posible cese de producción
Alberto De la Cruz, presidente y principal oficial ejecutivo de CC1 Companies, que es la empresa matriz de Suiza Caribe LLC y de Puerto Rico Coffee Roasters, que posee más de nueve marcas de café que representan más de 65 % del mercado local, confirmó que la situación arriba descrita por la ATPR causará el cese de la producción de café y una escasez de las marcas locales según se agote paulatinamente el inventario existente en los almacenes de los torrefactores.
SN supo en exclusiva que en la mañana de hoy el Comité de Compra de Café de la ADEA circuló una invitación a los suplidores de café importado para que presenten una cotización para 20,328 quintales de café robusta semitostado al 10 %, (que es el café importado que se agotó en Yahuecas) los cuales serán adquiridos mediante «una compra excepcional por emergencia».
De hecho, en el documento, del que SN tiene una copia, el Comité de Compra de Café exige que las cotizaciones deben estar en ADEA a las 8:30 de la mañana y deben enviar al correo electrónico del citado comité de compra de café.
No está claro si el Comité de Compra de Café realizará otra convocatoria de emergencia para adquirir un suplido de café arábigo, que según la carta de la ATPR, las existencias de ese grano terminarían dentro de tres semanas.
ADEA pagó a suplidores
En otra carta enviada dos semanas atrás a la gobernadora Jenniffer González Colón, la ATPR solicitó su intervención para que se liberen $33 millones destinados a pagar las deudas pendientes con los suplidores del café importado, ante la realidad de que esas empresas habían sostenido que no participarán de nuevas compras del grano hasta que se le pague el dinero adeudado.
En esa comunicación le ATPR le había advertido a la gobernadora que el impago de las deudas a los suplidores provocará una interrupción del suplido de café importado, lo que colocará al país en un riesgo real de que ocurra un colapso en el abastecimiento de café en Puerto Rico.
Además, se le había indicado a la Primera Ejecutiva que la compra debía gestionarse antes o el martes 25 de agosto, para comenzar a recibir café lo antes posible y reducir el riesgo de una interrupción en el abastecimientos».
De la Cruz reveló que Adea pagó a los suplidores una parte de la deuda.
Alegadamente, ese desembolso garantizaría la participación de los suplidores en la convocatoria para la compra de emergencia.
En la carta, que fue firmada por el presidente de la ATPR, José Torres, también se le pide al secretario Rodríguez Torres y a la ADEA que coordinen un calendario urgente de embarques y entregas parciales, priorizando la llegada del café robusta.
Programa de café en punto crítico
Otros reclamos son confirmar las fechas estimadas de salida y llegada de los primeros embarques, informar oficialmente el inventario disponible de café arábigo, las ventas semanales y cualquier compra o embarque actualmente en proceso.
«Solicitamos, además, que se remita a la Asociación una confirmación escrita de las acciones tomadas y del calendario proyectado de compras y entregas. Esta información es indispensable para que los torrefactores puedan planificar responsablemente sus operaciones y tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de esta situación. La Asociación ha reiterado en múltiples ocasiones la necesidad de mantener una planificación continua, compras recurrentes y un inventario de seguridad que permita atender posibles retrasos en los procesos de adquisición y embarque», sostiene Torres en la misiva.
«La situación actual evidencia que el Programa ha alcanzado un punto crítico que requiere decisiones inmediatas. Nuestra solicitud no responde a una proyección distante: el café semitostado robusta ya se agotó y el inventario de arábigo podría agotarse en cuestión de semanas. Por ello, respetuosamente solicitamos que esta compra de emergencia sea autorizada e iniciada de inmediato, antes de que la interrupción del abastecimiento se extienda a toda la industria», finalizó diciendo Torres.
Desde el inicio, algo hiede en la descarrilada contratación de Power Expectations LLC, para la instalación, operación y mantenimiento de unidades de generación temporal de 400 megavatios en la Central Aguirre, un contrato cuyo valor ascendía a $5,900 millones por un término de 10 años.
Según ha trascendido, a Power Expectations se le requirió una fianza de licitación de $300,000.00, la cual en realidad resulta irrisoria para un contrato de esa envergadura que tenía como objetivo producir energía de manera temporal para aportar estabilidad al sistema eléctrico y evitar los odiados apagones.
Aportemos un poco de claridad a este asunto para que entendamos dónde comienza la hediondez que arrastra consigo esta contratación abortada de Power Expectations, y que, como ha revelado la prensa, esta semana la empresa intentará revertir la anulación del contrato impugnando la decisión en los tribunales.
Power Expectations pudo obtener una fianza de licitación pagando una prima que debió rondar los $100. Esto demuestra cuán fácil le resultó participar en un proceso que, por la magnitud del contrato, parecería requerir una empresa con una capacidad financiera considerable.
El costo de la fianza de licitación es relativamente bajo porque el verdadero riesgo para la fiadora radica en emitir las fianzas finales, en este caso la fianza de cumplimiento, que garantiza al gobierno que el contrato se ejecutará conforme a lo acordado.
¿Hubo precalificación?
El hecho de que no se haya suministrado la fianza final levanta sospechas, ya que no debió representar un problema para la fiadora que emitió la fianza de licitación si realizó adecuadamente el proceso de precalificación previo. En este caso, la fianza de cumplimiento (“performance bond”) equivalía aproximadamente al 30 % del contrato, es decir, unos $1,189 millones.
Y es que, en la práctica real, el asegurador que provee una fianza de licitación lo hace con el objetivo de proveer también la fianza de cumplimiento. Son dos productos de seguros que están hermanados y que ambos dependen de una profunda precalificación de la empresa que lo solicita.
La pregunta es la siguiente: ¿la aseguradora que otorgó la fianza de licitación realizó el proceso de precalificación necesario para emitir la fianza de cumplimiento, equivalente al 30 % de un contrato de aproximadamente $5,900 millones? De ser así, ¿por qué no se sometió la fianza dentro del término requerido?
Asimismo, ¿por qué se concedió un plazo de 15 días, a partir de la firma del contrato, para presentar la fianza de cumplimiento, cuando la práctica habitual es exigirla al momento de la firma del contrato, no después?
Finalmente, ¿la fianza de licitación fue respaldada por otras garantías que facilitarían la recuperación en caso de ejecución, dado que aparentemente Power Expectations no estaba precalificada para obtener la fianza de cumplimiento?
Es necesario advertir que la aseguradora que emitió la fianza de licitación responde ante el gobierno por la obligación de que el principal, Power Expectations, firme el contrato y presente las fianzas finales requeridas. Aunque la empresa firmó el contrato, no presentó la fianza de cumplimiento por $1,800 millones. Ante ese incumplimiento, surge la pregunta: ¿se le ha reclamado a la fiadora?
Las fianzas están reguladas
En el ámbito federal y con el fin de imponer una fianza para obra pública se aprobó en el Congreso en 1935, la ley federal Miller, un mecanismo para evitar el fraude y el favoritismo político.
De hecho, a nivel federal la fianza requerida es el 20% de la cantidad total del proyecto.
En Puerto Rico se aprobó la Ley 388 el 9 de mayo de 1951, que es conocida como Ley de la Fianza en los Contratos de Construcción, Reconstrucción, Ampliación o Alteración de una Obra Pública. Esta ley exige fianzas para obras públicas en agencias gubernamentales y en municipios.
De acuerdo con Alexis Sánchez Géigel, presidente y CEO de Mapfre, para que una aseguradora o la entidad fiadora pueda emitir una fianza se requiere de una gran cantidad de información para determinar si una entidad califica.
Entre la información requerida figuran los estados financieros de la entidad y sus afiliadas, la capacidad de crédito, el organigrama de la empresa, la experiencia y preparación del personal clave, así como un listado de proyectos similares para evaluar el conocimiento del tipo de contrato y la capacidad para manejar su magnitud. En síntesis, se trata de una evaluación de la capacidad financiera, la capacidad técnica y la capacidad moral.
La aseguradora o entidad fiadora, según explicó Sánchez Géigel, evalúa si el cliente cuenta con el capital necesario para cumplir sus obligaciones, tanto afianzadas como no afianzadas, la capacidad técnica para ejecutar proyectos y la capacidad moral que justifique la confianza depositada.
“Se recopila una amplia gama de datos para tomar una decisión informada”, dijo.
Requisito irrisorio
Regresemos al asunto de la hediondez. En la práctica, en Puerto Rico se exigen fianzas de licitación que fluctúan entre el 5 % y el 10 % del valor del contrato. Si asumimos que a Power Expectations se le debió exigir una fianza equivalente al 5 % del costo del proyecto, entonces, para una obra que involucra $5,900 millones en fondos públicos, la fianza de licitación apropiada debió ascender a $290 millones.
No obstante, la fianza de licitación requerida fue de $300,000.00, una cantidad que es aproximadamente el 0.0051% de $5,900 millones que contempla el proyecto de generación temporera de 400 megavatios.
Por cierto, hablando de hediondez….¿quién estableció un umbral tan pequeño?, ¿quién estableció ese requisito tan irrisorio en relación con un contrato de esa magnitud?
¿La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (AAPP) o la Oficina Independiente de Adquisiciones (3PPO)?
Es importante señalar que candidatos con la capacidad para desarrollar este tipo de proyecto probablemente se sintieron desmotivados a participar en el proceso al observar que competían entidades de reciente creación, en un concurso donde normalmente se conocen las organizaciones con la experiencia y capacidad para hacerlo.
Esto podría llevar a inferir que la capacidad no era el elemento principal en la selección.
Mecanismo de control
El contrato de generación eléctrica de Power Expectations LLC fue desautorizado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el pasado 14 de agosto, en medio de señalamientos de fraude esgrimidos por ERock Inc., empresa matriz de Enchanted Rock, quien era un socio del proyecto y quien poseía el capital y la experiencia para acometer el proyecto de generación temporera.
Luego, el 18 de agosto, la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) canceló el contrato con el argumento de que la JSF retiró su apoyo a la transacción y porque la empresa no pudo presentar la fianza de cumplimiento.
Power Expectations argumentó que no entregó la fianza de cumplimiento porque, alegadamente, la AEE y el 3PPO incumplieron su obligación de presentar el lenguaje que debía contener el documento.
¿Es una excusa o un chiste?
Por cierto, ¿alguien ha escuchado si la AAPP, el 3PPO o la AEE han ejecutado la fianza de licitación por el incumplimiento de Power Expectations con la fianza de cumplimiento?
Expongamos este asunto con claridad nítida: exigir una fianza de licitación de $290 millones, equivalente al 5 % del valor del proyecto, hubiese operado como un mecanismo de control para que empresas sin la capacidad para emprender proyectos de estas envergadura no hubiesen participado.
«Estamos mal o porque no hubo el rigor necesario o por falta de voluntad para que las cosas se hagan bien. El mecanismo para prevenir lo que finalmente pasó existe. Lo que no existe es la voluntad de hacerlo bien, la voluntad para ponerlo en vigor», sostuvo Sánchez Géigel.
San Juan- La Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) reconoció la labor y el impacto que realizan cuatro organizaciones sin fines de lucro en beneficio de distintas causas en la isla, mediante la entrega de donativos destinados a fortalecer sus servicios.
Las entidades beneficiadas fueron Centro de Diagnóstico para Inteligencias Múltiples, dedicada a apoyar a la niñez; Casa de Niños Manuel Fernández Juncos, que trabaja en el desarrollo y bienestar de niños y jóvenes; Fundación Hogar Niñito Jesús, que ofrece albergue y protección a niños y niñas; y Fundación Casa de Salud Ven-Rose, que brinda apoyo a pacientes de cáncer y sus familias en Jayuya y la región montañosa de la isla.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos de ACODESE por promover una cultura de colaboración y responsabilidad social entre sus miembros, reconociendo a organizaciones que, desde sus respectivas áreas de trabajo, contribuyen a atender necesidades de poblaciones vulnerables y a generar oportunidades para mejorar su desarrollo y calidad de vida.
“En ACODESE entendemos que ayudar a nuestras comunidades es parte del compromiso que tenemos hace muchos años como organización. Reconocer y respaldar la labor de estas entidades nos permite aportar a esfuerzos que tienen un impacto real en la vida de niños, jóvenes, pacientes de cáncer y sus familias. Este tipo de colaboración reafirma nuestra convicción de que el bienestar integral de Puerto Rico se construye también desde el apoyo y la solidaridad entre todos los sectores”, expresó la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de ACODESE.
La Dra. Edna Vázquez Bonnet, fundadora del Centro de Diagnóstico para Inteligencias Múltiples, puntualizó que “en Puerto Rico hay niños que aprenden de forma diferente o tienen inteligencias múltiples. Se trata de niños que no aprenden mediante una corriente regular, y este tipo de apoyo es crucial para seguir evaluando, diagnosticando y proveerles el tratamiento especializado que necesitan para ser exitosos”.
Por su parte, Annie Santiago Tosado, directora de Desarrollo Institucional de la Fundación Hogar Niñito Jesús, manifestó que “gracias a este donativo podemos fortalecer nuestros servicios educativos, ofreciendo apoyo académico, materiales escolares, coordinación con las escuelas, tutorías y experiencias de aprendizaje que contribuyen al desarrollo integral de menores que han sido víctimas de maltrato y trauma”.
“Nos sentimos bendecidos de contar con este respaldo para continuar con esta obra que comenzó hace 120 años y continúa transformando la vida de niños y jóvenes. Agradecemos a todos los que hicieron posible esta aportación”, indicó Padre Rodolfo Vega, director ejecutivo de la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos.
Asimismo, María de los A. Ortiz, presidenta de la Fundación Casa de Salud Ven-Rose, precisó que “esta aportación representa mucho más que una ayuda económica; es un hermoso gesto de solidaridad, sensibilidad y compromiso social que se transforma en salud, esperanza y bienestar para nuestros pacientes y sus familias. Gracias a este respaldo, podemos continuar fortaleciendo nuestros servicios y llevando atención de excelencia a quienes más lo necesitan en Jayuya y la región montañosa de Puerto Rico”.
El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) no fue efectivo en fomentar la participación de los municipios y los sectores vulnerables en los procesos para prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos de la erosión costera, según informó la Contralora, Carmen Vega Fournier, tras la realización de una auditoría en la agencia.
La auditoría corresponde al período del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2025.
De acuerdo con Vega Fournier, la auditoría examinó la capacidad del DRNA para prevenir, mitigar y adaptarse a los efectos, de la erosión costera, la cual continúa causando daños significativos a comunidades, infraestructura pública y recursos naturales a lo largo de la costa del país.
Los resultados evidenciaron que el DRNA no fue efectivo en fomentar la participación de municipios y sectores vulnerables en los procesos de planificación y toma de decisiones, y que la comunicación y coordinación entre las partes involucradas fue insuficiente.
Solo una parte de los municipios costeros respondió a las encuestas enviadas y, entre los que participaron, se identificó falta de guías, ausencia de protocolos uniformes y dificultades para establecer estructuras organizacionales dirigidas a atender la erosión costera.
Las organizaciones comunitarias y sin fines de lucro también señalaron carencias en adiestramientos, falta de atención a situaciones de emergencia y escasa comunicación por parte del DRNA, lo cual limita la capacidad de estas comunidades para prepararse y responder a los efectos de la erosión.
El informe también reflejó que el DRNA no completó oportunamente el inventario de propiedades no habitadas y estructuras abandonadas o en ruinas en la zona costera, según requiere la Orden Ejecutiva OE‑2023‑009, lo que priva al país de información clave para tomar decisiones efectivas y eficientes en materia de mitigación y planificación territorial.
Igualmente, se observaron deficiencias en la utilización de fondos asignados mediante esa Orden Ejecutiva, pues varios municipios no habían completado los trabajos para los cuales recibieron fondos y, en algunos casos, estos fueron reprogramados para usos ajenos al propósito establecido.
La auditoría señaló, además, incumplimientos en las metas estratégicas y objetivos del Programa de Manejo de la Zona Costanera.
Aunque se lograron algunas metas, el DRNA no completó los objetivos establecidos en los planes Assessment and Strategies 2016‑2020 y 2023‑2025, particularmente iniciativas relacionadas con talleres, divulgación, creación de comités y procesos de consulta.
Esta falta de ejecución ha retrasado la capacidad del Gobierno para desarrollar y aplicar estrategias integrales de restauración y resiliencia costera.
Otros señalamientos relevantes incluyen la pérdida de oportunidades de obtener fondos federales destinados a la resiliencia climática por falta de conocimiento de convocatorias y la existencia de vacantes en el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, lo que ha limitado su operación y ha impedido el cumplimiento con su deber de evaluar y apoyar la aprobación del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.
Este plan, remitido a la Asamblea Legislativa en abril de 2024, permanece sin acción legislativa y aún no ha sido enviado a la consideración de la gobernadora, lo que prolonga la ausencia de un marco formal para atender las necesidades urgentes de mitigación y adaptación ante los efectos del cambio climático.
La Contralora exhortó al Gobierno y al DRNA a atender con diligencia los asuntos identificados, completar los procesos administrativos pendientes, fortalecer la coordinación con los municipios costeros y mejorar el manejo de información y fondos relacionados con la erosión costera.
El Informe de Auditoría OC-27-27 está disponible en ocpr.gov.pr.
Cuando el presidente estadounidense Donald Trump lanzó su guerra con Irán, la calificó de “excursión” que duraría apenas unas semanas. Seis meses después, el conflicto se ha convertido en una pesadilla para casi todos los que están involucrados, aunque sea mínimamente.
Ha sido un desastre para el pueblo iraní, para los millones de personas que viven en otros lugares de Medio Oriente y para los consumidores de todo el mundo que están lidiando con precios más altos.
Sin embargo, los objetivos bélicos de Trump siguen sin cumplirse, a pesar de que las condiciones cambian constantemente: desde exigir inicialmente una rendición total de Irán, un cambio de régimen y el abandono de las ambiciones nucleares de la República Islámica, hasta demandar más recientemente simplemente la reapertura del estrecho de Ormuz y la detención del programa nuclear de Teherán.
Pero las consecuencias imprevistas de la guerra se han extendido mucho más allá de Medio Oriente, afectando a la seguridad mundial, mermando la posición de Estados Unidos en el ámbito internacional y, potencialmente, brindando a sus adversarios la oportunidad de expandir su influencia.
Mientras la administración Trump concentra toda su energía en intentar salir de la crisis autoinfligida en Irán, ha desviado la atención de otros posibles focos de conflicto globales en los que Estados Unidos ha estado involucrado durante mucho tiempo, incluidos Ucrania, Taiwán y el mar de China Meridional, y las dos Coreas.
Desde la decisión de Trump de reducir los ejercicios militares conjuntos anuales con Corea del Sur y retirar el único portaaviones estadounidense del Pacífico Occidental, hasta la grave escasez de interceptores de misiles balísticos en Ucrania, muchos de los efectos geopolíticos y de seguridad más importantes de la guerra podrían, en última instancia, sentirse mucho más allá de Medio Oriente, y aún no se han materializado.
Emily Harding, vicepresidenta del Departamento de Defensa y Seguridad del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, un centro de investigación con sede en Estados Unidos, afirmó que, si bien ninguno de los posibles focos de conflicto se ha convertido aún en una crisis a gran escala, existen buenas razones para estar preocupados.
“Este es el tipo de situación en la que los adversarios globales van a tomar nota y aprender más sobre cómo reacciona Estados Unidos en ciertos momentos para luego incorporarlo a su planificación. Pero todavía no hemos visto a nadie aprovecharse de ello”, indicó.
“Se trata más bien de que algunos cimientos se están debilitando, no de que estemos viendo cómo el edificio empieza a temblar”, opinó.
Ucrania y Rusia
Los ataques estadounidenses-israelíes han provocado una furiosa represalia por parte de Teherán. Drones, misiles balísticos y otros proyectiles iraníes han estado cayendo sobre bases estadounidenses y aliados en todo Medio Oriente.
Mientras Estados Unidos y sus aliados agotaban sus reservas de armas, parte de la munición originalmente destinada a Ucrania fue desviada.
El presidente Volodymyr Zelensky, declaró a CNN este mes que su país solo contaba con una décima parte de los misiles interceptores que necesitaba con urgencia para detener el aumento de los ataques con misiles balísticos rusos.
La escasez está teniendo consecuencias devastadoras para los ucranianos: este verano ha sido el período más mortífero para la población civil desde mayo de 2022.
La crisis petrolera mundial, provocada por la decisión de Irán de cerrar de facto el estrecho de Ormuz, también ha debilitado la campaña de presión económica del Gobierno de Trump contra Moscú.
Ante el aumento del precio de la gasolina en las gasolineras estadounidenses, Trump tomó la controvertida decisión de levantar algunas sanciones a las exportaciones de petróleo ruso para enfriar el mercado. Al hacerlo, Estados Unidos contribuyó a que Rusia obtuviera más fondos para financiar la guerra en Ucrania.
La interrupción global del comercio de petróleo, gas y fertilizantes causada por el cierre del estrecho también ha ayudado a Rusia a encontrar nuevos clientes.
Alexander Gabuev, director del Centro Carnegie Rusia-Eurasia en Berlín, afirmó que esto quedó demostrado cuando el presidente Vladimir Putin recibió a los líderes de los países del sudeste asiático en la ciudad rusa de Kazán en junio.
“La asistencia en Kazán fue impresionante: Nueve de los once jefes de Estado de la ASEAN estuvieron presentes, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de Indonesia y un representante especial de Myanmar. Sobre todo, estos hombres decidieron emprender el largo viaje a Rusia debido a los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que han provocado un aumento en los precios de la energía y los fertilizantes”, afirmó.
En cierto modo, la guerra con Irán ha beneficiado a Ucrania. Ha hecho que el resto del mundo se dé cuenta de que los más de cuatro años de guerra han convertido a Kyiv en una superpotencia de drones y han propiciado una serie de acuerdos de cooperación en materia de seguridad y promesas de suministro de municiones con varias naciones.
Las dos Coreas
La guerra con Irán ahora ensombrece otro posible foco de conflicto: la península coreana, que técnicamente lleva más de siete décadas en guerra ante la ausencia de un acuerdo de paz tras el conflicto entre Corea del Sur y Corea del Norte de 1950-1953.
Estados Unidos ha estado profundamente involucrado en la región, con unos 28.500 soldados estadounidenses estacionados en Corea del Sur. Pero la relación, que se remonta a décadas atrás, sufrió un revés este año cuando Trump redujo drásticamente los ejercicios militares conjuntos anuales Ulchi Freedom Shield con Seúl, alegando en parte la falta de apoyo de Corea del Sur a la guerra contra Irán.
El presidente también ha manifestado su disposición a dialogar con el líder norcoreano Kim Jong Un, quien ha estado supervisando un aumento constante del arsenal nuclear de su país y los lanzamientos regulares de misiles.
Según los analistas, las consecuencias de la reducción de los ejercicios militares afectan a la preparación en caso de que la guerra se reanudara en la península coreana a corto plazo, y entre sus efectos a más largo plazo se incluye el alargamiento del tiempo necesario para que Seúl asuma el control de sus tropas en tiempos de guerra, algo que buscan tanto los surcoreanos como los estadounidenses.
Funcionarios surcoreanos anunciaron esta semana la cancelación en junio de un segundo ejercicio militar, que consistía en desembarcos anfibios programados para septiembre.
En dichos ejercicios participarían infantes de marina estadounidenses estacionados en la isla japonesa de Okinawa, cuyas unidades participaron en el bloqueo de los puertos iraníes.
También está la cuestión del suministro y la logística, incluyendo el traslado de algunos interceptores de misiles estadounidenses de Corea del Sur a Medio Oriente durante los combates.
El Pentágono no ha revelado cuánto del inventario de interceptores se trasladó, pero los analistas señalan que es probable que se produzcan escaseces a largo plazo de interceptores clave como el sistema Patriot.
Taiwán y el mar de China Meridional
El despliegue del portaaviones USS George Washington, con base en Japón, en el Mar Arábigo para relevar al asediado USS Abraham Lincoln deja a Estados Unidos sin portaaviones en el Pacífico durante un tiempo indeterminado en caso de que surja la necesidad de uno.
Estados Unidos ha mantenido una presencia continua en el Pacífico durante más de dos décadas, con la excepción de un periodo de varias semanas en 2024.
La ausencia de un portaaviones en el área de responsabilidad de la Séptima Flota de EE.UU. plantea interrogantes para otros aliados regionales.
Filipinas estará particularmente preocupada dada la creciente actividad china en el mar de China Meridional, en torno a formaciones geográficas en disputa como el arrecife de Scarborough, que se encuentra en la zona económica exclusiva de Filipinas pero que está controlado de facto por Beijing.
Las tensiones entre Manila y Beijing se extienden hasta el banco de arena Second Thomas, que, al igual que Scarborough, se encuentra en las islas Spratly. En ambos lugares se han producido enfrentamientos marítimos entre personal filipino y chino.
Estados Unidos y Filipinas tienen un tratado de defensa mutua, y si las tensiones con China se intensificaran, no tener un portaaviones en la región podría poner a las fuerzas estadounidenses en clara desventaja, especialmente dadas las actuales dificultades con las reservas de municiones.
“Lo que más me preocupa es cómo se vería Estados Unidos en un posible conflicto con China”, declaró Harding. “No prevemos que eso ocurra pronto… pero si se produjera un conflicto con China, nos encontraríamos en una situación de escasez de municiones, específicamente de las que necesitaríamos para ese conflicto”.
Puntos de estrangulamiento globales
La guerra podría tener otras consecuencias devastadoras. Por ejemplo, si otros actores intentan utilizar como arma otros puntos estratégicos del transporte marítimo internacional.
“Todavía no lo vemos, pero si más adelante llegara un punto en el que alguno de esos países quisiera hacerlo, sin duda podrían señalar esto como un precedente”, sotuvo Harding.
Añadió que la gravedad del impacto de la guerra dependerá principalmente de cuánto tiempo siga Estados Unidos combatiendo.
“La administración Trump tiene que decidir qué es suficiente para lograr un resultado, y si lo único que es suficiente es la destrucción total del programa nuclear y lo que Israel quiere, que es un Irán internamente fracturado y dividido, entonces eso implica un compromiso a largo plazo, tanto en vidas como en recursos, y la economía mundial va a sufrir las consecuencias a largo plazo”, señaló.
Pero Trump también podría decidir que bastaría con hacer que el programa nuclear fuera “inutilizable”, añadió, algo que él sugirió que podría lograrse manteniendo los emplazamientos clave, actualmente destruidos y bajo los escombros, inaccesibles para Irán mediante ataques cada vez que Teherán intente acceder a ellos.
“No es una solución ideal, pero es viable. Y si eso basta, y si la debilitada red de aliados de Irán es suficiente, entonces lo que realmente hay que abordar es el estrecho de Ormuz, y eso es difícil y un poco costoso, pero ni de lejos tan costoso como lo que está haciendo Estados Unidos ahora mismo”, planteó.
Y agregó: “Desde la perspectiva iraní, lo único que tienen que hacer es sobrevivir, y lo están haciendo. Así que pueden mantener esta situación durante el tiempo que quieran”.
La crisis de los seguros en Florida está remitiendo. El fraude y las demandas frívolas están disminuyendo, las aseguradoras están regresando al estado y las primas de los seguros de propiedad comercial y residencial, así como las de los seguros de automóviles personales, están cayendo en picado.
La reforma integral del sistema de responsabilidad civil aprobada en 2022 y 2023 parece estar dando frutos. Sin embargo, esto no significa que todos los problemas de Florida con los seguros hayan quedado atrás. Si bien las normas legales de Florida se han armonizado en gran medida con las del resto del país, el aumento de las indemnizaciones y los acuerdos extrajudiciales sigue afectando al mercado de seguros de responsabilidad civil, al igual que en otros lugares.
Las vallas publicitarias de abogados especializados en lesiones personales siguen apareciendo en las carreteras. Y cuando ocurre una verdadera catástrofe, las medidas de reforma del sistema de responsabilidad civil pueden dificultar que algunos asegurados, tanto residenciales como comerciales, recuperen lo que creen que les corresponde.
Mientras los estados de todo el país sopesan la legislación de reforma de la responsabilidad civil (véanse las noticias relacionadas a continuación), Florida se ha convertido en un importante caso de estudio por su impacto, aunque a algunos observadores les preocupa que una mala temporada de huracanes pueda echar por tierra gran parte de los avances logrados.
Hace apenas unos años, las tarifas de los seguros de automóviles particulares en Florida eran altísimas, y los propietarios de viviendas se apresuraban a reemplazar sus pólizas canceladas por las aseguradoras en quiebra. El aumento vertiginoso de las primas de seguros de propiedad obligó a miles de empresas a contratar los servicios de Citizens Property Insurance, la aseguradora estatal de último recurso, lo que supuso que los contribuyentes tuvieran que asumir las pérdidas.
Reforma de la responsabilidad civil extracontractual
Tras el huracán Ian a finales de 2022 y años de creciente litigio, el gobernador Ron DeSantis aprobó una importante ley de reforma de la responsabilidad civil. Entre otras medidas, puso fin a la concesión automática de honorarios de abogados a los asegurados que ganaban los litigios relacionados con seguros de propiedad.
También prohibió los acuerdos de cesión de beneficios, que permitían a los asegurados transferir sus derechos de reclamación a contratistas o empresas de reparación. Durante el punto álgido de la crisis, los equipos de techadores recorrían los vecindarios después de las tormentas para convencer a los propietarios de que les permitieran presentar reclamaciones dudosas o infladas.
«La reforma fue más eficaz de lo que nadie podría haber imaginado», declaró Randy Fuller, director del segmento de Florida de la reaseguradora Guy Carpenter, filial de Marsh. «Eso se debe a que el problema probablemente era mayor de lo que se creía».
Para estudiar el impacto, el Sr. Fuller analizó 1,4 millones de pólizas, en su mayoría de propietarios de viviendas, para comparar las pérdidas ocasionadas por el huracán Irma en 2017 y el huracán Milton en 2024. La frecuencia de las reclamaciones se redujo en un 69 % y la gravedad de las mismas en un 74 % en las zonas expuestas a velocidades de viento similares (véase el gráfico).
En las zonas con vientos más débiles, la frecuencia y la gravedad de los siniestros disminuyeron en más del 90 %. «Esa es la prueba irrefutable del fraude», dijo el Sr. Fuller, porque los daños reales causados por el viento fueron menores en estas zonas.
En marzo de 2023, una segunda ley amplió la reforma de la responsabilidad civil más allá de los seguros de propiedad. Se restringió la concesión automática de honorarios de abogados a los asegurados que ganaran el caso en las demandas civiles. El plazo de prescripción para las demandas por negligencia se redujo de cuatro a dos años. El criterio de negligencia cambió: un demandante declarado responsable en más del 50 % de sus propias lesiones no podía obtener indemnización. Además, las pruebas que los demandantes podían aportar para demostrar los daños médicos se limitaron a las cantidades efectivamente pagadas.
Las pérdidas se desploman
Según un estudio de la agencia de calificación AM Best, estos cambios han reducido drásticamente los costos de defensa de las aseguradoras de Florida. En 2025, las aseguradoras gastaron 131 millones de dólares en defensa y contención de costos, lo que representa una disminución de casi el 80 % con respecto al máximo alcanzado en 2022.
“La reforma del derecho de daños ha cambiado nuestra manera de abordar los casos y la calidad de los mismos”, afirmó Alan C. Nash, codirector del área de responsabilidad civil por accidentes en locales comerciales y tiendas minoristas de Marshall Dennehey en Fort Lauderdale. Según Nash, los abogados de la parte demandante son menos propensos a aceptar casos con facturas médicas menores o en los que el demandante comparte parte de la responsabilidad.
En los casos de accidentes, las normas de negligencia modificadas “nos dan, tanto a nosotros como a los peritos, una gran ventaja en la negociación y ayudan a resolver las reclamaciones de forma más razonable”, afirmó Lisa Weinstein, vicepresidenta de riesgos y cumplimiento normativo de Cove Communities, una empresa propietaria de comunidades de vehículos recreativos y casas prefabricadas en Tampa. “Hemos visto a algunos bufetes de abogados demandantes que han abandonado a sus clientes cuando les hemos hecho ver lo que hicieron sus clientes”, y los casos se están gestionando de forma más eficiente, añadió la Sra. Weinstein.
En el ámbito inmobiliario, Morgan and Morgan, reconocido como el bufete de abogados de demandantes más grande del país por número de empleados, redujo su práctica de litigios de seguros en Florida de 30 abogados a cinco en junio de 2025.
“Los consumidores están intentando resolver las cosas por su cuenta con su compañía de seguros, y eso es algo positivo”, afirmó Fred E. Karlinsky, presidente del departamento de regulación y transacciones de seguros de Greenberg Traurig, con sede en Fort Lauderdale.
Gracias a unas pérdidas menores y más predecibles, las aseguradoras están volviendo al Estado, respaldadas por la capacidad de reaseguro y el capital de los bonos de catástrofe.
“Las aseguradoras nacionales especializadas en bienes raíces comerciales se muestran cautelosamente optimistas y amplían su presencia en el estado de Florida cada año”, afirmó Dan Cioci, corredor de seguros de Brown & Brown con sede en Fort Lauderdale. Las tarifas aún dependen en gran medida de la ubicación geográfica, el tipo de construcción y el historial de siniestros, añadió Cioci.
Con el regreso de la competencia, las empresas están abandonando Citizens, la aseguradora estatal de último recurso, para recurrir a aseguradoras privadas. El número de propiedades comerciales aseguradas por Citizens se ha desplomado de 13.600 en 2024 a 4.500 en julio, según un portavoz de Citizens.
Las primas de seguros para propiedades comerciales también están bajando. El costo promedio por póliza de seguro de propiedad comercial de líneas excedentes, un indicador aproximado de las primas, disminuyó un 35 % en el primer semestre de 2026, en comparación con el primer semestre de 2025, según la Oficina de Servicios de Líneas Excedentes de Florida. Las primas de seguros para riesgos de construcción disminuyeron un 30 % en el mismo período, y las de seguros contra tormentas o granizo bajaron un 28 %.
El Sr. Cioci atribuye la drástica disminución de las tarifas recientes tanto a la reforma del sistema de responsabilidad civil como a la relativa escasez de tormentas. El último huracán que azotó Florida fue Milton, en octubre de 2024, y el año pasado no hubo ningún huracán en Estados Unidos.
Tendencias de responsabilidad
En Florida, la situación de los seguros de responsabilidad civil es más compleja, al igual que en el resto del país. La Oficina de Seguros de Líneas Excedentes de Florida informa de una estabilización en el coste medio por póliza de responsabilidad civil general comercial a partir de mediados de 2024, tras ocho años de aumentos constantes.
Según Carol Murphy, directora de seguros de responsabilidad civil de Howden US, se espera que las tarifas de los seguros de responsabilidad civil para automóviles comerciales en Florida aumenten este año en un porcentaje de un solo dígito medio, similar al del resto del país. «Los hábitos de conducción han disminuido desde la pandemia», afirmó.
Algunas empresas con alta exposición a la responsabilidad civil por daños en propiedades aún esperan una solución. «Varias aseguradoras se han retirado del mercado (de viviendas)», afirma la Sra. Weinstein, de Cove Communities. «Las primas siguen aumentando, las franquicias de autoseguro siguen aumentando y las coberturas se están reduciendo».
La Sra. Weinstein afirmó sentirse alentada por una disposición de la reforma que exime de responsabilidad a los propietarios de edificios multifamiliares por actos delictivos de terceros si implementan medidas de seguridad. Sin embargo, señaló que no puede justificar los costos de la evaluación y las mejoras requeridas, dado que Cove aún podría enfrentar costosos litigios.
“Esperaba que la reforma de responsabilidad civil de 2023 tuviera un efecto más duradero en el sector de las viviendas multifamiliares”, dijo.
Albert Geraci, corredor de seguros con sede en Fort Lauderdale y presidente de la Asociación de Líneas Excedentes de Florida, observa una mejora en el mercado para los compradores. Si bien las primas por siniestros siguen siendo altas, algunos propietarios se están beneficiando de una mayor competencia en el mercado de seguros, según indicó. Por ejemplo, algunas aseguradoras ofrecen ahora límites más altos en la cobertura por agresión y lesiones, mientras que otras eliminan las exclusiones relacionadas con armas de fuego.
La persistente solidez del mercado de seguros de responsabilidad civil sugiere que las reformas legales implementadas en Florida han frenado, pero no detenido, el impacto de la «inflación social», es decir, el aumento de las indemnizaciones y acuerdos extrajudiciales. Según la consultora Marathon Strategies, entre 2009 y 2022, Florida ocupó el segundo lugar en veredictos millonarios por parte de jurados, superiores a los 10 millones de dólares. Para 2024, su posición había descendido al décimo lugar. Sin embargo, el número de veredictos millonarios a nivel nacional se ha triplicado con creces entre 2020 y 2024.
A medida que los casos más pequeños y de menor calidad se van descartando del sistema judicial de Florida, los abogados de la parte demandante están presionando más en los casos de mayor envergadura con responsabilidad más clara, afirma el Sr. Nash, abogado defensor. Holly Howanitz, abogada de defensa corporativa en el bufete Tyson & Mendes, con sede en Jacksonville, especializada en casos complejos de responsabilidad civil, declaró que no ha observado una disminución en las reclamaciones por responsabilidad de locales ni en las reclamaciones de transporte desde la reforma de la legislación sobre responsabilidad civil extracontractual.
Si un demandante ha sufrido lesiones o daños significativos y puede presentar argumentos sólidos sobre la responsabilidad del demandado, los jurados siguen dictando veredictos cuantiosos basados en el dolor y el sufrimiento o en daños no económicos, afirmó. En lugar de confiar en que la reforma de la responsabilidad civil las “salve”, las empresas demandadas deberían intentar tácticas novedosas para influir en los jurados, como admitir la responsabilidad o personalizar a los demandados, añadió.
En Florida, al igual que en otros lugares, la inflación social está afectando con mayor dureza a las pólizas de exceso de cobertura y las pólizas paraguas. Las primas promedio de exceso de cobertura de responsabilidad civil general comercial en Florida han disminuido ligeramente desde 2024, pero aún duplican las de 2018. Los gestores de riesgos ahora deben contratar más coberturas para alcanzar un límite determinado, señaló el Sr. Geraci.
Los asegurados sobrecargados
Abogados y activistas en defensa de los asegurados afirman que la reforma de la responsabilidad civil ha ido demasiado lejos. Según Steven M. Bush, abogado de Merlin Law Group, con sede en Jacksonville, que representa a los asegurados, las reformas «trasladaron una mayor carga de riesgo y de trámites procesales al asegurado, ya sea un propietario de vivienda o una empresa».
Según las medidas de reforma de responsabilidad civil, los propietarios deben notificar a su aseguradora sobre un siniestro en el plazo de un año, o de 18 meses en los casos en que se detecten daños adicionales o los costos de reparación superen el presupuesto inicial. El Sr. Bush afirma que este plazo podría no ser suficiente, ya que los daños en el tejado causados por una tormenta a veces solo se manifiestan durante la siguiente.
Según el Sr. Bush, las nuevas normas también dificultan que los asegurados encuentren representación legal cuando son tratados injustamente, especialmente en reclamaciones menores que involucran a propietarios de viviendas o pequeñas empresas.
Además de las leyes de reforma de responsabilidad civil, las aseguradoras han endurecido la cobertura, ofreciendo a los reclamantes el valor en efectivo depreciado de un techo dañado en lugar del costo total de reemplazo, y reemplazos que no coinciden con los materiales dañados, dijo el Sr. Bush. Una disposición de reforma de 2022 derogó una norma que exigía el reemplazo total del techo cuando más del 25 % de un techo que cumple con el código está dañado.
Los críticos del sector asegurador afirman que las aseguradoras obtienen mayores ahorros al restringir los pagos que al frenar las demandas frívolas. En investigaciones periodísticas y en una audiencia del Senado, los peritos de campo en Florida alegaron que las aseguradoras modificaron sus informes o los presionaron para reducir las estimaciones de daños. En 2024, Heritage Property & Casualty pagó a Florida un acuerdo extrajudicial de un millón de dólares y admitió haber enviado peritos sin licencia a inspeccionar propiedades.
Los asegurados pueden apelar ante el regulador estatal si consideran que su reclamación no se está tramitando de forma justa, según declaró un portavoz de la Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes. Hizo referencia a una ley de 2024 que prohíbe alterar los informes de los peritos sin justificación y a un informe reciente encargado por la asociación que concluye que las reformas en materia de responsabilidad civil han generado una reducción promedio del 14,5 % en los costes de los seguros de propiedad y accidentes.
En opinión de los señores Cioci y Geraci, las reformas en materia de responsabilidad civil han armonizado las leyes de Florida con las del resto del país, y sus mercados de seguros también son ahora más similares. Sin embargo, en un país propenso a los litigios y que se enfrenta a un riesgo creciente de catástrofes naturales, Florida sigue siendo más vulnerable que la mayoría de los estados.
“La durabilidad definitiva de la reforma legislativa y estructural (de Florida) aún no se ha puesto a prueba por completo durante una temporada de huracanes verdaderamente severa y de alta intensidad”, afirmó Fitch Ratings en un informe de junio.
Cada vez más estados siguen el ejemplo de Florida a medida que la reforma de la responsabilidad civil cobra impulso.
En mayo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, promulgó una ley de reforma del sistema de responsabilidad civil destinada a reducir las primas de los seguros de automóviles en el estado. «Así es como estamos abordando de frente la crisis de asequibilidad», declaró, haciendo referencia a uno de los conceptos políticos más candentes del año.
El proyecto de ley endureció el umbral para las lesiones que daban derecho a indemnización por daños no económicos y limitó dichas indemnizaciones para los conductores considerados culpables, entre otras medidas.
La nueva ley es alentadora, sobre todo porque el gobernador es demócrata, afirmó Sean Kevelighan, director ejecutivo del Instituto de Información de Seguros. En los últimos años, la mayor parte del progreso en la reforma de la responsabilidad civil se ha producido en estados gobernados por republicanos, considerados más favorables a las empresas.
“La reforma se ha convertido en un tema bipartidista si se tiene en cuenta a Nueva York”, declaró el Sr. Kevelighan. Añadió que el liderazgo del gobernador es un “elemento clave” para lograr la reforma del sistema de responsabilidad civil extracontractual en un estado.
El 27 de mayo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó importantes leyes de reforma del seguro de automóviles para combatir el fraude, reducir los litigios y disminuir los altos costos para los conductores. /Reuters/Michael Brochstein/Sipa USA
Varios estados han aprobado reformas en materia de responsabilidad civil extracontractual o han visto cómo estas cobraban impulso recientemente:
En abril de 2025, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, promulgó leyes destinadas a limitar los gastos médicos excesivos y reducir la responsabilidad de los propietarios por actos delictivos de terceros, entre otras medidas. Un año después, el comisionado de seguros del estado anunció una reducción estimada de 450 millones de dólares en las primas de seguros de automóviles. La autoridad de transporte de Atlanta informó de una disminución de 2,8 millones de dólares en los costos de siniestros y responsabilidad civil.
Un mes después, el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, siguiendo el ejemplo de Florida, prohibió a los demandantes en casos de lesiones personales obtener indemnizaciones si se determinaba que su responsabilidad era del 51 % o superior. El Instituto de Información de Seguros afirma que las primas promedio estatales disminuyeron un 0,4 % en 2025 en todos los ramos de seguros de propiedad y responsabilidad civil, tras cuatro años de aumentos.
En marzo de este año, el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, también demócrata, promulgó una ley que eleva el nivel de exigencia para las pruebas en los tribunales, al requerir que los abogados demuestren ante un juez que la opinión de su perito es «más probable que improbable» que fiable antes de que sea presentada ante un jurado. La Asociación Estadounidense para la Reforma de la Responsabilidad Civil lo calificó como una victoria contra la «pseudociencia» en los casos de responsabilidad por productos defectuosos.
Si bien la reforma del sistema de responsabilidad civil avanza como parte de un esfuerzo por lograr una mayor asequibilidad, una tendencia populista contraria se manifiesta en los tribunales de todo Estados Unidos. En una encuesta realizada en 2025 por el bufete de abogados Orrick, el 72 % de los estadounidenses coincidió en que «una función importante de los jurados es enviar mensajes a las corporaciones para que mejoren su comportamiento», un aumento con respecto al 62 % registrado en 2022.
La prohibición de Carolina del Norte se suma a las crecientes restricciones estatales sobre la financiación de litigios por parte de terceros.
En junio, Carolina del Norte se convirtió en el primer estado en prohibir la financiación de litigios por terceros, en la que los inversores financian demandas a cambio de una participación en el resultado. Un financiador puede incurrir en sanciones civiles de hasta 50.000 dólares por infracción. La ley fue elogiada por la industria de seguros y los grupos empresariales como una medida para frenar el abuso del sistema legal.
El 22 de junio, el gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, firmó el proyecto de ley 315 de la Cámara de Representantes, convirtiendo a Carolina del Norte en el primer estado en prohibir la financiación de litigios por terceros./Reuters
Los intentos de la Cámara de Representantes y el Senado de EE. UU., así como de la autoridad normativa del poder judicial federal, por controlar la financiación de litigios por terceros se han estancado, lo que ha llevado a varios estados a intervenir. Como parte de su reforma de responsabilidad civil extracontractual del año pasado, Georgia aprobó leyes que obligan a las entidades financieras a revelar los términos de los acuerdos de financiación superiores a 25.000 dólares y a registrarse ante la agencia bancaria estatal, indicando la titularidad de los fondos. La ley prohíbe a los financiadores influir en la estrategia legal y hace que sus acuerdos estén disponibles durante el proceso de presentación de pruebas.
En 2024 y 2025, estados como Arizona, Colorado, Indiana, Kansas, Luisiana, Montana y Oklahoma adoptaron medidas que exigen la divulgación de la financiación de litigios. Algunos estados también prohibieron a los financiadores influir en la estrategia o impidieron que entidades de propiedad extranjera invirtieran. Montana y Luisiana limitan la participación del financiador en la indemnización.
En enero, ISO emitió una cláusula adicional opcional para los programas de responsabilidad civil comercial que se activa en caso de disputas sobre la cobertura, y que exige a las partes revelar el respaldo financiero de terceros.
El Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico rechazó el veto de bolsillo de la gobernadora Jenniffer González Colón, a medidas dirigidas a retener médicos y fortalecer el sistema de salud, entre ellas el Proyecto del Senado 15, que proponía una tasa contributiva fija de 12% para los profesionales médicos.
El presidente del Colegio, Dr. Carlos Díaz, señaló que la organización ha trabajado propuestas fiscalmente viables para atender la fuga de médicos, incluyendo alternativas para generar recursos destinados a financiar parte del incentivo.
“No podemos hablar de transformación del sistema de salud mientras se cierran las puertas a las soluciones que han sido estudiadas, discutidas y trabajadas con responsabilidad. Retener a nuestros médicos no es un privilegio para una profesión; es una necesidad de salud pública”, afirmó el Dr. Díaz.
El Colegio advirtió que la decisión ocurre mientras Puerto Rico enfrenta problemas de acceso a servicios, escasez de especialistas y emigración de profesionales de la salud, y reclamó ser incluido en las conversaciones con Washington relacionadas con el futuro del sistema sanitario.
La organización, que asegura representar aproximadamente al 80% de los médicos del país, sostuvo que su participación es necesaria en cualquier gestión que tenga impacto sobre los servicios de salud.
“Puerto Rico necesita comparecer ante Washington en unidad y armonía. No podemos pretender defender los servicios de salud de nuestro pueblo mientras se excluye de la mesa a la organización que representa la mayoría de nuestros médicos”, expresó el Dr. Díaz.
El Colegio reiteró su disposición al diálogo, pero insistió en que la crisis requiere acciones concretas para retener médicos, fortalecer los servicios y proteger a los pacientes.
El rendimiento esperado del café del país de 4.5 libras por almud no será posible este año por que debido a varios factores, entre ellos la sequía que afecta a la isla, se están registrando rendimientos de 2.5 libras por almud, lo que equivale a una reducción de 44.4 % en el rendimiento de la cosecha actual en comparación con la cosecha del año anterior.
«Una reducción de 4.5 a 2.5 libras por almud no constituye una fluctuación operacional menor. Representa una pérdida cercana al 45 % del rendimiento esperado, con consecuencias económicas importantes para los beneficiadores y potencialmente para toda la cadena productiva del café puertorriquefio», denunció Miguel López Hernández, quien es el presidente de la Asociación de Beneficiados de Puerto Rico (ABPR).
La ABPR representa a las empresas que adquieren el café para someterlo a un proceso de limpieza, lavado y secado y luego revenderlo al torrefactor.
Peligra la sostenibilidad económica
La exposición de la situación real que padece la actual cosecha de café figura en una carta que le envió López Hernández al secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, el pasado 22 de agosto de 2026.
«En términos prácticos, por cada 100 almudes de café (cada almud consta de 28 libras) recibidos, a un rendimiento de 4.5 libras por almud, deberían obtenerse aproximadamente 450 libras de café primera. Con el rendimiento actual de 2.5 libras por almud, solamente se obtienen aproximadamente 250 libras, lo que representa una diferencia de 200 libras por cada 100 almudes procesados», agregó López Hernández.
«Los números demuestran que, al rendimiento actualmente observado de 2.5 libras por almud, el beneficiador enfrenta una pérdida aproximada de $8.90 por cada almud procesado. Esto significa que por cada 10,000 almudes procesados, la pérdida estimada podría alcanzar aproximadamente $89,000, bajo los parámetros económicos aquí utilizados. Esta condición pone en riesgo la sostenibilidad económica de las beneficiadores y, por extensión, una parte esencial de la infraestructura necesaria para recibir, procesar y llevar al mercado la cosecha de los agricultores de Puerto Rico», sostuvo en la carta López Hernández.
Sequía, broca y roya
Entre los factores que han afectado el rendimiento del café en la presente cosecha, mencionados por López Hernández, figuran la sequía y los periodos de baja precipitación, que han «limitado el desarrollo y llenado adecuado del fruto y del grano».
Otros factores son la incidencia en el café de la roya, que es una enfermedad fúngica destructiva causada por un hongo que debilita las plantas y reduce su capacidad productiva.
Otro desafío es la presencia en los cultivos de café del país de la broca, que es un pequeño escarabajo considerado la plaga más destructiva y peligrosa para los cultivos de café a nivel mundial porque afecta directamente el fruto y la calidad del grano.
«La combinación de estos factores han resultado en frutos de menor peso, granos de menor tamaño y una mayor proporción de material que no alcanza calidad comercial», explicó López Hernández.
Revisarlo todo
En la misiva el presidente de la ABPR le solicitó al secretario Rodríguez Torres que «evalúe medidas que permitan atender el impacto económico extraordinario que esta reducción está ocasionando sobre la viabilidad de las operaciones de beneficiado».
López Hernández también le solicitó a Rodríguez Torres que considere el rendimiento real para «revisar precios, márgenes, costos, incentivos y programas de asistencia relacionados con la industria del café».
«Considere que, bajo un costo de $18.00 por almud, un costo promedio de elaboración de $3.40 por almud y un precio del café primera de $5.00 por libra, el rendimiento mínimo para alcanzar el punto de equilibrio es aproximadamente 4.28 libras de café por almud», dijo.
«Este análisis demuestra que incluso bajo el rendimiento histórico de 4.5 libras por almud, el margen económico disponible sería de apenas $1.10 por almud. Una reducción del rendimiento a 2.5 libras por almud transforma ese pequeño margen positivo en una pérdida aproximada de $8.90 por almud procesado», concluyó.
Además, el presidente de la ABPR reclamó que se evalúe el impacto económico directo que la reducción del rendimiento representa para los beneficiadores y que se establezca un mecanismo de seguimiento durante el resto de la cosecha que permita recopilar información directamente de los beneficiadores para documentar el rendimiento real y realizar muestreos representativos en los beneficiadores de las principales regiones cafetaleras.
