Por Luis R. Benítez, Economista — Benítez & Asociados
MONITOR ECONÓMICO BENÍTEZ & ASOCIADOS
La economía de Puerto Rico entra al último trimestre de 2026 enfrentando una combinación de presiones que merece atención. El aumento en la tarifa eléctrica aprobado por el Negociado de Energía, junto con un mercado internacional de petróleo afectado por tensiones geopolíticas y restricciones en rutas estratégicas, crea un escenario de mayores costos para hogares y empresas cuando las condiciones financieras continúan siendo restrictivas.
El ajuste eléctrico aprobado para octubre a diciembre es significativo. La tarifa residencial promedio no subsidiada aumenta de aproximadamente 28.57 centavos por kilovatio hora a 33.58 centavos, un incremento de 18.5%. En el ejemplo utilizado en la determinación regulatoria, un hogar que consume 800 kilovatios hora mensuales pasaría de pagar $228.59 a $270.86, o $42.27 adicionales al mes.
En tres meses, el aumento acumulado sería cerca de $127. El efecto no se limita al presupuesto familiar. La electricidad es un insumo transversal para prácticamente toda la economía. Comercio, restaurantes, industria, servicios, hotelería, refrigeración de alimentos, construcción y pequeñas empresas enfrentan una estructura de costos, más alta.
Una parte puede absorberse mediante menores márgenes; otra trasladarse a precios; y otra traducirse en reducción de gastos, inversión o contratación. El resultado dependerá de la capacidad de las empresas para absorber el aumento y de la fortaleza de la demanda.
Hay otro elemento que no debe perderse de vista. El Negociado dejó fuera del ajuste actual aproximadamente $17.6 millones relacionados con alegadas deficiencias en el suministro de gas natural por parte de New Fortress Energy. Esa cantidad se suma a cerca de $58 millones diferidos previamente. En conjunto, alrededor de $75 millones permanecen bajo evaluación.
Esos costos no deben interpretarse como aprobados para cobrarse posteriormente, pero tampoco como desaparecidos. El regulador ha ordenado auditorías y evaluaciones sobre contratos, entregas, créditos, pagos y responsabilidades. También se investigan aproximadamente $19.17 millones relacionados con cantidades de gas solicitadas para las unidades San Juan 5 y 6.
El proceso puede producir créditos, reclamaciones contractuales o una determinación sobre qué parte, si alguna, corresponde reconocer en tarifa. Por eso, el inicio de 2027 contiene una contingencia adicional. La próxima reconciliación trimestral dependerá de los precios de combustible y de cualquier determinación sobre estas partidas diferidas.
Su exclusión reduce el ajuste inmediato, pero no elimina el riesgo de que alguna cantidad válida reaparezca en el proceso tarifario posterior. A esta situación local se añade el mercado internacional de petróleo. La Administración de Información Energética de Estados Unidos —EIA— informó que el precio promedio del crudo Brent aumentó a $91 por barril en agosto, siete dólares más que en julio. La agencia atribuyó parte del movimiento a restricciones en las exportaciones de petróleo de Medio Oriente y a tensiones alrededor del Estrecho de Ormuz.
La EIA también ha documentado ataques y restricciones que afectan exportaciones por la ruta del Mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb, incluyendo movimientos desde el puerto saudí de Yanbu. Aunque el combustible adquirido por Puerto Rico no tiene que pasar físicamente por esas rutas, sus precios se forman en mercados internacionales.
Una interrupción estratégica puede elevar referencias, primas de riesgo, seguros, fletes y, finalmente, el costo de los combustibles utilizados en Puerto Rico.La perspectiva de corto plazo tampoco elimina ese riesgo. En su informe de septiembre, la EIA proyectó que algunas restricciones a las exportaciones de petróleo de Medio Oriente podrían persistir hasta finales de 2026 y que la producción regional podría mantenerse por debajo deniveles previos al conflicto hasta el segundo trimestre de 2027.
En Puerto Rico ya se observa un nivel elevado de precios de combustibles al detal. Al 1 de octubre, el Departamento de Asuntos del Consumidor —DACO— reportaba gasolina regular entre aproximadamente 114.7 y 118.7 centavos por litro entre las principales marcas, mientras el diésel se encontraba entre 145.7 y 153.7 centavos. Este último incide directamente sobre transporte de carga, distribución, construcción y otros costos empresariales.
El riesgo para los próximos meses es acumulativo. El hogar enfrenta una factura eléctrica mayor y puede enfrentar gasolina más cara. La empresa encara mayores costos de electricidad, combustible y financiamiento. Si los traslada, aparecen presiones sobre precios; si no puede hacerlo, se reducen márgenes y capacidad de inversión.
En ambos casos puede afectarse el consumo, la actividad comercial y el crecimiento real. Esto no significa que Puerto Rico esté inevitablemente encaminado hacia una contracción, pero no se puede descartar. La economía estadounidense continúa mostrando fortaleza, lo que puede sostener turismo y otros canales de demanda externa. Una normalización más rápida de los mercados de energía también reduciría parte de las presiones.
Aun así, el balance de riesgos para el cuarto trimestre es menos favorable que hace algunos meses. Para evaluar el efecto real habrá que observar durante octubre, noviembre y diciembre las ventas al detal, recaudos del Impuesto sobre Ventas y Uso, empleo asalariado, construcción, ocupación turística, precios de gasolina y diésel y la próxima reconciliación de la tarifa eléctrica. El comienzo de 2027 requerirá atención especial a las decisiones sobre costos diferidos y a la evolución del petróleo internacional.
El punto central es sencillo. Puerto Rico entra al cierre de 2026 con un choque de costos confirmado en electricidad y riesgos energéticos externos todavía presentes. Parte de la presión adicional permanece fuera de la factura actual. Si el petróleo continúa elevado y alguna porción de los costos diferidos resulta reconocida posteriormente, el primer trimestre de 2027 podría comenzar con nuevas presiones sobre hogares, empresas y precios.
La prudencia exige no confundir costos diferidos con costos eliminados, ni asumir que todos terminarán trasladándose al consumidor. Corresponde monitorear los datos, los procesos regulatorios y los mercados internacionales. Esa combinación determinará si el episodio actual queda concentrado en el último trimestre de 2026 o se extiende durante los primeros meses de 2027.
