Por Miguel Díaz Román
Además de la sequía que amenaza con arruinar ciertas actividades agrícolas del país, existe la sequía de fondos en el Departamento de Agricultura (DA) que básicamente arropa todas la áreas de incentivos y que hasta el presente significa que los agricultores han dejado de recibir $40 millones desde que comenzó la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Ni la gobernadora ni el secretario de Agricultura, Irving Rodríguez, abordan el grave entuerto en sus triunfales conferencias de prensa en las que anuncian más fondos para el agro, pero nada dicen sobre el dinero que se adeuda.
«El DA padece de una sequía de fondos, y ya son más de $40 millones que le deben a los agricultores. Lo he conversado con el secretario de Agricultura. El secretario está consciente de que se adeuda ese dinero. Él dice que está esperando que le aprueben los fondos», sostuvo el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
El tema diario de cientos de agricultores en todos los rincones del país es el impago de los incentivos salariales, de los incentivos por maquinaria, de los incentivos para el abono.
Más y más deudas
Incluso, aunque los agrónomos de área son los principales depositarios de las quejas de los agricultores, la oficina central del DA en Santurce recibe constantemente llamadas de agricultores desesperados por los montos de deudas inmanejables o con sus cuentas de ahorro vacías debido a que el impago de los incentivos los ha obligado a financiar sus operaciones durante meses con préstamos o utilizando fondos propios.
De acuerdo con González Beiró el DA adeuda tres trimestres de subsidio salarial agrícola, que significan $24 millones; $8 millones en distintas vertientes de la Inversión agrícola; $6 millones en fondos para abonos y $8 millones en programas regionales.
SN supo que los suplidores de abono han suspendido las entregas a los agricultores debido a que los vales entregados a los agricultores para café y otros cultivos carecen de valor.
La información recibida en SN es que los suplidores suspendieron las entregas porque la Administración de Empresas Agropecuarias (ADEA) no le ha estado pagando los vales.
SN también supo que ADEA le debe millones de dólares al suplidor del café semitostado importado y, alegadamente, esta empresa anunció que «sin pago no despachaban más café».
Protegen al consumidor
De hecho, las compras de café importado está en el centro del problema porque la administración de González Colón decidió que la ADEA, que es la entidad que adquiere a importa el café semitostado, no trasladará a los torrefactores los aumentos de precio que ha experimentando ese producto en el mercado internacional.
El resultado de esa decisión es que la ADEA ha dejado de obtener ingresos por el café importado que vende a los torrefactores, lo que ha secado su fuente de ingresos para ofrecer incentivos a los agricultores que asciende aproximadamente a más de $20 millones anuales.
En la medida que el precio del café importado es bajo, ADEA puede venderlo a los torrefactores locales al precio reglamentado por DACO, que suele ser más económico que el precio del café cosechado en el país, y obtener un jugoso ingreso.
La ADEA no ha trasladado los aumentos de precio a los torrefactores porque la administración de González Colón ha decidido subsidiar el precio del café importado para impedir un alza en el precio del café a nivel del consumidor.
Incentivos sin fondos
A modo de ejemplo, la ADEA adquiere cada quintal (100 libras) de café importado en más de $450, pero se lo vende a los torrefactores a $375, lo que implica que el gobierno está perdiendo más de $75 por cada 100 libras de café importado que vende.
Esta situación ha estado ocurriendo desde el inicio de esta administración, lo cual fue confirmado el pasado año a SN por el ex secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro.
La importación de café por el ADEA es el resultado de una exención concedida por el Congreso, que le permite al gobierno local importar café sin pagar un arancel federal. La importación de café se ve como un mal necesario debido a que la producción local no alcanza para satisfacer el consumo total del país desde 1998.
No está claro de dónde provienen los fondos con los que el secretario Rodríguez espera amortizar la deuda de más de $40 millones que el DA tiene con los agricultores. No obstante, González Beiró advirtió que el panorama no luce favorable para los agricultores debido a que los fondos del presente año fiscal no pueden utilizarse para pagar deudas contraídas durante el año fiscal anterior.
«Yo no sé de dónde van a salir los fondos. Lo que yo sé es que la Junta de Supervisión Fiscal prohibió usar fondos del nuevo presupuesto para pagar deudas del pasado año fiscal», advirtió el ex secretario.
