La gobernadora Jenniffer González Colón se apresta a nombrar al licenciado Alfredo Ocasio, quien fue el presidente del Comité de Campaña Puerto Rico Trump-Vance 2024, al cargo de Comisionado de Seguros.
De acuerdo con fuentes cercanas a la administración de González Colón, el nombramiento del licenciado Ocasio estaría en camino del Senado durante el día de hoy.
La fuente indicó que aunque el licenciado Ocasio no ha ocupado posiciones en la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), sí ha representado a determinados clientes en controversias relacionadas con el campo de los seguros tanto ante la OCS como en los tribunales.
Confiada la Fortaleza
La fuente indicó que la Fortaleza confía en su experiencia como abogado litigante en los tribunales federales y estatales y como funcionario en el servicio público.
La fuente agregó que también existe satisfacción en su desempeño como presidente del Comité de Campaña Puerto Rico Trump-Vance 2024.
En el servicio público el licenciado Ocasio ocupó la posición de subadministrador de la administración de Vivienda Pública entre septiembre de 1998 y diciembre de 2000, durante la incumbencia del ex gobernador Pedro Rosselló.
Como subadministrador de la administración de Vivienda Pública Ocasio fue el encargado de supervisar los 300 empleados de la agencia y 15 agentes de administración, quienes tenían a cargo más de 330 proyectos de vivienda pública en la isla.
Además, el licenciado Ocasio era responsable de un presupuesto anual de más de $350 millones y fue encargado de establecer la política pública de la agencia y de supervisar su cumplimiento con las regulaciones de la agencia federal Housing Urban Development.
Ocasio también estuvo a cargo de la división legal de la Administración de Vivienda Pública y fue asesor legal del administrador de la agencia.
Recientemente el licenciado Ocasio sorprendió al país cuando reveló que la administración del presidente Donald Trump estaría realizando un pronunciamiento sobre el estatus político de Puerto Rico en el verano de 2025.
Termina incertidumbre
Con el nombramiento del licenciado Ocasio terminarían casi cuatro meses de incertidumbre sobre quién ocuparía la posición de Comisionado de Seguros, lo que desató una oleada de especulaciones sobre que el actual Comisionado, el licenciado Alexander Adams Vega, continuaría en la posición.
Adams Vega ha recibido el respaldo del sector de los proveedores de servicios de salud, como médicos, hospitales y laboratorios. Pero el funcionario no cuenta con el respaldo de la Asociación de Compañías de Seguros, una entidad que ha criticado determinadas iniciativas y proyectos de ley que el Comisionado de Seguros ha patrocinado abiertamente.
El sector de los reaseguradores internacionales que operan en Puerto Rico también se han manifestado en contra de iniciativas respaldadas por Adams Vega.
El nombramiento del licenciado Ocasio acontece en momentos cuando un comité de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) suspendió la acreditación de la OCS en una votación realizada el pasado 23 de marzo.
Ahogada en controversias la OCS
Con esta suspensión sería la segunda ocasión en que la OCS pierde su acreditación en cinco años. La primera suspensión de la acreditación por parte de la NAIC ocurrió en julio de 2020. La suspensión se fundamentó en un informe confidencial elaborado por la división legal de la NAIC.
El secretario de la gobernación, Francisco Domenech, fue informado de la suspensión a través de una comunicación enviada el 25 de marzo por Adams Vega.
La misiva de Adams Vega destaca que la decisión de la NAIC sobre la suspensión de la acreditación fue notificada de manera verbal y que la OCS estaba esperando una notificación oficial para iniciar el proceso de apelación formal.
El pasado 21 de marzo fue difundida una misiva emitida por empleados de la OCS en la que se denuncia una serie de irregularidades ocurridas durante la gestión de Adams Vega.
Los empleados de la OCS sostienen que el ambiente de trabajo se ha visto alterado por una atmósfera de «constante maltrato, el atropello, falta de ética y legalidad», lo que ha impedido que esa agencia reguladora pueda cumplir su responsabilidad de «auditar a las compañías aseguradoras para constatar su solvencia» y de «proteger al consumidor y garantizar la estabilidad de la industria de seguros».
Tras la difusión de la carta el representante Jorge Navarro Suárez, quien preside la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes, anunció que iniciará una investigación inmediata sobre las alegaciones realizadas por empleados de la OCS.
Un embarque de café semitostado procedente de República Dominicana, el cual es importado por el gobierno para satisfacer el déficit del grano que no suple la industria cafetalera local,
estuvo detenido en los puertos de San Juan porque el Departamento de Agricultura (DA) se atrasó en desembolsar el pago de la mercancía por razones que en este momento se desconocen.
La tardanza en producir el pago provocó un desfase en las existencias de inventario de café importado en el almacén del DA, ubicado en el sector Yahuecas de Adjuntas, lo que ha ocasionado que determinados torrefactores hayan enfrentado dificultades para satisfacer la demanda de sus clientes y distribuir adecuadamente sus marcas.
De acuerdo con una fuente vinculada al DA, el desfase en las existencias de inventario de café importado en el almacén de Yahuecas es una situación recurrente que atenta contra los inventarios de los torrefactores.
Cónclave de torrefactores
Por esta razón, los torrefactores han convocado una reunión en el pueblo de Hatillo la semana próxima en la que se proponen discutir el asunto y presentar posibles soluciones. El secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, ha sido invitado a la citada reunión.
El sector de los torrefactores lo integran decenas de pequeñas empresas que tienen sus propias marcas de café, incluyendo la empresa PR Coffee Roasters, que es el mayor consumidor de café importado pues posee cerca de 10 marcas de café que representan alrededor del 50% del mercado local.
La fuente explicó que el pago atrasado finalmente se efectuó en los pasados días, lo que permitió que la empresa intermediaria en el proceso de importación del grano liberara el embarque y en la mañana del pasado jueves finalmente, la agencia federal de Aduanas y Protección Fronteriza autorizó su entrada al país.
La fuente sostuvo que, probablemente, el programa de café de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), que es la dependencia del DA a cargo de las compras del café importado, enfrentó dificultades financieras para producir el pago, el cual, superó los $1.6 millones.
Según indicó la fuente, el pago realizado por la ADEA reflejó el incremento sustancial que ha registrado del café en el mercado internacional, el cual representó un alza de aproximadamente $425,000, en relación con las compras que tradicionalmente efectúa la dependencia del DA.
El embarque está integrado por 5,000 sacos de cien libras de café semitostado que están contenidos en 10 furgones.
ADEA absorbe aumento
La fuente sostuvo que el alza en el costo del café importado pagado por la ADEA representará un aumento de 85 centavos por libra. No obstante, la Fortaleza ha ordenado que la ADEA absorba el alza y no la traslade al precio en que se vende el café importado a los torrefactores.
No está claro si el atraso de ADEA en pagar a la empresa importadora responde a que los fondos acumulados por la venta de café importado al finalizar el 2024, han sido insuficientes. La realidad es que desde que comenzó el presente año el grano en el mercado internacional ha registrado un alza de precio.
Además, si el aumento de precio del café importado requiere usar más dinero para garantizar futuras compras, los cultivos de café local se podrían perjudicar porque los incentivos para los caficultores que provee ADEA surgen de los fondos generados por la venta de café importado.
Alegadamente, un factor que ha afectado las compras de café importado que realiza ADEA es que la Junta de Supervisión Fiscal impuso que las subastas para la compras del grano no podrán exceder los $10 millones anuales.
JSF impone limitaciones
La fuente indicó que la limitación establecida por la JSF obliga a la ADEA a realizar compras pequeñas que le impiden al programa de café tener abastos suficientes en Yahuecas, lo que tiene el efecto de desarticular los inventarios de los torrefactores.
De hecho, la fuente reveló que la más reciente subasta realizada por ADEA para traer café importado hasta mediados de año fue declarada desierta. Alegadamente, las subastas para importar cantidades pequeñas del grano no son atractivas para las empresas que se dedican a ese negocio.
Según reveló la fuente, otro factor que en el futuro podría aumentar el costo de las compras de café importado es la tarifa de 10 % establecida por el presidente Donal Trump a través de una orden administrativa.
La fuente explicó que las compras realizadas por ADEA en la República Dominicana no fueron cobijadas la tarifa de 10 % porque el presidente ordenó una exención de 90 días en la imposición de la tarifa.
Pero existe la posibilidad, según argumentó la fuente, que cumplido el plazo de 90 días, las compras de café que efectúa ADEA en la República Dominicana o en México sean cobijadas por la nueva tarifa, lo que requerirá un aumento en el presupuesto para la compra de café importado.
Mal necesario
Las compras de café importado por ADEA están favorecidas por una exención concedida por el Congreso que data desde principios del siglo pasado y permite al gobierno local importar café sin pagar un arancel federal. ADEA importa el grano y lo revende a los torrefactores, una operación que genera un beneficio económico de hasta $20 millones anuales.
La importación de café se ve como un mal necesario debido a que la producción local no alcanza para satisfacer el consumo desde 1998. En la actualidad la importación de café es necesaria porque la producción local solo alcanza cerca de 40,000 quintales anuales, mientras que el consumo anual en el país se aproxima a los 280,000 quintales.
Las importaciones del grano de parte de ADEA ascienden a cerca de 240,000 quintales anuales.
Otro factor que, alegadamente, podría perjudicar la industria local de café es que el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, prohibió a la división de Inspección de Mercado del DA realizar inspecciones en los cargamentos de café importado que arriban al país. La fuente señaló que dicha prohibición podría facilitar que los cultivos locales de café sean contagiados por aquellas plagas y enfermedades que porte el grano de café importado.
En momentos cuando el gobierno invierte entre 15 y 17 centavos para subsidiar la leche que producen los ganaderos del país, la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) no ha realizado desde 2016 el Estudio Económico Exhaustivo (EEE) de la industria lechera, una responsabilidad legal que se debe efectuar cada cuatro años para, precisamente, ajustar el precio de la leche si ocurren aumentos en los costos de producción.
Nunca han sido reveladas las razones por las cuales la ORIL ha incumplido su obligación de efectuar el EEE durante 9 años.
De hecho, el incumplimiento de la ORIL ha impedido que se aumente el pago por cada litro de leche cruda que produce el sector ganadero, mientras los costos de producción continúan en aumento y más de 45 vaquerías han cerrado o se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras en San Juan.
El secretario, Josué Rivera Castro; la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Yashira Lebrón Rodríguez, y el ganadero Carlos Benítez.
Actualmente el ganadero recibe cerca de 91 centavos por cada litro de leche cruda destinado al mercado de leche fresca y 73 centavos para la leche que es orientada al mercado de leche UHT y otros usos. No obstante, voces del sector ganadero estiman que, debido a los costos de producción, el pago por el litro de leche cruda debería exceder el $1.
Dos semanas atrás se celebró una reunión en el Departamento de Agricultura relacionada con el EEE, en la que participó el secretario, Josué Rivera Castro; la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Yashira Lebrón Rodríguez, y los ganaderos Carlos Benítez y Jesús Díaz González.
SN intentó recoger una reacción del secretario Rivera Castro y de la representante Lebrón Rodríguez, sobre la citada reunión pero ambos funcionarios no estuvieron disponibles.
Benítez sostuvo que en la reunión el secretario Rivera Castro anticipó que aún faltarían tres meses para culminar el EEE debido a la alegada falta de información del sector detallista.
Poco optimistas los ganaderos
En la reunión la vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Yashira Lebrón Rodríguez, se comprometió a indagar a fondo las razones para que la ORIL no haya cumplido su responsabilidad de realizar el EEE cada cuatro años, según reveló Benítez.
«No estamos optimistas con lo que ha dicho el secretario porque de aquí a tres meses más ganaderos se irán a la quiebra», dijo Benítez, quien precisó que la presencia del subsidio es evidencia de que el precio asignado a la leche cruda es insuficiente para cubrir los gastos de producción de las ganaderías.
El subsidio de entre 15 y 17 centavos va dirigido a financiar los costos de la leche que se dedica al llamado segundo nivel, que satisface el mercado de leche UHT. El subsidio es el resultado de la orden administrativa 2024-20 del Departamento de Agricultura, emitida por el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
En la reunión también se discutió las medidas que tomará el Departamento de Agricultura tras la determinación del Tribunal de Apelaciones que encontró que la ORIL actuó de manera ilegal contra determinados ganaderos al imponer sanciones económicas y ordenar el decomiso de leche porque, alegadamente, no cumplía con los nuevos parámetros de calidad impuestos por la entidad reguladora.
Cuestionan presencia de Jorge Campos en ORIL
Benítez anticipó que un grupo de ganaderos afectados por las acciones de la ORIL radicarán una demanda para obtener una compensación por los daños y perjuicios causados por la negligencia de la entidad reguladora.
Otro aspecto que es motivo de preocupación en el sector ganadero es que el actual administrador interino de la ORIL, el agrónomo Jorge Campos, ocupó esa posición en el cuatrienio de 2016, un periodo en el que la entidad reguladora no cumplió su responsabilidad de efectuar el EEE.
Antes de ocupar la posición de administrador de la ORIL en 2016, Campos era un empleado de control de calidad de la planta procesadora Tres Monjitas.
La presencia de Campos nuevamente en la ORIL no ofrece certezas al sector ganadero sobre el compromiso del funcionario para que, finalmente, se termine el EEE, según comentó Benítez.
«Creemos que va a hacer lo mismo otra vez», indicó el ganadero Benítez, en obvia referencia a que Campos incumplirá su obligación de terminar el EEE.
El pasado cuatrienio el ex secretario González Beiró prometió que el EEE estaría listo para diciembre de 2023, una promesa que no se cumplió. González Beiró hizo la promesa en septiembre de 2023 ante la Comisión de Agricultura del Senado, que examinó la Resolución Conjunta del Senado 333, que ordenaba a la ORIL cumplir con su responsabilidad de efectuar un EEE.
El EEE es un requisito de la ley 34 de 1957, conocida como Ley para Reglamentar la Industria Lechera. El estatuto dispone que el administrador de la ORIL debe «realizar estudios económicos exhaustivos por lo menos cada cuatro años, a los fines de revisar y mantener el precio de la leche fresca dentro de un margen razonable y equitativo para los diferentes sectores dentro de la industria”.
Como resultado de la demanda federal contra la ORIL que radicaron las plantas procesadoras, en 2016 se realizó el último estudio económico sobre la industria lechera y sus resultados fueron implementados en 2017 con un aumento en el precio de la leche en todos los niveles.
Alegan interferencia de intereses privados
No obstante, a partir del 2017 no se ha cumplido con el requisito de realizar el EEE cada cuatro años y presentarlo en vistas públicas, que es un requisito fundamental para validar sus resultados y establecer cambios en el margen de ganancia de los integrantes de la industria lechera si fuera necesario.
«Los ganaderos viven y operan un negocio donde no pueden crecer, no pueden pagar sus gastos y no pueden quejarse porque hay represalias y todo orquestado por el propio gobierno que lo permite. La última revisión de precios basada en un estudio científico avalado por el tribunal federal y las leyes locales ocurrió en el 2016 y fue efectiva en el 2017. No hay razón alguna ni lógica que lo sostenga el que al día de hoy no se hubiera revisado en dos ocasiones este estudio. Una de las piedras que manipulan estos intereses privados está nuevamente administrando la oficina de reglamentación en el Departamento de Agricultura lo que es señal de que nada ha cambiado», argumentó el exsecretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, en clara referencia a la presencia de Campos en la ORIL.
Flores Ortea indicó que la industria lechera es rehén de la ORIL, la cual describió como «una entidad reglamentadora con poderes mayores que los tribunales, y de elementos de la empresa privada que se dedican a la elaboración de leche y que controlan la política pública dominando a legisladores, funcionarios y gobernantes como mejor les plazca para siempre proteger sus propios intereses».
«Es un secreto a voces que mantener personas que le responden a estos intereses en los puestos claves logra que se altere el justo manejo de leyes y reglamentos en detrimento del desarrollo de la industria», indicó.
Por su parte, ex presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores, Luis “Tata” Cordero, comentó que la existencia del subsidio gubernamental dedicado al mercado de leche UHT es el reconocimiento de parte del gobierno de que ha incumplido su obligación de realizar el EEE para revisar el precio de la leche si fuera necesario.
«Eso es el «mea culpa» de que yo no te he revisado el precio. Déjame darte algo para que te calles la boca», expresó Cordero, quien agregó que muchos ganaderos no ofrecieron su información a tiempo, lo que pudo retrasar la elaboración del EEE.
¿Por qué tuvimos que ponernos tan?
De hecho, Cordero indicó que el alza en los costos de operación han imposibilitado la operación de numerosas ganaderías.
«No hay que graduarse de Harvard para saber que los costos de operación de las ganaderías se han disparado. Le ha pasado a las vaquerías y a toda la gente en sus gastos personales. Todo lo que usamos en las vaquerías ha aumentado, los antibióticos, el jabón, el cloro, el ácido, los desinfectantes, es una cosa exorbitante. El negocio se ha puesto muy difícil de operar. Lo que hay son pérdidas», dijo Cordero.
El ex presidente del Sector de Leche de la Asociación de Agricultores reconoció que los nuevos parámetros de calidad de la leche impuestos por la ORIL, a través de reglamento 5, afectó a numerosas ganaderías debido a que el incumplimiento con las nuevas normas de calidad provocó el decomiso de miles de litros de leche.
«Unos parámetros que para leche UHT no tenían ningún problema. Una leche que no pasara de 500,000 (células somáticas). Mira 500,000 para leche UHT o para la leche fresca….en Estados Unidos es 750,000 para leche fresca y para todo. Por qué tuvimos que ponernos tan…, bueno, buscando una diferencia entre Puerto Rico y Estados Unidos..pero eso fue mortal para mucha gente», expresó Cordero
Entre los nuevos parámetros que contienen el reglamento 5 de la ORIL, que es más exigente que los requerimientos para leche grado A que impone el gobierno federal, figura el parámetro de células somáticas, que exige contajes por debajo de 550,000 células por mililitro.
El rango aceptado para leche grado A por el gobierno federal es de hasta 750,000 células por mililitro.
La presencia de células somáticas está relacionada con infecciones en la ubre de las vacas y los técnicos de la ORIL ordenan el decomiso de aquella leche que no cumple con el contaje por debajo de 550,000 células por mililitro.
El Senado aprobó una medida que establece como política pública que no serán vinculantes las recomendaciones que emitan las agencias con capacidad de peritaje durante el proceso de aprobación de permisos, lo que implica que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) no estará obligada a considerar la opinión de las agencias.
Esta nueva disposición que introduce el Proyecto del Senado 81, radicado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, representa un cambio radical en el proceso de aprobar permisos en Puerto Rico, pues la OGPE podría ignorar las recomendaciones de agencias como, por ejemplo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Departamento de Salud , el Cuerpo de Bomberos o el Instituto de Cultura.
El Proyecto del Senado 81, es una pieza importante en la reforma de permisos que promueve la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón. La medida, que pasa ahora la consideración de la Cámara de Representantes, pretende centralizar en la OGPE todo el proceso de concesión o denegación de los permisos que emite el gobierno,
Logra este objetivo a través de introducir enmiendas a la Ley 161 de 2009, que es el estatuto matriz de OGPE y que es conocida como la “Ley para la Reforma del Proceso de Permisos”, y la Ley 23 de 1972, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.
De hecho, el texto de la medida sostiene que si una agencia no emite su opinión en un término de tiempo predeterminado se entenderá que no tiene objeciones al proyecto propuesto, pero si la agencia cumple con el término establecido y comunica su opinión, la misma no será vinculante.
Esto implica que la OGPE no está obligada a considerar las recomendaciones de las agencias y podría descartarlas.
El texto de la medida indica: «si un municipio, agencia o entidad gubernamental no emitiera sus recomendaciones dentro de los términos aquí establecidos, se entenderá que no tiene recomendaciones ni objeciones al proyecto propuesto. Estas recomendaciones no serán vinculantes, y la determinación de conceder o denegar un permiso será de conformidad con la totalidad del expediente administrativo».
Términos cortos para emitir recomendaciones
Incluso, la medida propone cercenar totalmente la capacidad del DRNA de emitir permisos y convierte a la agencia con absoluto dominio de los asuntos ambientales en un mero asesor a la OGPE en la aprobación de permisos.
En la actualidad el DRNA emite permisos para la extracción de arena, grava y piedra, el corte y poda de árboles, la extracción y uso del agua, y la utilización de bienes de dominio público en la zona marítimo terrestre.
También se emiten permisos relacionados con actividades que involucren asbesto, con la vida silvestre y pesquerías, así como para la construcción de pozos para investigación y remediación ambiental y para construir sistemas de relleno sanitario y otras instalaciones de desperdicios sólidos no peligrosos.
Según dispone la medida, las agencias o los municipios emitirán sus recomendaciones dentro de los términos establecidos y si no cumplen con esos términos, se entenderá que la agencia no tiene objeciones o recomendaciones.
Para proyectos ministeriales, las recomendaciones se emitirán en 15 días naturales; 30 días naturales para proyectos discrecionales y para proyectos propuestos en áreas ecológicamente sensitivas, las recomendaciones se deberán emitir en 45 días naturales. La medida permite para este tipo de proyectos una prórroga de 15 días adicionales.
Otro aspecto controvertible es aquel que decreta la supremacía de las disposiciones de la medida sobre toda ley o reglamento vigente. El texto señala que «ninguna otra ley, norma o procedimiento vigente podrá menoscabar, limitar o interferir con la política pública establecida en esta ley».
Permisos atentan contra desarollo económico
El senador por el Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González Costa, denunció que el aspecto más adverso de la medida es que anula el peso que siempre han tenido las recomendaciones de las agencias.
«Da igual. La enmienda que pretende el PS 81 es pasar por alto los comentarios de las agencias, porque si no emites comentarios damos el permiso y si los emites (la recomendación) no importa porque no son vinculantes para OGPE», sostuvo González Costa durante el breve debate que tuvo lugar en el hemiciclo del Senado el pasado jueves, antes de que ese cuerpo avalara el PS 81.
El senador también denunció que la aprobación de permisos de manera precipitada y sin los fundamentos técnicos autorizados por las agencias, podría desencadenar una oleada de impugnaciones en los tribunales en contra de proyectos aprobados bajo las disposiciones que ampara el PS 81.
«Han convertido el permiso en un fin en sí mismo que atenta contra el medio ambiente, contra el patrimonio y contra el desarrollo económico también. Esta no es una legislación coherente con el derecho, con el ambiente ni con el desarrollo económico. Ninguna aseguradora quiere asumir el riesgo de algo que pueda anular después un tribunal. Ningún banco va a prestar dinero para una obra que luego pueda ser anulada por un tribunal o por una agencia federal. Y no es un asunto hipotético. Ya eso pasó en Vieques con un parque de pelota que el gobierno comenzó a construir y que tuvieron que parar la obra porque la iluminación podía afectar la bahía bioluminiscente. Y allí están las ruinas y se perdió ese dinero. Eso es lo que podría pasar si esta medida se convierte en ley», sostuvo el senador.
Sin personal el DRNA
González Costa argumentó que la falta de suficiente personal profesional especializado en áreas técnicas ya dificulta la tarea de aprobar permisos en el DRNA y en el Instituto de Cultura.
Advirtió que la presente administración ha tomado medidas para, alegadamente, «desaparecer» el DRNA, pues varias semanas atrás se aprobó el Proyecto de Senado 79, que le quita a la agencia la facultad de aprobar permisos para la extracción de arena y delega esa responsabilidad en OGPE.
«Aquí están desapareciendo el DRNA,lo advertimos el día del nombramiento de Waldemar Quiles, pero hay legislación que acompaña esa intención perversa del gobierno de Puerto Rico en los primeros 100 días en contra del medio ambiente, porque al final es eso», sostuvo el senador en referencia a la aprobación de los Proyectos del Senado 79 y 81.
Arquitectos preocupados
De hecho, según el informe positivo de la medida, elaborado el pasado 7 de abril, la directora de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, licenciada Brendaliz González Méndez, recomendó favorablemente la aprobación del PS 81.
El Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, representado por el arquitecto Bienvenido Pichardo, fue la única entidad, según el informe positivo de la medida, que expresó preocupación sobre que las recomendaciones de las agencias no sean vinculantes.
La medida fue respaldada por Agustín Rojo, quien preside la Asociación de Constructores. Rojo señaló la ineficiencia del actual sistema de aprobación de permisos, al sostener que la participación de diversos organismos que emiten o deniegan permisos resulta en «un proceso fragmentado que no abona a la eficiencia y la centralización».
El Colegio de Ingenieros y Agrimensores, también avaló el PS 81. El ingeniero Manuel Bermúdez Pagán,quien representó a la entidad, propuso eliminar la extensión de 15 días para recibir recomendaciones de las agencias sobre proyectos ubicados en áreas ecológicamente sensibles. Bermúdez Pagán sostuvo que las «agencias deben contar con la información necesaria desde el inicio».
La Oficina Estatal de Conservación Histórica condicionó su apoyo a que la medida cumpla con las leyes ambientales y federales aplicables.
Valor ecológico requiere estudios complejos
El senador Eliezer Molina sostuvo que determinadas evaluaciones de permisos son sumamente técnicas que toman tiempo en completarse, las cuales exceden los términos establecidos en la medida.
También planteó que la medida pretende imponer que OGPE evalúe un proyecto que podría impactar recursos naturales de alto valor ecológico con los mismos criterios que emplea para considerar el permiso de una tienda en un centro comercial.
Sostuvo que la evaluación de proyectos en zonas de alto valor ecológico requiere de estudios técnicos complejos que toman mucho tiempo, por ejemplo, una declaración de impacto ambiental y los estudios de suelo.
Molina coincidió con el González Costa, en la posibilidad de que los tribunales detengan proyectos o anulen permisos que fueron aprobados por OGEP sin considerar las opiniones técnicas de DRNA. El senador denunció que el PS 81 es parte una iniciativa para desmantelar el DRNA.
«Las estadísticas es una ciencia según la cual todas las mentiras se vuelvengráficas«, Albert Einstein
Mientras observaba al presidente Trump anunciar los aranceles recíprocos y la justificación para los mismos, pude percatarme que los números no eran confiables.
Estoy familiarizado con esta información de la Organización Mundial de Comercio (OMC) (en inglés World Trade Organization, WTO) y de ahí la duda. Rápidamente me dije que estos números serían enjuiciados por los expertos y economistas de las universidades del mundo, en especial, los Estados Unidos.
No falle, así fue.
En primer lugar, economistas especializados en el área de comercio internacional, levantaron su voz sobre el fallido estimado del llamado Aranceles impuestos a los Estados Unidos: manipulación de la divisa y barreras comerciales (en inglés, Tariffs Charged to USA: currency manipulation and trade barriers).
La tercera columna (última a la derecha) equivale a los aranceles recíprocos que para Trump es la respuesta de E.U. al alegado abuso de estos países hacia los E.U. por el cargo arancelario.
De hecho, el análisis del comercio internacional por medio de las estadísticas de la OMC nos dice que todos los países, incluyendo los Estados Unidos, colocan aranceles por productos o mercancías que es fijo para todos los países, no hay tal cosa con un arancel discriminado para E.U. solamente.
Esta práctica es reprochada por la OMC y hasta faltaría a los estatutos legales de la organización suscritos por todos los países.
El fallo es que la fórmula que sustenta ambas métricas es ajena a un arancel, ya sea recíproco o no. El arancel es un pago o tributo en el comercio con E.U., y estos no aparecen en las consabidas fórmulas.
La fórmula sólo mide la razón matemática (ratio) entre el valor absoluto del déficit comercial de cada país con los E.U. (denominador), y como base el total de importaciones de E.U. desde estos países. Luego se multiplica por 100.
Veamos el cálculo.
El déficit comercial es el resultado de calcular el valor de las exportaciones menos las importaciones. Por ejemplo, China vendió a E.U. $439 mil millones (2024), pero los E.U. vende a este país tan solo $144 mil millones, esto genera un déficit comercial de $295 mil millones para E.U.
Según la tabla que presenta Trump, el supuesto cargo de arancel que hace China a E.U. es 67%. Este resultado se llega al dividir el déficit comercial de $295 mil millones entre las importaciones de $439 mil millones.
En ningún lugar hay una valorización de los aranceles ni de la manipulación de la divisa, ni coloca en la ecuación cualquiera otra barrera de comercio. Sencillamente, esta ecuación en nada tiene que ver con los aranceles.
Pero peor aún es la ecuación de cómo se llega a los aranceles recíprocos. De manera escueta es la misma ecuación solo que pondera las importaciones (denominador) por la elasticidad de la demanda (entre 2 a 4 puntos), y la elasticidad del precio calculada en 0.25.
El fallo fundamental aquí es que se usa las mismas elasticidades para todos los países, no importa si el país comercia con E.U. en trillones como en millones, tampoco hace diferencia si son bienes agrícolas, materia prima, bienes de capital, bienes intermedios o bienes finales.
Sencillamente aplicar estos valores a todos los países es una barbaridad, y llega a conclusiones erradas. El otro dato confuso es que coloca aranceles a países con muy poco volumen de comercio con E.U.; otros con población menor a un millón de habitantes que tienen poder de compra como para afectar el comercio con E.U., y a otros que sí tienen superávit comercial con E.U.
Es sabido que en la tabla aparecen lugares con 10% de arancel tales como Islas Heard y McDonald, que no vive nadie; la Islas Cocos (Keeling) con 593 habitantes; Isla de Navidad con 1,690; Svalbard y Jan Mayen con 2,530, y Tokelau con 2,583. Esto es solo una lista parcial.
En resumen, resulta insólito que una nación rica y poderosa en el comercio internacional, realice una política generalizada de aranceles basada en un análisis tan mediocre y pobre. Creo que los E.U. tiene el capital humano experto en economía que logre realizar mejores análisis por que así, y solo así, se podrá hacer a E.U. grande de nuevo
En una economía globalizada muchas son las opiniones sobre las consecuencias de los aranceles del presidente Trump. Los detractores de estas medidas resaltan los efectos negativos a corto plazo sobre el comercio internacional y los consumidores.
Los favorecedores apuntan a un crecimiento económico interno a largo plazo. Como académico después del “día de la liberalización”, resuena en mi mente la pregunta que todos nos hacemos y deseamos respuesta ¿Cuál es la verdadera intención del presidente Donald Trump con los aranceles?
Desde mi perspectiva, el alza en el arancel a las importaciones por parte del gobierno de Trump no se está aplicando con el objetivo de resolver el creciente déficit comercial estadounidense como se podría argumentar. Son parte de una estrategia política que busca cumplir con una serie de promesas de campaña realizadas a los ciudadanos.
En cuanto a los aranceles y en medio de la incertidumbre reinante en los mercados globales, la respuesta de los compradores (individuos o empresas) en los mercados podría sorprendernos. Por razones muy válidas, por ejemplo: gustos o capacidad técnica, la respuesta a corto plazo podría ser inelástica.
En el marco político no olvidemos las promesas del precandidato Trump a los votantes estadounidenses. Extender la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, en específico, las exenciones de impuestos sobre la renta individual.
Reducir la tasa contributiva del 21% al 15% para las empresas que fabrican sus productos en EE.UU. Al evaluar los elementos anteriores, pienso que los aranceles proporcionan al presidente un apalancamiento político, ya que el Gobierno puede resultar favorecido con el alza en los aranceles.
Análisis realizados a base de los déficits comerciales más recientes y del valor de los aranceles se estima un recaudo fiscal de $700,000 millones anuales.
Por el efecto fiscal que tienen las reducciones o eliminación de las tasas contributivas a nivel general y por la necesidad de una mayoría política para hacerlas permanentes, el proyecto de Ley de Reconciliación de Impuestos se debería aprobar en el verano del 2025.
Funcionarios del gobierno federal como el Secretario del Tesoro Scott Bessent, han expresado que los ingresos de los aranceles podrían ser usados para compensar nuevos recortes en los impuestos individuales.
En esta línea de pensamiento me parece evidente que las medidas proteccionistas aplicadas hasta el momento no se sostendrán en el futuro. En los próximos meses habrá mucha inestabilidad económica global.
Los resultados que reflejan los mercados de valores, cerraron la semana con unas bajas extraordinarias entre el 4 y 6%, presionaran si continúan a una modificación o el logro de acuerdos comerciales entre los países.
China anunció que como respuesta a la decisión tomada en Estados Unidos, a partir del 10 de abril aplicará un arancel recíproco del 34% a todas las importaciones.
Aunque Trump promete continuar con sus políticas comerciales, su estrategia política de recobrar la grandeza de la economía de Estados Unidos, se puede modificar si siguen creciendo las expectativas de una recesión a nivel mundial.
En los próximos días se tendrá un estimado del PIB trimestral y su valor generará una amplia discusión.
Un comité de la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) suspendió la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) de Puerto Rico en una votación realizada el pasado 23 de marzo, durante la llamada Reunión Nacional de Primavera de esa entidad, que fue celebrada en la ciudad de Indianápolis, que es la capital del estado de Indiana.
Con esta suspensión sería la segunda ocasión en que la OCS pierde su acreditación en cinco años. La primera suspensión de la acreditación por parte de la NAIC ocurrió en julio de 2020.
La información surge de una carta enviada por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, de acuerdo con una fuente de SN que tuvo acceso al documento.
La misiva, que fue enviada el 25 de marzo, destaca que la OCS está en espera de la notificación oficial de parte de la NAIC sobre la suspensión de la acreditación para iniciar un proceso de apelación formal.
La fuente sostuvo que la carta de Adams Vega revela que la decisión, la cual fue notificada de manera verbal a la OCS, está fundamentada en un informe confidencial elaborado por la división legal de la NAIC.
OCS incumple 22 requisitos de la NAIC
Este informe concluyó, alegadamente, que la aprobación de la ley 49 de 2024 provocó que la OCS incumpliera con 22 requisitos de acreditación de la parte del Manual de Acreditación Financiera de esa entidad, los cuales son aplicables a los aseguradores internacionales instalados en el Centro Internacional de Seguros (CIS).
En la carta, según indicó la fuente, Adams Vega sostiene que la aprobación de la ley 49 «generó cambios regulatorios que aún están vigentes y que no cumplen con los criterios exigidos por la NAIC, lo que ha resultado en la suspensión de la acreditación de Puerto Rico».
No obstante, Hugo Córdova, quien es el presidente de la Asociación de Seguros Internacionales de Puerto Rico (PRIIA), ha rechazado que la ley 49 haya colocado en peligro la acreditación de la NAIC, según surge de un comunicado de prensa emitido ayer por la organización.
El Comisionado también le advirtió al secretario de la gobernación, Francisco Domenech, que la suspensión de la acreditación provocó la eliminación de la reciprocidad, un principio que permite que todos los estados miembros de la NAIC estén regidos por las mismas regulaciones.
Según explicó la fuente, Adams Vega le dijo a Domenech que la eliminación de la reciprocidad tendrá repercusiones económicas significativas porque las aseguradoras locales, incluyendo las aseguradoras instaladas en el CIS, y los 11,000 agentes y productores de seguros, no podrán, alegadamente, «operar en otras jurisdicciones de los Estados Unidos ya que se elimina la reciprocidad de sus licencias que era provista por la acreditación».
Adams Vega se lamentó en la carta que Puerto Rico será la única jurisdicción de Estados Unidos, incluyendo otros territorios no incorporados como las Islas Vírgenes, que no cuenta con la acreditación de la NAIC. Sostuvo que la determinación de la NAIC «deteriora la percepción» de Puerto Rico como centro financiero y de seguros confiable, «lo que podría impactar negativamente la inversión y la competitividad del mercado asegurador local».
Adams Vega culpa a Pierluisi
Otro aspecto de la comunicación oficial al secretario de la gobernación, de acuerdo con la fuente que tuvo acceso al documento, es que Adams Vega le recuerda al funcionario que antes de la aprobación de la ley 49, que fue firmada por el exgobernador Pedro Pierluisi el 21 de febrero de 2024, la OCS realizó un intenso cabildeo tanto en la Fortaleza como en la legislatura para que no fuera aprobado el Proyecto del Senado 1352, radicado por el ex senador Juan Zaragoza Gómez.
Esta medida, avalada en enero de 2024 por la Cámara de Representantes y el Senado, luego se convirtió en la ley 49. El nuevo estatuto introdujo una enmienda al Código de Seguros, específicamente en las disposiciones relativas al CIS, para establecer que un asegurador internacional no podrá solicitar reciprocidad en otros estados por estar domiciliado en Puerto Rico.
Además, aclara que los aseguradores internacionales podrán suscribir o reasegurar riesgos localizados en los estados de Estados Unidos, siempre que cumplan con las leyes de esas jurisdicciones. No obstante, ya estas disposiciones existen en la reglamentación del CIS.
Un elemento novedoso de la medida es que obliga al Comisionado de Seguros a mantener, proteger y promover el desarrollo del CIS y además establece que el funcionario deberá rendir un informe anual ante la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año, sobre los esfuerzos realizados por la OCS para cumplir con el requerimiento de proteger el CIS.
De hecho, en la carta de Adams Vega a Domenech existe una implicación directa que responsabiliza al ex gobernador Pedro Pierluisi y numerosos legisladores que integraron la legislatura del pasado cuatrienio- muchos de los cuales son parte de la presente legislatura- por la suspensión de la acreditación de la NAIC.
«A pesar de estas advertencias la ley fue aprobada, lo que ahora ha ocasionado la suspensión de la acreditación», según indicó la fuente que señala el texto de la misiva oficial.
Suspensión ocurre en medio de coyuntura crítica
La suspensión de la acreditación de la OCS por la NAIC acontece en momentos cuando la gobernadora Jenniffer González Colón aún no ha designado a una persona para ocupar la posición de Comisionado de Seguros, lo que ha causado que Adams Vega continúe en el cargo.
La ausencia de una designación para la OCS ocurre en medio de un notable cabildeo por parte del sector de los proveedores de servicios de salud, que incluye médicos, hospitales y laboratorios, para lograr que Adams Vega continúe como Comisionado de Seguros.
Esto a pesar de la cerrada oposición que existe en contra del funcionario, especialmente al interior de la Asociación de Compañías de Seguros.
Incluso, la fuentes aseguran que el propio Adams Vega ha realizados gestiones a su favor entre determinados senadores, a pesar de las escandalosas actuaciones que el pasado cuatrienio le imputó un informe senatorial, que lo vinculó con acciones fraudulentas con el objetivo de recuperar la acreditación de la OCS por parte de la NAIC.
El primer informe parcial de la Resolución del Senado 612, radicada también por el ex senador Zaragoza Gómez, concluyó que Adams Vega cometió fraude al representar falsamente que había prohibido por la vía administrativa, a través de la carta circular 2022-2007, que los aseguradores y reaseguradores internacionales instalados en el CIS hicieran negocios en los Estados Unidos.
Según el informe parcial ese tipo de determinación requería una enmienda a la ley matriz CIS, la Ley 399 de 2004. El informe también concluyó que Adams Vega actuó en contravención a la política pública establecida en el estatuto por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en torno al desarrollo del CIS.
La primera suspensión de la acreditación ocurrió luego de que la NAIC rechazara la aprobación que realizó la OCS en 2018 de una transacción financiera a favor de unas aseguradoras instaladas en el CIS, que pudo colocar en peligro a miles de asegurados en los Estados Unidos.
Tras la emisión de la carta circular 2022-2007, la NAIC informó la aprobación de reacreditación de la OCS el 12 de diciembre de 2022.
Apariciones mediáticas que ocultan la realidad
En días recientes Adams Vega ha realizado apariciones en la prensa para denostar la aprobación de la Ley 49 de 2024 y para decir que la acreditación «se encuentra en una situación de incumplimiento», pero se ha negado a revelar públicamente que la acreditación de la NAIC ha sufrido una segunda suspensión que es la información que oficialmente le ha comunicado al secretario de la gobernación.
Según ha planteado el Comisionado de Seguros, «la Ley 49 les permitió hacer negocios en otros estados, pero no lo sujetó al cumplimiento con los requisitos de solvencia que se requiere tener para operar en esos otros estados”.
Adams Vega también anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 428, una medida de la administración de la gobernadora González Colón, que pretende que los aseguradores internacionales cumplan con los requisitos de solvencia financiera exigidos por la NAIC.
Adams Vaga sostuvo que la aprobación de la medida «es crucial para evitar la pérdida de la acreditación por parte de Puerto Rico», una aseveración pública que contradice los señalamientos realizados en la comunicación oficial a Domenech, donde indica claramente que la NAIC ya suspendió la acreditación de la OCS.
PRIIA rechaza expresiones del Comisionado
Los señalamientos de Adams Vega en la prensa han sido rechazados por Hugo Córdova, quien es el presidente de la Asociación de Seguros Internacionales de Puerto Rico (PRIIA).
Ayer PRIIA emitió un comunicado de prensa en el que rechazó que la ley 49 haya colocado en peligro la acreditación de la NAIC.
«La aprobación de la ley 49 de 2024, que enmendó la ley 399 de 2004- ley habilitadora del CIS- fue necesaria precisamente debido a las acciones tomadas en violación de la ley por el Comisionado Adams, quien había prohibido que los aseguradores internacionales operando bajo el CIS pudiesen llevar a cabo negocios de seguros en los Estados Unidos», sostuvo el comunicado de PRIIA.
También alegó que la ley 49 no cambió el marco reglamentario del CIS.
«Lo único que hizo la 49 de 2004 fue, en respuesta a las acciones ilegales del Comisionado Adams, reafirmar que los aseguradores internacionales– quienes están sujetos a un esquema de reglamentación distinto a aquél bajo el cual operan los otros aseguradores del país– pueden operar tanto en los mercados de seguros de Estados Unidos como en mercados internacionales, siempre que lo hagan en cumplimiento de las leyes de cada estado o país», señaló el comunicado.
Finalmente el comunicado sostiene que PRIIA no tiene ninguna duda en que la ley del CIS es en todo compatible con la acreditación de la OCS por la NAIC y repudia enérgicamente las expresiones desacertadas al respecto del Comisionado de Seguros Adams.
«Si la acreditación de la OCS se ha perdido o está en riesgo de perderse, como ha indicado públicamente el Comisionado Adams, ha sido precisamente por las erráticas actuaciones de este último en el desempeño de su cargo y en el manejo de las relaciones con la NAIC», indicó PRIIA.
¿Ha comenzado una nueva Era de Iluminación en los Estados Unidos? ¿Son los aranceles el instrumento idóneo para promover la prosperidad “perdida” de los Estados Unidos y sus socios comerciales?
De entrada hay que reconocer que el historial de los aranceles en el mundo ha sido cuestionada como instrumento idóneo para garantizar la prosperidad nacional y de los socios comerciales. El Presidente de los E.U., el cual adujo en su campaña política que la palabra más hermosa del diccionario era arancel y mediante este mecanismo prometió un nuevo futuro a esta nación.
Desde su comienzo en Casa Blanca, Trump argumenta que la ‘’grandeza perdida’’ se recuperaría, entre otras cosas, con la implantación de una política arancelaria a todos los países principales que son socios comerciales—México, Canadá y la República Popular de China , pero añade a Europa y a otros. Según el presidente, todos ellos han abusado de la generosidad norteamericana.
Sin embargo, las fallas fundamentales en el discurso económico del Presidente Trump, el cual no ha sido recibido con beneplácito por la mayoría de los economistas, entre ellos por 23 Premios Nobel de Economía, el reputado economista Dr. Arthur Laffer, exasesor de Ronald Reagan y galardonado por el mismo Trump, y más reciente por Mark Zandi de Moody’s.
La primera falla radica en que los aranceles son sólo instrumentos para parcialmente ajustar las políticas de comercio internacional en un grupo selecto de productos que compiten con aquellos producidos nacionalmente.
El agravante de ellos es históricamente surge una retaliación o contraofensiva de los países implicados, generándose una espiral de aumentos en precios y costos creándose una Guerra Comercial donde ninguna de las partes resulta ganadora.
En segundo lugar, el arancel, en este caso, es pagado por los bolsillos de los norteamericanos, aunque podría tener efectos perversos en la demanda por los bienes de los países socios comerciales.
Un análisis de la firma Tax Foundation nos lleva a concluir que cada familia podría estar pagando entre $1,500 a $2,200 por adquirir los bienes con aranceles.
En tercer lugar, los aranceles también caen sobre el costo de la materia prima tales como aluminio, acero y otras. Es conocido que las exportaciones de los EE.UU tiene contenido de importaciones (materia prima y bienes semi-elaborados) los cuales serán encarecidos.
Por ejemplo, una guagua F 150, podría aumentar su precio, sólo por el costo de la materia prima, en unos $400 por unidad.
En cuarto lugar, el Presidente Trump apuesta a que las empresas ubicadas en el extranjeros tanto de EE.UU como de otros país, trasladaran sus operaciones a suelo norteamericano.
Representantes de la industria automotriz de EE.UU con plantas en México y Canadá, creen que además de romper la lógica de la cadena de valor creada desde los 1970, desmontar una planta y crear otra en otro lugar, toma tiempo y encarece la inversión.
En quinto lugar, trasladar una planta de una economía nacional a los EE.UU., genera un esquema de juego suma cero (zero-sum game). Esto es, mientras E.U. ganaría empleo, ingreso y producción es porque en otros lugares se pierde.
Mientras que EE.UU gana riqueza es porque otra economía que es socio comercial, pierde la misma. Si es así, una economía con menor riqueza y menor poder de compra, habrá de comprar menos la producción de EE.UU.
En resumen, los aranceles carecen, dentro de su dimensión comercial y económica, de los elementos para promover la prosperidad económica; por el contrario, han probado ser en su marco histórico, fallidos para aumentar la prosperidad nacional y la internacional.
Recordemos que en esta era global -no por diseño sino por mecanismos del mismo sistema capitalista internacional- la prosperidad de una nación depende de que otros países socios de los bienes y servicios producidos por EE.UU tengan igual de prosperidad.
Como ocurre todos los años, ha llegado el momento en que los patronos tienen la oportunidad de explorar las alternativas y los mejores beneficios que están disponibles en el mercado para el Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal (SINOT), que es un requisito de ley para todos los trabajadores del sector privado.
El seguro SINOT garantiza determinados beneficios a los trabajadores asegurados que han sufrido una interrupción en el pago de sus salarios como resultado de una incapacidad ocasionada por una enfermedad o lesión accidental que no está relacionada con el empleo ni con un accidente de automóvil, según explicó Manuel Martin Rivera, quien es el vicepresidente auxiliar de desarrollo empresarial-salud para la aseguradora MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO, conocida como MAPFRE LIFE.
El seguro SINOT es el resultado de la ley 139 de 1968 conocida como Ley de Beneficios por Incapacidad No Ocupacional Temporal.
Martin Rivera sostuvo que el seguro SINOT opera como un complemento para la cubierta de protección por accidentes en el trabajo que ofrece la Corporación del Fondo de Seguro de Estado, creada por la ley 45 de 1935, y para la cubierta de protección por accidentes de tránsito que provee la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles, establecida por la ley 138 de 1968.
La ley matriz de SINOT exige una cubierta básica la cual es ofrecida por el Departamento del Trabajo y a su vez por el mercado privado de seguros. Además, la ley permite que las aseguradoras privadas puedan mejorar los beneficios de la cubierta básica.
Otro aspecto del seguro SINOT es que el pago de la prima lo puede realizar el patrono en su totalidad o puede alcanzar un acuerdo que viabilice la participación de los trabajadores en el pago de la prima.
«Pero el empleado no pagará más de 50% de la prima», indicó Dinorah Viruet Maestre, quien es Gerente del área técnica de seguros de vida de MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO.
Para un trabajador que sufrió un accidente fuera de sus horas laborales, el cual le ha causado una incapacidad temporal que le impide cumplir con su trabajo, la cubierta básica provee un beneficio semanal que garantiza el pago del 65 % de salario hasta un máximo de $113 semanales. Este beneficio estará vigente mientras dure la incapacidad por un máximo de 26 semanas.
Además, la cubierta básica provee un beneficio por muerte de un trabajador asegurado de $4,000 y un beneficio por desmembramiento de entre $2,000 y $4,000.
Viruet Maestre sostuvo que la cubierta SINOT que ofrece MAPFRE LIFE provee para que el patrono contrate un beneficio semanal de hasta $200 para aquel trabajador que sufrió un accidente fuera de sus horas laborales, el cual le impide cumplir con su trabajo. Con una ventaja de poder incluir un seguro funeral de entre $2,000 a $5,000.
Otra ventaja competitiva de la póliza SINOT de MAPFRE LIFE es que se puede aumentar a 30 semanas el tiempo en que el trabajador incapacitado recibirá el pago semanal, lo que implica un incremento de cuatro semanas en relación con las 26 semanas que dispone la póliza básica.
Viruet Maestre también indicó que la cubierta SINOT que ofrece MAPFRE LIFE el patrono puede contratar un beneficio adicional por muerte accidental de hasta $6,000.
Otro aspecto atractivo de la cubierta SINOT de MAPFRE LIFE es que la prima puede ser más económica que el costo de la cubierta básica, según advirtieron tanto Martin Rivera como Viruet Maestre.
La cubierta básica propone una prima cuyo costo es de 60 centavos por cada $100, el cual se computa según los primeros $9,000 de ingreso que reciba cada trabajador de la empresa.
«Moviéndose un patrono a un plan privado tiene la ventaja de que el costo, dependiendo de la industria de ese patrono, puede ser mucho menor a esa cantidad y tiene la opción entonces de dar mejores beneficios», dijo Viruet Maestre.
«Podemos decir que, en promedio, nuestra tarifa (la de MAPFRE LIFE) está por debajo de la cubierta del gobierno (la cubierta básica) y esto le conviene al patrono y más que estamos hablando de un seguro mandatario», agregó Martin Rivera.
La cubierta SINOT que ofrece MAPFRE LIFE es un producto de MAPFRE LIFE INSURANCE COMPANY OF PUERTO RICO y contamos con más de 20 años en dicho mercado.
Viruet Maestre indicó que otros beneficios que ofrece la cubierta SINOT de MAPFRE LIFE es que la tramitación de las reclamaciones se realiza de manera rápida y eficiente, pues la aseguradora tiene una división especializada en el manejo de esta póliza.
«Nosotros tenemos un equipo de vasta experiencia en el área de SINOT y ofrecemos una atención personalizada. Los patronos y sus empleados pueden someter sus reclamaciones a través de nuestro correo electrónico de reclamaciones, lo que permite una mayor agilidad en la apertura de la reclamación y en la verificación de la misma», dijo Viruet Maestre.
Otro beneficio que garantiza la aseguradora MAPFRE LIFE es que los patronos pueden radicar su informe de nómina tributable y pagar la prima a través de un sistema electrónico que fue establecido recientemente.
«Antes las planillas se enviaban por correo regular y ahora este nuevo proceso simplifica el que se puedan manejar las planillas más rápidamente y más cómodamente para los patronos», reveló la ejecutiva.
El periodo de inscripción del seguro SINOT en MAPFRE LIFE comenzó el 1 enero y se extiende hasta el 25 abril de 2025.
El periodo de vigencia de la póliza comienza el 1 de julio de 2025 y se extiende hasta el 30 de junio de 2026.
Los patronos o empleados que quieran obtener más información sobre el seguro SINOT de MAPFRE LIFE se pueden comunicar al teléfono 787-753-6161 o envíanos un email a suscripcionvida2@mapfrepr.com.
El representante Jorge Navarro Suárez sostuvo que se propone desenmascarar a todos los intermediarios que, alegadamente, se benefician de las primas de los seguros que paga el gobierno para proteger sus propiedades, en un intento de salvar una medida que ha sido objetada por el Comisionado de Seguros, la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese) y el Departamento de Hacienda.
El Proyecto de la Cámara 341, radicado por Navarro Suárez, impone un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores que manejan los seguros del gobierno. La medida busca generar ingresos para beneficiar a la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) y a los municipios del país.
El Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, Acodese y el Departamento de Hacienda han sostenido que gravar la comisión que reciben los corredores con un cargo de 5% causará un alza en la prima de los seguros que cada año adquiere el gobierno, las cuales incluyen, entre otras, cubiertas contra daños catastróficos para propiedades y responsabilidad pública.
Pero Navarro Suárez ha replicado que insistirá en la aprobación de la medida porque está convencido de la viabilidad del cargo del 5 % y anunció que las vistas públicas del PC 341 continuarán.
Intermediarios en la mirilla
Sostuvo que las comisiones que reciben los corredores de seguros benefician a determinados intermediarios «que no hacen nada», los cuales estarían vinculados a la cadena de servicios relacionados con la colocación de la póliza.
«Me he enterado que hay otros componentes en la cadena del seguro, como un broker que se gana un 21 % por hacer nada. Hay una cadena de distribución de porcentajes que está desnivelada por completo. Personas que no hacen nada o hacen una gestión, una llamada telefónica o algo, y se ganan un 21 % de (la prima) del gobierno. Lo que quiero es exponer eso sobre la mesa y resdistribuirlo, porque se le está dando dinero a gente por hacer nada. Se ganan una purruchá de chavos y aquí estamos buscando recursos para que la OCS tenga las tecnologías y los recursos y el personal necesario, porque los salarios que se pagan (en la OCS) no están a tono con la competencia en el mercado. Nadie va a trabajar por dos mil y pico de pesos, cuando en el mercado pagan un montón. Las vistas siguen y vamos a desenmascarar todo esto», dijo el representante.
Navarro Suárez expresó que insistirá en la aprobación de la medida a pesar de que ha sido rechazada por el Comisionado de Seguros, Acodese y el Departamento de Hacienda.
Adams Vega reconsidera
Incluso, el legislador reveló que Adams Vega se dirige a reconsiderar su objeción al cargo de 5 %.
«Yo tuve una reunión con el Comisionado hace una semana atrás y él va a reevaluar su oposición a la medida», sostuvo Navarro Suárez, quien es el nuevo presidente de la Comisión de Banca, Seguros y Comercio de la Cámara de Representantes.
Adams Vega se ha opuesto al citado cargo de 5 % a los corredores del gobierno, pero ha respaldado el objetivo del PC 341 que busca dotar de recursos económicos a la OCS.
No obstante, la medida no atiende la situación real que afecta a la OCS y es que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha avalado recortes significativos al presupuesto de esa entidad reguladora, la cual no recibe asignaciones del Fondo General sino que genera sus propios recursos por medio de cobro de licencias, cuotas anuales y multas.
En su ponencia el Comisionado denunció que la JSF no ha reconocido la autonomía fiscal de la OCS y señaló que en los últimos presupuestos se ha aprobado con un déficit de hasta $2 millones. En 2024 el presupuesto de la OCS ascendió a $12.6 millones.
Adams Vega recomendó varias alternativas para generar ingresos que podrían cumplir el objetivo de la medida sin causar un alza en las primas que adquierte el gobierno. Entre estas figura exigir que los aseguradores que paguen directamente el costo de las auditorías que ordena el Código de Seguros. Actualmente los aseguradores reembolsan esos costos a la OCS.
Aseguradores deben pagar
Adams Vega propuso que los aseguradores paguen también los estudios actuariales para la aprobación de nuevos productos. Otra propuesta es que se revise el cargo de $3 para sufragar el costo de copias de demandas judiciales y por el servicio de emplazamientos.
Otra alternativa propuesta por Adams Vega es que los aseguradores paguen el costo de las campañas educativas que realiza la OCS para que la ciudadanía conozca los derechos y las obligaciones que tienen como consumidores de seguros.
La licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de Acodese, explicó en su ponencia que el cargo de 5 % a la comisión de los corredores del gobierno causará un alza en las primas que paga el gobierno
Pernas sostuvo que los corredores «podrían exigir un aumento en el porcentaje de su comisión, lo que a su vez redundaría en un aumento en las primas de los seguros. No se puede ver la imposición de contribuciones o gravámenes como un evento aislado. La realidad es que estos impuestos redundan en presiones inflacionarias cuya consecuencia es el aumento en las primas de las pólizas de seguros».
Administración inadecuada
La directora ejecutiva de Acodese señaló que aunque es cierto que la OCS carece de un presupuesto adecuado «la imposición de esta contribución es cuestionable, ya que existen otras fuentes de ingreso que deberían estar cubriendo las necesidades de la OCS».
«El verdadero problema no es la falta de fondos, sino su administración inadecuada. En lugar de aprobar este impuesto, el enfoque debe estar en la transparencia y la eficiencia en la asignación de los recursos que ya se generan», indicó la directora ejecutiva de Acodese.
Pernas también se opuso «al intento de utilizar la industria de seguros como fuente de ingresos para los municipios, lo cual carece de fundamento y representa una carga desproporcionada e injustificada sobre este sector».
Grave dilación en el CIS
Por su parte, el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, advirtió sobre el posible efecto alcista que causaría el cargo de 5 % en las primas que paga el gobierno.
«Se debe analizar si la misma pudiera tener el efecto no considerado ni deseado de incrementar el costo de los seguros con el fin de compensar por la referida aportación. De igual forma, recomendamos que se evalúe el impacto de esta pieza legislativa sobre los contratos ya pactados», dijo Pantoja Rodríguez.
La Asociación de Aseguradores Internacionales de Puerto Rico (PRIIA), que operan en el Centro Internacional de Seguros (CIS), respaldó el objetivo de PC 341 de aumentar el presupuesto de la OCS, pero se abstuvo de opinar sobre el cargo de 5 %.
«Nos parece que el asunto de la retención de un 5% contemplado en el PC 341 es uno que a quienes corresponde abordar en el proceso legislativo es a aquellos componentes de la industria de seguros en Puerto Rico que se relacionan con el área de los Seguros Públicos», indicó Hugo Córdova, presidente de PRIIA.
Córdova denunció que la división de la OCS que atiende el CIS no cuenta con examinadores y personal actuarial, los cuales son necesarios para ofrecer servicios a una población de 33 aseguradores internacionales.
Sostuvo que la falta de personal causa una grave dilación en la obtención de autorizaciones y otros trámites para los nuevos aseguradores qu desean operar en el CIS lo que «ha resultado en la pérdida de valiosas oportunidades de crecimiento en el sector de seguros en Puerto Rico».
