Por José Oyola, economista
La deuda de Cofina es pagadera con el Impuesto sobre Ventas y Uso.
El alcalde Miguel Romero anunció que el Municipio de San Juan obtuvo su primera emisión de bonos con un grado de inversión. La agencia Fitch otorgó a los bonos de San Juan la calificación BBB+, similar a la que tenía el gobierno central antes de la crisis de deuda.
Según el alcalde Romero, San Juan tuvo una calificación implícita dos grados mayores (A+). ¿Podrá el gobierno central igualar el récord de sana administración financiera del Municipio de San Juan?
Antes de emitir deuda con grado de inversión, el gobierno central tiene que pedir permiso a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Según la Ley Promesa (Sección 209), la JSF tiene el poder para determinar si Puerto Rico está capacitado para obtener financiamiento a una tasa de interés razonable.
El organismo ya expresó que “utilizará estándares similares a los que emplean las agencias de calificación crediticia” (Plan Fiscal 2025). A primera vista, parece un criterio claro, pero en realidad no lo es.
Lo que falta por hacer
Por ejemplo, la JSF podría decidir que el gobierno central debe comenzar con los bonos de Obligación General (GOs, en inglés), cuyo grado de inversión antes de la crisis era Baa (Moody’s) y BBB (S&P). Este requisito aseguraría la permanencia de la JSF por décadas. ¿Por qué?
El grado de inversión que tuvo Puerto Rico antes de la quiebra es muy difícil de alcanzar porque el gobierno central no ha podido resolver la quiebra de la AEE; faltan destrezas financieras básicas en agencias clave como el Departamento de Hacienda, agencia que no ha podido publicar informes financieros auditados a tiempo por décadas, y no tiene un plan de desarrollo fiscal y económico consensuado entre los partidos políticos, la comunidad empresarial y la sociedad civil.
Este tipo de debilidades garantiza que Puerto Rico tardará décadas para alcanzar un grado de inversión en sus bonos GO. La ciudad de Detroit es un indicador de la dificultad en recobrar el grado de inversión. Aunque Detroit salió de su quiebra en 17 meses, pasaron más de dos décadas antes de obtener su grado original de inversión A3 (Moody’s).
Alternativamente, la JSF podría permitir al gobierno central comenzar gradualmente, emitiendo primero los bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), cuyas fortalezas financieras son parecidas a los bonos de grado de inversión del Municipio de San Juan.
El caso de Cofina
La deuda de Cofina tiene tres atributos sumamente atractivos que apoyan un alto grado de inversión, similares a la deuda del Municipio de San Juan:
- Los bonos de Cofina están asegurados por un gravamen estatutario. Cofina se nutre del 5.5% del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU), según lo establece la Ley 241 2018 y el Plan de Ajuste aprobado por el Tribunal Federal. Esas garantías legales son superiores a la garantía constitucional de los GOs, que fue -en la práctica- invalidada por el exgobernador Alejandro García Padilla en junio de 2015, al declarar que “la deuda (de Puerto Rico) es impagable”.
- Los recursos para el pago de la deuda de Cofina tienen prioridad sobre otros gastos presupuestarios. El récord de pagos de la deuda de Cofina es ejemplar. Hacienda recauda el IVU y transfiere mensualmente 5.5% a la cuenta de Cofina en BNY Mellon. En el periodo 2020-2025, Hacienda transfirió en los primeros meses de cada año fiscal suficiente efectivo para cubrir la deuda total anual del servicio de la deuda y, además, generar más de $100 millones en ingresos netos. Gracias a esta estructura de pagos, Cofina ha acumulado $136 millones en inversiones financieras al final de 2025.
- El repago de la deuda de Cofina surge de una base tributaria creciente y amplia. El Plan de Ajuste (PDA) de Cofina estableció la estructura y el nivel de 4% anual de transferencias del IVU a la cuenta de Cofina. Las recaudaciones efectivas en el periodo 2020-2025 han sido mayores al 5%. Debido a que el IVU grava el consumo de bienes y servicios en Puerto Rico (con pocas excepciones), prácticamente todos los residentes y visitantes contribuyen al IVU.
Además, el IVU incluye en su base a las personas que forman parte de la economía informal, y no pagaron $709 millones en contribución sobre ingresos en 2009 (Estudios Técnicos, 2010).
La opción de emitir primero los bonos de Cofina debería ser la preferida de la JSF porque cumple con todos los requisitos de la Ley Promesa sobre certificación de presupuestos, cumplimiento con normas de contabilidad, publicación de informes financieros e implementación de buenas prácticas de gobernanza.
Desde la aprobación de su Plan de Ajuste de Deuda en 2019, Cofina ha logrado preparar sus presupuestos de acuerdo con normas de contabilidad acumulativa modificada; publicar informes financieros auditados, sin cualificaciones, en menos de 180 días; poseer seis planes fiscales aprobados en forma consensual con la JSF; adoptar buenas prácticas de transparencia; ejercer gobernanza en forma efectiva, nombrando en la junta de Cofina tres representantes externos a la administración de turno, quienes son expertos en inversión, banca y derecho financiero.
Falta que la JSF apoye al gobierno central para que pueda tomar prestado en un futuro cercano a tasas de interés razonables.
El primer paso es gestionar el proceso de solicitar a las agencias Fitch, Moody’s y S&P la evaluación del grado de inversión de los bonos de Cofina. Es muy posible que las agencias acreditadoras presenten sugerencias para fortalecer el PDA y la ley de Cofina, y así lograr obtener un grado de inversión superior al de los bonos de San Juan.
