Cierre de hospitales colapsará sistema de salud

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Por Miguel Díaz Román

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Un escenario financiero catastrófico que desencadenará hasta 20 bancarrotas y cierres rápidos de hospitales amenaza el sistema de salud del país si no se aprueba la extensión de los fondos federales de Medicaid, cuya asignación especial aprobada por el Congreso de Estados Unidos expira el 30 de septiembre de 2027, sostuvo Jorge Galva, quien es el ex director ejecutivo de la
Administración de Seguros de Salud (ASES).

En entrevista con SN Galva dijo que el cierre de hasta 20 hospitales provocará el colapso inmediato de una parte de la red regional de atención médica del país.

“La isla se enfrenta a una previsión financiera catastrófica de cara a 2027. Las disposiciones legislativas temporales que ampliaron la tasa federal de aportación de Medicaid al 76% para el Plan Vital de Puerto Rico está programadas para expirar en septiembre de 2027. Si el Congreso no interviene para ampliar o reformar permanentemente este mecanismo de financiación, la contrapartida federal volverá a caer hasta un devastador 55%. Expertos locales en salud pronostican que este cambio desencadenará una ola de hasta 20 bancarrotas hospitalarias y cierres rápidos durante 2026 y 2027, colapsando efectivamente partes de la red regional de atención de la Isla”, sostuvo Galva.

Colapso sistémico

Durante la recientemente celebrada convención Health Policy Conference 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón advirtió que si la aportación federal del Medicaid se reduce a 55% en 2027 habrá una caída de $3,500 millones en fondos federales y una pérdida total estimada de $5,400 millones en producción económica. Además, sostuvo que entre 700.000 y un millón de beneficiarios del plan Vital podrían perder su cobertura médica, mientras la tasa de personas sin seguro aumentaría de 5.7% a 30%.

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El ex director ejecutivo de ASES dijo que Puerto Rico enfrenta un colapso sistémico generalizado debido a que la infraestructura hospitalaria se ha reducido activamente en los últimos dos años, periodo que se ha caracterizado “por bancarrotas y liquidaciones de alto perfil en lugar de simples reducciones de servicio”.

Sostuvo que en el 2024 salieron a flote las enormes pérdidas acumuladas de los hospitales en los años anteriores, las cuales fueron descritas por el ex funcionario como “un déficit total de financiación federal tras la COVID”.

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El resultado de ese déficit total de financiación federal, según argumentó Galva, fue “erosionar por completo los márgenes de seguridad hospitalaria de la isla”.

Capacidad vulnerada

“En 2025 la crisis alcanzó su punto máximo público con la bancarrota forzada y el cierre total del Hospital del Maestro, de 60 años en San Juan, junto con paradas de servicio en el Hope Medical Center en Humacao, y en algunas instalaciones de Metro Pavía. Al menos siete grandes redes sanitarias se declararon en bancarrota bajo el capítulo 11 de la ley federal de quiebras”, dijo Galva.

Explicó que en el 2026 la isla operará con una capacidad vulnerada de 66 hospitales activos, de los cuales más de la mitad operan actualmente con márgenes de ingresos negativos.

De hecho, Galva señaló que los factores que han impulsado el cierre de hospitales en Puerto Rico son un tanto distintos a los catalizadores que han provocado el cierre de hospitales en los Estados Unidos. Mencionó que en la Isla opera lo que llamó “una disparidad en la financiación federal causada por un emparejamiento estandarizado basado en fórmulas entre el Medicare y el Medicaid”.;

“Hay una grave falta de financiación. Se limitaron las subvenciones federales en bloque en lugar de la contrapartida abierta. El gasto per cápita por paciente del Medicaid es de $4,000 frente a los $13,000 que se paga en los Estados Unidos. En Puerto Rico los pagos de Medicare
Advantage son un 68% más bajos que en los Estados Unidos. Aquí se pagan $730 dólares al mes frente a los $1,228 al mes que se pagan allá”, expresó.

Retrasos crónicos

Los hospitales también se han afectado por la complejidad de las reglas de reembolso, por el bajo volumen de pacientes en las zonas rurales y por el aumento de la atención no remunerada por parte de poblaciones sin seguro, según indicó Galva.

También mencionó los retrasos crónicos en el procesamiento de pagos por parte de seguros privados y de las llamadas Organizaciones de Atención Gestionada (MCOs), que son las entidades contratadas por la ASES para gestionar la red de médicos, hospitales y farmacias del
plan Vital. Las cuatro MCOs contratadas para brindar servicios en toda la isla son First Medical, Triple-S Salud, MMM Multi Salud y el Plan de Salud Menonita.

Además, Galva mencionó como un elemento importante en la situación de los hospitales la transición al modelo de compensación hospitalaria APR-DRG (All Patient Refined Diagnosis Related Groups) que se implementó oficialmente el 1 de enero de 2026.

Este nuevo modelo de pago ha transformado la forma en que los hospitales son compensados por servicios médicos y quirúrgicos y ha provocado reestructuraciones importantes para garantizar la viabilidad financiera de los hospitales.

Hospitales de EU en crisis

Otros factores que han afectado a los hospitales, según planteó Galva, son el efecto de la inflación en el costo de operación y en la cadena de suministro, la escasez de enfermeros, el rápido declive de la población y el llamado envejecimiento demográfico, el éxodo de los especialistas médicos, la alta vulnerabilidad de los hospitales a los fallos en la red eléctrica, una deuda histórica no resuelta y la conocida sensibilidad de estas instituciones de salud a los cambios en las políticas federales y a las leyes presupuestarias.

Galva dijo que los hospitales continentales atraviesan una recuperación altamente desigual y segmentada. Sostuvo que un análisis comparativo de las tendencias que influenciaron entre 2024 y 2026 arroja que el sector hospitalario en Estados Unidos se ha estabilizado, pero se encuentra altamente frágil, en comparación con la época inmediatamente post pandémica.

Advirtió que la vulnerabilidad sigue estando muy concentrada en zonas rurales y regiones en el sur de los Estados Unidos.

En el 2024 se produjo una estabilización macroeconómica general, aunque aproximadamente 18 hospitales rurales cerraron o se convirtieron completamente en modelos ambulatorios. Alrededor de 700 instalaciones rurales registraron pérdidas financieras netas.

No obstante, «en el 2025 las bancarrotas sanitarias a nivel nacional disminuyeron en un 21% interanual. Sin embargo, a finales de 2025, 323 hospitales rurales estaban señalados en riesgo inmediato de cierre», dijo.

Advirtió que en el 2026 los cierres siguen siendo incrementales pero ha surgido una grave brecha entre los hospitales rentables y los grandes sistemas de salud urbanos y los pequeños hospitales comunitarios que carecen de reservas de efectivo.

720 hospitales en riesgo

“Los gigantes con fines de lucro (como HCA, Tenet y UHS) están en general estables, pero actualmente proyectan un estado negativo incrementalmente notable tras la expiración de las subvenciones reforzadas por la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Obamacare). Se espera que este vencimiento reduzca las combinaciones de pacientes comerciales, elevando la deuda incobrable y debilitando los márgenes EBITD, (los cuales indican que los costos operativos están creciendo a un ritmo mayor que los ingresos). Por el contrario, los sectores comunitarios y rurales sin fines de lucro están muy agotados, con un 46% de todos los hospitales rurales operando con márgenes negativos”, sostuvo Galva.

De acuerdo con la publicación Hospital Review, en su edición del 1 de junio, 720 hospitales rurales en Estados Unidos, que representan alrededor de un tercio de todas las instalaciones rurales en todo el país, están en riesgo de cerrar debido a graves problemas financieros.

La información surgió de un análisis realizado por el Centro para la Calidad de la Atención Médica y la Reforma de Pagos. Los datos, actuales a mayo de 2026, incluyen 294 hospitales que están en riesgo inmediato de cierre en los próximos dos o tres años debido a la gravedad de su situación financiera, según el informe.

Las instalaciones con mayor riesgo de cierre tienen más deuda que activos o carecen de suficientes reservas financieras para compensar las pérdidas en los servicios al paciente durante más de unos pocos años.

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