(Capitolio) En la sesión ordinaria ayer el Senado aprobó el Proyecto del Senado 488, que enmienda el Código de Rentas Internas para establecer una contribución especial opcional de 4% sobre ingresos por intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo para residentes de Puerto Rico.
La medida de administración, que busca fomentar la retención de capital y la inversión en el país, equipara el tratamiento contributivo a los inversionistas locales con los beneficios que actualmente reciben ciertos inversionistas acogidos a incentivos contributivos a través del Deparatemento de Desarrollo Económico y Comercio.
El portavoz de la mayoría, Gregorio Matías Rosario, se expresó a favor indicando que “le voy a votar a favor. Con este proyecto queremos atraer inversionistas. Queremos que Puerto Rico progrese”. Igualmente, habló a favor Morales Rodríguez indicando que “esto es un proyecto programático del Partido Nuevo Progresista y que hoy estamos cumpliendo… nosotros vamos a seguir cumpliendo con las cosas que prometimos, porque somos un gobierno de acción”.
Asimismo, el senador de mayoría Ángel Toledo López se expresó a favor de la medida. “El proyecto no solamente en la exposición de motivos, sino en su decreto establece que se está buscando equiparar los beneficios a los puertorriqueños y las puertorriqueñas que, como cada uno de nosotros, vive en esta isla. Eso lo dice el proyecto. Está claro”.
Por su parte, la Cámara de Representantes aprobó el Proyecto del Senado 1086, que concede al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción primaria exclusiva para dirimir controversias que surjan en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal en Puerto Rico. Como resultado de la aprobación de la medida, el Departamento de Asuntos del Consumidor pierde injerencia para ventilar la controversias sobre los condominios, una jurisdicción ha tenido por décadas.
La medida ordena al Poder Judicial establecer una Sala Especializada de Adjudicación de Controversias de Condominios en cada región judicial.
El Senado aprobó, además, el Proyecto de la Cámara 1304, que tiene como objetivo derogar la Ley 12 de 2008, con el propósito de eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos de Puerto Rico.
La medida de administración, que se conocerá como la “Ley para Promover la Seguridad en las Instalaciones Portuarias de Puerto Rico”, pretende promulgar la política pública sobre la seguridad en todas nuestras instalaciones portuarias, la cual se ejecutará en estrecha coordinación con el gobierno federal para evitar la imposición de cargos o estructuras regulatorias innecesarias que encarezcan el comercio y afecten al consumidor.
También se aprobó ayer el Proyecto del Senado 998, de la autoría del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para incorporar a los pacientes hospitalizados bajo las Reglas 240 y 241 de Procedimiento Criminal dentro de la modalidad de grupo médico virtual del Plan Vital. La legislación procura garantizar acceso continuo a servicios de salud física, medicamentos, estudios diagnósticos y tratamientos especializados para pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos forenses.
La medida autoriza a la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES) a coordinar y contratar los servicios necesarios para esta población, incluyendo consultas con especialistas, estudios médicos, medicamentos de mantenimiento y tratamientos para condiciones crónicas e infecciosas. Además, busca reducir retrasos en la prestación de servicios médicos y aliviar la carga económica que actualmente asume la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción.
Otra medida aprobada fue el Proyecto del Senado 782, del presidente senatorial, presentado por petición de la Federación de Alcaldes, para fortalecer la estructura organizacional de las policías municipales.
La medida aclara que los comisionados de la Policía Municipal serán considerados funcionarios del orden público para todos los efectos legales e incorpora el rango de Subcomisionado o Comisionado Asociado dentro del sistema uniforme de rangos.
El proyecto también reduce de cuatro a dos años el tiempo mínimo requerido para que determinados agentes puedan ser considerados para ascensos a rangos superiores, extiende de dos a tres años el período de servicio requerido antes de solicitar traslados a otros municipios o a la Policía Estatal y dispone mecanismos de reembolso por los costos de adiestramiento cuando ocurra un traslado dentro de ese término.
Además, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 98 de Rivera Schatz mediante petición de la Federación de Alcaldes. La medida propone autorizar la distribución de los $2,469,658.20 millones provenientes del balance disponible, para los periodos del 2020 al 2025, de los fondos por concepto de las Patentes de Telecomunicaciones, según establecido y certificado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto.
Igualmente, se le dio paso a la Resolución Conjunta del Senado 195, presentada por Rivera Schatz, que asigna $4,728,265.90 millones equivalentes al 50% del balance certificado por la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico proveniente de los ingresos generados por las Máquinas de Juegos de Azar en Ruta. Esto para ser distribuidos entre varios municipios con el fin de fortalecer sus operaciones y la prestación de servicios esenciales.
En un turno sobre la medida, Rivera Schatz sostuvo que “la Resolución Conjunta 195 distribuye apenas poco más de $4 millones. La Resolución Conjunta del Senado 98 se acaba de enmendar precisamente para redistribuirlo, porque la manera en que se estaba configurada pues no era lo que se ha reportado. y además de esta, la 98, en el presupuesto y en la enmienda del presupuesto vigente, habrá $35 millones que se van a estar distribuyendo a todos los municipios. En fondos que son del presupuesto vigente, en fondos que son del nuevo presupuesto y en las demás resoluciones que específicamente se distribuyen como lo define la Asamblea Legislativa, en este caso el Senado… Este gobierno ha sido justo con la distribución de fondos para todos los alcaldes”.
De otro lado, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1316 que propone crear un mecanismo especial para facilitar la inscripción en el Registro de la Propiedad de solares municipales ubicados en los centros urbanos, eliminando el requisito de lotificación previa ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) cuando estos terrenos se encuentren dentro del Plan de Ordenación Territorial aprobado.
La medida busca agilizar la regularización de propiedades que por décadas han sido ocupadas por familias y pequeños comerciantes, permitiéndoles acceder a mayor seguridad jurídica, facilitar el acceso al crédito y promover el desarrollo económico de los centros urbanos, sin menoscabar los derechos de los actuales usufructuarios o poseedores.
A su vez, se aprobó el Proyecto de la Cámara 1121 por petición de la Federación de Alcaldes. La medida busca aclarar el alcance de la llamada veda electoral para permitir que el Gobierno, sus ramas y los municipios continúen informando a la ciudadanía sobre servicios, emergencias, obras y gestiones oficiales, siempre que no se utilicen fondos públicos con fines político-partidistas. También establece excepciones específicas para ciertos anuncios, rótulos, redes sociales, materiales institucionales y actividades recurrentes; entre otras disposiciones.
En la sesión de ayer de aprobó el Proyecto de la Cámara 1246, a petición de la Federación de Alcaldes para enmendar la “Ley de la Puerto Rico Innovation and Technology Service” (PRITS), a los fines de integrar a los municipios dentro del marco de gobernanza tecnológica establecido por dicha entidad, con el propósito de armonizar el uso de la tecnología y los sistemas de información municipales.
Otra medida aprobada en el Senado fue el Proyecto de la Cámara 822, que reorganiza la estructura de la Compañía de Turismo de Puerto Rico para convertirla en una corporación pública con personalidad jurídica propia, otorgándole mayor autonomía administrativa y operacional para fortalecer la competitividad de la industria turística.
La medida crea una Junta de Directores, establece las facultades del director ejecutivo y redefine las funciones de la entidad con el propósito de agilizar la toma de decisiones, promover la inversión, impulsar el turismo interno y fortalecer áreas como el acceso aéreo y marítimo, el ecoturismo, el turismo deportivo y la promoción de nuevos productos turísticos.
Se aprobó el Proyecto de la Cámara 1299 enmienda el Código Municipal de Puerto Rico para otorgar a los municipios prioridad en la adquisición de propiedades inmuebles rematadas por deudas contributivas. La medida dispone que el Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) deberá notificar primero al municipio donde ubica la propiedad, el cual contará con un término de 30 días para expresar su interés en adquirirla por ser útil para fines municipales.
