Un crimen llamado «la educación en Puerto Rico» 

0

Por Dr Edgar León

La educación en Puerto Rico está en crisis. Más allá de las limitaciones económicas y los problemas de infraestructura escolar que conocemos, hay un problema fundamental que envenena la esencia de lo que debería ser la enseñanza: la falta de un enfoque genuino en el aprendizaje crítico y significativo.

En lugar de cultivar mentes curiosas y pensantes, el sistema educativo ha degenerado en un proceso estéril de memorización y de cumplimiento burocrático, desconectado de las necesidades de los estudiantes y del país. La escuela pública de Puerto Rico es una verdadera pérdida de tiempo para los estudiantes y maestros.

El modelo actual es para programar autómatas de forma deliberada para que no pregunten, que trabajen de forma fácil, sencilla, que sean dependientes, inseguros y sin molestar demasiado al gobierno. Por eso podemos apreciar que la mayoría de los legisladores tienen a sus hijos en las escuelas privadas.

Hay que estar claros en que no tenemos que descentralizar el sistema, tenemos que eliminar la oficina central y regional de educación pública en Puerto Rico y al mismo tiempo automatizar y digitalizar todas las funciones administrativas que se comen el presupuesto sin control.

El propósito del departamento de educación no es crear trabajos administrativos para cumplir los favores políticos. Esto precisamente es lo que ha creado la crisis de salarios bajos, evitar las permanencias y recorte de pensiones de retiro de maestros. Si se gasta todo el dinero en administradores y puestos auto creados, no sobra dinero para los maestros.

Eso es como tener un hospital y en vez de tener más médicos para curar personas, contratamos más administradores de hospitales que no tienen efecto en los enfermos ni pueden curar a nadie.

 Uno de los problemas más serios del sistema público es que el tiempo lectivo, que debería estar dedicado a desarrollar habilidades esenciales como la lectura comprensiva, la escritura, y sobre todo el pensamiento crítico, se pierde en tareas y responsabilidades ajenas al verdadero objetivo de la educación.

¿Cuántas veces hemos escuchado a maestros hablar de interrupciones constantes durante el día de clases?

¿Cuántas veces hemos escuchado que los talleres de maestros no sirven, son una pérdida de tiempo que restan tiempo de enseñanza al niño?

¿O de cómo las escuelas se han convertido en centros de servicios múltiples pagos con dinero que viene para educación, más enfocadas en llenar papeles, estar en reuniones y completar referidos que en la enseñanza misma?

Este viejo modelo industrial, que obliga a los estudiantes a memorizar datos para pasar un examen estandarizado diseñado en un país extranjero, ha matado la esencia de la educación. El resultado es un sistema que castiga la creatividad, que inhibe la libertad de pensamiento, corta la motivación y que promueve la obediencia ciega al sistema en lugar de la curiosidad natural del ser humano.

En vez de preparar a nuestros jóvenes para enfrentar un mundo complejo, y en constante cambio, los estamos entrenando a los estudiantes para que sean dependientes, obedientes, con miedo al fracaso, para responder mecánicamente a estímulos predecibles y obsoletos.

Es un crimen hacerle creer a un estudiante que no sirve para nada si no pasa un examen estandarizado que requiere memorización de datos que no va a usar nunca en su vida. La educación es un derecho humano que decide el futuro de una persona. Cada estudiante tiene muchas habilidades innatas y un potencial que debemos descubrir y desarrollar al máximo.

 La situación de Puerto Rico empeora con la estructura burocrática que rodea al Departamento de Educación. La administración central y regional es una carga enorme en crecimiento sin control, compuesta por posiciones que no aportan directamente a la enseñanza del niño.

Esta estructura desarticulada consume recursos que deberían estar destinados a contratar más maestros, mejorar las condiciones de las escuelas, y sobre todo, dar estabilidad laboral a los educadores, quienes son el verdadero corazón del sistema educativo.

¿Cómo llegamos a este punto? Y, más importante aún, ¿cómo resolvemos el problema de una educación muerta?

Primero, es necesario desmantelar la oficina central y regional de educación tal y como está. No tiene sentido mantener una estructura que no contribuye al aprendizaje del estudiante. Debemos eliminar el micromanejo burocrático que asfixia a los maestros y recuperar el verdadero propósito de la educación: enseñar y aprender.

Segundo, debemos cambiar el enfoque pedagógico. Hay que abandonar el modelo industrial de enseñanza, ese que equipara a los estudiantes con productos en una línea de ensamblaje. Los maestros necesitan libertad para enseñar sin interrupciones y sin la carga de tareas administrativas que los distraen de su labor esencial.

Las metas educativas deben ser creadas por maestros de Puerto Rico. Las metas deben ser claras, pero también flexibles. Los maestros deben tener la capacidad de individualizar la enseñanza, adaptándola a las necesidades y potenciales de sus estudiantes.

No deben basar sus evaluaciones en cantidad de puntos y exámenes escritos. Debemos fomentar el descubrimiento, la creatividad, el liderazgo, a que sean emprendedores, la expresión individual y la cooperación entre los alumnos. Solo cuando se promueva la libertad de pensamiento y el pensamiento crítico podremos tener una educación que verdaderamente prepare a nuestros jóvenes para los desafíos del futuro.

El crimen de la educación en Puerto Rico es evidente: hemos traicionado a nuestros estudiantes al negarles un sistema que los valore como individuos capaces de pensar y de cambiar el mundo. Pero la solución está en nuestras manos.

La educación pública en Puerto Rico tiene dos crisis. La primera es una crisis administrativa que hay que automatizar y la segunda es una crisis académica. Necesitamos un cambio radical, que ponga al maestro y al estudiante en el centro, y que elimine las estructuras burocráticas que se pueden automatizar y que hoy en día solo sirven para perpetuar un sistema fallido.

Es hora de darle a la educación el valor que merece. No hay excusas para seguir permitiendo que este crimen continúe.

Publicidad

INFORME SEMANAL OCTUBRE 4 DE 2024

0

Esta semana en Informe Semanal conversamos con el Dr. Carlos Severino sobre los conflictos en el Medio Oriente y en Ucrania.

También hablamos con Carl Soderberg sobre un impactante estudio sobre el Cambio Climático en Puerto Rico.

Con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablamos sobre varios temas de la agricultura, especialmente sobre un informe que publicará pronto la Oficina del Contralor sobre el Fondo de Mejoras Municipales.

También dialogamos sobre el estado de la industria lechera con el empresario y ganadero Carlos Benítez.

Publicidad

Contralora anticipa más referidos a Justicia por irregularidades en Fondo de Mejoras Municipales

0

Por Miguel Díaz Román

La Contralora Yasmín Valdivieso reveló que el informe sobre las operaciones del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) que administra la Autoridad de Tierras está listo y anticipó que contendrá recomendaciones para que determinadas personas sean referidas al Departamento de Justicia.

En una entrevista con SN Valdivieso no indicó si los posibles referidos a Justicia serán funcionarios de la Autoridad de Tierras o personas vinculadas a las corporaciones sin fines de lucro que han recibido las asignaciones ordenadas por los legisladores de los fondos existentes en el FMM.

Valdivieso tampoco reveló si funcionarios de la legislatura vinculados a los legisladores que han avalado desembolsos del FMM podría también enfrentar referidos a Justicia.

“¿El informe del FMM tendrá recomendaciones de más referidos a Justicia?”, preguntó SN.

“Yo estoy segura que sí”, respondió Valdivieso, quien aclaró que no ha recibido el informe, aunque sí ha dialogado con los funcionarios que han estado trabajando en el documento.

Hasta el momento la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI) designó tres fiscales especiales para investigar por una alegada malversación de fondos públicos contra la exdirectora ejecutiva de la Autoridad de Tierras (AT), Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural (PIR), Miguel Santiago Irizarry.

Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.

No obstante, el pasado mes de abril la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la indagación que estaba realizando la Oficina del Contralor.

Sobre este aspecto Valdivieso dijo que ya los funcionarios de su oficina se habían reunido con los fiscales de la OFEI.

Aún la OFEI no radica cargos

No obstante, dos años después de que la OFEI anunció la designación de fiscales para investigar a los ex funcionarios de la AT, aún no se han radicado cargos en los tribunales ni se ha celebrado una vista preliminar para determinar si hay causa para encaminar un juicio contra ellos.

El 17 de febrero del 2022 el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, destituyó a Rivera Martínez de su cargo como directora ejecutiva de la AT, luego de que ese día la funcionaria envió una carta a los senadores y representantes para reclamar un alto a las asignaciones de fondos del FMM.

En la misiva Rivera Martínez reveló que se había detectado un “patrón” en el flujo de fondos a determinadas corporaciones sin fines de lucro que se autorizaron por “cantidades considerables y con cierta frecuencia”. Más adelante González Beiró refirió a Justicia los hallazgos de una evaluación de los contratos y desembolsos de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro.

Como resultado de ese referido, en septiembre del 2022 el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, recomendó a la OFEI designar un fiscal especial por una alegada malversación de fondos públicos contra los ex funcionarios.

Entidades sin fines de lucro en la lupa

La investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor de Justicia reveló que la exdirectora ejecutiva y la exdirectora de Finanzas autorizaron el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley. Además, la pesquisa indagó sobre que la exdirectora ejecutiva autorizó el uso ilegal de un vehículo oficial de la AT.

La asignación de fondos del FMM a entidades sin fines de lucro ha sido motivo de controversia prácticamente desde el 30 de diciembre del 2020, cuando la gobernadora Wanda Vázquez Garced convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2619, radicado por el ex representante Antonio Soto, que se convirtió en la ley 173.

Esta ley enmendó el Código de Rentas Internas para ordenar que los fondos acumulados en el FMM serían depositados en el Programa de Infraestructura Rural (PIR) de la Autoridad de Tierras (AT). Este programa, que ya manejaba las resoluciones conjuntas de los legisladores para obras en la zona rural, tendría la responsabilidad de distribuir las asignaciones presentadas por los legisladores. El trámite requería la aprobación de la división de finanzas de la AT.

La ley 173 también estableció que el 50 % de los fondos acumulados en el FMM será distribuido proporcionalmente entre los ocho distritos senatoriales y el 50 % restante será distribuido entre los 40 distritos representativos. 

De hecho, antes y después de la aprobación de la ley 173 de 2020, algunas corporaciones sin fines de lucro experimentaron una súbita conversión en sus certificados de incorporación para que, además, de ofrecer servicios a las comunidades de escasos recursos, también pudieran ofrecer servicios de construcción.

Estas enmiendas se intercalaron en los certificados sin que existiera evidencia de que esas corporaciones sin fines de lucro tenían experiencia previa en actividades tan complejas como la construcción de estructuras y de infraestructuras.

Algunos de las enmiendas a los certificados de incorporación ocurrieron en el 2019 y en alguna de esas entidades efectuaron los cambios semanas antes del 30 de diciembre del 2020.

Enmiendan certificados de incorporación

El 6 de diciembre del 2020, 24 días antes de que Vázquez Garced firmara la ley 173, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia Inc (CCSF), enmendó su certificado de incorporación para añadir “los sectores marginados” y agregar la organización de “eventos recreativos y deportivos”.

La CCSF es una corporación sin fines de lucro ubicada en Bayamón que es presidida por Heriberto Andújar. La entidad ofrece servicios de educación a la familia y a las comunidades.

Luego, el 10 de diciembre se efectuó una segunda enmienda para incluir que CCSF también se dedicaría “a la construcción en general” y desarrollar “proyectos infraestructura agrícola”.

En un desglose obtenido en el sitio de internet de la Oficina del Contralor, CCSF ha obtenido $5.5 millones desde 2021 hasta 2022 en asignaciones del FMM. 

El 14 de junio del 2021 recibió una asignación de $1.1 millón para realizar obras permanentes en la quebrada Margarita, ubicada en el pueblo de Guaynabo y que discurre desde la zona rural de Guaynabo, pasa por la urbanizacion Torrimar hasta el área de la avenida Roosevelt, cerca del centro comercial San Patricio Plaza.

Aparece “Héctor The Father”

De acuerdo con los contratos disponibles en la Oficina del Contralor, la corporación sin fines de lucro Fundación Azriel Corporation (FAC), recibió desde el inicio del 2021 hasta el 2022 $1.5 millón en asignaciones de los legisladores del FMM a través de la AT. La FAC es presidida por el excantante de reggaetón, Héctor Delgado, mejor conocido como “Héctor The Father”, quien en la actualidad es un pastor de la iglesia evangélica.

En 2019 los artículos de incorporación de la FAC fueron enmendados para eliminar el “carácter religioso” y transformarla en una de “servicios institucionales”.

Otra corporación sin fines de lucro que ha recibido asignaciones extraordinarias es la Fundación Deportiva del Oeste Inc. (FDO), que preside Héctor Vega Jiménez. A partir del 2021 hasta el 2022 la corporación sin fines de lucro dedicada a promover el deporte recibió asignaciones por $1.2 millones del FMM.

En 2019 sus artículos de incorporación de la FDO fueron enmendados para incluir el mantenimiento y reparación de facilidades y para ofrecer los servicios de arbitraje, venta de equipo deportivo y de mantenimiento de instalaciones deportivas.

De la información que surge del sitio de internet de la Oficina del Contralor se desprende que la CCSF, la FAC y FDO reciben asignaciones de fondos públicos de otras agencias en cantidades cuantiosas.

Ex empleados de la legislatura en la AT

Además, ha trascendido públicamente que un ex empleado del ex representante Soto, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, donde se elaboró el Proyecto 2619, pasaron a trabajar en la AT tras el cambio de gobierno en el 2021. Este es el caso de José Huertas Torres, quien fue contratado en la AT para que ayudara en los trámites del PIR con las asignaciones del FMM. Alegadamente, Huertas Torres mantuvo vínculos con la CCSF.

Huertas Torres no es el único exfuncionario de la pasada Legislatura contratado por la AT. También fue contratada Bernice Nieto, que laboró en la oficina del representante Gabriel Rodríguez Aguiló, y Ramón Santiago, que trabajó con el representante Víctor Parés.

En realidad, el FMM es un depósito de millones de dólares en fondos públicos que los legisladores pueden asignar sin restricción alguna.

Debido a la ausencia de restricciones, los legisladores han asignado fondos a corporaciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de construcción y para la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario, que luego se distribuyen a determinados ciudadanos.

Fondos sin restricción

La ausencia de reglamentación para tramitar el desembolso de los fondos del FFM fue el detonante del escándalo del FMM que estalló en febrero del 2022, mientras los legisladores se quejaban porque sus asignaciones padecían graves retrasos.

De hecho, en la carta del 17 de febrero de 2022 enviada a los legisladores, Rivera Martínez sostuvo que los trámites de las asignaciones de los legisladores se autorizaron “con unas guías internas que estaban en proceso de revisión”.

La misiva también indica que las asignaciones autorizadas con esas “guías en proceso de revisión” pudieron sobrepasar el límite de recursos del FMM que se pueden destinar a servicios directos a la ciudadanía.

La ley 173 enmendó la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas para establecer que los fondos del FMM se deben invertir en obras y mejoras permanentes en escuelas, en instalaciones deportivas, residenciales públicos y en viviendas de familias de escasos recursos.  

También indica que el 15% de los recursos del FMM se podrá utilizar en servicios directos a la ciudadanía y en los llamados “servicios directos dirigidos a programas para mejorar la calidad de la vida de los residentes en comunidades desventajadas”.  

Es precisamente esa disposición la que ha sido interpretada por los legisladores como un aval para la compra de enseres eléctricos, muebles, puertas y alimentos congelados o preparados, juguetes y muchos otros artículos de uso diario, los cuales son distribuidos por las corporaciones sin fines de lucro, quienes figuran como intermediarios entre los legisladores y la comunidad.

En el aire nuevo reglamento 

Las mencionadas “guías internas que estaban en proceso de revisión”, surgen de los procedimientos dejados por la administración del ex secretario, Carlos Flores Ortega.

De una entrevista realizada en 2022 por este periodista surge que el ex secretario Flores Ortega explicó que la ley 173 fue aprobada en diciembre del 2020, por lo que no hubo tiempo para redactar un reglamento.

Agregó que las guías dejadas en la AT eran utilizadas para un desaparecido programa de infraestructura, que data desde 1970. El ex secretario agregó que esas guías no contienen disposiciones para cumplir con la limitación de gasto que establece la sección 4050.09 del Código de Rentas Internas.

En ese momento Flores Ortega cuestionó que González Beiró llevaba más de un año en el Departamento de Agricultura y aún no se había redactado un reglamento para tramitar el desembolso de los fondos del FFM. El ex secretario dijo que Rivera Martínez preparó un reglamento el cual fue rechazado por González Beiró.

Pero González Beiró negó esa última afirmación de Flores Ortega y responsabilizó a Rivera Martínez por la ausencia de un nuevo reglamento. El secretario explicó que fue él quien ordenó la redacción del nuevo reglamento del FMM.

Finalmente, Valdivieso sostuvo que tan pronto reciba el informe sobre las irregularidades en el FMM autorizará su difusión pública sin importar que es periodo eleccionario.

La Contralora anunció que, a partir de 1 de octubre hasta la celebración de las elecciones, el próximo 5 de noviembre, la Oficina del Contralor no publicará informes de auditoría contra alcaldes o contra funcionarios electos como resultado de una veda autoimpuesta en periodo de eleccionario que esa oficina ha respetado durante décadas. 

Publicidad

Posible venta de Universal North America Insurance Company

0

Por Miguel Díaz Román

La aseguradora Universal North America Insurance Company (UNAIC por sus siglas en inglés), ubicada en Texas y que pertenece a la empresa Universal Group Inc, que es la matriz de la aseguradora Universal Insurance, se encuentra en un proceso de venta y el presidente de la aseguradora local One Alliance, Rafael Cedeño, ha mostrado interés en adquirirla.

Cedeño, quien es de origen venezolano, integra el grupo de empresarios quienes, alegadamente, están interesados en adquirir UNAIC, cuyas oficinas centrales están localizadas en la ciudad de Arlington, en el estado de Texas, según reveló a SN una fuente conocedora de la transacción.

Algunos de los empresarios que componen el grupo que interesa adquirir la aseguradora están ubicados en Estados Unidos, agregó la fuente.

La aseguradora está especializada en seguros de propiedad y contingencia que incluye pólizas para propietarios de viviendas unifamiliares, para apartamentos en condominios, para individuos que alquilan viviendas o apartamentos y para empresarios o propiedades comerciales.

UNAIC ofrece seguros contra riesgos catastróficos como inundaciones, terremotos, huracanes, incendios y pólizas de protección contra averías de equipos en su modalidad comercial.

Esperan por los efectos de Helene

La fuente sostuvo que la intención de adquisición por el grupo de empresarios ha experimentado numerosos contratiempos, lo que ha impedido definir un precio para finiquitar la compra venta.

En este momento los empresarios esperan porque se definan los efectos financieros de las posibles reclamaciones que pudiera recibir UNAIC tras el paso del devastador huracán Helene, que entró por la región Big Bend de Florida el jueves por la noche como un huracán de categoría 4. 

Helene ha causado más de 100 muertes y los daños estimados de manera preliminar oscilan entre $95,000 y $110,000 millones en el sur de Estados Unidos.

De hecho, no está claro si la transacción se concretará y finalmente UNAIC tendrá un nuevo dueño, según advirtió la fuente.

Revisión con implicación negativa

No obstante, la entidad acreditadora de aseguradoras AM Best, anunció que había mantenido el estado de revisión con implicaciones negativas para la calificación de fortaleza financiera de B+ (Buena) y la calificación crediticia de emisor de largo plazo de «bbb-» (Buena) de UNAIC.

“Estas calificaciones crediticias reflejan la fortaleza del balance de UNAIC, que AM Best evalúa como adecuada, así como su desempeño operativo marginal, perfil comercial limitado y gestión marginal del riesgo empresarial”, sostuvo AM Best en un comunicado de prensa emitido el pasado 29 de agosto de 2024.

Según AM Best, “las calificaciones de UNAIC se colocaron inicialmente bajo revisión con implicaciones negativas el 11 de octubre de 2023, luego de una disminución significativa en el superávit de los asegurados como resultado de los eventos climáticos en 2023”.

AM Best espera

La entidad de calificación crediticia también señaló que “el estado de revisión con implicaciones negativas se mantuvo el 14 de febrero de 2024, luego de que la matriz de UNAIC, Universal Group, firmó un acuerdo para vender sus operaciones en Estados Unidos, incluida UNAIC y sus subsidiarias”.

“Hasta la fecha, la transacción no ha finalizado. Las calificaciones seguirán siendo bajas hasta que la transacción reciba la aprobación reglamentaria y AM Best pueda analizar plenamente el impacto de la venta, incluida la estrategia de gestión del capital y el plan operativo del comprador, así como los medios financieros y operativos. En ausencia de un plan adecuado que respalde la evaluación actual, es probable que las calificaciones se rebajen”, advirtió la entidad calificadora de crédito.

La fuente indicó que la transacción requiere la aprobación del Comisionado de Seguros de Texas. También indicó que el Comisionado de Seguros de Puerto Rico podría examinar la compra venta si esta ejerce algún efecto en la aseguradora One Alliance.

SN solicitó a reacción a Universal Group Inc, y la empresa indicó que en este momento no harían expresiones porque existe un acuerdo de confidencialidad que les impide hacer comentarios sobre la transacción.

Publicidad

Tribunal Apelativo rechaza revisar sentencia de desacato contra Suiza Dairy

0

Por Miguel Díaz Román

El Tribunal Apelativo denegó una petición de revisión solicitada por Suiza Dairy contra una determinación del Tribunal de Primera Instancia (TPI) de San Juan, que el pasado 12 de junio de 2024 encontró incurso en desacato civil a la empresa y le impuso una multa de $500.00 diarios hasta que cumpla con unas órdenes administrativa emitidas por la Oficina para Reglamentar de la Industria Lechera (ORIL).

La determinación del Tribunal Apelativo de San Juan fue emitida el pasado miércoles 25 de septiembre por un panel integrado por los jueces Roberto Rodríguez Casillas, Carlos Salgado Schwarz y Eric Ronda Del Toro.

Los jueces concluyeron que la determinación del TPI constituye “una decisión dentro de la discreción conferida a los tribunales de instancia y a su facultad para manejar los casos de manera razonable y adecuada”.

“No encontramos fundamento para expedir el auto de certiorari. Además, el peticionario no señaló prueba en el expediente tendente a demostrar que el TPI abusó de su discreción o actuó con perjuicio, parcialidad o error manifiesto. En ese sentido, somos del criterio que el foro de instancia no abusó de su discreción ni fue irrazonable en forma alguna. Así, en el ejercicio de la sana discreción que nos permite la Regla 40 del Tribunal Apelaciones, supra resolvemos denegar el presente auto de certiorari”, sostuvo el panel de jueces.

La petición de revisión solicitada por Suiza Dairy involucra cinco órdenes administrativas emitidas por la ORIL el 22 de agosto de 2023 que, fundamentalmente le exigen a Suiza Dairy entregar determinada cantidad de leche cruda a la planta procesadora Indulac.

Ventaja competitiva 

Además, las órdenes alteraron el término fijo de 12 días para la expiración de la leche fresca y establecieron un nuevo periodo de expiración que oscila entre 12 y 16 días. De hecho, tras realizar unas evaluaciones químicas, la ORIL concedió a Tres Monjitas el beneficio de promover su leche fresca con el nuevo periodo de expiración de hasta 16 días.  

Suiza Dairy se había negado a cumplir con las órdenes porque, alegadamente, garantizan una ventaja competitiva a la planta Indulac y a Tres Monjitas. La empresa ha argumentado que las órdenes violan la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, y la sentencia y el acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal en 2013.  

Las órdenes fueron emitidas luego de que la ORIL, cuyo administrador interino lo es el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, enmendó los reglamentos 10 y 5 de la entidad reguladora, los cuales fueron aprobados el pasado 18 julio de 2023.

Ambos reglamentos atienden el manejo de los excedentes y la calidad de la leche, entre otras disposiciones.

Enmiendas a la trágala

Los reglamentos fueron enmendados por González Beiró luego de que, en febrero de 2023, el TPI anuló tres órdenes administrativas emitidas por la ORIL en noviembre de 2022, que tenían como finalidad asignar un suplido sustancial de leche cruda hacia la planta Indulac.

Tras la decisión de Suiza Dairy de no acatar las órdenes, el 1 de septiembre de 2023 la ORIL le solicitó al TPI que obligara a Suiza Dairy a cumplir.

El 7 de septiembre de 2023 Suiza Dairy argumentó al TPI que las órdenes administrativas no procedían y solicitó la paralización del caso mientras el Tribunal Apelativo atendía un recurso de revisión que la empresa había presentado.

En la impugnación ante el Apelativo Suiza Dairy denunció que las enmiendas a los reglamentos 10 y 5 constituyen un desafío de la ORIL a la determinación de ese tribunal emitida en febrero que anuló las tres órdenes administrativas emitidas en noviembre de 2022.

Desacato contra Suiza Dairy

El Tribunal Apelativo desestimó el recurso de revisión instado por Suiza Dairy por falta de jurisdicción el 28 de septiembre de 2023 y un día después, el 29 de septiembre, el TPI aceptó ventilar la petición de la ORIL y ordenó a Suiza Dairy cumplir con las órdenes.

El juez Alfonso Martínez Piovanetti dijo que Suiza Dairy no había solicitado revisar las órdenes que fueron emitidas al amparo de los reglamentos enmendados, tras lo cual dio paso a la solicitud de la ORIL y le advirtió a Suiza Dairy que de no acatar las órdenes se exponía a una pena de desacato.

El 1 de mayo de 2024 la ORIL presentó una “Moción de Desacato” ante el incumplimiento de Suiza Dairy y el 9 de mayo Suiza Dairy presentó su escrito en oposición. El 12 de junio de 2024 el Tribunal de Primera Instancia celebró la vista de desacato, y finalmente ese tribunal encontró incurso en desacato civil a Suiza Dairy.

El juez Martínez Piovanetti explicó que la figura del desacato admite el uso de la multa prospectiva como herramienta para garantizar el cumplimiento. Por ello, decidió imponer una multa diaria y prospectiva de $500.00 a favor de la parte demandante por cada día que Suiza Dairy no cumpla con los términos de la sentencia, la cual contempla las órdenes administrativas vigentes en la actualidad y aquellas que se emitan en el futuro.

Huelga no es impedimento para tribunal

La discusión sobre el desacato de Suiza Dairy tuvo lugar mientras la planta de la empresa en San Juan enfrentaba un conflicto huelgario. El juez pidió a Suiza Dairy que, si no podía cumplir con las órdenes debido a la huelga, debía informar al tribunal.

La empresa informó que el recogido de leche se estaba realizando, pero el juez autorizó que Suiza, Indulac y la ORIL establecieran comunicación para coordinar la recolección de leche en aquellas ganaderías donde los vehículos de Suiza no puedan llegar debido a la huelga. El juez dejó claro que la huelga no será una excusa para incumplir las órdenes.

Suiza Dairy no estuvo conforme con la decisión y presentó el recurso de certiorari ante el Tribunal Apelativo el 12 de julio de 2024 con dos señalamientos principales: que el TPI erró al concluir que estaba impedido de pasar juicio  sobre la validez de las órdenes administrativas en el procedimiento de desacato y que también erró  por no declarar nulas la órdenes de la ORIL, las cuales conceden a las plantas Indulac y Tres Monjitas una ventaja competitiva, lo que viola la ley 34 de 1957 o Ley para Reglamentar la Industria Lechera, y la sentencia y el acuerdo alcanzado en el Tribunal Federal en 2013.

 Finalmente, el 25 de septiembre el Tribunal Apelativo denegó la solicitud de revisión. Ante una petición de SN sobre cuáles serían sus próximos pasos, la empresa indicó que no haría comentarios.

Publicidad

Apagones ponen en peligro reaseguro para pólizas comerciales por rotura de maquinaria

0

Por Miguel Díaz Román

En momentos cuando los clientes del sistema eléctrico en Puerto Rico experimentan interrupciones del servicio que asciende a 24 horas y 8 minutos en promedio al año, las reclamaciones de empresas por rotura de maquinaria debido a las fluctuaciones eléctricas han aumentado hasta el punto que los reaseguradores están registrando pérdidas y no se descarta que suspendan el respaldo a esas pólizas comerciales, según indicó Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company.

González Portilla sostuvo que otras alternativas que podrían considerar los reaseguradores es un alza en el deducible, incrementos de prima, eliminar determinadas áreas de la cubierta o sencillamente demandar que no sean renovadas aquellas pólizas que registren alzas notables en reclamaciones.

Tras el paso del huracán María la cubierta de seguro que ofrece protección contra la rotura de maquinaria por las interrupciones del servicio eléctrico han aumentado considerablemente, según explicó González Portilla.

Pero advirtió que luego de que el país sufrió los efectos de la tormenta tropical Ernesto, que pasó cerca de la costa noreste de Puerto Rico entre el 14 y 15 del pasado mes de agosto, las reclamaciones por rotura de maquinaria en empresas y comercios por los apagones eléctricos se elevaron de manera inesperada.

Aunque la tormenta tropical Ernesto no afectó directamente al país, sus efectos provocaron lluvias copiosas y ráfagas de vientos que causaron inundaciones, múltiples daños y dejaron sin electricidad a más de 900,000 hogares y negocios en Puerto Rico.

Ernesto saca a flote la realidad

De hecho, la tormenta Ernesto desveló el deterioro real del sistema eléctrico y recrudeció el debate sobre el alegado fracaso de la empresa Luma en lograr su rehabilitación, debido a que dos semanas después del paso de la tormenta aún existían numerosos sectores sin servicio eléctrico. Luma administra la infraestructura de distribución y transmisión del sistema eléctrico.

Además, las interrupciones del servicio eléctrico han estado acompañadas de alzas y bajas en el voltaje en aquellos sectores que conservan el servicio o en sectores que lo recuperan súbitamente. Las fluctuaciones de voltaje provocan que los equipos eléctricos de los abonados sufren daños en muchos casos irreparables.

“Nosotros (las aseguradoras) dependemos de los reaseguradores para todo. Para las pólizas de responsabilidad pública, interrupción de negocio (lucro cesante), la cubierta de propiedad y para la de rotura de maquinaria. Esa línea de negocio en Puerto Rico se está viendo afectada desde el huracán María por la pobre condición del sistema eléctrico. Y con Ernesto esto se puso peor. Nosotros tenemos un reasegurador para la cubierta de “equipment breakdown” (rotura de maquinaria) y la experiencia (reclamaciones radicadas) no ha sido la mejor. Si siguen las pérdidas, obviamente, en un momento dado los reaseguradores nos pueden decir que no continuarán reasegurando la línea de rotura de maquinaria”, sostuvo González Portilla.

Alternativas que afectan a los consumidores

Indicó que otras opciones que podrían considerar los reaseguradores antes de suspender el reaseguro a la cubierta comercial de rotura de maquinaria es exigir un alza en el deducible, incrementos de prima, eliminar determinadas áreas de la cubierta o sencillamente demandar que no sean renovadas aquellas pólizas que registren alzas notables en reclamaciones.

En Puerto Rico la aseguradora Multinational ofrece una cubierta para daños en equipos domésticos por fallos del sistema eléctrico con un límite máximo de $5,000, como parte de un “package”, que incluye cubierta para automóvil y vivienda.

González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, explicó que tras el paso de Ernesto no se registraron alzas en las reclamaciones por lucro cesante o interrupción de negocio por el colapso del servicio eléctrico debido a que las empresas y comercios han adquirido plantas eléctricas que le permitieron continuar operando en medio de los frecuentes apagones.

No obstante, el ejecutivo señaló que las reclamaciones contra la cubierta de rotura de maquinaria se han disparado, especialmente por los daños causados por los fallos en el servicio eléctrico a los elevadores en edificios comerciales y a los equipos para acondicionar el aire.

“Para que se active una reclamación no puede haber desgaste físico por años de uso. Tiene que ser rotura de maquinaria. Los elevadores y los acondicionadores de aire tienen unos “board” (placas de circuitos eléctricos) que sufren cuando hay alzas y bajas en el sistema eléctrico. Se daña un board de esos y hacen una reclamación bajo la cubierta de cubierta de “equipment breakdown” (rotura de maquinaria) y tienes que pagar”, indicó el ejecutivo.

Aumento en reclamaciones

“Esos reaseguradores de rotura de maquinaria la tiene que estar pasando mal después de Ernesto. Deben estar viendo una frecuencia de pérdidas por el tema de la pobre condición del sistema eléctrico de Puerto Rico”, exclamó González Portilla. Los reaseguradores que ofrecen a las aseguradoras locales cubierta para la póliza de rotura de maquinaria son The Travelers y Hartford Steam Boiler.

Según el informe trimestral sometido por LUMA Energy el pasado mes de julio, los clientes del sistema eléctrico en Puerto Rico experimentan interrupciones del servicio que asciende a 24 horas y 8 minutos en promedio al año.

Este monto de interrupciones es el más alto desde septiembre de 2022, cuando el país sufrió el paso del huracán Fiona. Además, representa un cambio adverso para los abonados, comparado con el trimestre anterior en 2024, cuando el promedio fue de 23 horas y media.

El informe concluyó que los abonados del sistema eléctrico en Puerto Rico experimentan ocho apagones al año, una cifra que excede el promedio de interrupciones en Estados Unidos, que asciende a 2.5 horas anuales y hasta 6.1 horas en caso de que ocurran situaciones inesperadas. Luma ha dicho que la invasión de las líneas eléctricas por la vegetación abundante de la isla es la mayor causa de las interrupciones junto con la obsolescencia de las plantas de generación y la falta de mantenimiento.

Publicidad

Importación de leche podría ser permanente

0

Por Miguel Díaz Román

La importación de leche anunciada por la empresa Tres Monjitas para lidiar con la baja producción local por las altas temperaturas podría convertirse en una medida permanente debido a que la quiebra de vaquerías y la disminución del ganado productor ha causado una reducción en los abastos de leche, según denunció el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega.

Flores Ortega sostuvo que las nuevas políticas impuestas de manera arbitraria por la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera (ORIL) este cuatrienio, han causado la desaparición de aproximadamente 45 vaquerías en cuatro años, lo que se ha traducido en una merma significativa en la producción de leche.

El ex secretario explicó que las políticas de la ORIL y de su administrador interino, que lo es también el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, consisten en unos nuevos parámetros de calidad que regulan el contenido bacteriano y de otros elementos que contiene la leche.

Estos nuevos parámetros, que fueron establecidos por medio del reglamento 5, son más rigurosos que los exigidos por el gobierno federal para obtener la clasificación de leche grado A, según indicó el ex secretario.

Sostuvo que, para el 31 de agosto de 2022, cuando ya las bajas temperaturas estaban afectando las vaquerías, la ORIL registró una producción total de leche de 8,134,163 millones de cuartillos.

Pero la producción registrada el pasado 11 de septiembre de 2024 sólo alcanzó 5,791,409 millones de cuartillos, lo que implica una merma en dos años de 2,342,754 millones de cuartillos.

Baja de 1.1 millón de cuartillos

“Nuestra experiencia indica que aproximadamente el 50 % de esa merma obedece a las altas temperaturas. Pero el otro 50 %, es decir, 1,171,377 millones de cuartillos, son el resultado del cierre de vaquerías y de la disminución del ganado productor por las políticas impuestas por la ORIL y por el secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, durante este cuatrienio”, indicó Flores Ortega.

“Cuando yo era secretario el pasado cuatrienio habían alrededor de 245 vaquerías y ahora hay cerca de 200 vaquerías, lo que demuestra una reducción en el número de vaquerías y en el número de cabezas de ganado productor. Eso explica la desaparición de 1,171,377 millones de cuartillos que no es el resultado de las altas temperaturas”, dijo Flores Ortega.

Indicó que los nuevos parámetros que impone el reglamento 5 han elevado los costos de producir leche hasta el punto muchos ganaderos se han declarado en quiebra en el Tribunal Federal mientras que otros, sencillamente, han cerrado sus operaciones, lo que también ha contribuido a la reducción en la producción de leche.

Cierran más vaquerías

“Y esto sigue evolucionando porque la semana pasada cerraron tres vaquerías más. Es por esta razón que la importación de leche se ve como una medida que podría ser permanente. La industria lechera, nuestra principal industria agrícola, donde somos autosuficientes, ha sido atacada por estas medidas impuestas por la ORIL y ahora tendremos que importar leche para satisfacer el consumo”, dijo el ex secretario. 

Los nuevos parámetros del reglamento 5 de la ORIL exige para las células somáticas contajes por debajo de 550,000 células por mililitro.

La presencia de células somáticas está relacionada con infecciones y enfermedades en la ubre de las vacas y los técnicos de la ORIL ordenan el decomiso de aquella leche que no cumple con el contaje por debajo de 550,000 células por mililitro.

No obstante, el contaje de células somáticas aceptado por el gobierno federal para obtener la clasificación grado A es de hasta 750,000 células por mililitro.

Leche importada cumplirá

De hecho, Orlando González, gerente general de Vaquería Tres Monjitas, le indicó a SN que la leche que esa propone importar cumple a cabalidad con los parámetros de la ORIL, incluyendo el límite de los 550,000 para células somáticas por mililitro y 70,000 para bacterias totales.

González había expresado al periódico El Vocero que Tres Monjitas ya identificó una planta en el estado de Florida que suplirá sus necesidades de leche cruda en las próximas semanas. El ejecutivo agregó que se propone identificar otras plantas que suplan a la empresa los volúmenes necesarios de leche cruda necesarios para satisfacer el consumo local.

Tres Monjitas es la única procesadora de leche que actualmente suple el mercado de leche fresca debido a que la planta Suiza Dairy cerró sus operaciones para el mercado de leche fresca tras presentar una demanda contra la ORIL y González Beiró en el Tribunal Federal.

Parámetros de ORIL reducen producción

Miembros del sector productor de leche que han conversado con SN revelaron que para evitar los decomisos los ganaderos se han visto obligados a incurrir en altos costos para pagar servicios veterinarios y para adquirir medicamentos.

Además, los nuevos parámetros han contribuido a la reducción de producción de leche debido a que, para evitar los decomisos, las ganaderías han tenido que disponer del ganado que registra alta incidencia de células somáticas.

Flores Ortega señaló que la merma en la producción por las altas temperaturas se había enfrentado en el pasado importando ganado con el fin de aumentar el caudal de leche.  Pero desde inicios de este cuatrienio González Beiró eliminó los incentivos para la importación de ganado de reemplazo.

Esta decisión ha causado una reducción significativa en el número de cabezas de ganado en las vaquerías porque, sin los incentivos del gobierno, resulta muy costosa para los ganaderos la importación de ganado de reemplazo. En la actualidad el costo por cabeza de ganado puede superar los $4,500.

Afectada también la leche UHT

Flores Ortega reconoció que el consumo de leche ha experimentado una reducción, pero señaló que la ORIL deseaba bajar la producción debió establecer límites a la producción que cobijara a todas las vaquerías.

“Pero aquí se ha querido eliminar ganaderos para bajar la producción de leche y esa no es la función de la ORIL”, dijo el ex secretario.

El ex secretario sostuvo que la merma en los abastos de leche afectará también la elaboración de leche UHT, que actualmente realizan las plantas Indulac y Vida. Esta última está ubicada en Aguadilla y pertenece a Suiza Dairy.

“Incluso, los parámetros de la ORIL y González Beiró han afectado a la planta Indulac, que tanto quiso proteger en sus decisiones administrativas. Ahora Indulac tampoco tendrá leche porque no habrá excedentes y para continuar en el mercado de leche UHT tendrán que importar leche”, dijo Flores Ortega.

En su demanda presentada en Tribunal Federal, Suiza Dairy señaló que en los pasados tres años el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico ha declarado nulas ocho órdenes administrativas emitidas por la ORIL y González Beiró, las cuales presentan un patrón destinado a modificar arbitrariamente las regulaciones y alterar el orden de distribución de la leche cruda para favorecer a la planta Indulac.

Publicidad

Presidente del CUD apuesta por el sector privado en desolador panorama económico

0

 Por Miguel Díaz Román

La economía local transita un preocupante curso decreciente, en el que el crecimiento de unas empresas se logra a expensas de arruinar a otras, mientras existen una serie de obstáculos que magnifican los problemas del país como la reducción de la población, el rol de la cultura como impedimento hacia la innovación y la timidez del sector privado en asumir un rol protagónico para encaminar la economía, según sostuvo el doctor Ramón Barquín III, quien es el nuevo presidente electo del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico (CUD).

Doctor Ramón Barquín III, nuevo presidente electo del Centro Unido de Detallistas de Puerto Rico.

Barquín III señaló que los líderes del gobierno son incapaces de viabilizar soluciones y apostó por el desarrollo del sector de los servicios como fuente para revitalizar la economía, una transformación que deberán liderar las pequeñas y medianas empresas.

Los planteamientos del presidente electo del CUD fueron realizados durante el conversatorio titulado “El impacto de la tecnología y los cambios en la Educación”, que la pasada semana celebró la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros.

Incluso, Barquín III también planteó que la educación en Puerto Rico ha fallado en utilizar la tecnología como mecanismo para retener y dispersar el conocimiento.

Destacó que el desarrollo y manejo del conocimiento especializado en sus diversas facetas, como en la tecnología o en la biología, “es el factor de producción hoy por hoy más importante” para reactivar la actividad económica del país.

Robótica como solución

No obstante, señaló que el conocimiento debe estar aplicado a la tecnología, a las telecomunicaciones y la tecnología de informática para que sea una fuente de actividad económica.

Sostuvo que una alternativa que ofrece el desarrollo tecnológico es la robótica, la cual definió como «un elemento mecánico para automatizar operaciones» y que tiene numerosas aplicaciones. Entre esas aplicaciones mencionó utilizar la robótica para sustituir mano de obra.

“La robótica es una alternativa para la mano de obra, que actualmente es un recurso escaso y necesario para la producción”, indicó.

Un tercer elemento para el uso de la tecnología es la impresión tridimensional, que actualmente se utiliza para restaurar los arrecifes de coral ubicados en la costa de San Juan. Barquín III indicó que la impresión tridimensional puede ser un recurso muy útil para restaurar infraestructura crítica.

De hecho, Barquín III es el director de Bluetide, que es una entidad sin fines de lucro dirigida a insertar a Puerto Rico en la llamada economía azul, que involucra el desarrollo de aquellas actividades comerciales que dependen del océano.

Entre esas actividades figura el uso de la impresión tridimensional para restaurar los arrecifes de coral los cuales reducen la energía de las olas y son capaces de minimizar la erosión costera.

“La economía azul representa $2.9 trillones de dólares al año y Puerto Rico participa escasamente de esa economía”, dijo Barquín III.

 El reto demográfico

En el foro, que fue celebrado en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado, Barquín III fue el único expositor invitado ante una concurrencia selecta de economistas, empresarios, contables, miembros de la comunidad financiera y de la industria de seguros.

Durante su participación en el foro, Barquín III, realizó una radiografía de los grandes desafíos que enfrenta el país entre los que destacó el llamado reto demográfico que se caracteriza por una reducción significativa en la tasa de natalidad y un incremento de la emigración de puertorriqueños hacía los Estados Unidos.

El llamado reto demográfico ha tenido un impacto adverso en la fuerza trabajadora disponible y en la población estudiantil desde los primeros grados hasta el nivel universitario.

Además, la merma de los jóvenes ha causado un alza en la población envejeciente conforme más individuos alcanzan y superan los 60 años.

Barquín III, destacó que es el sector privado el llamado a buscar solución a los complejos problemas del país, entre ellos la reducción poblacional y criticó que el gobierno haya asumido el rol de impulsar la economía.

Tímido el sector privado

De hecho, el ejecutivo, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Atlantic University, señaló que el sector privado en Puerto Rico ha sido tímido y no ha incursionado en alcanzar un mayor protagonismo en la actividad económica y social del país.

Barquín III planteó que la educación en Puerto Rico ha fallado en utilizar la tecnología como mecanismo para retener y dispersar el conocimiento, lo cual atribuyó a la falta de un “plan coherente de desarrollo económico”.

Indicó que “hay muchas buenas intenciones, pero la falta de un plan coherente de desarrollo económico es porque no hay liderato ni en el sector público ni en el sector privado. El sector privado en Puerto Rico es tímido y es simplemente vago”, indicó Barquín III, quien explicó que el sector privado se ha mantenido contento con su obligación de pagar contribuciones y no ha aspirado a asumir otras responsabilidades, mientras el gobierno desarrolla infraestructura crítica.

Incluso, Barquín III planteó que, a pesar de la masiva inversión de fondos federales en el sistema de educación pública, el sistema ha fallado en utilizar la tecnología en las escuelas por la reticencia cultural de los actores del sistema, una conducta patrocinada por las uniones o asociaciones que operan en el Departamento de Educación.  

Reticencia cultural

“Pueden haber invertido $45,000 millones de dólares en la tecnología en la educación y todavía en las escuelas no hay para tizas, ni para tina para las fotocopiadoras y mucho menos conectividad en las escuelas”, dijo Barquín III.

“Por lo tanto, el uso de la tecnología en la educación para transformar y distribuir el conocimiento en Puerto Rico lo veo desierto, porque el liderato para romper esa resistencia cultural no lo hay”, dijo.

También mencionó que el sistema educativo privado ha carecido de capital para utilizar abrumadoramente la tecnología en sus escuelas debido a falta de estudiantes.

Insistió en que la prioridad de desarrollo en la economía local debe ser el sector de los servicios donde deberá existir una participación principal de las pequeñas y medianas empresas, las cuales “son el sostén de la economía puertorriqueña, de la familia puertorriqueña”.

Incluso, Barquín sostuvo que la economía local transita una etapa decreciente en la que no existe un alza en la inversión mientras los ingresos de las empresas no son sustanciales y provienen de capturar mercado a los competidores.  

Economía “cero suma”

También indicó que no es cierta la información vertida por el gobierno sobre que se ha registrado un alza en el retorno de puertorriqueños que emigraron a los Estados Unidos en los pasados años.

“Dejemos los cuentos de camino y atendamos el problema estructural de la economía de Puerto Rico, que se atiende con liderato y con un plan coherente con ejecución de lo que ya es una tendencia. Este es un mercado “cero suma”, porque como ustedes saben la economía ha dejado de crecer, donde en esencia para Pan American Grain ganar tiene que quitarle a V Suarez. ¿Y entonces cómo se crece? Efectivamente, cuando el mercado es decreciente tengo que robarle al competidor, pero mis posibilidades de éxito son casi nulas”, dijo Barquín III.

De hecho, el presidente del CUD cuestionó la capacidad gerencial de los administradores de la cosa pública ante la realidad de que el gobierno haya sufrido una quiebra financiera estrepitosa a pesar de que más de dos terceras partes de la economía es subvencionada por fondos federales.

Barquín III también cuestionó la contradicción que involucra realizar pagos a los trabajadores en Puerto Rico que superan el mínimo federal, mientras el índice de pobreza local es más bajo que el de Mississippi, que es uno de los estados más pobres de Estados Unidos.

“Seamos realistas, seamos realistas. Empecemos a hablar nuestros problemas como son y a atenderlos desde la empresa privada. Ese es el reto porque los líderes que tenemos no tienen una noción clara para sacarnos del atolladero”, sostuvo.

Raigambre española y católica como problema

Un tema polémico que trató con soltura son los efectos contraproducentes de la fuerte influencia de la cultura española y de la iglesia católica, tras más de cinco siglos de coloniaje español.   

“El problema de Puerto Rico es cultural. En Puerto Rico seguimos pensando que somos el ombligo del mundo. Nuestra mentalidad isleña y nuestra ascendencia española, de las somos todos muy orgullosos, pero la potencia que fue España, ese imperio fue uno oscuro porque la cultura por influencia religiosa, la España católica, apostólica y romana, resistía el conocimiento. Puerto Rico viene de esa estirpe cultural donde no impera la razón. La religión católica fomentó una cultura, tanto en España como en las colonias, donde el desarrollo (económico) no se dio”, dijo Barquín III.

No obstante, Barquín planteó que, tras el cambio de soberanía con la entrada de Estados Unidos en Puerto Rico como poder colonial a partir de 1898, el país sufrió una transformación que ofrece unas oportunidades que debemos aprovechar.

“Nosotros representamos 10 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos. Vamos a dejar nuestra crisis de identidad y vamos a estar orgullosos de nuestra tradición española y vamos a aprovechar la realidad que tenemos, que es a la que aspira mucha gente y no tiene. Saquemos provecho de nuestra capacidad comercial y sacar provecho de los tratados de libre comercio (de Estados Unidos)”, dijo Barquín III.

El ejecutivo también mencionó las numerosas iniciativas de desarrollo económico que ha comenzado el gobierno y algunas han fracasado y otras han quedado inconclusas, como el llamado “superpuerto” que se planificó para la ciudad de Ponce y más de dos décadas después esa iniciativa no se ha concretado, mientras otras naciones de Caribe han desarrollado puertos competitivos como la República Dominicana y Panamá.

Publicidad

Informe Semanal – 20 de Septiembre de 2024

0

Esta semana en Informe Semanal conversamos sobre la pertinencia de que un agente de seguros te recomiende opciones de seguro para tu carro.

Con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, hablamos sobre varios temas de la agricultura.

El economista José Alameda hablará sobre la reducción de las tasas de interés y sobre el llamado Proyecto 2025 de Donald Trump y la fundación Heritage.

Publicidad

Asegurados comienzan a mostrar interés en que seguros reflejen valor real de sus propiedades

0

 Por Miguel Díaz Román

Cada vez con más ahínco los ciudadanos que tienen aseguradas sus hogares han llamado a sus agentes de seguros o a las aseguradoras con las que han suscrito sus pólizas de propiedad para obtener orientación y garantizar que los límites de su cubierta se ajusten al valor actual de sus propiedades y así evitar que estén subvaloradas.

Jaime González Portilla, presidente de Antilles Insurance Company.

De hecho, se espera que el reciente llamado realizado por la Asociación de Bancos de Puerto Rico (ABPR) y la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE) para que los límites de las cubiertas de seguro de propiedad respondan al valor real de las viviendas motive a los asegurados a revisar sus pólizas.

Manuel Font, presidente saliente de la Asociación de Agentes Profesionales de Seguros de Puerto Rico y el Caribe (PIA por sus siglas en inglés) sostuvo que su organización ha realizado un gran esfuerzo para que los agentes asociados se comuniquen con sus clientes la necesidad de revisar los valores de sus propiedades.

Incluso, indicó que PIA y ACODESE han realizado la campaña “Asegúrate Puerto Rico”, en la que también advierte a los asegurados los efectos adversos de no estar correctamente asegurado.

“Cuando le explicas a los asegurados cómo funciona la póliza ellos entienden. Y esto tiene el otro lado de la moneda porque tiene un costo y obviamente el consumidor dice ´esto me va costar más´. Pero yo les explico que es mejor asegurarse bien que estar mal asegurado, porque cuando venga la reclamación te van a pagar mal. Y es una realidad triste que después de 10 años de comprar tu propiedad le debas aumentar el costo de reconstrucción de $100,000 a $125,000 y eso va a tener un aumento en la prima, pero es mejor estar bien asegurado”, dijo Font.

Aumento en consultas tras la tormenta Ernesto

La ABPR y ACODESE han sostenido que la campaña “Asegúrate que estés asegurado” surge como resultado de un aumento en las consultas realizadas de parte de asegurados y por clientes hipotecarios de los bancos tras el paso de la tormenta Ernesto. 

Las consultas intentaban indagar, según expresaron las organizaciones, sobre los límites de su seguro adecuados para proteger su vivienda al momento de realizar una reclamación.

No obstante, SN exploró en varias aseguradoras sobre la reacción de los asegurados y la respuesta consistente es que ya se están comenzado a recibir peticiones para revisar los límites.

De hecho, la temporada de huracanes termina el próximo 30 de noviembre, lo que implica que la revisión de los límites de la cubierta y del valor de la propiedad es un asunto de vital importancia.

El efecto de la inflación

Además, los huracanes no es la única amenaza catastrófica para las que las pólizas de propiedad ofrecen protección, pues también cubren daños causados por fuego y terremoto.

La ABPR y ACODESE también advirtieron que tener una cubierta adecuada en su seguro de propiedad es especialmente importante porque la inflación ha tenido un impacto sustancial en el costo de los materiales de construcción.  

El economista José García López, quien ha examinado los efectos de la inflación en los materiales de construcción, sostuvo que realizó un estimado sobre el efecto de la inflación en el costo por pie cuadrado para construir una vivienda de interés social, el cual ascendió a 58 %. 

En síntesis, una propiedad con un límite de cubierta que no responda al valor real de la propiedad puede causar efectos adversos al asegurado al momento de enfrentar una pérdida y presentar una reclamación, porque el pago no atenderá adecuadamente el costo de reconstrucción.

“Si has hecho un segundo piso, una piscina o has colocado en tu casa unas placas solares no dejes de llamar a tu agente para que esos cambios se incluyan en tu póliza de seguros. Tu póliza no se puede quedar con el mismo valor de hace 10 años si le has hecho cambios a tu propiedad”, insistió Font.

Responsabilidad de los agentes

Sobre este crucial aspecto el presidente de Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que ACODESE convocó a una reunión a la ABPR para trasladar la preocupación sobre que los límites de las cubiertas de los seguros de propiedad merecían una revisión debido al efecto que ha tenido en el costo de los materiales de construcción la espiral inflacionaria que experimentada por la economía local en los pasados años.

 De hecho, es necesario advertir que los bancos son dueños de determinadas agencias generales, las cuales tramitan con las aseguradoras del país los seguros de propiedad para las hipotecas que venden a sus clientes.  

González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de Acodese, aclaró que no es responsabilidad de las aseguradoras procurar que los límites de las pólizas sean adecuados. Sostuvo que es una responsabilidad de los asegurados y de los agentes de seguros.

 “Son los agentes los responsables de hablar con sus clientes para que los límites sean revisados. Si usted compró una casa hace siete años ya el costo de reconstrucción por pie cuadrado cambió. Por ejemplo, si antes era $150.00 por pie cuadrado, ahora puede estar en $180.00 y ese aumento puede afectar la reconstrucción de una casa si los límites no son adecuados porque lo que pagará la aseguradora no será suficiente para reparar la casa”, dijo González Portilla.

Penalidad onerosa

Señaló que, si el valor de la propiedad aumentó y no fue registrado en la póliza, al momento de una reclamación el asegurador aplicará una penalidad de coaseguro, la cual es sumamente onerosa.

” Si la casa estaba asegurada por $100,000 y debió estar asegurada por $200,000, esa fracción, que equivale a 50 % – 100 entre 200 es 50 %, – quiere decir que al momento de la reclamación te pagarán el 50 % de la reclamación. Por lo tanto, el que tenga asegurada su casa por $100,000 en su póliza y la debe tener en $200,000, pues la debe subir a $200,000”, dijo González Portilla.

Agregó que, en caso de una pérdida total, el asegurado cuya casa estaba asegurada por $100,000 y debió estar asegurada por $200,000 “no va recibir más de $100,000”.

Muchas casas sub aseguradas

“Acodese le llevó la preocupación a la APBR de que muchas casas podrían estar sub aseguradas por el tema de la inflación y a las compañías de seguro le preocupa que, en caso de una catástrofe, los perjudicados serán los asegurados”, indicó el ejecutivo.

“Quien único puede enmendar la póliza o endosarla es el agente o el corredor. Pero la responsabilidad de que los valores sean los correctos es una responsabilidad del agente o corredor. Esa no es una función de las aseguradoras. Lo que sucede es que cuando venga la reclamación, las aseguradoras van a ajustar la pérdida y si la casa está mal asegurada te van a penalizar. Ese fue el mensaje que ACODESE le llevó a la ABPR. Y así fue que surgió el tema de la campaña para que los asegurados se aseguren de que su casa está bien asegurada”, dijo González Portilla.

De hecho, el presidente de Antilles Insurance indicó que el proceso de enmendar la póliza para cambiar el límite puede prescindir de una tasación y aun así ser un proceso rápido y efectivo.

Prescindir de la tasación

“Yo creo que no es tan complicado. Yo compré mi casa hace siete años atrás y en la tasación que debo tener, que es parte de mi hipoteca,  busco el costo por pie cuadrado de construcción. Supongamos que dice $150.00 por pie cuadrado de construcción. Pues yo llamo a mí agente para que confirme cuál es el costo por pie cuadrado de construcción hoy en día.  El agente hizo su trabajo y llamó a un ingeniero y le han dicho que ya no es $150.00 sino $180.00. Con esa información haces el cálculo y solicitas un aumento en el límite del seguro. Puedes hacer una tasación, pero eso te va a costar dinero. Si no quieres pasar por ese proceso puedes hacerlo con el costo por pie cuadrado de construcción hoy en día”, dijo González Portilla.

El ejecutivo indicó que tras obtener un cambio en el límite el asegurado deberá pagar el incremento que este cambio causará en la prima.  “Todo esto es para lograr que, cuando venga la reclamación, te paguen lo que te tienen que pagar. Porque, de lo contrario, te van a penalizar”, sentenció.  

Publicidad