González Beiró al gabinete de la gobernadora: abandonen sus cargos si no pueden nombrar subalternos

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Por Miguel Díaz Román

El ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, le recomendó al designado secretario de Agricultura, Josué Rivera Castro, que abandone el puesto si no puede nombrar a los funcionarios que dirigirán las diversas dependencias de su agencia.

«Yo le recomiendo que se vaya», sostuvo González Beiró ante la realidad de que el secretario de gobernación, Francisco Domenech, paralizó una serie de nombramientos que Rivera Castro realizó para las principales dependencias del Departamento de Agricultura.

González Beiró hizo las expresiones durante una entrevista con el periodista Rubén Sánchez en la estación radial de noticias WKAQ 580. 

Aunque al inicio de sus expresiones González Beiró se refirió a la situación experimentada por Rivera Castro tras la intervención de Domenech en el Departamento de Agricultura, más adelante en la entrevista el ex secretario extendió la exhortación a todo el gabinete nombrado hasta ahora por la gobernadora Jenniffer González Colón.

«Los secretarios, los jefes de los departamentos sombrillas que hay y los secretarios constitucionales, muchos de ellos, no van a tener ningún poder en su agencia, porque sí los nombramientos no los hace él tampoco le van a responder a él. Así que, si usted no puede nombrar su equipo de trabajo es mejor que se vaya para su casa porque para quedar bien siempre hay tiempo y para quedar mal no», indicó González Beiró.

Crítica severa contra la gobernadora

De esta manera reaccionó el ex secretario de Agricultura a la determinación de González Colón de investir al secretario de gobernación con amplios poderes que le permiten intervenir en todas las agencias del gobierno para desautorizar nombramientos a puestos de carrera y rechazar nombramientos a puestos de confianza realizados por los secretarios. 

Domenech también fue autorizado a establecer cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria para lograr el cumplimiento de la política pública de la administración, incluyendo decidir sobre contrataciones y órdenes de compra y poner en vigor cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria. 

Los amplios poderes a Domenech fueron concedidos por González Colón a través de una de las primeras órdenes administrativas que firmó tras juramentar para el cargo de gobernadora el pasado 2 de enero.

De hecho, las expresiones de González Beiró representan en realidad la crítica más severa realizada por un ex funcionario de la administración del ex gobernador Pedro Pierluissi contra la nueva administración de González Colón. 

«Así que mi consejo, y este es un consejo a la administración, que permitan,… que no puede estar centralizada…Sí, el secretario de la gobernación es el jefe directo de los secretarios, !pero ellos no pueden nombrar  sus ayudantes!», exclamó González Beiró.

No está pasando nada

Luego, el ex secretario procedió a explicar la razones que lo motivaron a escribir un enigmático mensaje que recientemente difundió a través de las redes sociales, el cual, según expresó González Beiró, fue interpretado de manera equivocada como un ataque de su parte contra Rivera Castro.

El corto mensaje indicaba de manera escueta «nos llevan con piloto automático directo al precipicio».

González Beiró explicó que su mensaje fue un intento de llamar la atención sobre la casi nula actividad relevante de gobierno que la administración de González Colón ha demostrado en las primeras semanas de su gobierno. 

«Llevamos casi un mes y no está pasando nada. A eso es que me refiero. Y tengo la fuerza y el deber moral de señalarlo. Como consejo a la gobernadora, que permita que los secretarios y los jefes de las sombrillas nombren a su gente para que les respondan. Porque si no, no habrá ejecución y lo principal es la ejecución. Si tú equipo no te responde tú no puedes ejecutar.  A eso me refería. A ningún jefe en específico. Muchas personas interpretaron que me estaba refiriendo al secretario designado de Agricultura, que tiene todo mi respeto y mi apoyo. Viene de afuera y eso es lo más importante, que no venga del propio departamento. Es una persona bien inteligente, joven, bien intencionado que se va dejar ayudar. Así que le auguro una confirmación rápida el próximo sábado y que puede ponerse a trabajar por la agricultura de Puerto Rico», concluyó González Beiró.

Nombramientos paralizados

Entre los nombramientos realizados por Rivera Castro que fueron paralizados por Domenech  figura el de Ruth Pagán Alvarado, quien fue nombrada por Rivera Castro para la posición de subsecretaria de Agricultura. Según fuentes del departamento de Agricultura, Pagán Alvarado estuvo vinculada a la campaña a favor de Pedro Pierluisi durante la primaria.  

Otro nombramiento paralizado fue el de Jorge Quiles, a quien se le designó como administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (Adea). El tercer nombramiento paralizado es el de Irving Rodríguez, quien fue nombrado para ocupar la posición de director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, que es la posición que ocupó el pasado cuatrienio.  

También fue paralizado el nombramiento del licenciado Javier Lugo Rullán para la posición de director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA). Lugo Rullán fue el director ejecutivo de la CSA la mayor parte del pasado cuatrienio, una posición que obtuvo tras renunciar como administrador de la Oficina para la Reglamentación para la Industria Lechera (Oril). También fue paralizado el nombramiento del agrónomo Carlos Castillo, a quien se le encomendó la administración interina de la Oril.

Otro ex funcionario que no ha recibido apoyo de parte de Domenech para la posición de subsecretario de Agricultura es el agrónomo Robert Bradley, quien ha ocupado la posición de administrador de Adea.

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Incertidumbre y esperanza persigue la promesa de agilizar la aprobación de permisos

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Por Miguel Díaz Román

Aunque la transformación del sistema de aprobación de permisos hacia uno ágil y eficaz es una promesa que lleva más de dos décadas en el debate público, nuevamente aflora en el presente como un necesidad urgente para estimular la actividad económica y ayudar a rehabilitar al decaído sector de la construcción de nuevas viviendas del país que ha experimentado un preocupante encogimiento en los pasados años, según señaló el presidente de la Asociación de Constructores de Puerto Rico (ACPR), Agustín Rojo Montilla.

Y aunque la nueva administración de la gobernadora Jenniffer González Colón ha alentado la esperanza de que se propone agilizar la aprobación de permisos, hasta ahora la incertidumbre parece acompañar al sector de la construcción de nuevas viviendas.

Cuando SN le preguntó a Rojo Montilla si la nueva administración de González Colón incluirá las preocupaciones que alberga el sector de la construcción de nuevas viviendas sobre el problema de los permisos, el ejecutivo no pudo ofrecer una respuesta categórica sobre si en realidad existe un compromiso con ese objetivo.

El presidente de la ACPR se limitó a decir que aún no existe un proyecto de ley que él pueda leer para comentar. «La revisión se está haciendo. Todavía no hay un proyecto de revisión que yo pueda comentar sobre él. Pero la visión es la correcta, es la de fomentar lo que estamos hablando (agilizar la aprobación de permisos)», sostuvo Rojo Montilla.

Los planteamientos del presidente de la ACPR fueron realizados durante un conversatorio que el pasado jueves celebró la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros (APAF). El foro fue celebrado en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado.

El consenso unánime avala la conclusión que el sistema para aprobar permisos es una engorrosa maquinaria de regulaciones que consumen el tiempo y el dinero de los proponentes y que se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento de la economía y la construcción de viviendas no ha sido una excepción.

Los arbitrios y costos impuestos por el gobierno a los desarrolladores de viviendas representan el 28 % del costo de una casa nueva, según reveló Rojo Montilla.

Necesidad de agilizar aprobación permisos

En otras palabras, de cada vivienda cuyo costo asciende a $300,000, que es el precio promedio de una vivienda nueva en el mercado local, el gobierno retiene $84,000. Una cifra que incluye la patente municipal, la cual se debe pagar por adelantado sobre la totalidad del ingreso bruto estimado de un proyecto.

De hecho, en los pasados 30 años ha surgido en el debate público con prominencia sobre la necesidad de reducir el peso económico que representan los permisos y de agilizar el proceso de aprobación, pero las iniciativas encaminadas para atender el problema no han producido resultados tangibles.

Según indicó Rojo Montila en la actualidad existen unos 765 contratistas, lo que representa una merma alarmante cuando se compara con los cerca de 34,000 contratistas que tuvo el país varias décadas atrás.

Además, la necesidad actual de viviendas nuevas asciende a 44,000 unidades, mientras que se estima que es posible construir alrededor de 3,500 anuales.

No obstante, la demanda para vivienda nueva no se ha podido satisfacer a pesar de que están los desarrolladores hábiles para complacer las exigencias de los nuevos compradores. En 2003 fueron construidas 785 unidades de vivienda nuevas y en 2004 esa cifra se redujo a 592 unidades.

Exigentes los nuevos compradores

Rojo Montilla explicó que los nuevos compradores de vivienda no ven como una alternativa el lote de viviendas en desuso que existe en el país y que asciende a más de 200,000 unidades.

Sostuvo que los nuevos compradores exigen viviendas dentro de un desarrollo que posea control de acceso, diversas amenidades como parques y zonas para el ocio, así como unidades de vivienda que cumplan con el concepto «open lay out», que en síntesis, es una casa con una o más habitaciones grandes y una gran sala que combina la cocina, el comedor y la sala de estar.

Ante la realidad de la existencia de una demanda que no se puede satisfacer, Rojo Montillo planteó de manera retórica que «algo estamos haciendo mal».

Luego señaló que la «sobre reglamentación es lo que estamos haciendo mal».

Explicó que, además del complicado sistema de permisos, existe una excesiva reglamentación que cobija la construcción de nuevas viviendas, como por ejemplo, el plan de uso de terrenos, cuyas restricciones limitan la iniciativa de los desarrolladores para construir proyectos de vivienda nueva.

Rojo Montilla dijo que con excepción de la zona metropolitana, solo el 14 % de los terrenos de la isla están desarrollados mientras que el 86 % de los terrenos no están desarrollados.

Efectos del plan de uso de terrenos

Explicó que el plan de uso de terrenos fue revisado en el 2015 y los efectos de esa revisión restringió los terrenos disponibles para la construcción de proyectos nuevos de vivienda.

«En 2015 el plan de uso de terrenos tomó la huella existente en ese momentos y determinó que las áreas que no están desarrolladas no son urbanizables y hoy día si vas a comprar un terreno que no está urbanizado o no tiene clasificación permisible para desarrollarlo – y eso requiere una reclasificación, que es un proceso que toma de tres a cinco años y el costo cae en la incertidumbre y por lo tanto no lo haces – o está prohibido el desarrollo», sostuvo Rojo Montilla.
El efecto real del plan de uso de terrenos, según sostuvo Rojo Montilla, es que ha incrementado el precio de los terrenos y ha limitado la construcción de vivienda planificadas, especialmente de los grandes proyectos de vivienda, que pueden lograr eficiencias por volumen.

«El ciclo de desarrollo de un proyecto toma entre tres y cinco años, el impacto de esas restricciones que se pusieron en 2015 es lo que estamos viviendo ahora», indicó.

De hecho, el ejecutivo no considera la regulación ambiental como un obstáculo y reiteró que el mayor problema es la excesiva dilación en la aprobación de permisos, los cuales pueden tardar en aprobarse entre dos y tres años.

«Los requisitos ambientales no hay que eliminarlos. Lo que hay que fomentar es que se pueden sacar permisos más rápido y cumpliendo con el código ambiental», indicó.

Falta de personal

El ejecutivo destacó que, además de la excesiva reglamentación, uno de los problemas que empantana la aprobación de permisos es la falta de personal en las agencias que proveen los endosos que necesitan los constructores de hogares de manera preliminar para luego introducirse en la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y encaminar la aprobación final de un proyecto.

El proceso de obtener los endosos se retrasa con frecuencia debido a que las agencias carecen del personal entrenado que realiza las inspecciones, las cuales son un requisito necesario para obtener los endosos.

Incluso, Rojo Montilla señaló que el proceso de aprobación de permisos en OGPe también se atrasa con frecuencia por la falta de personal en esa agencia.

No obstante, la aprobación de un proyecto por OGPe, que permite el inicio de la construcción de las viviendas, luego de que las agencias han endosado el proyecto, no es la etapa final en el proceso, pues, luego, cuando el proyecto está finalizado se activa otra etapa que consiste en la aprobación de los llamados «permisos de uso».

Esta es una modalidad de permiso que requiere de una inspección adicional de una unidad de vivienda cuya construcción ha finalizado. El permiso de uso esencialmente autoriza que la unidad de vivienda pueda ser habitada, lo que, en términos de la realidad procesal significa que se pueda finiquitar el proceso de compraventa y entrega de la vivienda.

Un mal llamado permiso de uso

De acuerdo con Rojo Montilla, el permiso de uso es un buen ejemplo de cómo la excesiva reglamentación complica la construcción de viviendas porque este tipo de permiso requiere de una inspección adicional a una vivienda que fue construida según los planos que previamente fueron avalados por las agencias y por OGPe.

La complicación radica en que cada vez que el desarrollador se propone entregar una vivienda debe iniciar el proceso para obtener el permiso de uso.

«Para sacar un permiso necesitamos un endoso de las agencias del gobierno, y las agencias del gobierno tienen escasez de recursos de mano de obra. Ese endoso tiene que ir a la OGPe que también tiene escasez de recursos de mano de obra. Entonces OGPe tiene que aprobar un permiso que ya aprobó una agencia y entonces, después que sale de OGPe, nosotros vamos a construir.Después que terminamos la construcción tenemos que sacar el permiso de uso. Tenemos que volver a la agencia (OPGe) para que inspeccione la obra que hicimos supervisados por ingenieros certificados y la hicimos basado en los planos que nos aprobaron. Ahora ellos tienen que volver a inspeccionar y después que inspeccionen, OGPe tiene que volver a aprobar el permiso de uso y eso lo tenemos que hacer cada vez que vamos a entregar una casa. El sistema es complicado en exceso. No es solamente sacar el permiso, es el trámite diario para sacar el permiso de uso, una vez ya uno tiene el permiso de construcción. Hay mucha oportunidad para mejorar», indicó Rojo Montilla.

Construcción informal

Sostuvo que la excesiva reglamentación alienta la construcción informal, la cual no cumple regulaciones y, por ejemplo, las descargas de aguas negras no están conectadas a los sistemas sanitarios públicos, lo que propicia la contaminación de ríos, quebradas y playas.

Además, las estructuras levantadas por medio de la construcción informal no garantizan seguridad en caso de huracanes, son propensas a colapsos y deslizamientos en caso de que ocurra un terremoto y están expuestas a los daños por el agua en caso de ocurrencia de inundaciones.

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INFORME SEMANAL 24 DE ENERO DE 2025

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Esta semana en Informe Semanal conversamos con el economista Germán Giraldo sobre el derrotero de la industria lechera y los retos que enfrenta.

Con el ex secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, dialogamos sobre la designación de Josué Rivera como secretario de Agricultura y los problemas que enfrenta la agricultura local.

Con el economista José Alameda hablamos sobre las perspectivas de la economía de Puerto Rico en el contexto de la nueva administración de Donald Trump y su promesa de restringir la llegada de inmigrantes y de utilizar los aranceles como mecanismo de presión en contra de competidores y como herramienta de política exterior de los Estados Unidos.

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OCS cierra el caso Redbridge por ausencia de violaciones al Código de Seguros

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Por Miguel Díaz Román

La Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) determinó cerrar una querella contra la empresa Redbridge Assist por la alegada venta ilegal de seguros de viaje que fue radicada en septiembre de 2023 por la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese).

En una comunicación enviada a Acodese a través de correo electrónico el pasado viernes 17 de enero, la OCS informó oficialmente que la determinación obedeció a que de los señalamientos contra la empresa Redbridge Assist no se desprenden violaciones al Código de Seguros.

La determinación confirma las expresiones realizadas ante el Comité de Transición de la administración de la gobernadora Jenniffer González por el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, en la que sostuvo que la querella contra la empresa Redbridge se cerró “porque no hubo ningún hallazgo que indicara violación”.

La misiva fue enviada a la licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de Acodese, por el licenciado Norberto Santana Vélez, quien es el director de la división de procesos de adjudicación, que es la entidad que rige los procesos de los oficiales examinadores en la OCS.

Pernas confirmó haber recibido la misiva de Santana Vélez y señaló que Acodese aún no ha decidido cómo responderá a la decisión de la OCS. «La resolución la recibimos el pasado viernes y no se ha tomado determinación sobre si se pedirá revisión», indicó Pernas.

En la querella Acodese sostuvo que la entidad Redbridge Assist, que es parte del grupo de empresas del grupo Redbridge, vendía seguros de viaje a través de un esquema alegadamente ilegal, el cual utiliza un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza.

Como prueba para validar su planteamiento, Pernas presentó un folleto que, alegadamente, utilizó Redbridge Assist para promover el producto de “asistencia al viajero”, que en realidad es un seguro de viaje. El folleto no identifica al asegurador ni al productor de seguros.

Según Pernas, el folleto contiene un código de respuesta rápida (QR Code por sus siglas en inglés) que al ser leído por un teléfono celular surge una aplicación en Internet que se refiere al programa de “asistencia al viajero”, el cual está suscrito por Ocean International Re, que es una aseguradora de líneas excedentes establecida en la isla de Barbados y que no posee autorización de la OCS para operar como un asegurador en Puerto Rico.

No obstante, la determinación de la OCS cita el artículo 10.100 del Código de Seguros para destacar la validez de aquellos contratos de seguros obtenidos a través de un asegurador de líneas excedentes no autorizado.

Descartado el folleto como evidencia

«De nuestros registros surge que Ocean International Reinsurance Company Limited, es un asegurador no autorizado de líneas excedentes elegible en Puerto Rico y que Redbridge Insurance Agency, Inc. es un corredor de seguros de líneas excedentes con licencia expedida por la OCS. A tales efectos, el artículo 10.100 del Código de Seguros establece:

«Los contratos de seguros obtenidos como cubierta de líneas excedentes de aseguradores no autorizados, de acuerdo con este capítulo, serán completamente válidos y exigible en cuanto a todas las partes, y se reconocerán en todo asunto y respecto, y para todos los propósitos, con el mismo efecto de contratos análogos concertados por aseguradores autorizados. En cuanto a cualquiera de dichos contratos, el asegurador se considerará como asegurador autorizado en Puerto Rico, pero sólo estará sujeto a las disposiciones de este capítulo», sostiene la determinación de la OCS.

Luego, la misiva descarta el folleto presentado por Acodese como pieza de evidencia para sustentar el planteamiento sobre la presunta promoción ilegal de seguros de viaje por parte de Redbridge Assist.

La determinación concluye que del contenido del folleto no surge evidencia sobre que Redbridge Assist lo haya utilizado para promover la venta del seguro de viaje en Puerto Rico.

«El folleto presentado en la solicitud de investigación no hace referencia a que la venta del producto sea para Puerto Rico, incluso los números de contacto de teléfono que aparecen enel folleto no son de la jurisdicción de Puerto Rico. No surge de dónde se obtuvo el folleto y el mismo no menciona ni hace referencia a Puerto Rico. No se desprende evidencia que demuestre que el producto se haya mercadeado en Puerto Rico», señala la decisión de la OCS.

Sin violaciones al Código de Seguros

Incluso, la determinación hace mención del artículo 10.040(2) del Código de Seguros para establecer que el folleto no es una pieza de evidencia pertinente para sustentar los señalamientos de Acodese: «esta sección no se aplicará a publicaciones editadas o medios de información o anuncios preparados o manufacturados en Puerto Rico para circulación exclusiva en otros estados o países».

La decisión emitida por Santana Vélez concluye que «la situación aquí planteada no es constitutiva de violación dentro del ambito jurisdiccional del Código de Seguros, por lo que procedemos con el cierre del caso».

La decisión también avala la posición del ex secretario de asuntos públicos y política pública de la Fortaleza, licenciado Ramón Rosario Cortés, quien representó a Redbridge Insurance Agency Inc (RIA), una entidad que fue investigada por la OCS, tras la querella presentada por Acodese.

En síntesis, Rosario Cortés solicitó el archivo de la querella por falta de evidencia y porque era «improcedente en derecho».

La determinación no impone penalidad alguna ni hace mención de una resolución emitida el 16 de marzo de 2022 en la que Redbridge y la OCS alcanzaron un acuerdo. En ese acuerdo Redbridge aceptó que había vendido seguros de viaje sin estar autorizado, se comprometió a no incurrir en violaciones similares y aceptó pagar una multa de $6,000.

Finalmente Santana Vélez sostiene que la decisión de cerrar el caso de Redbridge Assist no debería tener relación «sobre cualquier otra investigación que esté o pueda estar relacionada al conglomerado de Redbridge o Redbridge Assist».

Este señalamiento responde a la realidad de que la División de Conducta de Mercado e Investigaciones Antifraude de la OCS realiza actualmente cuatro investigaciones contra el conglomerado de Redbridge Insurance Company.

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Mal comienzo para el secretario de Agricultura

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Por Miguel Díaz Román

En lo que representa un posible anticipo de lo que será la gestión del nuevo secretario del Departamento de Agricultura, Josué Rivera Castro, la Fortaleza ha exigido paralizar los nombramientos que el funcionario comenzó a realizar en las diversas dependencias de la agencia, una reacción que ha sido interpretada como una señal de la poca confianza que el entorno de la gobernadora Jenniffer González Colón siente en las decisiones del secretario designado.


El traspiés que inaugura el papel de Rivera Castro como secretario de Agricultura también podría indicar la inquietud que provoca en el secretario de gobernación, Francisco Domenech, las decisiones iniciales tomadas por un funcionario que, alegadamente, no tiene experiencia alguna en la agricultura, quien no conoce el departamento de Agricultura y que carece de criterios para calificar las cualidades del personal disponible para las posiciones directivas de la agencia.


El pasado viernes Domenech fue autorizado por la gobernadora González Colón para ejercer amplios poderes sobre su administración como desautorizar nombramientos a puestos de carrera, a puestos de confianza, así como establecer cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria para lograr el cumplimiento de la política pública de la administración, incluyendo decidir sobre contrataciones y órdenes de compra y poner en vigor cualquier medida de control fiscal que entienda necesaria.


De hecho, según fuentes del departamento de Agricultura, las principales dependencias de la agencia continúan bajo el liderato de la claque administrativa nombrada por el ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, lo que se ha interpretado como una clara señal del desconocimiento de Rivera Castro en el aspecto administrativo de la agencia y sobre las calificaciones del personal que estuvo ocupando las principales posiciones de la agencia el pasado cuatrienio.


Rivera Castro fue exdirector de la Administración de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura Federal para Puerto Rico e Islas Vírgenes entre 2018 y 2021.También fue el director de distrito de la Administración Federal de Pequeños Negocios desde 2021.


González Colón justificó el nombramiento de Rivera Castro como el mejor candidato porque «corrió la política pública federal del Agricultura aquí en Puerto Rico y el Caribe».

No obstante, diversos ex funcionarios y conocedores del sector agrícola del país sostienen que Rivera Castro no conoce los problemas de la agricultura, los cuales requieren decisiones administrativas más allá de solo ofrecer más ayuda a los agricultores.

Incluso, el Colegio de Agrónomos ha rechazado que el nuevo secretario de Agricultura no sea un agrónomo licenciado. La institución se ha mostrado insatisfecha con lo que parecer ser el inicio de una tendencia en el gobierno, debido a que el ex secretario González Beiró tampoco era agrónomo.


Fortaleza pone “stop” a nombramientos


Entre los nombramientos paralizados por la Fortaleza figura el de Ruth Pagán Alvarado, quien fue nombrada por Rivera para la posición de subsecretaria de Agricultura. Pagán fue la directora del Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola (FIDA) el pasado cuatrienio y quien, alegadamente, renunció a la agencia tras la celebración de la primaria entre González Colón y el ex gobernador Pedro Pierluisi, por desavenencias con Ramón González.


De hecho, según fuentes del departamento de Agricultura, Pagán Alvarado estuvo vinculada a la campaña a favor de Pierluisi durante la primaria. Además, la exfuncionaria fue objeto de quejas por determinadas acciones que tomó durante su gestión en el FIDA, algunas de las cuales, alegadamente, son investigadas por distintas agencias de fiscalización.


Otro nombramiento paralizado fue el de Jorge Quiles, a quien se le designó como administrador de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (Adea).


Quiles fue el ex director del Programa de Compraventa de Café durante el pasado cuatrienio y se le ubica con una activa participación en el grupo de trabajo de González Colón para el sector agrícola.


No obstante, Quiles podría enfrentar objeciones para dirigir a la Adea, que es la dependencia de Agricultura con mayor presupuesto para promover la actividad agrícola.


Aspirantes rechazados tras la agenda


El tercer nombramiento paralizado es el de Irving Rodríguez, quien fue nombrado para ocupar la posición de director ejecutivo de la Autoridad de Tierras, que es la posición que ocupó el pasado cuatrienio. A Rodríguez se le identifica como activo un aspirante para la posición de secretario de Agricultura que no recibió el aval de González Colón.


También fue paralizado el nombramiento del licenciado Javier Lugo Rullán para la posición de director ejecutivo de la Corporación de Seguros Agrícolas (CSA). Lugo Rullán fue el director ejecutivo de la CSA la mayor parte del pasado cuatrienio, una posición que obtuvo tras renunciar como administrador de la Oficina para la Reglamentación para la Industria Lechera (Oril).


Según señaló la fuente, la Fortaleza ordenó paralizar el nombramiento del agrónomo Carlos Castillo, a quien se le encomendó la administración interina de la Oril. De hecho, según indicó la fuente, Castillo fue un estrecho colaborador del ex subsecretario de Agricultura, Jorge Campos, durante el pasado cuatrienio.


Campos fue también un aspirante sumamente activo para el cargo de secretario de Agricultura, hasta el punto de que con cierta frecuencia figuraba en la avanzada que acompañaba a González Colón en las actividades con los agricultores durante la primaria.

Hasta el presente Campos no ha recibido el respaldo de parte de la gobernadora para ocupar un cargo de prominencia en el departamento de Agricultura.

Otro ex funcionario que no ha recibido apoyo de parte de la gobernadora para la posición de secretario de Agricultura es el agrónomo Robert Bradley, quien ha ocupado la posición de administrador de Adea.

Alegadamente, Bradley se jubiló por ley 80, lo que le impide ocupar una posición en el sector público por un término de hasta siete años.


Llamadas a granel


La fuente indicó que la Fortaleza y la oficina del secretario de gobernación han sido inundadas de llamadas telefónicas de parte de ex funcionarios vinculados con la administración de González Beiró, quienes han estado socavando los nombramientos realizados por Rivera Castro, por medio de revelar presuntas fallas administrativas incurridas el pasado cuatrienio por los nominados.


Específicamente la fuente mencionó a Jorge Campos; el ex administrador de la Adea, Juan Rodríguez, y la ex ayudante de González Beiró, Noelia García. Estas personas no han sido consideradas como candidatos para las principales posiciones en el departamento de Agricultura.


Alegadamente, la Fortaleza y la oficina del secretario de gobernación también han recibido las llamadas de legisladores del Partido Nuevo Progresista quienes han estado expresando su apoyo a algunos de los nominados por Rivera Castro.


Finalmente la fuente señaló que los nuevos poderes con que fue investido Francisco Domenech también podrían implicar a costo plazo un gran atraso en la toma de decisiones en las agencias, lo que podría causar un atraso en las metas pautadas para los primeros 100 días.


La plataforma de la gobernadora conocida como Acción PR propone, entre otros asuntos, evitar la pérdida de fondos federales, agilizar la aprobación de permisos y reducir su costo y eliminar el aumento en la facturación por consumo de energía.

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Sin rastro del $1.5 millón que la Autoridad de Tierras asignó para reparar la quebrada Margarita

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Por Miguel Díaz Román

A pesar de que desde 2021 la Autoridad de Tierras (AT) radicó un demanda en cobro de dinero contra el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc. para recuperar fondos públicos asignados para unas alegadas mejoras permanentes en la quebrada Margarita en Guaynabo, hasta ayer 14  de enero de 2025, no se ha podido recobrar el $1.5millón que la corporación sin fines de lucro recibió del Fondo de Mejoras Municipales (FMM).

Cinco años después de que la AT radicada la demanda, el 14 de junio de 2021, las obras en la quebrada Margarita no se han realizado y el Centro Comunitario de Servicios a la Familia, Inc no ha devuelto el dinero, lo que ofrece un crudo ángulo de los verdaderos estragos causados por el escándalo del FMM.

La información sobre la incapacidad de recobrar los fondos públicos surge de una moción informativa radicada ayer 14 de enero de 2025 en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón, por la licenciada Bárbara Cruz Muñiz, del bufete Dennis L. Seilhamer, que es el representante legal de la AT.

Alegadamente, en 2021 el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había recibido del FMM dos desembolsos, uno inicial de $380,000 y luego otro desembolso por la cantidad de $1,140,000 , lo que suma $1.5 millones. 

Los fondos se debían utilizar para obras permanentes en la quebrada Margarita, en la jurisdicción del cuerpo de agua en el pueblo de Guaynabo, que discurre desde la avenida Roosevelt hasta el expreso Martínez Nadal. El desembolso fue autorizado por la Resolución Conjunta 19 de 2019. 

El Centro Comunitario de Servicios a la Familia no figura como una entidad con experiencia en proyectos de construcción y especialmente en proyectos que involucran gran complejidad como intervenir una quebrada que en gran parte de su extensión se desplaza sobre la superficie del suelo y en otros fluye de manera subterránea, en zonas urbanas densamente pobladas de residencias y comercios.

Radica quiebra

De hecho, el Centro Comunitario de Servicios a la Familia había radicado una solicitud de quiebra en el Tribunal Federal de Quiebras el 24 de junio de 2024, bajo el capítulo 7 de liquidación, que permite  a los deudores, con determinadas condiciones, no pagar las deudas a sus acreedores. 

La presentación de la solicitud de quiebra detuvo los trabajos en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, que aún no ha tomado una determinación en la demanda de la AT, la cual imputa al Centro Comunitario de Servicios a la Familia incumplimiento de contrato y cobro de dinero.

La entidad sin fines de lucro es dirigida por Humberto Andújar Otero, quien, alegadamente es pastor, y por Raúl Berríos Ferrer.

No obstante, el 4 de septiembre de 2024 la entidad radicó en el Tribunal Federal de Quiebras de San Juan una moción para desistir voluntariamente del caso. La moción fue radicada por el licenciado Jesús Enrique Batista Sánchez. 

Se desconoce por qué los directivos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia desistieron de continuar con el proceso de quiebra bajo el capítulo 7. 

Tribunal busca los fondos

Tras esa determinación, el caso regresó a la sala de la jueza Wanda Cintrón Valentín en el Tribunal de Primera Instancia en Bayamón. 

De hecho, el pasado 2 enero del 2025 la jueza Cintrón Valentín emitió una orden para que los demandantes informaran sobre el resultado de otra orden radicada por ese Tribunal el 14 de noviembre de 2024 contra en Banco Popular. Esta última pretendía que la institución bancaria ofreciera copia de los estados bancarios del Centro Comunitario de Servicios a la Familia.

En la moción informativa la abogada Cruz Muñiz informó que el pasado jueves 5 de diciembre de 2024 «nos entregaron los estados bancarios pero incompletos ya que no contaban con la información de los cheques liberados y cambiados contra la cuenta».

En la moción la abogada indicó que realizó un segundo intento para que el banco entregara los datos que no se habían recibido hasta que finalmente la institución entregó la información que faltaba de los estados bancarios.

No obstante, la moción no abunda si, de la información recibida del Banco Popular, surge evidencia de que el Centro Comunitario de Servicios a la Familia tiene depositados en su cuenta bancaria el $1.5 millón desembolsado por el FMM.

Saldo final en cero

La licenciada Cruz Muñiz le indicó a SN que estaría en las próximas horas radicando nuevas mociones para informar al Tribunal sobre la información que se desprende de los estados bancarios. 

No obstante, en una nota emitida el 10 de septiembre de 2024, en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal se informó que de los activos del Centro Comunitario de Servicios a la Familia, solo se logró recaudar $252.99. La información fue ofrecida por Wigberto Lugo Mender, quien fue el fideicomisario designado al caso.

«Informo que este caso fue desestimado. Recaudé fondos por un total de $252.99. Todos los fondos han sido devueltos o transferidos al fideicomisario sucesor. Todos los extractos bancarios y cheques cancelados han sido enviados al fideicomisario de los Estados Unidos. Los extractos bancarios reflejan un saldo final de cero y ningún otro fondo o activo del patrimonio permanece bajo mi custodia. Por la presente certifico que el patrimonio del capítulo 7 del deudor(es) mencionado(s) ha sido completamente administrado hasta la fecha de conversión o desestimación. Solicito que se me libere de cualquier otra obligación como fideicomisario», sostuvo Lugo Mender en la citada nota que figura en el registro digital del Tribunal de Quiebras Federal. 

 El FMM se nutre de una porción del IVU que pertenece a los municipios y al año el fondo recibe cerca de $30 millones. Los fondos son asignados por los legisladores de distrito y el trámite para realizar el desembolso lo pone en vigor el Programa de Infraestructura Rural de la AT. 

A principio del pasado mes de diciembre de 2024 la Oficina del Contralor divulgó los resultados de una investigación sobre la operaciones del FMM, la cual no recomendó referidos directos al Departamento de Justicia ni a la la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OFEI),  a pesar de que entre sus hallazgos figura el desembolso de los fondos públicos a las entidades sin fines de lucro contrario a la ley.

Informe cojo

El informe le recomienda a Justicia y al OFEI “considerar los resultados y realizar los procesos que entienda pertinentes”.

El primer hallazgo de la investigación es que la asignación de fondos del FMM que realizan los legisladores  es inconstitucional porque la manera cómo se emplearán los fondos públicos es una función del Ejecutivo y no de la rama Legislativa.

Aunque la investigación revela graves irregularidades en el manejo de los fondos de parte de determinadas entidades sin fines de lucro, nada se indica en el informe sobre aquellas entidades que, sin poseer experiencia alguna en proyectos de construcción y de infraestructura, recibieron asignaciones millonarias para realizar ese tipo de encomienda.

La investigación no abunda ni profundiza en las gestiones que pudo realizar el PIR para calificar a las entidades sin fines de lucro en cuanto a su experiencia y capacidad para recibir asignaciones para proyectos de construcción.

Otro asunto que no es tratado por la investigación es cómo se fiscaliza la asignación de fondos para los llamados servicios directos a la ciudadanía, que comprende la compra y entrega de equipos médicos, deportivos, equipos del hogar como neveras, estufas, acondicionadores de aire, cisternas, microondas, televisores, alimentos y artículos de primera necesidad.

Contralora se defiende

La contralora, Yesmín Valdivieso, defendió el informe y reveló que un día después de que la Oficina del Contralor publicara el informe del FMM, auditores de esa oficina se reunieron con personal del Departamento de Justicia.

Valdivieso indicó que la conversaciones tenían como objetivo dialogar sobre los hallazgos publicados y sobre otros aspectos de la investigación que no figuran en el informe.

La funcionaria indicó que las conversaciones podrían conducir a la radicación de cargos criminales, una determinación que la Contralora reconoció le corresponde a Justicia.

Hasta el momento los únicos funcionarios señalados por la OFEI por, alegadamente, haber cometido malversación de fondos públicos relacionados con el FMM, son la ex directora ejecutiva de la AT, Dorally Rivera Martínez, la ex directora de Finanzas, Astrid Rivera Febres, y el director del Programa de Infraestructura Rural , Miguel Santiago Irizarry.

El pasado mes de abril de 2024 la OFEI anunció que el caso estaba paralizado en espera de la investigación que la Oficina del Contralor divulgó la pasada semana.Los fiscales asignados al caso son Zulma Fuster, Ramón Mendoza y Fabiola Acarón.

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Cal y Arena

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Por Carlos Severino

Catedrádico de geografía política en la UPR

James “Jimmy” Carter se convierte en presidente de los Estados Unidos en un momento histórico muy particular. Para entonces, el vertiginoso crecimiento económico que por 25 años colocó a Estados Unidos en una posición de liderazgo mundial había terminado en 1973. También había terminado en muy malas condiciones para el país la antipática y dolorosa guerra de Vietnam. Y como si fuera poco, el escándalo de Watergate golpeaba la institución de la presidencia estadounidense haciéndola tambalear ante los ojos atentos del mundo. 

También había terminado en muy malas condiciones para el país la antipática y dolorosa guerra de Vietnam. Y como si fuera poco, el escándalo de Watergate golpeaba la institución de la presidencia estadounidense haciéndola tambalear ante los ojos atentos del mundo.

La coyuntura histórica parecía hacerle un guiño a un hombre nacido y criado en el sur más profundo de su país y que se había convertido sorpresivamente en gobernador del estado de Georgia en 1970. Desde esa misma plataforma continuó su ascendente carrera hacia la presidencia visto por muchos como un “underdog” y por otros como un perfecto desconocido. 

Hombre común e ingeniero de formación, se hizo agricultor por decisión de vida para salvar la plantación de maní de su padre. Esos aspectos hicieron de él una suerte de pionero en eso que hoy llaman un “outsider” en la siempre hiper-politizada escena washingtoniana.  Tan atípico era su perfil, que el propio Carter una vez confesó que cuando le dijo a su madre que sería candidato presidencial ésta le inquirió: ¿presidente de qué? 

Carter se convirtió en presidente durante un interregno que representó un hiato en la política tradicional estadounidense. Sucesor del renunciado Richard Nixon y de su reemplazo forzoso Gerald Ford, su presidencia duró solo un cuatrienio (1977-1981) tras ser derrotado aplastantemente por el hollywoodense actor Ronald Reagan. 

En la valoración histórica de su gestión presidencial se dice, a menudo, que fue mejor expresidente que presidente. Tal valoración no me parece certera. Me parece que Carter intentó gobernar lo más apegado posible a su vocación por los derechos humanos y al derecho internacional, por lo menos en cuanto a nuestra región se refiere. Sin embargo, en una sociedad de excepción, los grupos de poder en los Estados Unidos no estaban preparados para un cambio paradigmático de tal envergadura, razón por la que sus detractores lo tildaran como un presidente débil. 

De acuerdo con muchos observadores su destino político se definió en abril de 1980. La desastrosa misión de rescate de los rehenes estadounidenses en manos de estudiantes iraníes fanatizados se convirtió en un pesado lastre electoral para Carter. A eso habría que sumarle las incesantes recriminaciones de sus opositores por la pobre gestión que se le atribuía ante una bárbara inflación de doble dígitos durante la segunda gran crisis mundial de los hidrocarburos. 

Carter trata de sortear los ataques variando su práctica política hacia el hard power, de la cual surge su doctrina sobre el Medio Oriente. De este modo, el presidente pacifista acusado de mano blanda amenaza que utilizaría -de ser necesario- su poderosa fuerza militar para defender los intereses de los Estados Unidos en el Golfo Pérsico. Pero nunca la usó. 

Otros observadores más críticos opinan, en cambio, que fue una expresión a destiempo la que se interpuso en sus planes para revalidar. En un momento crucial Carter dejó aflorar su sinceridad antipolítica diciendo que los Estados Unidos habían perdido la energía, innovación y espíritu de vanguardia que les caracterizaba. Es posible que con esa frase sentenciosa haya enfrentado a los estadounidenses con una dura realidad que no querían ni estaban preparados para escuchar. De hecho, el “Make America Great Again” que ha acompañado la carrera política de Donald Trump reivindica, de algún modo, aquel preclaro diagnóstico de la sociedad estadounidense hecho por Carter.

En el tema de los derechos humanos, su énfasis sirvió de base para iniciar una nueva relación con América Latina y el Caribe. Por ejemplo, Carter criticó a sus predecesores por el derrocamiento cruel del gobierno democrático de Salvador Allende en Chile, en 1973, además de haber sido gestor de la primera distensión con Cuba desde 1961 al crear la Oficina de Intereses de Washington en La Habana, que, de facto, fue una suerte de representación diplomática entre ambos países. Asimismo, su posicionamiento en contra de las dictaduras latinoamericanas crearon las condiciones para la consolidación paulatina de la democracia en la región. 

Uno de los logros que le ganó a Carter mucha admiración, sin estar exento de críticas, fue el acuerdo pactado en 1977 con el otrora presidente panameño, general Omar Torrijos, estableciendo una hoja de ruta para la devolución total de la soberanía de la zona del canal y de la operación del canal interoceánico a la República de Panamá en 1999. 

En el marco de esas políticas de acercamiento y respeto hacia América Latina quizás se puede insertar la inolvidable liberación de los prisioneros políticos puertorriqueños en cárceles estadounidenses. El 8 de septiembre de 1979 Lolita Lebrón, Oscar Collazo, Irving Flores y Rafael Cancel Miranda fueron indultados por Carter. 

En la consecución de la paz mundial, Carter logró otra valiosa contribución con la firma, el 8 de junio de 1979 en Ginebra, Suiza, del tratado sobre Limitación de Armas Estratégicas (SALT II), sentado apacible y civilizadamente con su adversario de la desaparecida Unión Soviética, Leonid Brézhnev. Hoy día ambas potencias se encuentran peligrosamente distanciadas y enfrentadas como si la diplomacia haya sido sustituida por una agresividad belicosa sin precedentes.  Algunos de los tratados firmados por Carter y que costaron muchos esfuerzos fueron abandonados por parte del presidente Trump en su primera incumbencia. El presidente Biden, de hecho, no movió un dedo para su restitución. 

Las inclinaciones de Carter a la paz mundial fueron innegables, aunque contradictorias. En honor a la verdad tuvo también muchas manchas que no se deben ocultar. Carter reclutó como asesor de seguridad nacional a uno de los halcones de la guerra más notorios de la historia contemporánea de los Estados Unidos: Zbigniew Brzezinsky. 

Por recomendación de Brzezinsky, Carter puso en marcha el operativo Ciclón en 1978. Este operativo consistió en reclutar extremistas islámicos (muyahidines) para crear una milicia paramilitar para combatir el gobierno de Afganistán y luego a los soldados soviéticos progubernamentales. De ese semillero surge Al Qaeda con su líder el millonario saudí Osama Bin Laden. 

De Al Qaeda emerge más tarde el Estado Islámico y posterior a eso muchos de aquellos combatientes, adiestrados y apoyados por la Agencia Central de Inteligencia, conformaron el ejército conocido por el nombre de los Talibanes. De la traición fatal de Osama Bin Laden a sus benefactores conocemos bastante bien la historia, mientras de los muyahidines sabemos que se convirtieron en el Vietnam de la Unión Soviética como una vez el propio Brzezinsky orgullosamente le comunicara a Carter. De los Talibanes también sabemos que fueron los que derrotaron y expulsaron a los propios Estados Unidos de suelo afgano después de 20 largos años de guerra contra sus ambiguos aliados. 

Ante todo, Carter fue uno de esos líderes que no temió ir modificando sus ideas al fragor de sus propias experiencias. Aquel Carter que ejerció su liderato para lograr un tratado de paz entre Egipto e Israel mediante los acuerdos de Camp Davis en 1978, ciertamente no fue el mismo que años más tarde afirmara la imperiosa necesidad de la creación de un Estado palestino. Tampoco fue el mismo que condenó el desplazamiento y el apartheid contra el pueblo palestino como afirmó en su libro Palestina: paz, no apartheid publicado en 2006. 

No es difícil suponer que al final de su larga vida, Carter le resultó difícil conciliar haberle dado rienda suelta a aquel operativo que a la larga catapultó el más terrible ataque terrorista contra su país. El uso del extremismo islámico como herramienta política al fin y a la postre ha resultado no solo un gran error, sino una amenaza muy seria a la paz y la estabilidad mundial.

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Asociación de Garantía exige sea público acuerdo entre OCS y Swiss Re 

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Por Miguel Díaz Román

En lo que se perfila como una nueva controversia que podría revelar si la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante la gestión de Alexander Adams Vega protegió  el bolsillo de los consumidores, la Asociación de Garantía de Seguros Misceláneos (AG) acudió al tribunal a reclamar que se revele el contenido de un acuerdo confidencial alcanzado entre la OCS  y el reasegurador Swiss Reinsurance America Corporation (Swiss Re).

El asunto trae cola porque no están claras las razones por las cuales la OCS solicitó que el citado acuerdo se mantuviera en confidencialidad,  a pesar de que su objetivo es allegar “una suma sustancial de dinero”, al caudal para el pago de reclamaciones de la desaparecida aseguradora Real Legacy Assurance. 

El pasado 2 de enero de 2025 la AG radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una moción que le solicita al tribunal que  emita una orden «para acceder a documento designado confidencial». 

La moción fue presentada por el licenciado Eric Negrón, quien integra el bufete especializado en asuntos de seguros, Rexach & Picó LLC, que es el representante legal de la AG. El licenciado Rafael Rocher, es el director ejecutivo de la AG.

Desde que la OCS inició la liquidación de Real Legacy en 2019, el Tribunal de Primera Instancia de San Juan opera como Tribunal Supervisor del proceso de liquidación, lo que implica que todas las acciones que tome la OCS relacionadas con la liquidación tiene que ser informadas y avaladas por el tribunal.

 De hecho, al momento de la liquidación de Real Legacy, Swiss Re mantenía determinados contratos de reaseguro con la aseguradora cuyos detalles aún no se han dilucidado en el tribunal.

Dudas sobre la confidencialidad

En determinados sectores de la industria de seguros la exigencia de confidencialidad establecida por la OCS ha alimentado las dudas sobre sí el acuerdo en realidad pretende favorecer a los asegurados afectados por la liquidación de Real Legacy o, sí por el contrario, resultó en un beneficio económico para Swiss Re. 

En su moción la AG expresa con claridad su preocupación sobre la posibilidad de que la OCS haya cerrado un acuerdo que no logre comprometer a Swiss Re con un pago sustancial, lo que causaría la necesidad de decretar una derrama entre las aseguradoras que son miembros de la AG. 

«La AGSM tiene un interés particular en tal divulgación toda vez que los cobros de reaseguros representan una importante entrada de fondos al caudal de liquidación; y, por ejemplo, en la medida que se maximice tal cobro disminuyen las probabilidades de que sea necesaria en esta liquidación la imposición de otra derrama a los aseguradores miembros de la AGSM, lo cual conllevaría que a su vez dichos aseguradores impongan recargos en las pólizas de sus asegurados para recuperar las cantidades desembolsadas en la derrama», sostiene la AG en su moción.

Para recuperar el dinero invertido en una derrama impuesta por la AG, las aseguradoras están autorizadas por el Código de Seguros a imponer aumentos de prima, los cuales siempre terminan pagando los consumidores. Tras la intervención en Real Legacy la OCS autorizó a la AG a imponer una derrama de $11 millones en diciembre de 2019 a los aseguradores activos en el mercado local.

Petición urgente

El 27 de septiembre de 2024 la OCS radicó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan una solicitud «urgente » en la que informó al Tribunal que había logrado un acuerdo con Swiss Re que era beneficioso para los asegurados de Real Legacy. 

Además, en la citada moción la OCS le solicitó al Tribunal que se conserve en confidencialidad el documento que contiene los elementos del acuerdo. 

La solicitud fue presentada por el licenciado Juan Carlos Garay Massey, quien representa a la OCS.

De hecho, la petición de la OCS no revela la cantidad de dinero que Swiss Re se comprometió a pagar para compensar a los asegurados de Real Legacy. No obstante, de acuerdo con el estado financiero de Real Legacy presentado por la OCS en el tribunal en junio de 2023, la cantidad de reaseguro pendiente de cobro era de $16.8 millones.

Lo que sí ofrece la petición de la OCS son unas parcas explicaciones para justificar la confidencialidad del documento que en realidad han alentado más los cuestionamientos y los reclamos para que el documento esté accesible públicamente.

Repercusiones que no están claras

En la petición Garay Massey alega que el acuerdo es favorable porque «allega una suma sustancial de dinero al caudal» para el pago de reclamaciones de los asegurados de Real Legacy.  

También señala «que es un acuerdo justo y razonable para las partes» y finalmente le pide al tribunal que el documento se mantenga confidencial  «dado el contenido de éste, las repercusiones y la información que contiene». 

Incluso,  Garay Massey le indicó al tribunal que la urgencia de su petición respondía a la necesidad de que el acuerdo debía ser efectivo en el “trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2024”. 

No obstante, la petición de la OCS no aclara qué factores incidieron para que sea necesario aprobar el acuerdo en ese trimestre en particular. 

La petición de la OCS no ofrece una explicación más amplia que permita tener una idea sobre el contenido del documento y por qué es necesario mantenerlo en confidencialidad. 

Además, la petición carece de un argumento que le permita al Tribunal entender porqué la difusión pública del documento podría generar unas «repercusiones», las cuales tampoco son explicadas debidamente y cómo estas podrían afectar el pago de reclamaciones a los asegurados de Real Legacy, que, en última instancia, es la finalidad del acuerdo.

A pesar de esas lagunas, el 10 de octubre de 2024 el Tribunal avaló la petición de la OCS.

Incomprensible la petición

De hecho, de la moción presentada por la AG se desprende que para el cuerpo directivo de la entidad es incomprensible que se le haya impedido tener acceso al documento, debido a que el organismo tiene la responsabilidad en ley de pagar las reclamaciones de Real Legacy hasta un máximo de $300,000, lo que implica que parte de sus funciones es conocer las cantidades de dinero que la OCS, como liquidador, aporta al caudal con el fin de hacer una planificación adecuada del proceso de pago.

«No encontramos justificación para que una agencia pública, como lo es la Oficina del Comisionado de Seguros, en sus actuaciones bajo el Capítulo 40 del Código de Seguros, 26 L.P.R.A. secs. 4001 et seq., mantenga confidencial un Acuerdo cuyo propósito es de suponer sea el de allegar los máximos recaudos posibles a la liquidación de Real Legacy, para beneficio de los acreedores del caudal y a fin de cuentas de todos los consumidores. Téngase en cuenta que la AGSM es con toda seguridad el mayor acreedor del caudal de Real Legacy, dado que su función primordial es la de pagar reclamaciones de los tenedores de pólizas del asegurador en liquidación, convirtiéndose en un acreedor contra dicho caudal por el monto de los dineros invertidos en esa gestión, incluyendo los gastos incurridos en el proceso», explica la moción de la AG.

La AG también sostiene en la moción que para solicitar la confidencialidad del acuerdo la OCS no citó una ley o un reglamento que avale la pertinencia de no revelar el contenido del acuerdo con Swiss Re. La OCS tampoco convocó privilegios evidenciarios, ni alertó sobre la posibilidad de que la difusión pública del documento podría afectar los derechos de terceros. 

«Las generalidades sobre posibles “repercusiones”, sin referirse a algo o alguien específico, resultan insuficientes para mantener dicha confidencialidad», alegó la moción de la AG.

Sin respaldo legal la confidencialidad 

Incluso, la moción de la AG señala que no existen elementos que respalden la confidencialidad reclamada por la OCS en la ley 141 de 2019 o ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública y la ley 5 de 1955 o Ley de Administración de Documentos Públicos. 

Otra advertencia de la AG es que el acuerdo de la OCS con Swiss Re es un documento público según lo define la Ley de Administración de Documentos Públicos, y la jurisprudencia  existente ha reconocido determinadas excepciones al deber de divulgar documentación pública, las cuales no han sido convocadas por la solicitud de la OCS. 

Estas son: que una ley o un reglamento declare específicamente su confidencialidad; la comunicación esté protegida por alguno de los privilegios evidenciarios; la revelación de información puede lesionar derechos fundamentales de terceros; o cuando se trata de la identidad de un confidente del gobierno o de información oficial conforme a las reglas de evidencia.

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La mujer más feliz y realizada de Puerto Rico

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Por Enrique Vázquez Quintana

Jennifer González obtuvo un triunfo avasallador al ser seleccionada como la segunda mujer gobernadora de Puerto Rico.

Luego de la gobernación de la primera gobernadora, en esa ocasión del PPD algunos analistas
políticos presagiaron que nunca más el pueblo de Puerto Rico seleccionaría una mujer como gobernadora.

La trayectoria de la nueva gobernadora Jennifer González ha sido de triunfos constantes. Nació el 5 de agosto de 1976. Estudió leyes en la Universidad Interamericana. Ingresó muy joven a la Cámara de Representantes, presidió ese cuerpo del 2009 al 2013, la más joven, a los 32 años.

Fue Comisionada Residente en Washington del 2017 al 2025. En diciembre de 2023 anunció su candidatura a la gobernación de Puerto Rico. Triunfó en las primarias, prevaleciendo sobre el incumbente gobernador Pedro Pierluisi, la primera vez que el gobernador incumbente es derrotado en
unas primarias.

El 6 de agosto de 2022 contrajo matrimonio con el doctor José Yovin Vargas, quedó embarazada, un embarazo de alto riesgo por su edad. Se sabe que la mejor edad para dar a luz es de los 20-30 años.

El 16 de febrero de 2024 tuvo unos gemelos, varón y niña, que nacieron saludables y están bellos. Entiendo que serán los primeros niños que se criarán en la Fortaleza.

A lo largo de los años la vida de la ahora gobernadora Jennifer González Colón ha estado siempre marcada por grandes éxitos. En principio nunca ha tenido un revés mayor.

El día de su juramentación como gobernadora, eran evidentes las expresiones de felicidad que la embargaban. Ya escogió a la mayoría de los miembros de su gabinete.

Se comenta que habrá oposición a algunos de los nominados a la confirmación y consentimiento por parte del Senado de Puerto Rico. Pero ese es un asunto menor. Si hay oposición ella escogerá a un sustituto.

La gobernadora es afiliada al partido de Trump. Es posible que vaya a la toma de posesión del presidente Donald J. Trump el 20 de enero de 2024. La gobernadora ha dicho que luchará por la estadidad, por la igualdad
plena para los puertorriqueños.

Ella quiere que se celebre un plebiscito vinculante por parte del Congreso que incluya la estadidad, independencia y libre asociación. Durante las elecciones se celebró una votación fantasiosa en la que 56.9% votaron a favor de la estadidad.

Inglaterra se separó de la Unión Europea con 51% de votación. La lucha por la igualdad será la primera gran derrota de la gobernadora. Trump es racista, odia a los hispanos y nunca recomendará la otorgación de la estadidad para
Puerto Rico.

Primero tomará el Canal de Panamá por la fuerza, comprará a Groenlandia, que no está a la venta y tratará de anexarse a Canadá. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, acaba de renunciar, pero nada tiene que ver con Trump o la anexión de Canadá.

Como ha dicho la gobernadora es mejor que no haga nada extraordinario, o cosas fantasiosas, sino que se dedique a construir un Puerto Rico de oportunidades, comprometida con el pueblo, un gobierno que funcione y velar por el bienestar, la prosperidad y el progreso de los puertorriqueños.

Arreglar la crisis energética será más fácil que lograr la estadidad. Para Trump será más fácil devolvernos a España que retomar el Canal de Panamá, anexarse a Canadá o comprar a Groenlandia.

Algunas cosas en la vida no son fáciles, aún con todo el poder del presidente de la nación más poderosa del mundo. Aunque no logre la igualdad política, nuestra gobernadora es la mujer más feliz de Puerto Rico.

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Pugna por el caso Redbridge en la OCS

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Por Miguel Díaz Román

A pesar de que el Comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, había anunciado el cierre de una querella contra la empresa Redbridge por la alegada venta ilegal de seguros de viaje, aún la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) no ha informado oficialmente que el caso ha sido cerrado. 

Fuentes de la OCS indicaron que Adams Vega ha continuado ejerciendo como Comisionado de Seguros, lo que ha causado desconcierto entre la plantilla de funcionarios de la OCS, debido a que esperaban la designación de una nueva persona para la posición. 

De hecho, no está claro si la gobernadora Jenniffer González tiene seleccionado su candidato para Comisionado de Seguros o si se propone conservar a Adams Vega en el cargo hasta que se identifique la persona idónea. 

Las fuentes también señalaron que el licenciado Norberto Santana, quien se desempeña como director de la división de procesos adjudicativos, que es la entidad que rige los  procesos de los oficiales examinadores de la OCS, recibió la encomienda de cerrar el caso Redbridge.

De hecho, según mencionaron las fuentes, Santana habría estado durante la mañana de hoy (ayer) «buscando una carta modelo» que atienda el cierre de casos con el fin de redactar la misiva que sería enviada a la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese), que es la entidad que en septiembre de 2023 radicó una querella contra la empresa Redbridge Assist.

No obstante, según indicó la fuente, al interior de la OCS existe una gran expectativa sobre el contenido de la carta que finalmente redacte Santana debido a que, alegadamente, hay una clara inclinación entre los funcionarios que han examinado el caso Redbridge para que se le imponga a la empresa una sanción por sus violaciones al Código de Seguros.

Acodese pide aclaración

Durante su comparecencia ante el Comité de Transición de la nueva administración de la gobernadora Jenniffer González, Adams Vega sostuvo que la querella contra la empresa Redbridge  se cerró “porque no hubo ningún hallazgo que indicara violación”.

De hecho, tras la participación de Adams Vega ante el citado comité, Acodese le solicitó a la OCS que aclare si la querella que esa entidad radicó contra la empresa Redbridge fue cerrada.

 «No hemos recibido determinación alguna de parte de OCS. El asunto está sometido para la determinación de la OCS», indicó la pasada semana la licenciada Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de Acodese.

En la querella Acodese sostuvo que la entidad Redbridge Assist, que es parte del grupo de empresas del grupo Redbridge, vendía seguros de viaje a través de un esquema alegadamente ilegal, el cual utiliza un asegurador de líneas excedentes para proveer la póliza.

Pero ante el Comité de Transición Adams Vega reveló que la investigación realizada en la OCS determinó que no había nada ilegal en vender la póliza de viaje por medio de un asegurador de líneas excedentes.

De acuerdo con fuentes de la OCS, al interior de la agencia reguladora es un secreto a voces que no existe consenso sobre que la posición de Adams Vega a favor de cerrar el caso Redbridge  sea la correcta.

Expresiones unilaterales

Las fuentes indicaron que las expresiones de Adams Vega ante el Comité de Transición representaron una acto unilateral que no fue consultado y que colocó al funcionario en una cuestionable situación que se aleja a las regulaciones que impone el Código de Seguros.

Especialmente, porque ya la empresa Redbridge había enfrentado un  proceso en la OCS por vender pólizas de viaje sin estar autorizado, en el que hubo una determinación, la cual fue el resultado de un acuerdo.

El 28 de mayo del 2021 la OCS emitió una orden de cese y desista por la venta ilegal de seguros de viaje contra la entidad Redbridge Assist, S.A y otro grupo de corporaciones relacionadas.

Luego, los representantes de la entidad Redbridge y la OCS alcanzaron un acuerdo que figura en una resolución emitida el 16 de marzo de 2022. 

En esa resolución, la cual está firmada por Adams Vega como Comisionado de Seguros en propiedad, la empresa Redbridge Assist, S.A. aceptó los hechos imputados, se comprometió a no incurrir en violaciones similares  y aceptó pagar una multa de $6,000.

No obstante, 18 meses después del citado acuerdo, el 22 de septiembre de 2023, Acodese solicitó a la OCS que investigara a Redbridge Assist por la presunta venta ilegal de seguros de viajes a través de un asegurador de líneas excedentes.

Competencia desleal

Acodese sostuvo en la querella que tal mecanismo constituye una competencia desleal contra los aseguradores locales autorizados.

De acuerdo con las fuentes, al interior de la OCS existe la convicción de que Redbridge Assist pudo incurrir en la venta de seguros de viaje sin estar autorizado luego del acuerdo y, por lo tanto, es meritorio imponer a la empresa una multa.

Las fuentes aseguran que el diferendo entre los que avalan multar a Redbridge y quienes favorecen cerrar el caso, ha marcado el tramo final de la administración de Pedro Pierluissi en la OCS, debido a la obstinación de Adams Vega de cerrar la investigación.

Al inicio de la pasada semana, según sostuvo una de las fuentes, el expediente del caso se lo entregó al licenciado Santana.

La fuente sostuvo que no están claras las intenciones de que el licenciado Santana tomara control del expediente ante la realidad de que existe oposición a cerrar el caso y aún no se ha emitido una determinación final contra Redbridge, tras la querella de Acodese.

 Ante el Comité de Transición Adams Vega reveló que el pasado mes de noviembre la OCS concedió a Redbridge Insurance Company un certificado de autoridad, lo que significa que esa entidad ya puede operar como un asegurador autorizado para vender las pólizas de viaje.

La OCS emitió la citada autorización a pesar de que la Comisionada Auxiliar de Supervisión y Cumplimiento de la OCS, Glorimar Santiago Rivera, le informó a Adams Vega el pasado 7 de noviembre de 2024, que contra “el conglomerado de Redbridge Insurance Company” existen cuatro investigaciones activas que son conducidas por la División de Conducta de Mercado e Investigaciones Antifraude de la agencia reguladora.

El señalamiento figura en una comunicación denominada “examen de preautorización” sobre Redbridge Insurance Company, del que SN posee una copia. Dos de las investigaciones fueron solicitadas ante la OCS en 2021, una en 2023 y la cuarta en 2024.

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