Por Luis R. Benítez Hernández, Economista
Benítez & Asociados
El nuevo Short-Term Energy Outlook (STEO) de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA) llega en un momento especialmente complicado para Puerto Rico.
La revisión de octubre elevó de forma material la trayectoria esperada del petróleo y de los destilados, precisamente cuando el sistema eléctrico local enfrenta dificultades para recibir el gas natural previsto y ha tenido que recurrir a combustibles más costosos.
El problema puede resumirse en tres choques que hoy se superponen: uno externo, otro local y operacional, y un tercero tarifario, contractual y regulatorio. Pero hay un elemento que cambia la lectura: los consumidores y, particularmente, los negocios ya entraron al cuarto trimestre con una factura eléctrica significativamente más alta.
El primer choque es internacional. La EIA elevó su proyección del precio del Brent para el cuarto trimestre de 2026 hasta alrededor de $105 por barril, unos $14 más que en el estimado de septiembre.
Para 2027, el promedio esperado aumentó a $84. La agencia también anticipa precios elevados para el diésel y señala que los inventarios de destilados de la Costa Este permanecen muy por debajo de sus promedios históricos.
Para Puerto Rico esto importa porque dependemos ampliamente de combustibles importados. Un aumento del petróleo puede transmitirse por múltiples canales: generación eléctrica, gasolina, diésel, transportación de mercancías, distribución, inventarios y, eventualmente, precios al consumidor.
El segundo choque es local y operacional. Desde el 16 de septiembre, el suministro de gas natural a las instalaciones del norte ha enfrentado interrupciones y controversias relacionadas con New Fortress Energy y la entrada del buque Amur River a la bahía de San Juan.
Mientras ese suministro no se normaliza, unidades de generación han tenido que sustituir gas natural por diésel, actualmente uno de los combustibles fósiles más caros para generar electricidad.
La Autoridad de Energía Eléctrica ha estimado que esa sustitución puede añadir alrededor de $1.6 millones diarios en costos. El problema, por tanto, no es solamente que el petróleo internacional esté más caro. Es que Puerto Rico enfrenta ese mercado mientras utiliza, en determinadas unidades, un combustible sustituto más costoso que el gas natural que se suponía estuviera disponible.
El tercer choque ya está en la factura. El Negociado de Energía aprobó para octubre a diciembre un aumento neto de 5.28 centavos por kilovatio-hora en los cargos de combustible y compra de energía.
Para un cliente residencial de referencia que consume 800 kWh, la factura aumenta de $228.59 a $270.86, o $42.27 mensuales.
Para los negocios, el golpe puede ser mayor y debe estar en el centro del análisis. Un pequeño comercio o industria con consumo de 1,200 kWh enfrenta, según los ejemplos del Negociado, un aumento aproximado de 17.1%.
Para un cliente comercial o industrial mediano, el incremento mensual puede rondar los $4,851, mientras que un cliente grande puede enfrentar un aumento superior a $29,000 mensuales.
Y la electricidad es solo uno de los canales. Las empresas también absorben mayores costos de transportación, refrigeración, distribución, materias primas, inventarios, suplidores y, en algunos casos, generación de respaldo. Supermercados, restaurantes, hoteles, manufactura, construcción y comercios operan con estructuras de costos donde la energía aparece varias veces, directa e indirectamente.
En una economía insular, donde buena parte de los bienes llega por barco y camión, esa presión se multiplica con rapidez. Ese efecto es particularmente importante para las pequeñas y medianas empresas. Una empresa grande puede tener mayor capacidad para negociar suplidores, financiar inventarios o absorber temporalmente un aumento.
Una PYME tiene menos espacio. Si no puede absorber el costo, debe reducir márgenes, posponer inversión, ajustar empleo o trasladar parte del aumento al consumidor.
Ahí es donde el choque energético deja de ser solamente un problema de la factura de luz y se convierte en un problema económico más amplio. El aumento de costos empresariales puede trasladarse a precios, afectar competitividad y reducir capacidad de inversión.
Eventualmente, parte del impacto regresa a los hogares mediante bienes y servicios más caros. A esto se añaden los costos todavía bajo investigación o diferidos. El Negociado mantiene bajo examen aproximadamente $92.2 millones asociados a excesos de nominación de gas y a combustibles sustitutos, mientras más de $55 millones de períodos anteriores continúan vinculados a reclamaciones por interrupciones de suministro.
Son conceptos y períodos distintos y no deben presentarse como una sola obligación ya adjudicada. Pero tampoco son económicamente irrelevantes. Si alguna de esas partidas termina siendo reconocida para recuperación tarifaria, su efecto se produciría sobre una base que ya aumentó desde octubre.
Y mientras continúe la sustitución de gas natural por diésel, el sistema sigue generando nuevos costos que eventualmente tendrán que ser adjudicados. Los tres choques, por tanto, se refuerzan entre sí: un mercado internacional más caro, una vulnerabilidad local de suministro y una estructura tarifaria que ya absorbió un aumento importante antes de resolver todas las controversias pendientes.
Para los hogares, el principal canal es el ingreso disponible. Para los negocios, el impacto es más complejo porque afecta costos, márgenes, precios, inversión y empleo. Y cuando las empresas trasladan parte de ese aumento, el consumidor vuelve a recibir el golpe.
Puerto Rico no enfrenta solamente un petróleo más caro. Enfrenta un sistema que está pagando más por energía mientras discute quién debe responder por costos pasados y mientras continúa incurriendo en costos nuevos.
La pregunta ya no es solamente cuánto costará el petróleo. La pregunta es cuánto costará producir, vender, invertir y vivir en Puerto Rico cuando el combustible más barato no está disponible y el más caro ya está entrando por múltiples canales a la economía.
