Por Miguel Díaz Román
Los fiscales especiales independientes de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (OPFEI) radicaron ayer 10 cargos criminales contra José Miguel Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp, de la que era su presidente, en el caso de fraude y apropiación ilegal de fondos públicos asignados por legisladores por medio del Fondo de Mejoras Municipales (FMM) para rehabilitar la quebrada Margarita en Guaynabo.
El FMM está adscrito a la división de Infraestructura Rural de la Autoridad de Tierras (AT).
Estos 10 cargos son adicionales a los 15 cargos que ya los fiscales del OPFEI habían radicado contra contra Huertas Torres, lo que implica que el ex funcionario de la legislatura y de la AT enfrenta 25 cargos relacionados con las obras no realizadas en la quebrada Margarita, según confirmó la fiscal especial independiente Fabiola Acarón Porrata Doria.
Los 10 cargos criminales contra Huertas Torres y la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp están relacionados con un fraude que involucra una asignación legislativa $380,000 provenientes de fondos públicos.
Estos fondos fueron asignados al Centro Comunitario de Servicios a la Familia (CCSF), para las mejoras de la quebrada Margarita. El CCSF es una entidad sin fines de lucro que carece de experiencia en proyectos de construcción. La obra de infraestructura fue otorgada a la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp, que era presidida por Huertas Torres.
Huertas ya tenía 15 cargos
Según informó la OPFEI, la acusación incluye dos cargos por violaciones al Artículo 202 del Código Penal de Puerto Rico, relacionados con fraude, y otros ocho cargos por infracciones al Artículo 182 del Código Penal por apropiación ilegal grave de fondos públicos.
Los fiscales de OPFEI ya habían radicado contra Huertas Torres 15 cargos relacionados con una asignación de $1.2 millones de fondos del FMM al CCSF para mejoras en la quebrada Margarita. Según los fiscales, Huertas Torres depositó los fondos en múltiples cuentas bancarias para su uso personal.
Los cargos, que fueron presentados en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 4 de noviembre de 2025, incluyen apropiación ilegal, fraude, lavado de dinero, apropiación ilegal de identidad, falsedad ideológica, perjurio, persuación de testigos, destrucción de prueba y falsificación de documentos, entre otros.
La entonces fiscal de la OPFEI, Zulma Fuster Troche, indicó los fondos fueron transferidos a distintas corporaciones y depositados en diversas cuentas bancarias para luego ser utilizados en el pago de tarjetas de crédito y en sufragar gastos privados incurridos por el imputado.
«Tony» Soto en el medio
La entonces fiscal sostuvo que una porción indeterminada de los fondos fue retirada en efectivo de esas cuentas bancarias por Huertas Torres. Fuster Troche renunció al OPFEI el pasado 31 de marzo.
Tanto la asignación de $380,000 como la asignación de $1.2 millones fueron originadas por el ex legislador Antonio «Tony» Soto Torres.
De hecho, el ex representante Soto Torres, quien creó la legislación que permitió que el FMM pasara a ser administrado por la AT, y el señor Heriberto Andújar, quién era el pastor de CCSF y quien recibió las asignaciones legislativas para hacer mejoras en la quebrada Margarita que nunca fueron realizadas, recibieron acuerdos de inmunidad de parte de la OPFEI.
Sobre los 10 cargos criminales radicados ayer contra Huertas Torres la jueza Milagros Muñiz Mas, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, determinó causa probable para arresto en todos los cargos. Cinco cargos fueron presentados contra Huertas Torres y otros cinco contra la corporación 3T Industrial and General Contractors Corp.
Contra Huertas Torres y la corporación se impuso una fianza de 20,000 dólares por cada cargo, para un total de 200,000 dólares.
La vista preliminar para juicio quedó pautada para el 14 de julio de 2026.
Huertas emula a Dorally Rivera
Además de la fiscal Acarón Porrata Doria, en la radicación de cargos también participaron los fiscales especiales independientes Ramón Mendoza Rosario y Gisela Alfonso Fernández.
La defensa de Huertas Torres presentó una petición de desestimación al sostener que los fiscales actuaron sin autorización legal porque, alegadamente, se excedieron de los términos establecidos en la ley matriz de de la OPFEI para realizar la investigación y para radicar los cargos.
Estos son los mismo argumentos que sostuvo la defensa de la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, Dorally Rivera Martínez, a quien los fiscales de la OPFEI le imputaron un cargo por incumplimiento del deber en la vista preliminar para arresto celebrada en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón el 4 de noviembre de 2025.
El Supremo pide más argumentos
El Tribunal de Apelaciones de San Juan avaló los argumentos de la defensa de Rivera Martínez y desestimó la denuncia por negligencia en el cumplimiento de deber. Según la licenciada Cándida Sellés Ríos, abogada de la imputada, la OPFEI tenía hasta 180 días para investigar los señalamientos contra los imputados (90 días inicialmente y otros 90 días adicionales). La abogada argumentó que la OFEI requirió 1,103 días desde la fecha en que se le asignó el caso y la fecha en que presentó los cargos, lo que violentó el debido proceso de ley.
Otro de sus argumentos es que la OFEI interrumpió la investigación porque la Oficina del Contralor realizaba una auditoría, lo que a juicio de Sellés Ríos fue una indebida delegación de la autoridad de procesar criminalmente.
Sellés Ríos alegó que los fiscales de OPFEI violaron la regla 64 de procedimiento criminal, la cual avala desestimar una acusación si “el fiscal carecía de la autoridad para presentar la acusación o denuncia».
Los fiscales de la OPFEI presentaron un recurso de certiorari (de revisión) ante el Tribunal Supremo, para que se deje sin efecto la desestimación de los cargos contra Rivera Martínez y que el caso se devuelva al Tribunal de Primera Instancia para la continuación de los trabajos.
El Tribunal Supremo ha solicitado a las partes que realicen una nueva presentación de sus argumentos a favor y en contra de la desestimación del único cargo que pesa contra Rivera Martínez, ordenada por el Tribunal Apelativo . El término para presentar esos argumentos finaliza la semana próxima.
