Denuncian JCF favorece bonistas mientras condena pensionados a la pobreza

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Por Dr. José Alameda
Presidente de la Comisión Ciudadana para la Auditoría del Crédito Público

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A 10 años de la Ley PROMESA seguimos viendo ejemplos de cómo la aprobación de dicha ley y la Junta no han funcionado. La Junta de Control Fiscal (JCF) no es mejor que los gobiernos que nos llevaron a esta crisis fiscal.

Nos cuesta miles de millones su operación y está regalando millones en pagos extras a bonistas mientras nuestros presupuestos gubernamentales están desbalanceados, no hay estabilidad fiscal ni económica y el pago- aún reestructurado- de la deuda pública sacrifica a gran parte de nuestro pueblo.

Más de 60,000 pensionados del gobierno central viven por debajo de la línea de pobreza federal — la misma que usa el gobierno de los Estados Unidos. La pensión promedio anual de $12,238 queda más de $3,200 por debajo del umbral de $15,440.

Llevan 18 años sin un ajuste por el costo de vida. Una persona retirada del gobierno central y de los municipios recibe $500 menos al mes de lo que debería si su pensión hubiera sido ajustada por el costo de vida.

Terrible impacto

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La JCF en el Plan de Ajuste de la Deuda del Gobierno Central (PADELA) prohibió cualquier aumento a las pensiones o ajuste por inflación por los próximos 10 años, aún si hay fondos disponibles.

Nuestro análisis demuestra que esta decisión con terrible impacto en la vida y subsistencia de miles de adultos mayores no es por falta de fondos. Hay dinero, pero las prioridades son otras.

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Entre 2022 y 2025, el gobierno pagó $1,523 millones en pagos extras al pago regular de la deuda a los dueños de bonos —fondos de inversión de Wall Street. Estos pagos extras a los bonistas es cinco (5) veces lo que costaría ajustar las pensiones al costo de vida actual.

Nuestro informe también demuestra que estos pagos extras a los bonistas no sólo evidencian el impacto desproporcionado en las personas pensionadas del PAD, sino que también destapa la farsa que ha sido el supuesto alivio a la deuda que tanto ha pregonado la Junta y el Gobierno de Puerto Rico que lo avaló.

COLA no ayuda

El supuesto “recorte” de la deuda que logró la JCF es, en realidad, de apenas un 31% cuando se cuentan todos los pagos reales y en el caso de los bonos de obligación general sería un 19% o menos el alivio o recorte real a la deuda.

Por tanto, PROMESA y su Junta no han representado un verdadero comienzo o “fresh start” para el gobierno en quiebra y ni tampoco representó una mejor esperanza para las personas pensionadas a quién el gobierno también le debía.

Ayudaría aplicar un ajuste por el costo de vida (COLA por sus siglas en inglés), que es un aumento anual a la pensión para atender el efecto de la inflación con el fin de que el pensionado no pierda poder de compra.

Lamentablemente los números demuestran que aplicar el COLA no alcanza para resolver el problema.

Para los empleados del gobierno central, incluso con el COLA más alto analizado — 2.8% — todavía quedarían 58,668 pensionados bajo la línea de pobreza, apenas 1,745 menos que sin ningún ajuste.

Estabilidad en la vejez

Para los maestros, con un COLA de 2.5%, el grupo de 81 años o más seguiría por debajo del umbral. El daño acumulado de 18 años sin protección no se repara con un ajuste parcial.

Aún con las implicaciones nefastas del PADELA, el gobierno tiene alternativas para hacerle justicia a las miles de personas pensionadas, desde bonificaciones adicionales hasta créditos contributivos que permitan atenuar el impacto negativo y desigual que ha representado la quiebra del gobierno para miles de nuestras familias.

Nuestras personas pensionadas no son números en una hoja de cálculo. Son los maestros y maestras que nos educaron y enseñaron a nuestros hijos e hijas. Los empleados que decidieron quedarse por décadas trabajando en el gobierno y que siguieron las reglas que les pusieron.

No pidieron pensiones millonarias. Pidieron estabilidad en la vejez, después de toda una vida de servicio. La pregunta que debemos hacernos como pueblo es simple: ¿es justo que un fondo de inversión de Wall Street reciba $381 millones anuales en bonificaciones mientras un maestro retirado de 75 años vive por debajo de la línea de pobreza?

En este informe también aportaron Abner Dennis, la doctora Dahil Colón y el doctor Ricardo
Fuentes.

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