Capitolio – La Comisión de Desarrollo Económico, Pequeños Negocios, Banca, Comercio, Seguros y Cooperativismo, presidida por la senadora Nitza Moran Trinidad, llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 1226, que propone establecer salvaguardas para el uso de Inteligencia Artificial (IA) y otros sistemas automatizados en el procesamiento de reclamaciones de seguros.
La pieza legislativa, de la autoría de Moran, crearía la “Ley de Transparencia y Supervisión en el Uso de la Inteligencia Artificial en las Reclamaciones de Seguros” y enmendaría el Código de Seguros de Puerto Rico. Su propósito es evitar que una reclamación sea denegada, reducida o limitada exclusivamente, o predominantemente, mediante algoritmos, sistemas de inteligencia artificial o herramientas de aprendizaje automático, sin la intervención significativa de un profesional humano cualificado.
“Yo radiqué este proyecto porque la realidad es que en Puerto Rico todavía no hay una ley sobre este tema. Cómo es que se va a tratar la inteligencia artificial en varios aspectos. Entonces vimos la necesidad de hacerlo en diferentes temas. Por ejemplo, este es uno de ellos, porque actualmente a pesar de la situación que se está teniendo hoy, no son los algoritmos, sino precedentes dentro de las aseguradoras que determinan qué sí y qué no, qué viene primero, qué viene después. Se lo digo por experiencia propia”, expresó Moran.
A la audiencia, compareció a deponer la licenciada Suzette Del Valle en representación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). La deponente consideró que el proyecto protegería al consumidor y promovería el uso responsable de tecnologías emergentes. Su recomendación es aprobarlo con enmiendas que adopten un marco más completo de gobernanza, fiscalización, seguridad y rendición de cuentas.
Sobre la regulación que propone el proyecto, la deponente trajo ante la atención que la National Association of Insurance Commissioner adoptó en diciembre de 2023 un Model Bulletin on The Use of Artificial Intelligence Systems by Insurers dirigido a ser adoptado por los estados y territorios de los Estados Unidos con el propósito de atender el creciente uso de esta tecnología dentro de la industria de seguros.
“Conforme con la normativa, se debe requerir que la regulación aplique a cualquier utilización de inteligencia artificial dentro del ciclo de vida del seguro, incluyendo, entre otros, el diseño y desarrollo de productos, mercadeo, distribución, suscripción, clasificación de riesgos, tarificación, emisión, administración de pólizas, servicio al consumidor, detección de fraude, administración y ajuste de reclamaciones, investigación de reclamaciones y demás actividades reguladas”, detalló Del Valle.
Moran preguntó si conocen cuántas compañías y qué programas de IA usan las aseguradoras. Del Valle respondió que “podemos hacer una investigación, un requerimiento a las aseguradoras. Sabemos que hay varias utilizándolo y podemos hacer llegar la información a la Comisión”. Además, la senadora preguntó si es obligatorio que el asegurado conozca que es un sistema automatizado quien le responde cuando llama a una compañía. La deponente indicó que al momento el Código de Seguros no provee para esa divulgación. Recomendó que este proyecto podría tener este tipo de divulgación mediante una enmienda, y mientras, se puede hacer una carta normativa.
Por su parte, la senadora de mayoría Migdalia Padilla Alvelo, preguntó qué tipo de decisión puede tomar actualmente un sistema de IA dentro de un proceso de reclamación. Del Valle mencionó que las denegatorias, particularmente aquellas relacionadas con servicios de salud, aunque realmente todas requieren atención, deben examinarse con el mayor rigor. “La inteligencia artificial puede realizar un análisis inicial o formular una recomendación, pero la determinación final tiene que ser revisada y validada por un profesional humano cualificado, quien será responsable de esa decisión”, abundó.
Asimismo, participó el licenciado Carlos Santiago Rosario, director ejecutivo de la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES). Santiago manifestó su apoyo a la medida al entender que fortalece la protección de los beneficiarios del Plan Vital frente al uso no supervisado de la IA. Igualmente, mencionó reconocer que esta tecnología puede agilizar aprobaciones, clasificar casos, extraer datos de expedientes médicos y verificar documentos. Sin embargo, sostuvo que no puede utilizarse para restringir cubiertas, ignorar las necesidades particulares del paciente ni emitir por sí sola una denegación final. Toda recomendación adversa generada por un algoritmo debe ser evaluada individualmente por un profesional de la salud cualificado.
A su vez, el deponente señaló que el Plan Vital ya está sujeto a normas federales que requieren intervención humana con la pericia clínica correspondiente en las apelaciones y revisiones de determinaciones adversas. También destacó que existen protecciones sobre privacidad, seguridad de los datos, transparencia algorítmica y prevención del discrimen.
De igual manera, Eduardo Fantauzzi, en representación de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, favoreció la medida con recomendaciones. Mencionó que el proyecto establece una política pública necesaria para proteger a pacientes y proveedores frente al uso de IA en decisiones sobre tratamientos, autorizaciones, continuidad del cuidado y pagos por servicios cubiertos. “Ningún paciente debe perder acceso a cuidado médico, ni ningún hospital debe ver denegado el pago por servicios médicamente necesarios, como resultado de una decisión tomada exclusiva o predominantemente por una máquina, sin revisión humana efectiva y sin explicación razonada”, sostuvo el deponente.
Como parte de la evaluación, Fantauzzi recomendó ampliar la medida para incluir expresamente las determinaciones de manejo de utilización, como autorizaciones previas y revisiones concurrentes o retrospectivas. También, recomendó definir claramente qué constituye una intervención humana significativa; exigir la divulgación del sistema automatizado utilizado; crear un registro de estas tecnologías; y conceder a la Oficina del Comisionado de Seguros facultades y recursos técnicos para auditarlas. Igualmente, entre otras recomendaciones, remedios inmediatos cuando una denegación afecte el tratamiento, responsabilizar a las aseguradoras por las actuaciones de sus contratistas y exigir evidencia específica para rebatir una presunción de arbitrariedad.
De otra parte, compareció la licenciada Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (ACODESE), quien dijo no favorecer la pieza legislativa como está redactada. “Entendemos que el Proyecto del Senado 1226 impone obligaciones excesivas, duplica requisitos regulatorios existentes, parte de premisas que no reflejan la realidad operacional del sector y podría generar consecuencias adversas para la eficiencia, innovación y competitividad de la industria aseguradora en Puerto Rico”, sostuvo Pernas. A preguntas de Moran, la deponente señaló que no están cerrados a la tecnología y continuarán evaluando las recomendaciones.
