President and CEO Bonnet Insurance Brokerage Corporation
El Manejo de los Riesgos requiere que el mismo sea impecable, para que la misión obtenga su objetivo, en este caso la remoción de Nicolás Maduro.
El héroe de esta misión es el general Dan Caine. Caine demostró una vez más que la ciencia de manejar los riesgos es la que puede lograr objetivos en forma perfecta, o sea sin errores.
Las estrategias fueron excelentemente planificadas y ensayadas, donde se involucraron generales, almirantes, y experimentados estrategas militares adiestrados en conflictos previos de los Estados Unidos.
La ciencia del manejo de riesgos quedó evidenciada en cada paso que los militares llevaron a cabo para convertir esta operación en una hazaña comparable con las que se ven en las películas de Steven Spielberg.
El manejo de riesgos es un proceso sistemático para identificar, analizar y controlar riesgos con el fin de lograr objetivos de manera estratégica y con el menor margen de error posible. En este caso, se trató de un proceso que tomó meses de planificación, en el que se involucraron generales, almirantes y estrategas militares de la nación.
El 6 de octubre de 2025, en el Pentágono, el general Dan Caine, quien es el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos (Chief of Joint Staff). Caine ocupa el puesto más alto en la cadena de mando militar estadounidense.
En esta reunión estuvieron presentes para conversar sobre OBJETIVO MADURO, el Almirante Alvin Holsye, Pete Hegseth, comentarista político republicano, ex reservista, experto en seguridad nacional y política exterior y DEFENSOR DE ENFOQUES AGRESIVOS EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO.
Holsye, Hegseth y Caine planificaron la movilización de tropas, las acciones que cada una de ellas llevarían a cabo, equipamiento bélico, incluyendo los buques de combate, helicópteros, aviones, el portaaviones Gerald Ford, básico con dos reactores nucleares de 700 megawatts y una población de 4,500 efectivos militares de todos los rangos, clases y profesiones para apoyar la Misión Maduro.
El Manejo de Riesgos es la única forma que un proyecto de esta naturaleza puede lograrse con perfección. Dos grandes generales que ha tenido la historia que basaron todas sus acciones en el manejo de riesgo fue:
1. El General Dwight D. Eisenhower quien dijo y cito: “Plans are workless, but planning is everything”.
2. El general chino Sun Tzu dijo: “El que gana las batallas y por ende la guerra, es el que hace muchos cálculos y con mucho tiempo antes de pelear la batalla. El general que pierde es el que no hizo cálculos antes del enfrentamiento”.
La filosofía de Risk Management es aplicable a todo proyecto empresarial que desee ser exitoso y en todas las disciplinas del saber, pues promueve la excelencia, eficiencia, medible y cuantificable.
Los gobiernos y las aseguradoras privadas deberán trabajar en conjunto para ofrecer pólizas de seguro a la gente que no poseen los recursos para tener sus casas aseguradas, ante la cruda realidad de que el cambio climático es responsable de un incremento alarmante en la frecuencia y en la intensificación de la capacidad destructiva de fenómenos naturales como los huracanes.
Esa grave perturbación causada por el cambio climático ha disparado las alarmas porque cada año se registra un aumento en los eventos catastróficos y en las pérdidas que estos generan, lo que requiere que los gobiernos y las aseguradoras privadas tomen medidas para atender la emergencia, según planteó el presidente del Grupo Mapfre, Antonio Huertas.
Huertas hizo las expresiones durante la presentación del informe “Cambio Climático, Riesgos Extraordinarios y Políticas Públicas”, elaborado por Mapfre Economics, que se celebró ayer martes, 13 de enero, en el hotel Hilton Garden en San Juan.
El citado informe sostiene que la entidad Swiss Re Institute, del reasegurador Swiss Re, ha estimado que «las pérdidas aseguradas derivadas de fenómenos catastróficos han mostrado una tendencia ascendente sostenida a largo plazo, situándose en un rango de crecimiento anual del 5% al 7% desde 1992». La principal causa de ese crecimiento, según Swiss Re, es el cambio climático.
De acuerdo con estimaciones de Swiss Re, en el período 2013-2022, los huracanes provocaron pérdidas económicas por valor de $899 billones de dólares, de las cuales solo $360 billones de dólares estaban cubiertas por un seguro, lo que representa un 40 % de las pérdidas económicas totales.
La brecha de aseguramiento
El presidente del Grupo Mapfre hizo la recomendación sobre la posible participación del gobierno junto a las aseguradoras para ofrecer una póliza de propiedad a los sectores menos favorecidos mientras elaboraba sobre la brecha de aseguramiento por catástrofes naturales.
De hecho, la citada brecha puede definirse como la diferencia entre las pérdidas económicas totales causadas por catástrofes naturales y las pérdidas que están cubiertas por contratos de seguros. Según el informe de Mapfre, Asia es la zona del mundo con la mayor brecha de protección asegurada, la cual fue estimada en 82.8 %. Esto representa solo el 17. 2% de las propiedades están protegidas por pólizas de seguro.
En segundo lugar está la región de AméricaLatina, que presenta una brecha de 81.0%, mientras que la región de América del Norte tiene la menor brecha de protección con un 43.2%.
En un breve intercambio con la prensa al finalizar la actividad Huertas aclaró que no estaba hablando específicamente de Puerto Rico, sino que sus expresiones surgen de recomendaciones que ha elaborado Mapfre junto a reaseguradores internacionales ante el alza en las pérdidas causadas por el cambio climático.
– ¿Está hablando de un seguro público, un seguro del gobierno?, le preguntó SN.
– No, no. Seguros públicos no. Nosotros creemos que tienen que hacerse conjuntamente entre el gobierno y las privadas. Hay sistemas que pueden hacer….sobre todo para la gente que tiene menos recursos..
– ¿Cómo se hace eso?, cuestionó SN.
– Hay una posibilidad de hacer una primera capa de protección que sea pagada por el gobierno. Hay una posibilidad de que sea una especie de coaseguro entre el gobierno y las aseguradoras privadas. Hay diferentes sistemas que están en otras partes del mundo que se pueden usar aquí», respondió Huertas.
Modelos adecuados
La actividad contó con un panel de discusión integrado por Carlos Sanzo González, director regional para norteamérica de la reaseguradora Mapfre RE; Kimberly Roberts, asesora en riesgos para Norteamérica de la reaseguradora Guy Carpenter; y Vikram Vyas, de Verisk Analytics, Inc. que es una empresa de análisis de datos y evaluación de riesgos.
Fundamentalmente el panel elaboró sobre la adecuacidad de los modelos de exposición catastrófica y la necesidad de que las aseguradoras reciban la más precisa información sobre los riesgos que se proponen asegurar.
De hecho, a través de los modelos de exposición catastrófica las aseguradoras determinan la cantidad de reaseguro que deben adquirir para lograr la mayor protección de sus asegurados.
En la discusión surgió que la efectividad de los modelos de exposición catastrófica depende en gran medida de la calidad y precisión de la información que reciban sobre las estructuras aseguradas. De manera que una información deficiente o imprecisa puede provocar que un modelo arroje resultados errados sobre el monto de reaseguro que debe adquirir el asegurador.
Información precisa
En el periodo de preguntas de parte del público surgió la preocupación sobre las causas de la insolvencia de las dos aseguradoras intervenidas por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS)en 2019, Integrand y Real Legacy. Ambas insolvencias estuvieron precipitadas, según concluyó la OCS, porque sus contratos de reaseguro eran insuficientes para garantizar la mayor protección de las propiedades aseguradas.
Sobre este particular el presidente de Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, reveló que le presentó una propuesta a los representantes de la OCS que ayer asistieron a la actividad, la cual tiene como objetivo garantizar que las aseguradoras reciban la más abarcadora y precisa información de los riesgos que se proponen asegurar.
Sánchez Géigel sostuvo que su propuesta implica que la OCS debería establecer como un requisito mandatorio que los productores (agentes de seguros) provean el número de catastro de las propiedades de sus clientes, una descripción exacta y detallada del tipo de construcción de las propiedades (según lo exigen los modelos de exposición catastrófica) y una valoración reciente de la propiedad. Sostuvo que esa información sería entregada a la OCS sin revelar la identidad de los asegurados.
El presidente de Mapfre explicó que con esa información producida por las aseguradoras, la OCS podría hacer sus propios modelajes y verificar si los contratos de reaseguro de las aseguradoras son adecuados para cubrir su exposición catastrófica.
Modelos subestiman pérdidas
No obstante, Sánchez Géigel señaló que la OCS aún debería enfrentar otra situación que afecta el resultado de la exposición catastrófica de las aseguradoras y es que existen modelos que subestiman las pérdidas.
«Un modelo puede decir que tendrán $500 millones en pérdidas y otro modelo te puede arrojar $200 millones en pérdidas. Claramente si compras el reaseguro para $200 millones vas a tener menos costo de reaseguro y más ganancias. Entonces estarías comprando un reaseguro correcto para satisfacer al regulador y a las agencias calificadoras, pero no un reaseguro suficiente para un evento donde el modelo no haya dado pie con bola» , indicó Sánchez Géigel.
Huracán categoría 5 en 24 horas
Uno de los momentos más reveladores de la discusión en el panel de expertos fue cuando Kimberly Roberts explicó que el cambio climático ha causado un nuevo fenómeno atmosférico con implicaciones impredecibles para la comunidad y para la industria de seguros.
Y es que en 24 horas una tormenta tropical se puede convertir en un huracán de categoría 4 o 5, lo que constituye un nuevo escenario que no le permite a la ciudadanía y a las aseguradoras prepararse adecuadamente y cuyo resultado evidente es incrementar de súbito las pérdidas.
Roberts presentó el ejemplo del huracán Melissa, cuyos vientos eran de una tormenta tropical el pasado 27 de octubre de 2025 y en tan solo 24 horas se convirtió en un huracán categoría 4 con vientos de 225 millas por hora.
Otro ejemplo presentado por Roberts, quien posee una maestría en meteorología, fue el huracán Otis que afectó a la ciudad de Acapulco en México. En menos de 24 horas Otis pasó de tormenta tropical a un huracán categoría 5, tocando tierra el 25 de octubre de 2023 con vientos de 270 millas por hora.
Incluso, Roberts indicó que el cambio en la frecuencia debido al cambio climático ha causado la posibilidad de que cada 16 años podamos enfrentar un huracán categoría 4, lo que representa un nuevo escenario con posibilidad real de generar pérdidas.
El conocido abogado especializado en el campo de los seguros, licenciado Jesús Del Valle Padilla, ha solicitado públicamente que la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), investigue a Luis Esteves Selosse, quien es presidente de la firma de ajustadores públicos Caribbean Adjusters International (CAI), luego de que la empresa radicara una petición de quiebra en momentos que enfrentaba una orden de embargo que tenía el objetivo de resarcir al abogado por unas comisiones que nunca le fueron pagadas.
El pasado 15 de diciembre de 2025, la jueza Vanessa Pintado Rodríguez, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, emitió una orden para la ejecución de sentencia y embargo preventivo contra CAI por la cantidad de $568,330.70, una suma que corresponde a las comisiones adeudadas al licenciado Del Valle Padilla.
El 26 de diciembre de 2025, once días después de que la jueza Pintado Rodríguez emitiera la orden de embargo, CAI acudió al Tribunal Federal de Quiebra en San Juan y radicó una petición de quiebra bajo el capítulo 7 de liquidación, lo que implica que la empresa deberá identificar aquellos recursos económicos disponibles y vender los activos existentes con el fin de pagar a sus acreedores.
Licenciado Jesús Del Valle Padilla
El capítulo 7 también tiene el efecto de liberar al deudor de todas sus deudas no aseguradas y lo exime de establecer un plan de pago.
La orden de embargo y la posterior petición de quiebra de CAI son los últimos capítulos en la contenciosa relación entre CAI y Del Valle Padilla, quien ofrecía servicios legales a la empresa y , además, le refería clientes en su carácter de vendedor.
CAI le pagaba a sus vendedores una comisión de 20 %. En el caso de que un cliente llegue a un vendedor referido por un tercero, la comisión se dividía entre el tercero y el vendedor.
Violación a deberes fiduciarios
En declaraciones escritas Del Valle Padilla sostuvo que la cantidad de dinero que CAI le adeuda corresponden exclusivamente a comisiones por concepto de referidos de clientes con reclamaciones derivadas del huracán María, «las cuales fueron debidamente ajustadas, cobradas y pagadas, sin que la empresa cumpliera con remitir (a Del Valle Padilla) el porcentaje contractual adeudado, conforme a los acuerdos vigentes y a la ley aplicable».
«Dichos fondos no constituían ingresos propios de la entidad, sino sumas que debían ser segregadas y transferidas, por lo que su retención y utilización para fines operacionales constituye una violación grave a los deberes fiduciarios que rigen la práctica de los ajustadores públicos», señaló Del Valle Padilla.
«A la luz de estos hechos, el Sr. Luis Esteves Selosse, en su carácter de principal socio y persona con control sobre Caribbean Adjusters International y Jensen Adjusters International, debe ser investigado por la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico por el incumplimiento de sus obligaciones fiduciarias, la falta de controles adecuados y la retención de fondos que no le corresponden, todo ello en perjuicio de terceros y del interés público. La quiebra no extingue las obligaciones, ni puede servir como refugio para el incumplimiento contractual ni para la retención indebida de fondos ajenos», advirtió Del Valle Padilla.
El abogado dijo que continuará ejerciendo todos los remedios legales disponibles, tanto en Puerto Rico como en otras jurisdicciones «para recuperar las sumas adeudadas, incluyendo intereses, costas y honorarios, establecer responsabilidades y proteger la integridad del ejercicio profesional y del interés público».
Intereses pre y post sentenca
SN se comunicó al teléfono celular personal de Esteves Selosse y le dejó varios mensajes con el fin de obtener su reacción a las expresiones del licenciado Del Valle Padilla. Hasta el cierre de esta edición Esteves Selosse no había respondido.
Además de los $568,330.70 adeudados por CAI, la jueza Pintado Rodríguez le impuso una penalidad diaria por incumplimiento de $147.92, que irá acumulándose hasta que finalmente se satisfaga la deuda.
El monto principal de la deuda asciende a $398,548.64. A esa cantidad, por determinación de la jueza Pintado Rodríguez, le aplican intereses «pre sentencia» por la cantidad de $52,878.02. También le aplican intereses «post sentencia» por la cantidad de $116,904.00. La suma de los intereses con el principal generan los $568,330.70.
Tras el paso del huracán María, Del Valle Padilla refirió a CAI numerosos clientes, especialmente condominios que resultaron afectados con el fenómeno meteorológico. En los primeros meses del año 2018, CAI decidió terminar su relación laboral con Del Valle Padilla.
Más tarde, el 27 de agosto de 2018, el abogado radicó una demanda en cobro de dinero por las comisiones adeudadas contra CAI en el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.
En la demanda Del Valle Padilla incluyó como codemandados a Luis Esteves Selosse, en su carácter de socio principal y presidente de CAI, y a Luis Esteves Venegas, quien es el padre de Esteves Selosse, y figura como un ajustador público que labora para CAI.
Según la demanda, CAI es una corporación creada el 16 de octubre de 2017 y autorizada por la OCS para dedicarse al ajuste de reclamaciones de seguros. El documento alega que fue el licenciado Del Valle Padilla quien registró a CAI ante el Departamento de Estado y logró obtener las licencias para todos los ajustadores públicos que se nombraron tras el paso del huracán María.
Tribunal rechaza a Menonita
Entre los clientes referidos por Del Valle Padilla, según sostiene el documento, figuran Concordia Courts Apartments, Candina Sea Tower, Union Holdings, Inc. & Union de Inversiones, Inc., Action Cargo Transport, Inc. Nouvelle D’ Spa, Dores Development Corp., Colegio Nuestra Señora del Pilar, Parkville Realty, Inc., Condominio Lago Mar, Lagoon Villas, Caribbean Towers y Pasarella del Condado.
Del Valle Padilla incluyó entre sus clientes referidos el sistema de hospitales Menonita.
El abogado también reclamó en su demanda que era socio de CAI y que tal vínculo le concede el derecho de participar de las ganancias netas de la empresa. Una participación que el abogado estimó en $6 millones y que era equivalente al 33% de las ganancias de la empresa.
Finalmente, Del Valle Padilla solicitó al Tribunal la imposición de costas, gastos, intereses y honorarios de abogado.
El 7 de febrero de 2019 CAI respondió a la demanda y solicitó que fuera desestimada debido a que no existe un contrato entre la empresa y Del Valle Padilla.
El 22 de agosto de 2024, el Tribunal de Primera Instancia de Bayamón emitió una sentencia que le ordenó a CAI pagar a Del Valle Padilla la cantidad de $123,701.44 por comisiones relacionadas con el referido de clientes.
Los clientes referidos por el abogado, según concluyó el fallo judicial, son Concordia Courts Apartments, Candina Sea Tower, Union Holdings, Inc. & Union de Inversiones, Inc., Action Cargo Transport, Inc., Nouvelle D’ Spa, Colegio Nuestra Señora del Pilar, Lagoon Villas, Caribbean Towers y Pasarella del Condado.
La sentencia descartó que Del Valle Padilla estuviese relacionado con el referido de Dores Development Corp. y Parkville View Realty. La sentencia también rechazó reconocer que el abogado fuera socio de CAI, por lo que fue descartada su participación en las ganancias netas.
Otro aspecto polémico de la sentencia es que no reconoció que Del Valle Padilla tuviera derecho a una comisión por el alegado referido de los hospitales Menonita.
Apelativo revoca
En respuesta, Del Valle Padilla presentó en el Tribunal Apelativo una impugnación contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia. La impugnación señaló varios errores y reiteró que Del Valle Padilla hizo el referido de los hospitales Menonita a CAI.
El 13 de mayo de 2024 el Tribunal Apelativo revocó la sentencia del Tribunal de Primera Instancia y determinó que CAI debía pagar a Del Valle Padilla la comisión del 20% por el referido de los hospitales Menonita.
El 10 de diciembre de 2025 y luego de que la sentencia del Tribunal Apelativo adviene final y firme, Del Valle Padilla solicitó al Tribunal de Primera Instancia de Bayamón una órden para la ejecución de sentencia y embargo preventivo contra CAI.
Cinco días después, el 15 de diciembre de 2025, la jueza Pintado Rodríguez emitió la órden para la ejecución de sentencia y embargo contra CAI.
Condominio Ponciana en la mirilla
En reacción a la orden de la jueza Pintado Rodríguez, CAI acudió al Tribunal Federal de Quiebra en San Juan el 26 de diciembre de 2025 y radicó una petición de quiebra bajo el capítulo 7 de liquidación.
Tras la orden de embargo la representación legal de Del Valle Padilla comenzó a diligenciar notificaciones de embargo en aquellas entidades en las que CAI tuviera cuentas por cobrar.
Entre estos figura el Condomio Ponciana, ubicado en Ponce, que sufrió graves daños estructurales durante el terremoto ocurrido el 7 de enero de 2020. CAI fue contratada por el Consejo de Titulares del condominio.
La aseguradora Multinational Insurance Company ha retenido el pago de $4.9 millones en espera que se dilucide una disputa legal entre titulares. CAI reclama que tiene derecho a recibir $496,280.24, que es equivalente al 10% de la compensación.
La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, que preside el líder senatorial, Thomas Rivera Schatz, realizó una vista pública hoy para evaluar las designaciones de las jefaturas del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Departamento de Agricultura y del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).
Los nombramientos, realizados por la Gobernadora en receso legislativo, consisten en el licenciado Hiram Torres Montalvo como secretario del DACO, el agrónomo Irving Yoel Rodríguez Torres como secretario de Agricultura y Poincaré Díaz Peña como principal ejecutivo de Innovación e Información del Gobierno de Puerto Rico y director ejecutivo de PRITS.
Durante la vista, Torres Montalvo, presentó un plan de trabajo enfocado en la modernización de la agencia, la eficiencia administrativa y una fiscalización efectiva en beneficio de los consumidores. El secretario del DACO afirmó que su enfoque es claro: “defender al consumidor con firmeza, pero sin asfixiar al pequeño y mediano comerciante, y transformar al DACO en una agencia moderna, ágil y presente en la calle”.
De igual forma, explicó que sus “metas para el Departamento son lograr implementar de manera más efectiva el plan de desreglamentación y eficiencia, alcanzar una reducción de más de un 50 por ciento en el número de querellas pendientes y eliminar de una vez los trámites en papel ante el DACO”. Asimismo, reiteró su compromiso de fortalecer el recurso humano de la agencia mediante la incorporación de más inspectores y jueces administrativos para cumplir con su misión.
Entre los detalles de mayor relevancia, ante las preguntas al secretario del DACO sobre la orden administrativa de la pasada secretaria que eliminaba los cargos como el “Promoter Fee”, Torres Montalvo aseguró que determinó aplazar dicha orden, que entraba en vigor el 1 de enero, hasta el próximo 1 de julio, mientras realiza un análisis más profundo para tomar una decisión final. “Quiero que el Departamento tenga el tiempo de hacer un análisis más concienzudo”, sentenció.
Por ello, Rivera Schatz auscultó la legalidad de este tipo de cargos añadidos a los boletos, a lo que el secretario aseguró que estos cargos son legales siempre que se muestren y sean visibles al hacer la compra de un boleto, como así lo explica la Ley 209-2016 conocida como la Ley para la Transparencia en el Recibo de Compra, aunque contiene lagunas en su lenguaje. Del mismo modo, a preguntas del presidente senatorial, Torres Montalvo sentenció que no hay ninguna querella en el Departamento sobre el “Promoter Fee”.
En cuanto al Departamento de Agricultura, el agrónomo Irving Y. Rodríguez Torres, expuso una agenda dirigida a atender la dependencia alimentaria de la isla y a fortalecer la producción local. Durante su ponencia destacó que “Puerto Rico importa aproximadamente 85% de los alimentos que consumimos”, por lo que subrayó la urgencia de ejecutar políticas públicas que permitan producir más alimentos localmente y reducir las importaciones.
Rodríguez Torres explicó que su gestión se articulará en prioridades estratégicas, enfatizando que su compromiso es “pasar de diagnósticos de problemas a soluciones mediante acuerdos ejecutables, con personal responsable, calendarios definidos y métricas verificables”. Además, sostuvo que su enfoque será trabajar con método y no improvisación, asegurando que se enfocará en “implementar las ideas de los agricultores, junto con los peritos técnicos de cada región”.
En términos de promover a los jóvenes de la isla en adentrarse en la agricultura, el presidente senatorial sugirió crear algún tipo de credencial de agricultor a los jóvenes con algún tipo de incentivo para de alguna forma lograr crecer este sector.
Por otro lado, el designado a PRITS, Poincaré Díaz Peña, destacó los avances logrados en materia de ciberseguridad y transformación digital del Gobierno. Díaz Peña indicó que lideró el desarrollo del primer Plan de Ciberseguridad de Puerto Rico, lo que permitió fortalecer la postura de seguridad del Gobierno central y municipal.
A su vez, subrayó que la tecnología debe estar al servicio de la ciudadanía, señalando que “se trata de poner la tecnología al servicio del Pueblo, utilizada de forma responsable y estratégica, para ofrecer servicios públicos de manera directa, reducir barreras administrativas y agilizar gestiones”. También, destacó proyectos como la licencia digital móvil y la plataforma CARE para el manejo de refugios en emergencias, los cuales permiten una respuesta más ágil y basada en datos en tiempo real.
Sin embargo, Díaz Peña se negó a emitir comentarios ante preguntas de la senadora Jamie Barlucea sobre si favorece que las funciones de PRITS regresen a la jurisprudencia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), así como sobre un posible retiro del Departamento de Educación de PRITS. De igual forma, se mostró en contra del Proyecto del Senado 746, presentado por Rivera Schatz, que crea una Junta Adjudicativa de Tecnología para que sea esta la que apruebe, proyectos, contrataciones y compras, argumentando que ya existe una base regulatoria.
El presidente del Senado adelantó que tendrá los informes listos de los nominados y serán considerados ante el pleno del Alto Cuerpo en el inicio de la tercera sesión ordinaria de la Vigésima Asamblea Legislativa el próximo lunes, 12 de enero.
A pesar de que los corredores de seguros seleccionados para manejar los riesgos de gobierno deben firmar un documento en el que certifiquen que no han utilizado los servicios de cabilderos para ejercer influencia en el proceso de selección, la realidad es que la figura del cabildero es tan indispensable para los corredores como el oxígeno lo es a la vida.
Y aunque la presencia del cabildero es casi inseparable de la operación del gobierno, en la administración de la gobernadora Jenniffer González Cólón esta figura ha tenido un protagonismo significativo quizás porque el secretario de la gobernación y director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech, era un connotado cabildero de la firma Politank, antes de asumir ambas posiciones públicas.
De hecho, la figura del cabildero está tan consolidada en la estructura gubernamental que ya se le considera «la llave» para que los intereses privados puedan acceder a los contratos públicos.
En ese contexto, parece una contradicción insalvable que se le exija a los corredores que declaren no haber utilizado los servicios de un cabildero cuando en realidad los intereses privados necesitan de los cabilderos para transitar por la selva del gobierno de Puerto Rico, que suele ocultar engorrosas amenazas burocráticas y los reclamos de los actores políticos de la administración de turno.
Algunas fuentes aseguran que el asesor en comunicaciones Carlos Bermúdez, el ex gobernador Luis Fortuño y el licenciado Oriol Campos, quien fue tesorero de la campaña a la gobernación de Jenniffer González Colón, han estado al servicio de determinados corredores o de agencias de agentes generales para, alegadamente, garantizar sus contratos en Seguros Públicos, que es la división del Departamento de Hacienda a cargo de la selección de los corredores del gobierno.
SN ha entrevistado a determinados corredores quienes han identificado al licenciado Oriol Campos como la persona que los llamó para solicitar aportaciones económicas para la campaña de la gobernadora González Colón.
Una convicción que emerge cuando se conversa con los corredores que han participado en el proceso de selección es que las decisiones sobre quién o quiénes integran la privilegiada terna de contratos por servicios profesionales para los corredores del gobierno no se toman en Seguros Públicos.
Se ha comentado con insistencia que la determinación final sobre quiénes serán los corredores del gobierno las toma Francisco Domenech.
Formalismo procesal
Incluso, los corredores están convencidos de que los numerosos requisitos de cualificación que exige Seguros Públicos son un mero formalismo procesal y que el cumplimiento con tales exigencias tiene un efecto neutral en la selección final. Alegadamente, el elemento de mayor peso es el monto de las aportaciones económicas que el corredor está dispuesto a dar para las campañas políticas, sostienen algunos corredores entrevistados por SN.
Y es que los corredores de seguros del gobierno y las agencias generales de seguros se han convertido en una fuente de financiamiento estratégico de los partidos políticos, hasta el extremo de que alrededor del 30% de las comisiones que reciben son invertidos en fundraisings, en la compra de taquillas para cumpleaños, para inauguraciones de comités políticos, y para todo tipo de festejos organizados con el único fin de recaudar fondos para los partidos o para sus candidatos políticos.
Y en numerosas ocasiones, según alegan las fuentes, esas aportaciones excedían los límites legales.
La comisión promedio de los corredores del gobierno supera los $200,000 anuales e incluso, puede alcanzar el $1 millón de dólares anuales en aquellos corredores que manejan riesgos que incluyen infraestructuras complejas y de muy alto valor económico, las cuales requieren seguros con primas de alto costo.
Esa atmósfera opaca en la que se conducen las aportaciones políticas es la más controvertible de la realidad que le toca enfrentar a los corredores de seguros que acceden a ofrecer sus servicios al gobierno.
Es la más controvertible y la más ignorada por las autoridades federales y locales en los pasados 30 años, a pesar de que en numerosas ocasiones la prensa ha reseñado las denuncias sobre una presunta corrupción en el proceso de selección, posibles conflictos de intereses y favoritismo.
De hecho, la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) ha imputado violaciones al Código de Seguros contra determinados corredores por compartir comisiones ilegalmente.
No obstante, tales eventos no han sido suficientes como para estimular la curiosidad de la asamblea legislativa, que jamás ha investigado los señalamientos de corrupción y favoritismo que se ha señalado contra el proceso de selección y contratación de los corredores del gobierno.
De hecho, el pasado año en la Cámara de Representantes se consideró una medida, el Proyecto 341, que ha sido un esfuerzo tímido para inyectar coherencia a la selección de los corredores al promover el uso de la subasta pública. La medida imponía un cargo de 5 % a la comisión que reciben de los corredores y eximía del cargo a los corredores seleccionados a través de subasta pública. La medida fue engavetada por la mayoría del Partido Nuevo Progresista a pesar de que la Comisión de Banca y Seguros emitió un informe positivo.
Querella destapa esquemas
La primera vez que surge en un documento público una denuncia sobre la presunta solicitud de donativos políticos a corredores de seguros a cambio de garantizar una participación en los seguros del gobierno, aconteció el 22 de febrero de 2016 en la Oficina de Contralor Electoral (OCE).
Ese día la OCE recibió una querella de parte de una entidad denominada como Ciudadanos Pro Campañas Libres de Corrupción, cuyos integrantes no estaban identificados en el documento.
La querella anónima denunció siete esquemas de presuntas violaciones en la recaudación de donativos de parte del Comité de Campaña del entonces Comisionado Residente, Pedro Pierluisi, quien competía contra Ricardo Rosselló por la posición de candidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista.
El esquema 4, caso 2, de la querella anónima, sostiene que “el empresario Andrés Guillemard Noble, solicitó y recibió donativos en efectivo a favor de la campaña de Pedro Pierluisi proveniente de múltiples comerciantes de la industria de los seguros. Esto, bajo la promesa de asistirlos a asegurar una participación de los negocios que ofrece para esta industria al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El Sr. Guillemard recolectó los fondos, algunos en cheque y otros en efectivo, algunos informados conforme con la ley y otros informados y utilizados de forma fraudulenta en beneficio de la Campaña de Pierluisi”.
Cabilderos pueden afectar beneficios
Sobre esta querella la OCE concluyó que no se pudo “corroborar en los informes radicados a la OCE, las personas involucradas en este alegado esquema dado a que no proveyeron los nombres o alguna otra información corroborable”.
El comité de campaña de Pierluisi sostuvo que las alegaciones del recibo de donativos a cambio de promesas de participación en el negocio de seguros carece de detalles específicos mientras que Guillemard Noble negó las imputaciones a través de una declaración jurada.
Una fuente conocedora de los trámites que realiza la división de Seguros Públicos sostuvo que la intromisión de los cabilderos puede afectar adversamente los beneficios que puede obtener el gobierno si se seleccionan corredores con amplio conocimiento y experiencia en el negocio de seguros.
De hecho, la fuente indicó que si los criterios de selección consideran más la lealtad política de los «amigos de la casa», y el monto de «las aportaciones económicas para el partido», serían derrotados los objetivos de obtener primas razonables por una cubierta adecuada de parte de aseguradoras con una situación financiera saludable y con la participación de reaseguradores cualificados.
Uno de los aspectos preocupantes es que aunque la reglamentación de la división de Seguros Públicos establece que los profesionales que tendrán a cargo las pólizas de seguros del gobierno son exclusivamente los corredores autorizados por la OCS, en la selección realizada este año se ha permitido que participe un representante autorizado.
Es necesario advertir que los corredores de seguros representan el interés de los asegurados mientras que los representantes autorizados – que es la nueva denominación para los agentes de seguros – representan el interés de las aseguradoras.
Específicamente, Seguros Públicos ha seleccionado al ex comisionados de seguros, Javier Rivera Ríos, quien es un representante autorizado de aseguradoras especializadas en seguros de vida, para que maneje las pólizas de seguros del gobierno, cuyos mayores riesgos están relacionados con propiedades e infraestructuras públicas.
SN se comunicó con Rivera Ríos para obtener su reacción pero el ex comisionado no respondió.
Pólizas de errores y omisiones
Una fuente conocedora de los trámites que realiza Seguros Públicos sostuvo que la contratación de representantes autorizados para que desempeñen como corredores puede dejar al gobierno desprotegido en caso de que se cometan errores en el manejo de los riesgos del gobierno.
La fuente indicó que los representantes autorizados o los corredores sin experiencia, carecen del personal especializado en la tarea de asegurar propiedades públicas, lo que puede causar que se cometan errores cuyas repercusiones pueden afectar a las agencias y a las corporaciones públicas.
Un aspecto importante es que las pólizas de errores y omisiones de estos representantes autorizados o corredores sin experiencia – un requisito para los corredores del gobierno – podrían contener límites insuficientes para ofrecer una justa compensación a las entidades públicas perjudicadas por pérdidas financieras causadas por negligencia, errores, faltas o por incumplimiento del deber en sus servicios.
Corredores y aseguradoras insolventes
Incluyendo la selección de aseguradoras con una situación financiera débil o con contratos de reaseguro insuficientes, lo cual coloca a estas empresas a enfrentar una insolvencia si ocurriera una catástrofe de grandes proporciones. Una situación como la descrita anteriormente ya ocurrió en la aseguradora Real Legacy tras el paso del huracán María en 2017. Real Legacy fue intervenida por la OCS en 2019 por su alarmante estado de insolvencia.
Entre los asegurados que figuran en los contratos de reaseguro de Real Legacy se encuentran entidades del gobierno con numerosas y costosas propiedades como la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Educación, el Departamento de Corrección y Rehabilitación, la Autoridad de Carreteras, la Administración de Instituciones Juveniles, el Centro de Convenciones y la Autoridad de Edificios Públicos. También figuran numerosos municipios.
Se desconoce si Seguros Públicos tomó acción en contra del corredor o de los corredores que condujeron a estas entidades públicas al cuestionable estatus de asegurados de una aseguradora insolvente.
También se desconoce si Seguros Públicos reclamó a la póliza de errores y omisiones del corredor o de los corredores, por la negligencia de recomendar la contratación de una aseguradora que, según las fuentes, presentaba una situación financiera cuestionable mucho antes del paso del huracán María.
Más gastos que ingresos
Las serias interrogantes que han surgido sobre los criterios para la selección de los corredores del gobierno acontecen en momentos cuando el Departamento de Hacienda ha continuado con una posición hermética, en la que no se ofrece información sobre el proceso que culminó con la designación de 13 nuevos corredores.
Estos se unen al grupo de 19 corredores que estuvieron en los pasados años y que el Departamento de Hacienda ha decidido mantener como corredores del gobierno. En total el gobierno tendrá 33 corredores, según aseguran fuentes de SN.
No obstante, se sabe que esa cifra se redujo a 32 debido a que el corredor Owners Risk Insurance Management declinó integrar la privilegiada lista de los corredores del gobierno. La decisión obedeció, según indicó una fuente, a que el monto de la fianza que se le exigió indicaba que la cuentas que les serían asignadas generarían una comisión de $8,000 anuales, mientras que los costos de atender esas cuentas superan los $20,000 anuales.
Los trabajadores agrícolas enfrentan un nuevo retraso para recibir el bono navideño que distribuye el Departamento de Agricultura (DA) , luego de que el designado secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, ordenó detener el pago directo a las cuentas bancarias de los trabajadores y exigió que estos presenten una carta de sus patronos certificando que tienen derecho a recibir la ayuda.
Se desconocen las razones que han incidido para que el secretario designado de Agricultura haya detenido el pago directo del bono navideño, lo que en realidad representa un nuevo escollo que le impedirá a cientos de trabajadores agrícolas recibir el bono navideño.
Una ayuda que tradicionalmente era recibida durante el mes de noviembre, pero que bajo tutela de Rodríguez Torres no fue distribuida ni en noviembre ni en diciembre, y para que finalmente se concrete el pago los trabajadores agrícolas deberán cumplir con un nuevo requisito procesal que los obligará a espera a que en algún momento en los primeros meses del 2026 el DA pague.
Rodríguez Torres tomó la decisión la pasada semana y la comunicó de manera verbal a sus subalternos, lo que implica que todos los trabajadores deberán acudir a las regiones agrícolas con la carta de su patrono para recibir el bono navideño.
La determinación del designado secretario de Agricultura representa un cambio en relación con el anuncio que el funcionario realizó el 26 de diciembre de 2025, en un comunicado de prensa.
En ese comunicado Rodríguez Torres sostuvo que «los trabajadores que optaron por depósito directo deben ver reflejado el incentivo en sus cuentas durante el próximo día laborable. Aquellos que seleccionaron pago por cheque deberán visitar la Región Agrícola correspondiente con una identificación con foto para recoger su pago».
De hecho, en ese comunicado de prensa Rodríguez Torres hizo el falso reclamo sobre que 6,721 obreros agrícolas y recogedores de café ya habían recibido el bono.
Más adelante, en el mismo comunicado de prensa, el funcionario desmintió su afirmación inicial al sostener que los trabajadores que optaron por depósito directo recibirán el pago en sus cuentas bancarias mientras que aquellos que prefirieron recibir el pago en un cheque deberán visitar la su región agrícola.
De acuerdo con una fuente del DA vinculada a las regiones agrícolas, la desición de Rodríguez Torres constituye un cambio de última hora del funcionaro, quien, alegadamente, es una persona desorganizada que recurre con frecuencia a la improvisación.
«Ahora este cambio se ha convertido en un escollo adicional para que no reciban el bono navideño cientos de trabajadores agrícolas, muchos de ellos viejitos que pasaron la navidad sin chavos», sostuvo la fuente.
SN supo que determinados trabajadores que solicitaron pago directo recibieron la ayuda en sus cuentas bancarias, mientras que otros que también solicitaron pago directo aún no habían recibido el depósito del bono en sus cuentas bancarias, lo que sugiere que el DA podría estar experimentando dificultades para distribuir los pagos a través del mecanismo de pago directo.
El nuevo escollo para que se concrete el pago del bono navideño acontece un día antes de que la Comisión de Nombramientos del Senado celebre una vista pública para evaluar el nombramiento de Rodríguez Torres al cargo de secretario de Agricultura.
Mañana también serán evaluados los nombramientos de Hirám Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y de Pointcaré Díaz Peña, como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.
“Vamos a controlar Venezuela hasta que haya una transición justa y ordenada”, ha asegurado el presidente, Donald Trump, en su primera conferencia de prensa tras la captura de Nicolás Maduro.
Trump ha sostenido que las compañías estadounidenses se harán cargo de la industria petrolera del país y ha amenazado con una segunda oleada de ataques si el chavismo opone resistencia.
En una operación militar sorprendente realizada hoy sábado 3 de enero de 2026, el ejército de los Estados Unidos ha realizado una intervención en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, y ha extraído fuera del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En la conferencia de prensa, celebrada en la residencia personal del presidente en Mar a Lago en Florida, Trump ha afirmado que Estados Unidos va a dirigir Venezuela hasta que haya una “transición segura, adecuada y sensata».
«No queremos que nadie más tome el poder. Nos encontramos en la misma situación que hemos tenido durante los últimos años. Así que vamos a gobernar el país hasta que podamos llevar a cabo una transición segura, adecuada y sensata; tiene que ser sensata, porque ese es nuestro objetivo”, ha declarado el presidente estadounidense.
Trump también ha dicho que Maduro va de camino a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico. Maduro y su esposa están siendo trasladados a Nueva York en un barco estadounidense para ser juzgados por delitos de narcotráfico y posesión de armas. Los cargos fueron radicados en 2020 por la fiscalía del gobierno estadounidense en el distrito judicial de Nueva York.
De manera sorpresiva Trump no ofreció un respaldo indiscutible para una transición política en Venezuela a la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Trump dijo que analizará si respalda a Machado, quien ha declarado en las redes sociales que “estamos preparados para tomar el poder”.
Machado ha prometido que Maduro responderá por sus “atroces” crímenes y que Washington ha “cumplido la promesa de hacer valer la ley” ante la negativa de Maduro a “aceptar una salida negociada”.
Trump también amenazó al remanente liderato del chavismo que permanece en dominio del gobierno de Venezuela que Estados Unidos podría realizar una segunda oleada de ataques si hay resistencia.
“Estamos listos para organizar un segundo ataque mucho mayor, si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario. De hecho, asumimos que una segunda ola sería necesaria, pero ahora probablemente no sea la primera, si se quiere llamar así, ya que el primer ataque tuvo tanto éxito que probablemente no tengamos que hacer una segunda, pero estamos preparados para hacerlo”, ha declarado Trump.
“Habíamos supuesto que sería necesaria una segunda oleada, pero ahora, probablemente, no se trate de la primera oleada; si se quiere llamar así al primer ataque, que fue tan exitoso, probablemente no tengamos que lanzar una segunda, pero estamos preparados para hacerlo, una oleada mucho mayor, de hecho”, ha advertido.
“No podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bienestar del pueblo venezolano; no vamos a permitir que eso suceda, después de décadas de sufrimiento”, ha insistido Trump. El presidente ha declarado abiertamente que las empresas petroleras estadounidenses recuperarán el negocio petrolero en Venezuela, el país con las mayores reservas de crudo del mundo.
“Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso, un fracaso total, durante mucho tiempo. Estaban extrayendo casi nada, en comparación con lo que podrían haber extraído y lo que podría haber sucedido. Nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, invertirán miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera, que está en muy mal estado, y comenzar a generar ingresos para el país”, expresó Trump.
En una operación militar sorprendente el ejercito de los Estados Unidos ha realizado una intervención en la capital de Venezuela, la ciudad de Caracas, y ha extraído fuera del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
Según ha comunicado el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social, “el presidente venezolano, Nicolás Maduro ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”.
El periódico El País de España ha sostenido que en el mismo mensaje Trump ha confirmado la espectacular intervención militar después de que se hayan registrado explosiones en zonas civiles y militares de los estados de Miranda, Aragua, La Guaira y la capital, Caracas.
El mensaje de Trump, que se registró a las 4:21 de la madrugada, descibe la intervención militar como «brillante» y promete ofrecer más detalles en una conferencia de prensa que será celebrada hoy al medio día en su residencia personal en Mar a Lago en Florida.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez ha afirmado que el gobierno no conoce el paradero del presidente, Nicolás Maduro, y ha pedido “pruebas de vida”.
Trump dio luz verde a los ataques hace días, de acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por la cadena CBS. Según esta versión, altos mandos militares de Estados Unidos barajaron la posibilidad de atacar el día de Navidad, pero decidieron priorizar las operaciones militares en Nigeria contra el Estado Islámico.
El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha calificado el ataque como “ruin y cobarde” y ha comunicado que están buscando posibles heridos o muertos. “Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos”, ha dicho Padrino en un vídeo. “Nos han atacado, pero no nos doblegarán”, ha añadido.
El gobierno de Venezuela ha denunciado que las explosiones de esta madrugada son una “gravísima agresión militar” estadounidense. Además, ha decretado el estado de emergencia y ha llamado a sus ciudadanos a defender el país.
A pesar de que en años anteriores el bono navideño agrícola que distribuye el Departamento de Agricultura (DA) llegaba a las manos de los trabajadores agrícolas durante el mes de noviembre, este año la repartición del incentivo, por medio de pago directo, se comenzó a registrar en las cuentas bancarias a partir del pasado martes, 30 de diciembre, lo que representa un atraso de un mes que le ha impedido a los trabajadores afrontar adecuadamente los gastos de la temporada navideña.
Además, los trabajadores agrícolas que recibirán el bono en un cheque – la mayoría de trabajadores están registrados en pago directo – deberán esperar hasta que se reanuden las tareas en las regiones agrícolas, para poder reclamar su bono.
El atraso en la distribución del bono representa una desmentida sonora contra las alegaciones realizadas por el designado secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres, sobre que 6,721 obreros agrícolas y recogedores de café ya habían recibido el bono.
Rodríguez Torres hizo el falso reclamo en un comunicado de prensa emitido el pasado viernes 26 de diciembre, el cual fue en respuesta a una historia publicada por SN el 24 de diciembre.
En esa historia SN reveló que cientos de trabajadores agrícolas no habían recibido el bono agrícola y como resultado del atraso el cuadro telefónico del DA se había inundado de llamadas realizadas por trabajadores enojados, quienes reclamaban el pago del bono.
En el comunicado Rodríguez Torres sostuvo «que un total de 6,721 obreros agrícolas y recogedores de café recibieron el Bono de Navidad 2025, luego de completarse el desembolso por parte de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA), por una cuantía total de $1,378,585.84».
No obstante, más adelante el comunicado se encarga de desmentir la afirmación inicial sobre que «los trabajadores recibieron el Bono de Navidad», al sostener que «los trabajadores que optaron por depósito directo deben ver reflejado el incentivo en sus cuentas durante el próximo día laborable. Aquellos que seleccionaron pago por cheque deberán visitar la Región Agrícola correspondiente con una identificación con foto para recoger su pago».
Es decir, que los trabajadores que solicitaron «pago directo» deberán esperar que el desembolso del bono se registre en sus cuentas bancarias, y aquellos que prefirieron recibir el bono en un cheque, deberán esperar la reanudación de las actividades en las regiones agrícolas para hacer el reclamo.
De hecho, SN supo que determinados trabajadores que solicitaron «pago directo» en el DA aún no han recibido el depósito del bono en sus cuentas bancarias.
Incluso, numerosos mensajes con quejas explícitas sobre el atraso en el pago del bono acompañan una copia del citado comunicado de prensa que se colocó en la página de Facebook de DA.
En los mensajes los trabajadores agrícolas no tienen reparos en expresar abiertamente su frustración porque no han recibido el bono navideño del 2025 y en algunos de los mensajes los quejosos alegan que tampoco recibieron el bono en 2024.
Las quejas por el impago del bono continúan aflorando a pesar de que los subalternos de Rodríguez Torres han estado realizando gestiones apresuradas para que los bonos lleguen a manos de los trabajadores.
Esas gestiones, según alegan fuentes de SN, pretenden acallar el descontento de los trabajadores agrícolas antes del 8 de enero, que es el día en que la Comisión de Nombramientos del Senado celebrará una vista pública para evaluar el nombramiento de Rodríguez Torres al cargo de secretario de Agricultura.
Ese día también serán evaluados los nombramientos de Hirám Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y de Pointcaré Díaz Peña, como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.
Una fuente conocedora de las elucubraciones que se manejan en el grupo legislativo del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático sostuvo que Rodríguez Torres no enfrentará oposición en la vista pública de la Comisión de Nombramientos del Senado.
Esto a pesar de que existen sectores en ambos partidos convencidos de que Rodríguez Torres no es el mejor candidato para secretario de Agricultura debido a que el pasado cuatrienio, cuando se desempeñó como director ejecutivo de la Autoridad de Tierras (AT), aprobó el desembolso de $267,000.00 a la entidad Zafra PR Inc, en la que el chofer del ex secretario de Agricultura, Ramón González Beiró, era el tesorero.
Los fondos, que provinieron del controvertible Fondo de Mejoras Municipales (FMM), que está bajo la administración de la Oficina de Infraestructura Rural de la AT, fueron invertidos en restaurar la entrada del barrio Aguirre en el municipio de Salinas con la plantación de 200 palmas reales.
Alegadamente, los dineros del FMM se deben emplear para realizar mejoras permanentes, lo que implica que la compra y siembra de las palmas reales no se considera una mejora permanente.
A Rodríguez Torres también se le imputa no haber actuado contra la morosidad de parte de arrendatarios que no pagan sus canon de alquiler por el uso de tierras agrícolas durante el pasado cuatrienio, cuando ocupaba la posición de director ejecutivo de la AT.
Otro señalamiento originado por personas vinculadas a la AT que, alegadamente, descalifican a Rodríguez Torres para ocupar la secretaría de Agricultura es que avaló la venta de terrenos agrícolas para proyectos privados de vivienda y de otra naturaleza, y que en algunas ocasiones han favorecido al conocido desarrollador Federico Stubbe.
También se le imputa haber utilizado un vehículo oficial para fines personales según lo señaló una determinación de la Oficina de Ética Gubernamental.
Cientos de trabajadores agrícolas no recibirán esta Navidad el bono agrícola que tradicionalmente distribuye el Departamento de Agricultura (DA), a causa de un alegado atraso en el desembolso de esta ayuda como resultado de una falta de previsión administrativa, lo que ha provocado que un importante segmento de este grupo trabajador no podrá afrontar adecuadamente los gastos de la temporada navideña.
De hecho, para muchos de estos trabajadores agrícolas el bono navideño que distribuye el DA es el único ingreso que reciben durante la temporada navideña, cuando los gastos familiares suelen incrementarse.
En este contexto, los trabajadores agrícolas esperan con urgencia el pago de su bono agrícola para poder cubrir necesidades básicas y compromisos propios de la temporada navideña.
De acuerdo con fuentes del DA, en los pasados días el cuadro telefónico de la agencia se ha visto inundado de numerosas llamadas de trabajadores agrícolas, quienes se quejan del alegado atraso en el pago del citado bono y reclaman una respuesta rápida por parte del secretario de Agricultura, Irving Rodríguez Torres.
Según sostienen las fuentes, el pago del bono agrícola no ha sido atendido como una prioridad por el secretario Rodríguez Torres, quien ha tenido numerosas apariciones en los medios de comunicación, un comportamiento inusual para un funcionario que no lleva dos meses en el cargo, pues la gobernadora Jenniffer González Colón lo nombró el pasado 22 de noviembre.
De acuerdo con las fuentes, los trabajadores del sector han expresado su descontento públicamente a través de las redes sociales y de determinados medios de comunicación regionales, en los que han señalado que el secretario Rodríguez Torres ha dedicado gran parte de su tiempo en las últimas semanas del 2025 a realizar una campaña para acicalar su imagen pública en un intento de lograr que el Senado confirme su nominación al cargo.
La vista pública de confirmación de Rodríguez Torres se realizará el 8 de enero del 2026, según anunció el presidente del Senado Tomás Rivera Schatz.
Ese día también serán evaluados los nombramientos de Hirám Torres Montalvo, como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, y de Pointcaré Díaz Peña, como director del Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico.
Alegadamente, según alegan las fuentes, en ese empeño Rodríguez Torres ha desplazado a segundo plano la tranquilidad económica de los trabajadores agrícolas. De hecho, las fuentes sostienen que los trabajadores agrícolas están convencidos de que bajo la dirección de Rodríguez Torres su bienestar no será una prioridad en el DA.
Alegadamente, una fuente vinculada a la dirección administrativa del DA reveló que los trabajadores que han recibido el bono agrícola son aquellos que en los registros del DA tienen consignado que pueden recibir sus pagos por medio del depósito directo en sus cuentas de banco o en sus cuentas en cooperativas.
Aquellos trabajadores que no figuren en esos registros no recibirán bono pues el DA descartó tramitar los desembolsos por medio de cheques enviados por correo.
La fuente indicó que una falta de previsión administrativa en el DA impidió que se estableciera un mecanismo para hacer llegar el bono a los trabajadores agrícolas que no poseen una cuenta bancaria o que no figuran en el listado de depósito directo.
El pago del bono agrícola está atrasado en todas las regiones agrícolas del país, según aseguró la fuente. El DA dedica entre $3 a $4 millones para el pago del bono agrícola. Estos fondos están consignados en el presupuesto para ese propósito y no se puede usar para otra cosa, según advirtió la fuente.
No está claro cuántos trabajadores agrícolas se benefician del citado bono, pues es un sector cuya matrícula ha padecido fluctuaciones, especialmente después del paso del huracán María en 2017.
No obstante, en su mejor momento existían entre 5,000 a 6,000 obreros registrados a nivel de toda la Isla.
Las fuentes sostienen que los trabajadores agrícolas han reclamado el pago del bono, enfatizando que este ingreso representa un alivio necesario para enfrentar la difícil situación económica que atraviesa la Isla.
Señalan, además, que su labor es fundamental para la seguridad alimentaria del país y que merecen una respuesta inmediata.
Mientras se acercan las celebraciones navideñas, el reclamo continúa en espera de acción concreta por parte del DA, en un momento en que el tiempo y los recursos apremian para cientos de familias del sector agrícola.
SN envió un mensaje de texto al secretario Rodríguez Torres para que emitiera una reacción. A pesar de que el funcionario pudo leer el mensaje optó por no responder.
