Una investigación que ha examinado la Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia de Puerto Rico (CNC) , que aplica a los servicios de salud, concluyó que estos requisitos regulatorios retrasan la expansión de servicios, restringen la competencia y dificultan la respuesta a las necesidades de salud de la población.
La investigación fue realizada por el doctor Ángel Carrión Tavárez, director de investigación y política pública del Instituto de Libertad Económica (ILE) y por Jaimie Cavanaugh, asesora principal de política pública estatal de Pacific Legal Foundation
La regulación de los CNC exige autorización previa del gobierno para una amplia variedad de actividades relacionadas con la prestación de servicios de salud.
La investigación identificó 80 tipos de acciones que requieren autorización o intervención del Departamento de Salud, que incluyen desde establecer una nueva facilidad de salud o ampliar servicios hasta adquirir equipo médico especializado y reubicar operaciones.
La Ley de Certificados de Necesidad y Conveniencia local se creó a raíz de la Ley Pública Federal 93-641, conocida como la National Health Planning and Resources Development Act of 1974 (1975). Aunque la ley federal fue derogada formalmente en 1986, Puerto Rico mantuvo en vigor su legislación local.
La investigación sostiene que los requisitos regulatorios de los CNC retrasan la expansión de servicios, restringen la competencia y dificultan la respuesta a las necesidades de salud de la población.
El informe destaca una tendencia hacia la reconsideración de este modelo regulatorio en Estados Unidos durante las últimas décadas. Hasta el presente, 12 estados han derogado completamente sus programas de certificados de necesidad o han permitido que expiren, mientras que al menos otros 12 estados han reducido el alcance de sus requisitos o reformado sus procesos de revisión.
«Puerto Rico enfrenta escasez de profesionales y servicios de salud, y necesita atraer inversión, ampliar la capacidad del sistema y mejorar el acceso de la población. En ese contexto, debemos preguntarnos si tiene sentido mantener barreras regulatorias que pueden retrasar o desalentar la entrada de nuevos proveedores cualificados o la expansión de servicios existentes», afirmó el doctor Carrión Tavárez.
«Este informe demuestra que ha llegado el momento de que Puerto Rico derogue o reforme su ley de certificados de necesidad. Estas regulaciones reducen el acceso a la atención médica, aumentan los costos y afectan la calidad de los servicios. No se trata de un asunto hipotético; es una cuestión que afecta directamente la vida de los pacientes», expresó Cavanaugh.
«Los datos sobre las leyes de certificados de necesidad son claros. Estudio tras estudio y prueba tras prueba demuestran que limitan la competencia y reducen las opciones disponibles para quienes necesitan atención médica. Los pacientes merecen más alternativas, no menos, y Puerto Rico debería seguir el ejemplo de las jurisdicciones que ya han comenzado a eliminar o reducir estas barreras regulatorias», añadió Cavanaugh.
El informe recomienda transformar sustancialmente el régimen de los CNC en la Isla. «Puerto Rico debe avanzar de un modelo de restricciones discrecionales de entrada hacia un marco moderno de supervisión que proteja la seguridad de los pacientes, la calidad de los servicios, la prevención del fraude y la transparencia, sin obstaculizar innecesariamente la inversión, la innovación y la competencia», concluyó Carrión Tavárez.
