Por Carlos A Flores Ortega
Exsecretario de Agricultura
“Aquel que olvida la historia está destinado a repetirla.” La advertencia es antigua, pero en Puerto Rico cobra una vigencia particular cuando miramos hacia nuestras montañas. Allí, donde por generaciones se cultivó uno de los símbolos más profundos de nuestra identidad agrícola, se libra hoy una batalla silenciosa entre la tradición y la necesidad urgente de transformación.
Durante más de un siglo, el café puertorriqueño ha estado atado a un modelo agrícola diseñado para otra época. No hace falta remontarse demasiado en el tiempo para identificar el momento en que ese modelo comenzó a fracturarse.
El huracán Georges, en 1998, marcó un antes y un después. La devastación de fincas, viveros y zonas montañosas desarticuló la estructura productiva del sector, y desde entonces la industria no ha logrado recuperar su antigua capacidad de suplir casi la totalidad de la demanda local.
En las décadas posteriores, el gobierno invirtió millones de dólares en programas, incentivos y mecanismos de apoyo. Sin embargo, la producción continuó disminuyendo y la capacidad de desarrollo del sector se debilitó de manera sostenida. La historia reciente del café en Puerto Rico es, en gran medida, la historia de un esfuerzo constante por sostener un modelo que ya no responde a las realidades del presente.
La intervención estatal en la agricultura tiene raíces profundas. En 1924, la Ley de Agricultura formalizó la presencia del Estado en la regulación del sector. En 1971, la Ley Núm. 26 creó la Administración de Fomento Agrícola, encargada de comprar, procesar y mercadear productos agrícolas.
Y en 1998, la Ley Núm. 228 estableció el Programa de Café, centralizando la compra del café maduro, fijando precios mínimos y regulando viveros, semillas y certificaciones. Estas medidas respondían a un país muy distinto al actual: con poca inversión privada, migración rural acelerada y una agricultura en riesgo de colapso.
En aquel contexto, la intervención estatal era una tabla de salvación. Hoy, sin embargo, se ha convertido en una camisa de fuerza. El Departamento de Agricultura continúa comprando café maduro, regulando procesos y otorgando subsidios. DACO fija el precio máximo del café tostado y molido, fiscaliza mezclas y supervisa el etiquetado.
Pero el mercado global cambió, los costos de producción aumentaron y los consumidores exigen trazabilidad, calidad premium y marcas con identidad. El modelo tradicional ya no responde a la realidad del siglo XXI. A esta compleja ecuación se suma un elemento crítico: el riesgo financiero del propio gobierno.
Puerto Rico importa cerca del 80% del café que consume. Cuando el precio internacional está bajo, el Programa de Café genera ganancias que en algunos años han superado los treinta millones de dólares, fondos que luego se utilizan para cubrir salarios y subsidios, sustituyendo recursos del presupuesto general.
Pero cuando el precio internacional sube, el gobierno incurre en pérdidas: debe comprar café importado más caro del precio regulado al que lo vende. En esos momentos, el Estado queda atrapado entre dos obligaciones contradictorias: mantener el abasto y sostener un precio artificialmente bajo.
Es un negocio rentable para el gobierno la mayor parte del tiempo, pero perjudicial para la industria y para el consumidor.
Ese 80% del café que Puerto Rico compra en el mercado internacional no es un obstáculo: es una oportunidad. Bien administrado, puede convertirse en el mecanismo que permita sostener y fortalecer el 20% del café local que aún se produce en la Isla.
El precio del café local sí necesita un aumento en todos los niveles, porque de lo contrario el negocio deja de ser costo efectivo para los agricultores, los beneficiadores y los torrefactores. Producir café de calidad cuesta más, y pretender mantener precios artificialmente bajos sólo perpetúa la fragilidad del sector.
Ese aumento, sin embargo, no tiene por qué trasladarse de manera directa al consumidor. Cuando el gobierno adquiere café importado a precios más bajos, obtiene una ganancia después de cubrir los costos del semitostado, el embarque y la operación del Programa de Café.
En lugar de utilizar esas ganancias como ingresos propios para cubrir gastos ajenos al sector, el Estado podría transferirlas al precio que se les ofrece a los torrefactores. Esa transferencia permitiría que los torrefactores reduzcan su precio final al consumidor, diluyendo el impacto del aumento necesario en el café local.
En otras palabras, el café importado barato puede ayudar a sostener el café local caro, sin que el consumidor pague el costo completo de ese ajuste. Es un sistema que equilibra el mercado, protege la producción local y utiliza inteligentemente las condiciones internacionales para fortalecer la industria local.
La historia agrícola de Puerto Rico ofrece ejemplos contundentes de una verdad que no podemos seguir ignorando: el gobierno no está diseñado para hacer negocios. Cada vez que ha intentado operar como empresa, el resultado ha sido el mismo: pérdidas, ineficiencia, dependencia y, finalmente, abandono.
Lo hemos visto repetirse una y otra vez. El Programa de Piñas, creado con grandes expectativas, terminó siendo insostenible. La Corporación Azucarera, que alguna vez se imaginó como motor de desarrollo, se convirtió en un símbolo de la incapacidad gubernamental para competir en mercados globales.
Las Tiendas Agrícolas, concebidas para facilitar el acceso a insumos, se transformaron en estructuras costosas y difíciles de administrar. El Programa de Maquinaria Agrícola, que prometía modernizar la producción, terminó atrapado en burocracia, mantenimiento insuficiente y equipos inoperantes. La lista es larga. Y cada ejemplo confirma el mismo patrón: cuando el Estado asume funciones empresariales, desplaza la inversión privada, distorsiona los mercados y termina cargando al erario con pérdidas que nunca debieron existir.
Insistir en que el gobierno continúe operando la economía del café como si fuera una empresa, comprando, procesando, importando, regulando precios y manejando riesgos financieros, esrepetir un error histórico que ya conocemos demasiado bien. Por eso, aquel que olvida la historia está destinado a repetirla.
Frente a esta realidad, Puerto Rico necesita un modelo híbrido que combine regulación estratégica con mecanismos de mercado transparentes. El gobierno debe reducir su intervención operativa y concentrarse en funciones esenciales: protección fitosanitaria, certificaciones, trazabilidad, apoyo técnico y planificación de largo plazo.
Las compras internacionales pueden realizarse mediante subastas abiertas y transparentes, basadas en los precios de la bolsa de Nueva York, como hacen los países cafeteros competitivos. El Estado debe dejar de ver el Programa de Café como una “gallinita de los huevos de oro” y asumir un rol más responsable: cubrir los costos de operación y transferir cualquier ganancia al consumidor cuando los mercados lo permitan.
Y cuando los precios internacionales suban, como ocurre con la gasolina, el consumidor asumirá ese costo. Así funcionan los mercados; así funciona el comercio global.
Los caficultores no piden más incentivos ni promesas que suenan a política. Lo que quieren es producir el mejor café posible, venderlo al precio que merece, cubrir sus costos y obtener ganancias razonables para crecer y seguir aportando a la economía del país. Quieren libertad para innovar, para invertir, para competir y para construir marcas que representen la calidad del café puertorriqueño.
Un modelo híbrido, moderno y transparente permitiría que el gobierno cumpla su función sin ahogar la creatividad del sector, que los productores prosperen y que los consumidores reciban un producto de calidad a un precio justo.
La historia del café en Puerto Rico es una historia de resiliencia. Ha sobrevivido a huracanes, crisis económicas, migración rural, cambios tecnológicos y transformaciones globales. Lo que necesita ahora no es nostalgia, sino visión.
No es protección excesiva, sino acompañamiento inteligente. No es volver al pasado, sino construir un futuro que reconozca que las condiciones de hoy no son las de antes. El café, símbolo de nuestra historia agrícola, merece un modelo que finalmente le permita progresar. Y Puerto Rico merece una industria cafetalera que vuelva a ser motivo de orgullo, motor económico y testimonio vivo de que, cuando aprendemos de la historia, podemos construir un futuro mejor.
