Por Miguel Díaz Román
La Asociación de Torrefactores de Puerto Rico (ATPR) le envió ayer una carta urgente a la gobernadora Jenniffer González Colón en la que solicitaron su intervención para que se liberen $33 millones destinados a pagar las deudas pendientes con los suplidores del café importado, ante la realidad de que esas empresas han sostenido que no participaran de nuevas compras del grano hasta que se le pague el dinero adeudado.
La ATPR le advirtió a la gobernadora que el impago de las deudas a los suplidores provocará una inminente interrupción del suplido de café importado, lo que colocará al país en un riesgo real de que ocurra un colapso en el abastecimiento de café en Puerto Rico.
De hecho, la misiva sostiene que el impago de la deuda con los suplidores ha alcanzado un «punto crítico» porque los abastos de las dos variedades de café importado que se mezclan junto con el café del país en las fórmulas de las marcas locales, se extinguirán la primera y tercera semana del mes de septiembre.
La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) , que está exenta de pagar un arancel federal que cobija al café importado, compra el grano en el mercado internacional y lo revende a los torrefactores, una operación que le ha generado en el pasado un beneficio económico de más de $20 millones anuales.
Desde el comienzo del pasado año hasta el presente la ADEA ha absorbido el aumento que ha experimentado el café en el mercado internacional y no lo ha trasladado en sus ventas a los torrefactores, con el fin de garantizar estabilidad en el precio del café a nivel del consumidor.
El resultado de esa decisión es que la ADEA ha dejado de obtener ingresos por el café importado que vende a los torrefactores. De hecho, varias semanas atrás SN reveló que ADEA le adeuda una alta cantidad de dinero a los suplidores del café importado como resultado de la merma en sus ingresos.
Compra de emergencia
La importación de café es necesaria porque la limitada producción local no alcanza los 40,000 quintales anuales, mientras que el consumo anual en el país se aproxima a los 300,000 quintales.
Extracto de la carta de la ATPR a la gobernadora Jenniffer González Colón.
La misiva de la ATPR le explica a la gobernadora que se debe pagar lo adeudado a los suplidores inmediatamente para que luego se gestione una nueva compra de emergencia de café importado o de lo contrario el país enfrentará «una interrupción en el abastecimiento (de café)».
De hecho, de la harina de café empacada en cada bolsa de 14 onzas en las distintas marcas que circulan en el mercado, el café importado representa el 85 % mientras que el café del país es solo el 15%.
Según sostiene la misiva los abastecimientos de café semitostado arábigo se extinguirán la primera semana del mes de septiembre y el abasto de café semitostado robusta permitirá suplir aproximadamente hasta la tercera semana de septiembre.
«Es imperativo que el desembolso de los $33 millones se complete esta semana, permitiendo a ADEA realizar pagos a las suplidores, restablecer su confianza y viabilizar inmediatamente una nueva compra de emergencia. Entendemos que dicha compra debe gestionarse esta misma semana o, a más tardar, el martes 25 de agosto, para comenzar a recibir café lo antes posible y reducir el riesgo de una interrupción en el abastecimiento», expresa la misiva, que fue firmada por el presidente de la ATPR, José Torres.
Dos advertencias
Incluso, la ATPR le hace dos advertencias a la gobernadora sobre porqué es necesario realizar el desembolso de los $33 millones de inmediato para que ADEA pueda pagar las deudas a los suplidores y acordar las compras de café que son necesarias.
En la primera advertencia la ATPR señala que «una nueva compra requiere aproximadamente tres semanas a un mes para comenzar a recibirse en Puerto Rico, aun bajo condiciones favorables. Por consiguiente, ya no existe margen para continuar posponiendo esta gestión»
«Cada semana adicional de retraso reduce significativamente las alternativas disponibles y aumenta el riesgo de que Puerto Rico enfrente una interrupción en el abastecimiento de café durante las próximas semanas», argumenta la misiva.
En la segunda advertencia los torrefactores alegan que la transacción no puede experimentar más retrasos porque entre agosto y octubre es el periodo de mayor actividad de huracanes, los cuales pueden entorpecer la llegada del producto importado.
Además, la carta le recuerda a la Primera Ejecutiva que la actual disponibilidad del café en mercado internacional debe ser aprovechada debido a que el grano se caracteriza por ser un producto escaso y cuyo precio es volátil.
«La situación adquiere mayor urgencia considerando que atravesamos las meses de agosto, septiembre y octubre, período particularmente vulnerable a eventos climatológicos que pueden afectar puertos, rutas marítimas, cosechas y tiempos de entrega. A esto se suma un mercado internacional de café con abastos limitados y alta volatilidad, por lo que resulta fundamental aprovechar cualquier disponibilidad inmediata de producto», sostiene la misiva.
JSF condiciona los $33 millones
El pasado 19 de junio la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) notificó a la Junta Supervisión Fiscal (JSF) que el Programa de Café de ADEA, que tuvo déficits operativos en el año fiscal 2026 que fueron atendidos por el Fondo General, enfrentaba un déficit de más de $33 millones el año fiscal 2027.
La JSF emitió una comunicación el pasado 30 de julio en la que condiciona la asignación de $33 millones, la cual deberá cubrir hasta el 30 de junio de 2027, a que la ADEA presente «un plan de trabajo y elabore reglamentos para el control y monitoreo de los costos y beneficios de los subsidios agrícolas, en coordinación con el Departamento de Asuntos del Consumidor».
La JSF también señala que necesita «información adicional para evaluar completamente la situación financiera del Programa de Café. Esto incluye la confirmación de todas las fuentes de ingresos, la estructura completa de los gastos relacionados con el programa y la identificación de cualquier fuente de financiación que pueda respaldar las operaciones en curso».
No obstante, la carta de la ATPR a la gobernadora no menciona los intercambios entre la OGP y la JSF.
«En este momento, la acción más urgente es liberar los fondos necesarios para pagar a los suplidores y poner nuevamente en movimiento la cadena de abastecimiento. Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente su intervención para que se agilice con carácter de emergencia el desembolso de las $33 millones a ADEA y se puedan ejecutar inmediatamente los pagos y procesos de compra necesarios», termina expresando la carta de la ATPR.
