Por Miguel Díaz Román
Un informe emitido en 2025 por la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), que es el brazo investigador del Congreso, concluyó que la ley 60 de 2019, mejor conocida como el Código de Incentivos de Puerto Rico, que en otras disposiciones, promueve atraer nuevos inversionistas a la isla e incentivar la exportación de servicios, es responsable de una disminución significativa en los ingresos del gobierno federal, los cuales podrían ascender a cientos de millones de dólares anuales.
Del informe se desprende que entre el 2020 y el 2025 el Departamento de Hacienda no cumplió con las solicitudes de información de parte del Servicio de Impuestos Internos (IRS) del gobierno federal sobre los contribuyentes estadounidenses que obtuvieron decretos de inversionistas residentes en Puerto Rico.
De hecho, el IRS estaba investigando si los contribuyentes estadounidenses que obtuvieron un decreto de inversionistas residentes en Puerto Rico podrían excluir de su planilla los ingresos sujetos a impuestos federales o si estos podrían no presentar una planilla que declare ingresos sujetos a impuestos federales, o simplemente evadir los impuestos federales al declarar indebidamente ingresos de origen estadounidense como ingresos obtenidos en Puerto Rico.
El informe revela que el IRS falló en varias de sus responsabilidades para que su pesquisa generara resultados, como realizar esfuerzos para mejorar la comunicación con el Departamento de Hacienda o por carecer de un plan para obtener periódicamente los datos más recientes de Puerto Rico.
Sostuvo el informe, la pérdida de personal es uno de los factores que contribuyó a las fallas del IRS. A junio de 2025, el IRS había perdido a 87 agentes que realizaban auditorías en los decretos de inversionistas residentes en Puerto Rico. Esta pérdida obedeció a renuncias, jubilación, ascenso o reasignación dentro de la agencia, lo que representó una pérdida de aproximadamente del 38 por ciento de la plantilla.
Los detalles del citado informe trascendieron ayer durante un conversatorio auspiciado por la Asociación Puertorriqueña de Analistas Financieros.
En el conservatorio participaron los funcionarios del GAO, Tara Carter, quien es la subdirectora de asuntos estratégicos, y Pedro Almoguera, subdirector del centro de economía e investigación de la institución congresional. La actividad fue celebrada en el restaurante Antonio, ubicado en el Condado.
Cuestionada sobre cómo puede afectar cuando surgen denuncias de fraude, abuso o uso indebido de los incentivos fiscales, Carter sostuvo que «todo el trabajo de cumplimiento y fiscalización relacionado con esto requiere más personal y una mayor colaboración entre el IRS y Hacienda. El IRS puede hacer mucho para ayudar a Puerto Rico porque también está perdiendo ingresos. Si el IRS cuenta con información precisa, tiene el mismo incentivo para tomar medidas de cumplimiento y fiscalización. Y esas acciones podrían ayudar a Puerto Rico con ese mismo grupo de contribuyentes»
Hacienda no respondió al IRS
«Por eso, nuestra recomendación fue que el IRS y Puerto Rico colaboren más estrechamente. La recomendación fue dirigida principalmente al IRS, aunque sí encontramos que Puerto Rico estaba compartiendo información. Específicamente, recomendamos que el IRS establezca algún mecanismo regular de intercambio de información”, sostuvo Carter.
Sobre las razones para que el Departamento de Hacienda no cumplió con las solicitudes de información del IRS – que realizó dos solicitudes iniciales en 2020 y Hacienda no respondió a ninguna de ellas – el informe menciona que en ese momento Puerto Rico se estaba recuperando del terremoto ocurrido en enero de 2020.
Alegadamente, el terremoto y la posterior pandemia de COVID-19 contribuyeron a esta falta de respuesta. El IRS dejó de contactar a Hacienda en 2021, lo que resultó en una interrupción de tres años en los intentos de obtener datos de Puerto Rico hasta 2024, cuando el IRS realizó su tercera solicitud.
Sobre los ingresos que ha dejado de recibir el gobierno local, el informe señala que el Departamento de Hacienda proyecta que, entre 2020 y 2026, dejará de ingresar $4,400 millones como resultado del incentivo para inversionistas residentes y $1.800 millones en ingresos como resultado del incentivo para empresas de servicios de exportación.
La concesión de un decreto implica una tasa fija del 4% sobre el ingreso y una exención del 100% sobre dividendos y sobre las ganancias de capital.
Un estudio de 2021, encargado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) reveló que la actividad económica en Puerto Rico fue entre 1 y 3 puntos porcentuales mayor gracias a estos incentivos, en comparación con lo que habría sido sin ellos.
Además, el estudio estimó que las empresas de servicios de exportación generaron 22,000 empleos directos y aproximadamente 52,000 empleos indirectos.
Sin crecimiento
No obstante, el informe menciona que la economía de Puerto Rico ha mostrado poco o ningún crecimiento desde que se introdujeron los incentivos fiscales para inversionistas residentes y empresas de servicios de exportación en 2012.
También indica que el producto nacional bruto (PNB) real de Puerto Rico es un 4.4 por ciento menor en 2024 en relación con el registrado en 2014.
De acuerdo con el informe, Puerto Rico otorgó un total de 5,852 decretos de inversionista residente entre 2012 y 2024, registrando el mayor número en 2021. El número de decretos otorgados alcanzó su punto máximo en el año 2021, coincidiendo con el aumento del teletrabajo tras el inicio de la pandemia de COVID-19.
Además, desde 2012, la DDEC ha otorgado 3,899 decretos de servicios de exportación.
Otro incumplimiento del IRS mencionado en el informe es que no dio seguimiento a las denuncias sobre estadounidenses que obtuvieron decretos de inversionistas pero que no se pudo confirmar que cumplieran con el requisito de residencia en Puerto Rico, según revelaron funcionarios del gobierno local.
Las personas elegibles para decretos de inversionistas residentes deben cumplir con varios requisitos como mudarse y mantener la residencia en Puerto Rico y presentar un informe anual ante el DDEC. Además, deben vivir en Puerto Rico durante más de la mitad del año o 183 días para cumplir con el requisito de residencia.
En los últimos años el DDEC también ha exigido a los inversionistas residentes que realicen una donación anual de $10,000 a una organización sin fines de lucro en Puerto Rico.
Para obtener el decreto para servicios de exportación una empresa debe operar desde una oficina ubicada en Puerto Rico y prestar servicios a entidades o personas extranjeras sin ninguna conexión con negocios nacionales en la Isla. Algunos ejemplos de empresas de servicios de exportación que podrían optar a este incentivo son los centros de llamadas, las empresas de gestión de activos y los centros de datos.
Más fallas del IRS
El informe menciona que el IRS tampoco tiene previsto indagar sobre el cumplimiento de nuevos estadounidenses con decretos de inversionistas residentes en Puerto Rico.
El informe del GAO también le recomendó al IRS que establezca procedimientos para obtener periódicamente datos sobre todos los contribuyentes estadounidenses que solicitan el decreto para inversionistas residentes en Puerto Rico.
También le requirió que revisara los casos de posible incumplimiento de parte de inversionistas estadounidenses que obtuvieron decretos y ya eran residentes de Puerto Rico, los cuales fueron remitidos a la agencia federal por dependencias del gobierno de Puerto Rico.
El informe del GAO surgió por una petición de varios congresistas en el contexto que determinados estados denunciaron una baja en sus ingresos debido al éxodo de contribuyentes de alto ingreso, quienes se trasladaron a Puerto Rico atraídos por los beneficios de la ley 60 de 2019.
Disminuyen los ingresos
Los congresistas que realizaron la petición fueron Jared Huffman, miembro del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes; Alexandria Ocasio-Cortez; Ritchie Torres y Nydia M. Velázquez.
Según el informe, los impuestos federales pagados por los beneficiarios de incentivos para inversionistas residentes disminuyeron significativamente después de mudarse a Puerto Rico.
El ingreso sujeto a contribución federal disminuyó en 39 por ciento o $341,409. Es decir, de $875,241 a $533,832.
El impuesto federal anual promedio pagado disminuyó en un 46 por ciento o $127,143. Según el informe, de $278,112 se redujo a $150,969, ajustado por inflación.
De acuerdo con el informe del GAO el 57 % de los inversionistas que obtuvieron decretos para inversionistas residentes y concretaron su mudanza a Puerto Rico provenían de California, Florida, Nueva York o Texas, que son los cuatro estados más poblados de Estados Unidos.
Formulario 8898
El informe menciona que todos los contribuyentes estadounidenses —no solo los beneficiarios de incentivos para inversionistas residentes— que establezcan una residencia de buena fe en Puerto Rico y ganen más de $75,000 deben presentar ante el IRS el formulario 8898, conocido como «Declaración para personas que comienzan o terminan una residencia de buena fe en una posesión de los Estado Unidos».
El informe indica que cada año desde 2013, se han otorgado más decretos a personas que las que han presentado el formulario 8898 declarando su residencia en Puerto Rico.
De acuerdo con funcionarios del IRS, algunas personas con alto patrimonio neto que saben que no cumplirán con el requisito de residencia pueden optar por no presentar el formulario 8898 ante el IRS. Por otro lado, algunas personas con alto patrimonio neto pueden estar exentas del requisito de presentar el formulario 8898 porque sus ingresos son inferiores al umbral de $75,000. Esto puede ocurrir si un contribuyente decide no informar grandes ganancias de capital hasta algún año fiscal futuro después de mudarse a Puerto Rico.
