Por Agrónomo Carlos A Flores Ortega
Ex secretario de Agricultura
El desarrollo de una agricultura sustentable, ambientalmente amigable y eficiente son términos que a menudo encontramos en planes de gobierno de todas las ideologías cada cuatro años durante las campañas electorales en Puerto Rico.
El fin es atraer la atención y crear expectativas de que ahora sí se va a trabajar con el apoyo y crecimiento de uno de los pilares de la economía y del desarrollo económico.
Además, la agricultura es la forma de vida para miles de ciudadanos en las zonas rurales de la Isla. Si hacemos un análisis de todas estas plataformas partidistas, encontraremos que el 80 por ciento de lo que persiguen es lo mismo y lo que cambia es la forma en que se llevará a cabo, si es que se menciona ya que la mayoría de estas plataformas mencionan el problema, pero no cómo lo van a resolver.
Prácticamente todos los gobiernos electos desde la década del 1950, para no ir más lejos, han tenido un programa de desarrollo para la agricultura local preparado por expertos locales, internacionales o ambos. Lo que ha faltado no son planes ni propuestas, sino voluntad política, compromiso y visión de largo plazo para llevarlos a la práctica de manera coherente, integral y efectiva.
En su defecto, hemos visto cómo se adoptan medidas parciales que, desvinculadas de las acciones que se recomendaban dentro de un marco de desarrollo integral, lo que han logrado es contener el ritmo de la decadencia del sector a un alto costo para el gobierno, sin estimular una verdadera recuperación.
El papel aguanta todo lo que se escriba dice un refrán pueblerino y pereciera que es lo que pasa con los planes agrícolas una vez comienza el mandato de un Gobernante avalado por el pueblo porque sus propuestas fueron las más atractivas. Se quedan en el papel y comienza entonces toda una serie de actividades desarticuladas y de “quita lo que estaba antes y pon lo mío ahora” sin mucho análisis ni compromiso, que al final del camino nos sigue perjudicando una y otra vez cada cuatro años.
Así vemos como se cancelan programas existentes y se crean programas nuevos, se cambian los énfasis de política pública, se crean nuevas leyes y reglamentos para validar legalmente cambios que de otra forma se convertirían en demandas y pleitos. Y si fuera poco, se envía un pésimo mensaje a los sectores de apoyo como el financiero de que aquí no hay nada seguro y que la inversión en la agricultura es un gran riesgo a corto y largo plazo.
Toda actividad agropecuaria para ser competitiva necesita de tiempo para su establecimiento y desarrollo. Para poder entrar a los mercados necesita abastos consistentes, buena calidad, distribución y costos aceptables que compitan con los importados. El día que se siembra la semilla no es el día que te comes el fruto dice otro refrán pueblerino, por lo que la agricultura es el arte de la paciencia y el optimismo.
La agricultura de cualquier país al igual que Puerto Rico, necesita, antes que nada, un lugar especial entre los ciudadanos que consumen sus productos. Una mística, una herencia, una historia que los identifique con su cultura, tradiciones y con sus preferencias en los alimentos.
En resumen, que se sientan identificados con la “comida criolla” que se hace en casa. Que el paladar de cada puertorriqueño prefiera lo “De aquí” por convicción y por costumbre para que las próximas generaciones también deleguen a sus hijos la preferencia por consumir “lo que nuestra tierra produce”. Que el paladar de cada niño, joven y adulto prefieran en sus alimentos, los productos frescos o elaborados en Puerto Rico por su sabor, frescura, calidad y nutrición.
Culpamos mucho al agricultor, pero la realidad es que el modelo actual trata de privilegiar la eficiencia productiva en fragmentos del sistema económico y no en la articulación entre actividades a largo plazo.
A esta situación se le suma el hecho de que Puerto Rico atraviesa por uno de sus peores momentos económicos y la población ejerce una gran presión política para evitar que suban los precios de los alimentos de acuerdo con los costos de producción. Resultado, una importación masiva de alimentos de bajo valor lo cual es aprovechado por las empresas importadoras, que son las que más se están lucrando con el modelo actual.
Indudablemente, el modelo que estamos siguiendo por las últimas décadas en poco contribuye a fortalecer la relación entre la producción primaria y la secundaria en agroindustrias, perdiéndose así la posibilidad de ejercer el efecto de arrastre que debe existir entre agroindustria y agricultura primaria.
Esto se intentó resolver a través de la Ley 238 de Ordenamiento de las empresas agrícolas y la Ley 225 de Créditos e Inversión Agrícola desde el 1995 pero de nuevo, los cambios de política pública cada cuatro años lo descarrilaron.
El Departamento de Agricultura, tiene que replantearse seriamente el papel que va a desempañar en el nuevo entorno, delimitar su clientela, establecer políticas diferenciadas y procurar que los servicios que aún mantiene dentro de su competencia sean mucho más eficientes y efectivos.
Lo que hemos visto en este cuatrienio en nada se acerca a esto y más bien se ha acentuado la improvisación, no se han cumplido las promesas de campaña y mucho menos los compromisos programáticos. La reducción de presupuesto e incentivos ha dejado a muchos proyectos a medias.
El incumplimiento con leyes de estudios de precios, la destrucción de miles de cuerdas de terreno agrícola para siembra de placas solares y la politización que ha llegado al nivel más alto en la historia de este sector han definido la prioridad de los principales actores en el Departamento de Agricultura.
Todo esto unido a la incompetencia en la administración y fiscalización de fondos federales han marcado el camino por dónde va nuestra agricultura.
