Por Miguel Díaz Román
La empresa de inversiones en bienes raíces PR Asset Portfolio 2013-1 International LLC (PAPRI), el ajustador público Affiliated Adjustment Group y el conocido bufete de abogados O’Neill & Borges LLC, han sido imputados de actuar en común acuerdo para establecer un patrón de fraude organizado en seguros de propiedad en contra la aseguradora One Alliance Insurance Corporation (OAIC).
La información se desprende de una denuncia de 10 páginas oficialmente radicada ante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) el pasado 12 de diciembre del 2023 por el licenciado Jesús Del Valle, quien es el representante legal de OAIC.
En la querella el licenciado Del Valle imputa a las dos empresas y al bufete de abogados O’Neill & Borges incurrir en acciones compatibles con el delito federal de extorsión (racketeering) que se introdujo en el código penal estadounidense en 1970 para perseguir a las organizaciones mafiosas y que se define como el acto de adquirir un negocio a través de una actividad ilegal o utilizar un negocio para cometer actos ilegales.
La grave denuncia relata diversas instancias en las que OAIC asegura que PAPRI presentó reclamaciones por daños causados por el huracán María en 2017 en determinadas propiedades de las cuales no eran dueños y cuyos pagos no fueron informados ni entregados a los verdaderos propietarios registrales.
Se trata de unas 300 propiedades residenciales y comerciales que PAPRI adquirió en una transacción con el Banco Popular en 2011. Alegadamente, los préstamos hipotecarios de las propiedades se encontraban en morosidad y una cantidad indeterminada de los dueños de esos préstamos aún estaban residiendo en esas propiedades durante el paso del huracán María.
Como parte de la transacción con el Banco Popular, según indicó el licenciado Del Valle, PAPRI adquirió pólizas de seguro contra daños catastróficos para todas las propiedades. El abogado sostuvo que la adquisición de la póliza es un requisito del gobierno federal.
Cuestionado el interés asegurable
OAIC sostiene que PAPRI ocultó a los verdaderos propietarios la existencia de una cubierta de seguro que ofrecía protección para los daños catastróficos que pudieran enfrentar esas estructuras.
De hecho, la querella sostiene que PAPRI había vendido la mayoría de las propiedades, lo cual, según los argumentos de OAIC, causó la desaparición automática del interés asegurable que la empresa pudiera tener sobre esas propiedades. No obstante, PAPRI presentó ante OAIC reclamaciones por los presuntos daños que el huracán María provocó en esas propiedades.
Tras el paso del huracán María el 20 de septiembre de 2017, PAPRI presentó una enorme cantidad de reclamaciones en OAIC el 6 de octubre de ese año. Las reclamaciones abarcaron el portafolio total de propiedades de PAPRI, tras lo cual la aseguradora dividió los reclamos en dos paquetes.
Alegadamente, según indica OAIC en la querella, PAPRI presentó reclamaciones duplicadas tanto en la aseguradora Triple S y en OAIC por las mismas propiedades afectadas por María.
Incluso, OAIC alega que Triple S pagó esas reclamaciones duplicadas. Además, OAIC señaló que estas acciones fueron ejecutadas por PAPRI a pesar de que sostuvo bajo juramento que no existían otras pólizas de seguros para cubrir daños en sus propiedades.
Además, la querella reveló que PAPRI cobró $817,431,23 o el 38.5 % del primer paquete de reclamaciones presentada en OAIC por un grupo de propiedades ubicadas en Caguas “a sabiendas que no repararían las mismas, porque no les pertenecían”.
Reclamaciones sin daños verificables
Según el documento, el dinero “ya fue cobrado, sin corresponder el mismo”. Incluso, la querella revela que los ejecutivos de PAPRI “admitieron bajo juramento que no repararon y que no repararían (las propiedades)”.
El documento indica que en el segundo paquete de reclamaciones de PAPRI incluyó los presuntos daños experimentados por unas 29 propiedades ubicadas en Caguas, los cuales ascendieron a $1,493,856,59. La querella señala que PAPRI presentó esas reclamaciones “a sabiendas que no habrían de reparar, toda vez que las propiedades no les pertenecían. Lo reclamado por reparaciones, que a sabiendas no han realizado, ni realizarían, asciende a $575,134,78”.
También señala que PAPRI presentó en OAIC una reclamación ascendente a $834,312,25 por una propiedad en Caguas, la cual es catalogada en la querella como una reclamación duplicada porque, alegadamente, la empresa ya la había presentado ante la aseguradora Triple S Propiedad.
De acuerdo con la querella, el dueño registral de esta propiedad era Plom Electric mientras que el acreedor hipotecario registrado en la póliza lo es PRAPI. Por los daños a esa propiedad Triple S Propiedad adjudicó y fueron aceptados $360,282,80, incluyendo los daños a otras dos propiedades del mismo deudor.
Los cheques para el pago de estas tres propiedades fueron englobados en un cheque único que se emitió a nombre de Plom Electric y de PRAPI. Según la querella, PAPRI aceptó el cheque y lo depositó en su cuenta. Pero ante OAIC, PRAPI negó la existencia de la póliza de Triple S Propiedad y negó haber recibido el pago por los daños a la propiedad de Plom Electric.
En la denuncia OAIC sostiene que la reclamación sobre dicha propiedad fue realizada por PAPRI a pesar de que la citada estructura “no sufrió daños y si sufrió alguno, no excedieron los límites del deducible”.
“Ahora PRAPI pretende cobrar unos $1, 513,920,87 por daños a una estructura (Plom Electric) que éstos sabían que no sufrió dichos daños y por los cuales ya cobró de Triple S. Esta actuación de PRAPI, junto a sus ajustadores públicos, y bajo el conocimiento y consentimiento de sus abogados, constituye una actuación de fraude y debe sancionada por este regulador”, expresó el licenciado Del Valle en la querella.
Fondo Buitre en patrón de fraude
El licenciado Del Valle dijo que el caso involucra alrededor de 250 propiedades residenciales o familias que fueron afectadas por las acciones fraudulentas de PAPRI.
“Esa empresa reclamó para sí un 38.5 % para gastos de reparación de esas propiedades y no repararon ninguna. Ese dinero se pudo usar para reparar las propiedades para beneficio de los deudores o se pudo usar ese dinero para mitigar la deuda que se tenían y evitar que esos deudores perdieran esas propiedades. Ese no es el único problema que tiene este caso, aparte de reclamos improcedentes sobre propiedades que no eran de ellos, reclamaciones duplicadas y reclamaciones sobre daños que no ocurrieron”, dijo el abogado de OAIC.
“Es un patrón de fraude cometido por una entidad de fondos buitres que vino a Puerto Rico a comprar préstamos morosos a cinco centavos por cada dólar y quitarle esas propiedades a los puertorriqueños y ese es el problema”, indicó el licenciado Del Valle en referencia a PAPRI, que es esencialmente una corporación que adquiere propiedades cuyos préstamos hipotecarios se encuentran en morosidad para luego presentar esas estructuras en el mercado de bienes raíces a precios lucrativos.
“En los 40 años que llevo en la industria de seguros nunca había visto un caso de fraude como este”, dijo el licenciado Del Valle, quien agregó que ya han pasado más de dos meses desde que radicó la querella en la OCS y hasta el momento no ha recibido notificación alguna de que esa oficina comenzó a indagar sus denuncias.
13 demandas por $11 millones
La querella radicada ante la OCS por el licenciado Del Valle en representación de OAIC ocurre en el contexto de que PAPRI ha radicado en los tribunales del país 13 demandas contra la aseguradora en la que fundamentalmente reclama incumplimiento de contrato y exige el pago de más de $11 millones.
SN cuestionó en qué consiste la alegación de fraude contra el bufete de abogados O’Neill & Borges y el abogado respondió: “ellos saben lo que estaba sucediendo y ciertamente es su responsabilidad decir la verdad en el tribunal”.
De hecho, en la denuncia el abogado sostiene que sus alegaciones tienen un alto interés público debido a las consecuencias catastróficas que podría representar para OAIC y sus asegurados.
“Se requiere la inmediata intervención de la OCS para evitar, lo que a nuestro juicio, es el esquema de fraude más grande perpetrado contra un asegurador en la Jurisdicción de Puerto Rico”, expresa la denuncia.
Además, el documento recomienda a la OCS referir el caso de PRAPI, sus ajustadores públicos y el bufete de abogados O’Neill & Borges a las autoridades locales y federales “por existir un patrón de extorsión (pattern of racketeering) sancionable bajo las leyes federales”. La querella también exige que la OCS realice una investigación por fraude contra las tres entidades al amparo del artículo 27.250 del Código de Seguros.
SN realizó gestiones para obtener una reacción de PAPRI o de su representante legal en los casos radicados en los tribunales, el bufete Saldaña, Carvajal & Vélez Ribé. En ese bufete se informó que la persona a llamar era el licenciado Antonio Roig, del bufete O’Neill & Borges.
La secretaria del licenciado Roig indicó que él no podría atender la llamada porque se encontraba en una reunión. Aunque la secretaria indicó que el licenciado Roig respondería más adelante hasta el cierre de esta edición no se ha recibido una llamada ni del bufete O’Neill & Borges o del citado abogado. Tampoco fue posible identificar el representante del ajustador público Affiliated Adjustment Group.
