PRIMERA PARTE (2021-2022)
Por Carlos A Flores Ortega
Transcurridos tres años y medio de gestión gubernamental, el sector agrícola ya perdió las
esperanzas de ver realizado un prometido crecimiento y transformación agrícola en Puerto Rico.
Perdidas las esperanzas, lo que queda para terminar este cuatrienio se irá en campañas electorales
y promesas huecas de políticos que buscan convencer al electorado que en esta ocasión sí
cumplirán lo que antes no se pudo lograr si votan por ellos.
Precisamente este ha sido nuestro ciclo desde la década de los 60’ cuando la agricultura fue menospreciada en los planes de desarrollo económico con la industrialización y manufactura del famoso plan de Manos a la Obra y luego el desarrollo de una economía basada en las famosas empresas 936.
Si hacemos un recorrido por la historia, este cuatrienio pasará sin duda a conocerse como el “cuatrienio perdido en la agricultura puertorriqueña”, veamos porqué. El 4 de noviembre de 2020 el Gobernador Pierluisi anunció la designación del agroempresario Ramón González Beiró como su Secretario del Departamento de Agricultura. Este agroempresario era conocido en el ambiente agrícola por sus posturas antigubernamentales como presidente de la Asociación de Agricultores en varias ocasiones y sus críticas a las gestiones de varios secretarios y secretaria de agricultura en las pasadas dos décadas.
Sin estudios de base agrícola o profesional, las expectativas de tener a un “agricultor prominente” en la cabeza del Departamento de Agricultura presentaba un cierto atractivo al enfatizar que se resolverían muchos de los problemas burocráticos y de falta de incentivos que experimentaban los
agricultores según el nuevo designado.
Según sus eufóricas expresiones, el recién nominado pronosticaba un arranque comparado con el vuelo de un avión dónde anunciaba que se abrocharan los cinturones de seguridad y “enjoy the flyght”.
El 25 de enero de 2021 el Secretario Gonzáles Beiró anunciaba con mucho entusiasmo la
“reapertura” de los Mercados Familiares y el 6 de febrero la reapertura de la Plaza de Mercado
de San Sebastián, muestra de que la agricultura ya había logrado una recuperación total luego de
los Huracanes Irma y María y los ciclos de cierres ocasionados por la Pandemia del COVID y los
terremotos de la costa Sur a su llegada a la agencia.
Ya también se anunciaba la necesidad de mano de obra para las actividades agrícolas principalmente en la cosecha de tomates y café lo que reflejaba el impacto de la emigración masiva que ocurrió hacia los Estados Unidos durante esta época.
En agosto de 2021 ya se anunciaba en su primer presupuesto un déficit de fondos en el DA lo
que motivo al Secretario González Beiró a dejar sin dinero a tres programas importantes de
incentivos para crear un “pote” de $9 millones para financiar el programa de incentivos
regionales que sería la punta de lanza para la “nueva estrategia” que tenía como objetivo
aumentar la producción agrícola.
Los fondos redistribuidos mediante la OA-27-A dejó sin fondos los programas de abono, asistencia técnica para agricultores bonafide y los programas de incentivos de la industria de piña, avícola y otras no especificadas. Esto correspondía a recortes del presupuesto de $59 millones recomendados por la JSF. Por otro lado, el 16 de septiembre de ese año se anunciaba revertir los incentivos por producción y retornar al subsidio salarial por hora trabajada en desafío a los acuerdos y recomendaciones de la JSF.
Los estudios económicos de este programa indicaban que por cada dólar invertido en subsidio salarial se recibía un ROI “return of investment” de solo $.19 centavos lo cual no era aceptable para la JSF como estrategia de desarrollo económico. En su vaga explicación el Secretario anunciaba que se habían logrado acuerdos con la JSF para este cambio de política pública sin aclarar que no habría un aumento de recursos para cubrir la petición del DA y que de hacerse se debía establecer algún mecanismo para analizar y medir el “retorno de inversión” de estos fondos en la actividad agrícola algo que no se hizo.
Este programa contó en su mejor época con $40 millones anuales y al momento solo
tenía aprobada unos $18 millones para pagos por producción lo cual obviamente no alcanzaría
para pagos por horas trabajadas y los renglones de leche, carne de res y huevos que ya los
recibían por producción se verían afectados. Las expectativas del Secretario eran que se
aumentara de $7.25 por hora a $8.50 lo cual propondría un pago de $4.25 por cada hora trabajada
por trabajador agrícola y no los $3.62 o el 50% que se pagaban tradicionalmente. Esto era una de
sus estrategias para lograr un aumento de la producción a $1,000 millones en el Ingreso Bruto
Agrícola (IBA), algo que nunca ocurrió.
Para el mes de octubre de 2021 una coalición de organizaciones ambientales, agrarias,
comunitarias y expertos ambientales denunciaban la falta de transparencia en la aprobación de
proyectos de generación de energía a gran escala impulsadas por la administración Pierluisi en
terrenos clasificados como de uso agrícola y áreas ecológicamente sensitivas y para preservación
de recursos naturales. Esto surgió luego de conocerse la aprobación por el Negociado de Energía
de 16 nuevos proyectos que en conjunto representaban más de 14 mil cuerdas de valor agrícola y
ecológico.
Para diciembre de 2021 la industria lechera ya daba señas de un posible colapso como resultado
de las políticas públicas erróneas de la ORIL y el Secretario González Beiró. Una histórica
desfase entre la producción y la baja en el consumo de leche había ocasionado frecuentes
decomisos lo cual fue objeto de Resoluciones de Investigación de la Cámara de Representantes.
Del mismo modo la Legislatura se prestaba a investigar el discrimen que la ORIL ejercía sobre
los productores de quesos quienes no podía acceder a la materia prima cuando la abundancia de
la leche se desviaba a decomiso y pérdidas para el ganadero.
Altos costos de producción principalmente en los alimentos y energía eléctrica, necesidad de mano de obra, aumento en los salarios, reducción de los incentivos por producción, eliminación de incentivos para compra de novillas de reemplazo unidos a la necesidad de actualizar el estudio de costo y precio de la leche ordenado por la Ley Núm. 34 unido a la pobre eficiencia de Indulac para poder elaborar
productos lácteos era parte de los componentes de riesgo que enfrentaba esta industria agrícola.
Durante esta época la ORIL y el Secretario González Beiró incurrieron en violaciones sobre
aumentos y clasificaciones de leche no reconocidas en la Ley para favorecer a Indulac, aumentos
de precios provisionales fuera de reglamento a la leche y decisiones para intervenir en casos de
ley de quiebras donde mediaban las cuotas de producción del ganadero, todas impugnados en los
tribunales.
En enero de 2022 el Gobernador Pierluisi vetó sin explicación el P de la C 10, un proyecto que
proponía crear el “Consejo Asesor de Seguridad Alimentaria” un organismo que estaría adscrito
a la oficina del Gobernador y cuyo objetivo era ofrecer asesoría para establecer política pública para producir la mayor cantidad de alimentos posible y maximizar el uso de los terrenos
agrícolas.
En febrero de 2022, se destapa un escandaloso esquema de desembolsos a entidades sin fines de
lucro en la Autoridad de Tierras donde el Presidente de la Junta de Directores es el Secretario de
Agricultura. Se repartían fondos públicos a través de un “nuevo barril” legislativo creado sin
controles y sin capacidad de poder llevar a cabo las obras para las cuales recibían los fondos
legislativos del polémico Fondo de Mejoras Municipales creado al amparo de la Ley 173 de 2020.
La polémica ocasionó la destitución y asignación de un Fiscal Especial a la directora
ejecutiva Agro. Doralis Rivera bajo señalamientos y referidos de parte y parte entre ésta y el
Secretario González Beiró. Las violaciones en la asignación de entre $18 a $20 millones anuales
sin haberse aprobado un reglamento y sin los controles fiscales continúan siendo investigadas
por la legislatura, la Oficina del Contralor, el Departamento de Justicia y la Oficina del Inspector
General.
El 27 de abril 2022 se descubría otro escandaloso esquema de mal uso de fondos públicos con la
utilización de $100,000 asignados por el representante popular Luis Narmito Ortiz para la
celebración de un festival en el sector los Cayos de la Bahía de Jobos en Salinas. Estos fondos
fueron tramitados por la Autoridad de Tierras y creó gran controversia por los daños ambientales
que estas actividades ocasionan a la reserva estuarina en la Bahía de Jobos.
En el mes de marzo de 2022 un grupo de ambientalistas exigían que se investigara al Secretario González Bairó por autorizar a agricultores el alquiler de terrenos custodiados por la Autoridad de Tierras para producción de energía renovable, esto en alusión a 18 proyectos que el Negociado de Energía le había dado el visto bueno sin ningún estudio de impacto ambiental.
El 25 de mayo 2022 la ORIL impuso un aumento de 11 centavos al precio de la leche en
violación al Reglamento Número 12 que ordena evaluar los costos de producción antes de tomar
estas determinaciones. Esta determinación constituía una violación a la ley y los reglamentos de
la ORIL ya que no consideraba los fundamentos económicos entre productores, plantas
procesadoras y los detallistas en la ecuación.
Para el 27 de mayo de 2022 el Secretario González Beiró intentó pasarse de analista a nivel internacional tras los conflictos entre Ucrania y Rusia alegando que los ciudadanos debían prepararse ante una inminente escasez de arroz en la isla.
Ante sus expresiones funcionarios del USDA, la empresa Goya, Panamerican Grain y el Centro
Unido de Detallistas desmintieron al secretario poniendo en duda su fuente de información y el
tratar de crear inestabilidad en la isla. De hecho, todos coincidieron que no habría ninguna
escasez ya que el arroz que se consume en Puerto Rico proviene de Estados Unidos, China,
Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Tailandia, Filipinas, Brasil y Pakistán.
En junio de 2022 el Secretario y la Legislatura se enfrentaron en arduas discusiones sobre el Plan
de Seguridad Alimentaria del DA en una vista pública que perseguía conocer el Plan Agrícola de
la administración Pierluisi. Ante los reclamos de los legisladores sobre el memorial explicativo
del Secretario González Beiró, los legisladores resumieron que el plan carecía de metas definidas
a corto y largo plazo para lograr el objetivo de producir el 50% del consumo del país con
productos locales.
En un tenso intercambio con el representante Marquez Lebrón, el Secretario
se tornó irrespetuoso y sarcástico. Entre sus comentarios memorables el Secretario mencionó que
él no necesitaba tener un Plan Agrícola escrito ya que él sabía lo que había que hacer y sus planes estaban en su cabeza.
Adicional, mencionó que en el país existían suficientes ayudas federales para paliar el hambre y, además sostuvo que durante la pandemia los puertorriqueños no utilizaron los fondos federales que fueron distribuidos a la población para adquirir alimentos sino para comprar televisores. Mencionó además que la seguridad alimentaria estaba en los puertos de la Isla con la gran cantidad de importaciones.
Otra polémica que surgió durante la vista legislativa fue la autorización que se estaba dando en el DA para adquirir y utilizar fincas del programa de fincas familiares de la Autoridad de Tierras para proyectos de renta a corto tiempo (RB&B) y un supuesto programa nuevo que nunca ocurrió de tiendas agrícolas que se establecería en diversos pueblos de la Isla comenzando por la Isla Municipio de Vieques. El momento más agrio fue cuando el representante Marques volvió a preguntar sobre el asunto y el Secretario le contestó “Yo no sé qué idioma estoy hablando”.
Durante el mes de junio 2022 el Tribunal Apelativo falló a favor de la empresa Suiza Dairy al anular otra determinación de la ORIL en la cual se destinaba la producción de ocho vaquerías permanentemente hacia la planta de balance y proceso ulterior Indulac de manera arbitraria y fuera de reglamento y la Ley. En septiembre de 2022 se levanta otra pugna entre el Secretario de DACO y Agricultura esta vez por un aumento al precio del café importado solicitado por González Beiró la cual adolecía de falta de información económica y ausencia de datos estadísticos.
La razón por la que el Secretario de Agricultura quería subir el precio al café importado era porque se había experimentado aumentos en el precio internacional y al comprar café la ADEA dejaba de ganar dinero por la compra venta a los torrefactores locales. El DACO protegió al consumidor con “no ha lugar” considerando que la ADEA solo quería recuperar las ganancias de ingresos propios de la agencia.
En el mes de julio 2022 el periodista Miguel Díaz Román destapa uno de los mayores esquemasde violaciones éticas ocurridas en el gobierno al publicar una historia donde el Secretario González Beiró habría adquirido junto a un socio de nombre Michael McCloskey unos terrenos agrícolas cercanos a la empresa Clean Flexible Energy subsidiaria de la AES de Salinas con el propósito de cambiarlas de uso agrícola a industrial para establecer un parque fotovoltaico donde este tendría acciones y beneficios económicos.
Para lograr esto el Secretario activó un comité de subalternos de la agencia que emitieron una recomendación favorable que se utilizó como opinión oficial de la agencia en violación a la Ley Núm. 242 que crea la Reserva Agrícola del Corredor Agrícola del Sur. Esto inició una serie de querellas a la Oficina de Ética Gubernamental, demandas en los tribunales y la movilización de decenas de organizaciones y comunidades que se oponen a este proyecto e investigaciones legislativas que aún están por redactar sus informes.
En el mes de agosto de 2022 el periodista Miguel Díaz Román publicó una historia donde la Autoridad de Tierras ara el foco de varias pesquisas paralelas que realizaban en conjunto el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General del gobierno de Puerto Rico (OIG). Las investigaciones estaban relacionadas con el patrocinio del subarrendamiento de fincas agrícolas para proyectos de energía renovable por parte del secretario de Agricultura, Ramón González Beiró.
Además, los agentes del FBI y de OIG continúan investigando la venta de terrenos agrícolas por debajo de su valor de tasación efectuada por la AT el pasado cuatrienio a un influyente desarrollador de viviendas. Esta última pesquisa involucra al desarrollador Federico Stubbe y su abogado, el licenciado Andrés Guillemard Noble, quien es el esposo de la hermana del gobernador Pedro Pierluisi, Caridad Pierluisi. La señora Pierluisi es actualmente la directora de la Oficina del Gobernador y fue la directora de la campaña política de su hermano en las pasadas elecciones.
De acuerdo con la historia, dos fuentes han sido entrevistados por los agentes de la FBI y de la OIG. Los agentes, según las fuentes, indagaron ampliamente sobre la conducta de González Beiró en relación con la aprobación por parte de un llamado Comité de Energía del Departamento de Agricultura (DA), de una propuesta para la ubicación de un parque de placas fotovoltaicas en unos terrenos que pertenecen a la empresa Agriart LLC, en la que el funcionario y su hijo son socios. Aun los informes de estas investigaciones no han sido presentados.
En el mes de septiembre 2022 la polémica fue el Programa ReGrow el cual había pasado del Departamento de la Vivienda luego al Fideicomiso de Ciencia y Tecnología para de ahí pasar al Departamento de Agricultura todo este tiempo si poder desembolsar los fondos de forma efectiva y eficiente. Durante este mes se celebraron vistas públicas en la Legislatura donde el Subsecretario del DA Jorge Campos fue desmentido por el Departamento de la Vivienda en cuanto a las responsabilidades de una y otra agencia.
Tal fue la ineficiencia en el DA que finalmente el programa regresó al Departamento de la Vivienda. Este tira y jala había ocasionado gastos excesivos en agricultores que llevaban hasta tres años esperando por la aprobación de sus propuestas. También en septiembre 2022 la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) anunciaba que iría a los tribunales a impugnar la decisión de la ORIL para aumentar sin estudios, el precio de la leche a las plantas procesadoras sin considerar el efecto en costos del sector detallista. Según la política del Secretario González Beiró éste pretendía que el comerciante negociara su precio con las plantas, algo que estaba fuera de reglamento y la Ley 34.
En el mes de noviembre de 2022 sale a relucir que las llamadas marcas de café “especial” o “gourmet” para consumo local y para exportación no utilizaban grano de alta calidad cosechado en Puerto Rico sino grano de México importado por el Gobierno, lo que representaba una abierta práctica de fraude según denunciado por la Asociación de Beneficiadores de Puerto Rico. También en ese mes de noviembre 2022 sale la noticia de que, a pesar de los anuncios del gobierno de una recuperación económica, en el sector agrícola unas 12 vaquerías se estaban declarando en quiebra en el Tribunal Federal en los primeros nueve meses del 2022.
De hecho, el sector agrícola ocupaba el segundo lugar en el número de quiebras radicadas por sector empresarial. Otras seis vaquerías habían cerrado operaciones durante ese mismo periodo sin declararse en quiebra. Luego del paso del Huracán Fiona en el mes de septiembre de 2022, no fue hasta el mes de noviembre que el Departamento de Agricultura anunció que en semanas y probablemente hasta comienzos del mes de diciembre 2022 el mercado experimentaría una carencia absoluta de plátanos y guineos como resultado de la decisión de excluir al sector privado y dominar la importación de ambos frutos por el gobierno.
La gestión tardía realizada por el DA para lograr acuerdos de importación con los productores agrícolas de guineos de Costa Rica causó que los frutos arribaran con retraso al comercio local. El secretario González Beiró, reconoció públicamente que los guineos estarían llegando para el feriado de Thanksgiving, que se celebraba el 24 de noviembre y que no llegaría plátano por falta de suplidores. Ya para el mes de diciembre de 2022 se daba a conocer públicamente el desastre de la importación de guineos a la isla.
La importación de guineos de parte del DA entró en una etapa crítica que comenzó a causar pérdidasde fondos públicos debido a que determinadas cadenas de supermercados rechazaban las
entregas y exigían la devolución de su dinero porque el producto presentaba señales de
descomposición y pobre calidad.
De acuerdo con la Asociación de Productores de Banano de Puerto Rico (APB), quienes habían solicitado importar el producto como se hizo durante los Huracanes Irma y María, la impericia del DA en la importación de guineos comenzó a generar pérdidas de fondos públicos por el rechazo del producto por parte de las cadenas de supermercados y por un alza en el pago de penalidades porque los contenedores permanecían por más tiempo en las zonas portuarias sin ser inspeccionados.
Se estimaba que las pérdidas ya podrían ascender a cerca de $500,000. Mas adelante durante este proceso se supo que se llegaron a decomisar unos 40 furgones de guineos tirados a varios vertederos a un costo millonario en pérdidas al erario.
