Por Miguel Díaz Román
Un insólito y aterrador caso de discrimen que involucra al Departamento de Hacienda (DH) fue resuelto por el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, que determinó que la agencia y dos agentes de rentas internas actuaron de manera abusiva, negligente y discriminatoria contra un vendedor de Hot Dogs porque era dominicano.
En una sentencia emitida el pasado 15 de diciembre, la jueza María Cabrera Torres, avaló los reclamos del comerciante dominicano Pedro Duarte Rosario, quien alegó que fue tratado de manera discriminatoria y negligente por las agentes de rentas internas Raquel Nieves González y Ana María Nieves Franco, debido a que su terminal para cobrar el IVU era incapaz de ofrecer un recibo a sus clientes.
El comerciante señaló que como resultado directo de las acciones de las agentes y del DH, le fue denegada una solicitud para obtener la ciudadanía americana debido a una multa de $40,000 que le impusieron Nieves González y Nieves Franco, la cual, eventualmente, fue desestimada por el DH.
Duarte Rosario sostuvo que todas las penurias y sufrimientos que generaron las acciones de las agentes de rentas internas del DH le causaron un trastorno depresivo recurrente por el que recibe tratamiento actualmente.
La jueza Cabrera Torres sostuvo que “el tribunal está convencido de que, tal y como alegado por Duarte Rosario, Nieves González incurrió en conducta discriminatoria en su contra”. Sobre Nieves Franco, la jueza señaló que fue negligente al no impedir que Duarte Rosario mostrara la evidencia que tenía sobre las múltiples gestiones que realizó para solucionar el problema del terminal dañado.
El 16 de julio de 2019 Duarte Rosario radicó una demanda por daños y perjuicios contra el Estado Libre Asociado, el DH y a las agentes de rentas internas en la que reclamó una compensación de $1 millón como resultado de la violación de sus derechos civiles.
Los hechos contenidos en la demanda ocurrieron entre 2015 y 2019. Duarte Rosario incluyó al agente de rentas internas Ramón Maldonado Torres como demandado pero la jueza Cabrera Torres desestimó los cargos contra el funcionario.
El comerciante sostuvo en su demanda que Nieves González y Nieves Franco conspiraron para iniciar una acción administrativa en su contra, “por el mero hecho de ser de nacionalidad dominicana, en violación a la carta de derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Artículo II, Secciones 1,7 y 8”.
Jueza avala demandante
La jueza Cabrera Torres concluyó que las alegaciones planteadas por Duarte Rosario en su demanda resultaron probadas en el juicio y emitió una sentencia que obliga al Estado Libre Asociado, el DH y a las agentes, de manera solidaria, a pagar $60,000 por concepto de daños y perjuicios a favor de Duarte Rosario.
Además, los demandados deberán pagar las costas del litigio y los honorarios de abogados, estimados en $5,000, más los intereses a razón de 5.50 % anual desde que la demanda fue radicada.
Según alegó Duarte Rosario, quien opera un carrito de Hot Dogs en la parada 22 de Santurce, el 8 de octubre de 2015, la agente Nieves González le compró un Hot Dog y un refresco y al pagar le preguntó si estaba cobrando el IVU. El comerciante respondió en la afirmativa. Luego la agente de rentas internas reclamó el recibo y Duarte Rosario le explicó que no podía darle el recibo porque la máquina estaba dañada.
Ante la respuesta del comerciante, Nieves González se negó a pagar $3.50 que fue el precio del Hot Dog y el refresco. Luego, la agente de rentas internas le dijo a Duarte Rosario que lo iba a “joder”, “porque los dominicanos lo que vienen es a robar”, según alegó el comerciante en su demanda.
Las expresiones de Nieves González ocurrieron a pesar de que Duarte Rosario le mostró los documentos relacionados con las numerosas gestiones que efectuó en Hacienda para que la máquina fuera reparada.
El 13 de octubre de 2015, Duarte Rosario regresó al DH en un nuevo intento de resolver la situación del terminal dañado, inesperadamente, allí le explicaron que recogerían el terminal porque no era necesario que él cobrara el IVU debido a que sus ventas anuales eran menores a $125,000.
Multas por $40,000
Pero el 14 de octubre de 2015 Nieves González junto a los agentes Nieves Franco y Maldonado Torres realizaron otra intervención en el carrito de Hot Dogs de Duarte Rosario. En esa intervención Nieves González anunció que impondría multas por la incapacidad del comerciante de proveer el recibo a sus clientes.
Dos días después, el 16 de octubre de 2015, el comerciante recibió una notificación del área de Rentas Internas del DH denominada como “Notificación de Penalidades Relacionadas a IVU-LOTO”, que le imponía dos multas por $20,000, lo que sumaba $40,000.
De hecho, Duarte Rosario fue multado por Nieves González y Nieves Franco a pesar de que el comerciante dominicano había presentado evidencia de las múltiples gestiones que realizó en Hacienda y en la empresa Evertec para que el terminal fuera reparado.
Incluso, en la intervención del 14 de octubre Duarte Rosario entregó a las agentes el terminal dañado y la agente Nieves González repitió al comerciante que lo iba “a joder”, mientras que la agente Nieves Franco escribió en el formulario de inspección que el terminal fiscal estaba descargado.
Desaparecen documentos en Hacienda
Según la narración de los hechos realizada por el comerciante, los agentes de rentas internas lo coaccionaron para que firmara el informe y rechazaron recibir los números de querellas que tramitó en Hacienda para que el terminal fuera reparado.
El 23 de octubre de 2015, Duarte Rosario presentó personalmente una carta al secretario de Hacienda indicando que, durante la inspección del 14 de octubre de 2015, las agentes de rentas internas ignoraron las pruebas que presentó sobre las gestiones realizadas desde el mes de marzo 2015 para demostrar que el terminal estaba dañado.
Además, en la carta al secretario, Duarte Rosario solicitó que se dejara sin efecto la imposición de las multas y agregó que el técnico Jorge Jiménez de DH, había certificado que el terminal estaba dañado y que no había otro para sustituirlo.
Luego, durante la ventilación del caso en el Tribunal, Jiménez alegó que no recordaba a Duarte Rosario y tampoco recordaba haberle entregado un documento en el que advertía que el equipo estaba dañado. La jueza Cabrera Torres sostiene en su sentencia que no reconoció credibilidad al testimonio de Jiménez.
Duarte Rosario acompañó la carta al secretario con las copias de los documentos evidenciando las gestiones que había realizado y los números de las querellas. Inexplicablemente, esos documentos desaparecieron en el DH y la agencia no pudo ofrecer una explicación sobre el incidente.
Daños emocionales
Duarte Rosario sostuvo en la demanda que, como resultado de las multas, la solicitud de ciudadanía americana que había presentado ante el gobierno federal fue denegada debido a la deuda de $40,000.
Además, el comerciante sostuvo que atravesó un extenso proceso administrativo de impugnación que generó un gran sufrimiento y daño emocional al recordar los episodios discriminatorios y abusivos de que fue objeto por parte de las agentes y por recibir mensualmente notificaciones del DH para que pagara la multa por $40,000.
Incluso, Duarte Rosario, recibió terapia psicológica en APS Clinic Carolina, en donde se le diagnosticó “un desorden depresivo mayor, recurrente y severo”.
El 17 de abril de 2019 Duarte Rosario presentó una moción en el proceso administrativo de su caso en el DH, la cual fue acompañada, una vez más, con la evidencia relacionada a las gestiones realizadas por él para reportar que el terminal fiscal confrontaba problemas.
Finalmente, el 30 de abril de 2019, el Negociado del Impuesto al Consumo admitió que las alegaciones de Duarte Rosario eran ciertas, por lo que la multa de $40,000 no procedía. Esa decisión permitió que las autoridades federales le concedieran la ciudadanía estadounidense a Duarte Rosario, según surge de la sentencia.
Sin credibilidad los funcionarios de Hacienda
La jueza Cabrera Torres rechazó conceder credibilidad a los funcionarios de DH, una inclinación judicial que ha aflorado en otros recientes casos contra presuntos evasores contributivos en los tribunales, en los que la agencia no ha logrado prevalecer, incluso, presentando como perito al ex secretario de Hacienda, Manuel Díaz Saldaña.
De hecho, la sentencia revela de manera sorpresiva que la jueza Cabrera Torres reconoció total credibilidad al comerciante dominicano Duarte Rosario, a quien en la sentencia describe en dos ocasiones como una persona de baja escolaridad porque sólo estudió hasta el décimo grado.
No obstante, de manera continua la jueza sostiene en la sentencia que no reconoce credibilidad a los funcionarios de Hacienda, una determinación judicial que resulta aterradora porque confirma que el tribunal entendió que los agentes de rentas internas y otros empleados de la agencia, utilizaron el poder y las herramientas administrativas que provee el Código de Rentas Internas para discriminar, perseguir y perjudicar a un ciudadano. Una conclusión que, sin duda, debería encender las alarmas en el Ejecutivo, en la Legislatura y en la opinión pública en general.
