Por Miguel Díaz Román
En medio del vendaval que azota a la Asociación de Suscripción Conjunta (ASC), luego de que un fallo judicial la obliga a devolver más de $47.1 millones a miles de asegurados por la aplicación ilegal de una depreciación en piezas nuevas, surgen opiniones sobre la obsolescencia de la entidad, debido a que perdió su razón de ser tras la entrada de más aseguradoras a mercadear el Seguro de Responsabilidad Obligatorio (SRO).
El presidente de la aseguradora Antilles Insurance Company, Jaime González Portilla, sostuvo que al interior de la ASC se desarrolla una compleja relación entre las aseguradoras que la integran, quienes venden el SRO, y el ente administrativo de la entidad, que es en realidad otra aseguradora más que vende el SRO y compite abiertamente con recursos multimillonarios contra sus propios socios miembros.
“El conflicto de interés es tan grande que los socios miembros no pueden formar parte del comité de publicidad de la ASC, donde se decide usar millones de dólares en campañas publicitarias para competir contra sus propios socios. La ASC les hace competencia y los socios miembros no pueden hacer nada, no pueden controlarla”, sostuvo González Portilla, quien también es el presidente de la Junta de Directores de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico.
El ejecutivo indicó que ha conocido información de manera extraoficial sobre aseguradoras que venden el SRO pero no son socios miembros de la ASC y de aseguradoras que si son socios miembros, quienes albergan la convicción que la entidad debe desaparecer como aseguradora y quizás, permanecer como una empresa administrativa dedicada a recibir y distribuir las primas de SRO, las cuales pagan los conductores al renovar el marbete todos los años. La prima del SRO es de $99 para autos privados y $148 para vehículos comerciales.
“La información que tengo es que, si se hiciera una asamblea, los socios miembros votarían por eliminar la ASC como aseguradora”, dijo González Portilla.
ASC ya cumplió su cometido
El presidente de Antilles Insurance indicó que la ASC cumplió un cometido importante desde los inicios del establecimiento de SRO en 1995, cuando era necesario tener una entidad que atendiera todos los aspectos administrativos de un seguro universal de responsabilidad pública para más de un 1 millón de unidades que transitaban las vías públicas sin un seguro contra daños por accidentes.
El SRO es producto de la ley 253 de 1995, la cual fue patrocinada por la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) durante la incumbencia del desaparecido ex Comisionado de Seguros, Juan García.
Indicó que ante la realidad de que “el mercado del SRO se abrió a la libre competencia en 2014, la ASC perdió su razón de ser”.
Además de la ASC, las aseguradoras que actualmente venden el SRO son Guardian Insurance, Point Guard, Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, Universal, MAPFRE Praico Insurance Company, Multinational Insurance Company y Triple-S Propiedad.
No obstante, para ser miembros de la ASC, las aseguradoras que participan del negocio de seguros para vehículos deben tener una participación en el mercado sobre el 1 % del total de las primas suscritas. Esto implica que, aunque existen aseguradoras que venden el SRO no todas son miembros de la ASC porque incumplen con la participación de mercado requerida, como es el caso de Guardian Insurance.
Cuestionada la dualidad corporativa
González Portilla sostuvo que como resultado de la apertura del mercado del SRO, las aseguradoras miembros de la ASC venden el SRO y compiten directamente contra la ASC. Incluso, el ejecutivo explicó que la dualidad corporativa de la ASC como entidad administradora del SRO y como aseguradora que compite en el mercado, ha sido motivo de discusión y de incomodidad entre los miembros de la ASC.
“Yo personalmente creo que la ASC debió haber desaparecido hace tiempo, desde que comenzó la libre competencia la ASC debió haber desaparecido. No había razón para mantener la ASC. Se debió quedar como un ente administrador, pero nunca debió ser una competencia para otras aseguradoras”, advirtió el presidente de Antilles Insurance.
“La ASC ya no es factible y debe desaparecer. Las aseguradoras ya hacen todo el trabajo sin la ASC. Mi opinión es que la ASC debe desaparecer, esa siempre ha sido mí opinión”, insistió.
Sostuvo que es posible que no se haya articulado una iniciativa para anular la gestión de la ASC como aseguradora debido a la complicación que representa radicar un proyecto de ley que enmiende el artículo 6 de la ley 253, que contiene todo lo relacionado con la función de la ASC.
Dividendos sí, reserva no
González Portilla también indicó que otro factor que pudo actuar a favor de no alterar las funciones de la ASC es que las aseguradoras miembros han estado recibiendo dividendos de las ganancias que genera la entidad. De acuerdo con el Informe Financiero de la ASC del 2023, los socios miembros recibieron un dividendo ordinario por un monto de $3.4 millones ese año.
En el año 2022 no hubo distribuciones ordinarias, pero sí un dividendo extraordinario de $50 millones autorizado por la Ley 207 de 2022, que tuvo como objetivo compensar la pérdida de ingresos que experimentó el gobierno como resultado de la suspensión temporal del impuesto a la gasolina y al diesel.
La ley también avaló imponer una contribución especial del 50% al dividendo extraordinario, que representó un pago de $25 millones de parte de la ASC a favor del Departamento de Hacienda y un pago adicional por $1.4 millones en nombre de sus socios miembros.
Según el informe, el monto restante del dividendo extraordinario ascendió a $23.2 millones, los cuales se habrían pagado a los socios miembros en dos desembolsos de $11.7 millones, uno en 2023 y otro en 2024.
Continúa el gasto publicitario
Sobre este aspecto, González Portilla cuestionó que la ASC estuviera declarando dividendos y no se hubiera establecido una reserva para lidiar con el pleito legal que culminó con un fallo que obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones.
De hecho, González Portilla se mostró alarmado ante el hecho inescapable de que el citado caso judicial comenzó en 2017 y durante ocho años los auditores de la ASC no recomendaron crear una reserva para acumular fondos suficientes para enfrentar un reclamo económico que tuviera éxito en los tribunales.
Incluso, el ejecutivo planteó que, a pesar de que el caso judicial se inclinaba en contra de la ASC, la administración de la aseguradora continuó avalando inversiones significativas en publicidad televisiva y en otros medios a un costo multimillonario.
“¿Dónde están los auditores, donde están los miembros de la Junta de Directores de la ASC? ¿Cómo es posible que no se haya creado una reserva para éste caso, que no es nuevo porque ya llevaba un tiempo. ¿Cómo es posible que se hayan declarado dividendos y no se haya creado una reserva para este caso?”, cuestionó a viva voz el ejecutivo.
Posible intervención por insolvencia
Señaló que existe una posibilidad real de que la ASC enfrente una intervención por insolvencia de parte de la OCS. El ejecutivo sostuvo que ante la realidad de que el capital de la ASC asciende a $31.9 millones y el fallo judicial obliga a la aseguradora a devolver $47.1 millones, será necesario que la entidad decrete una derrama entre las aseguradoras que la integran para recaudar $15 millones adicionales.
En el Informe Financiero de la ASC del 2023 se indica que la entidad posee entre dinero en efectivo e inversiones en vehículos financieros, $101.2 millones, pero sus compromisos económicos ascienden a $75.1 millones. El informe también contiene una nota que comenta el caso judicial enfrentado por la ASC y señala que “la exposición máxima de ASC según la sentencia en reconsideración es de aproximadamente $47,000,000.00”.
González Portilla sostuvo que también existe la posibilidad de que a su debido tiempo algunos de los socios miembros cuestionen las acciones o inacciones de la Junta de Directores que consta de siete miembros, cuatro que representan el interés público y tres al sector de la industria de seguros.
“Aquí hay una exposición a la cubierta de errores y omisiones contra la Junta de Directores por los socios miembros de la ASC, pienso yo. Porque ahora le van a imponer una derrama. ¿Y si los socios miembros deciden que no van a pagar la derrama y que lo mejor es liquidarla? Entonces habrá que liquidar a la ASC”, dijo.
Recordó que resultaría contraproducente solicitar una derrama “cuando estuviste declarando dividendos en los pasados años”. Advirtió que, si las aseguradoras que integran la ASC se resisten a pagar la derrama, será inminente una intervención por insolvencia de parte de la OCS.
De hecho, González Portilla planteó que para las aseguradoras que son socios miembros es más conveniente la liquidación de la ASC. Explicó que, tras la liquidación, estas aseguradoras se beneficiarán porque absorberán a todos los asegurados que antes suscribían sus pólizas del SRO con la ASC.
